Un proyecto de la Universidad Andina Simón Bolívar es uno de los ganadores de la convocatoria VLIR-UOS South Iniciatives 2023. Se trata de una investigación que se realizará desde el Área de Salud y el Programa Andino de Derechos Humanos, con la Katholieke Universiteit Leuven y está orientada a analizar la situación de violencia basada género en entornos universitarios.

El proyecto, que lleva por nombre “Problemas críticos, oportunidades y buenas prácticas para prevenir y responder a la Violencia Basada en Género contra estudiantes en las Instituciones de Educación Superior, en Ecuador”, es dirigido por Fernanda Solíz, directora del Área de Salud.

Se realizará en coordinación con Carlos Reyes, docente del Programa Andino de Derechos Humanos, y con la investigadora María de Lourdes Larrea, también del Área de Salud. Participará, como contraparte, la Universidad Católica de Lovaina con dos profesores: Veerle Draulans, directora internacional del proyecto y Wim Van Petegem, co-director internacional.

El proyecto se realizará en tres fases, durante tres años. El objetivo central es que las instituciones de educación superior fortalezcan sus capacidades para llevar a cabo investigaciones participativas, procesos de formación innovadores y programas de acción para prevenir la violencia basad en género.

En consecuencia -enfatiza Solíz- “se aspira a reducir la violencia de género en las universidades ecuatorianas, contribuyendo a una mejora significativa en la calidad de la educación superior, libre de discriminación y violencia de género.  Además, se promoverá la incidencia con el Estado a través del diálogo con CES y SENESCYT”.

La primera fase consiste en un diagnóstico crítico sobre la violencia basada en género contra estudiantes universitarios en cuatro regiones de Ecuador: Costa, Andes Norte, Andes Centro y Andes Sur. Se promoverá un proceso participativo con autoridades de las instituciones de educación superior, oficinas de bienestar universitario, profesores, funcionarios y estudiantes. También se realizará un estudio que triangule métodos cualitativos, cuantitativos y espaciales.

La segunda fase diseñará, aplicará y evaluará de forma participativa un curso de formación mixto de 80 horas. El proceso estará dirigido a un grupo de entre 40 y 60 participantes, que se espera se conviertan en agentes de cambio en relación con la violencia basada en género en entornos universitarios. Eso incluye a personal de recursos humanos, departamento de asuntos estudiantiles, organizaciones estudiantes, autoridades, asociaciones de profesores y otros actores clave.

El curso considerará las prioridades identificadas en el diagnóstico, desde un enfoque de derechos humanos, género, daño sicosocial e interseccionalidad.  A su vez, se pretende generar reflexiones entre y dentro de las universidades sobre las limitaciones, debilidades y oportunidades de las instituciones para prevenir y responder a la violencia de género en el contexto universitario.

Finalmente, la tercera fase del proyecto apuesta por el diseño participativo de un plan a largo plazo en las instituciones de educación superior, en diálogo con las autoridades de educación superior y los responsables políticos, como plataforma para el debate y la reflexión nacionales. Se prevén también actividades de difusión y discusión de los resultados, alcances y retos del proyecto.

A propósito de esta noticia, presentamos una entrevista con la coordinadora del proyecto, Fernanda Solíz.

¿Cuál es el alcance que tiene este proyecto de investigación?

Creo fundamental partir de un antecedente, América Latina es una de las regiones con más violencia basada en género. Sólo en el año 2022, se registraron 332 casos de muertes relacionadas por esta causa, de los cuales, 134 ocurrieron en núcleo íntimo. Y se estima que cada 26 horas ocurre un feminicidio.

En este sentido, vivimos un momento histórico que interpela a las universidades sobre la necesidad de tomar acciones estructurales para la protección de los derechos de las mujeres y otras minorías sexo-género diversas, así como para implementar programas de promoción, prevención y protección.

Asimismo, urge que las universidades den respuestas adecuadas a los casos que se presentan de violencia basada en género, no solo en lo que se refiere a acoso sexual, sino también en extractivismo intelectual, abuso de poder, violencia sicológica, y violencia política. Las leyes y protocolos no son suficientes per se. Se requieren recursos materiales, voluntad política y una comunidad académica sensible, con conciencia crítica y compromiso por la igualdad.

Consideramos que los alcances del proyecto pueden ser muy amplios. Creemos que la Universidad debe ser un catalizador de los cambios sociales. La violencia de género es un problema de amplio alcance, que no sólo afecta a las mujeres o a los estudiantes de las instituciones de educación superior, sino también a la sociedad.

Los patrones socioculturales patriarcales reproducen y perpetúan la violencia de género en la familia, los sistemas educativos y las comunidades en las que las mujeres y las personas LGBTIQ+ viven en una posición subordinada, sobre todo si son pobres, racializados, inmigrantes o discapacitados. Los sistemas educativos, y en concreto las instituciones de educación superior, desempeñan un papel fundamental a la hora de catalizar transformaciones sociales hacia la equidad y los derechos humanos mediante la investigación, la enseñanza y los programas de acción comunitaria.

Se cumple en la formalidad, pero en la práctica siguen existiendo estas violencias. ¿Cómo incidir ahí?

Efectivamente, muchas veces, el excesivo enfoque jurídico puede impedir otros enfoques pertinentes, estableciendo procedimientos muy burocratizados y de lento avance. En muchos casos, algunos miembros de las instituciones de educación superior todavía se resisten a aceptar los protocolos, lo que ralentiza su aplicación. En otros casos, el problema se centra en la ausencia de una comisión de profesionales interdisciplinares para atender las necesidades de las víctimas, así como para posibilitar medidas a corto, medio y largo plazo que garanticen principios éticos y de justicia restaurativa a las víctimas.

En la mayoría de instituciones de educación superior, faltan procesos de capacitación institucional innovadores y participativos, en tanto las acciones formativas se limitan a charlas ocasionales. Existe una falta de conocimiento y dominio sobre los enfoques participativos e interseccionales en los equipos interventores de las universidades, lo que, unido a unas dinámicas poco claras de itinerarios y herramientas, no han dado lugar a planes institucionales organizados que permita una respuesta más integral a las situaciones de violencia en los estudiantes.

En este escenario, el proyecto pretende fortalecer y potenciar las capacidades de las instituciones de educación superior, a través de la investigación participativa y la formación mixta innovadora (teórico-práctica, virtual-presencial), en respuesta a las necesidades y retos institucionales. El proyecto busca trabajar con cinco universidades como participantes activos que puedan, a su vez, dialogar con otras universidades miembros de la Red Interuniversitaria de Investigación Feminista sobre acoso sexual (REDIFEM), mediante el fortalecimiento de sus capacidades y la implementación de planes de acción piloto.

Finalmente, el proyecto se propone fortalecer y profundizar el diálogo y la incidencia política con la SENESCYT y el CES.

Entonces, ¿el proyecto apunta a encontrar caminos para que se apliquen los protocolos?

Sí. Son caminos complejos y largos, y no pasan por solamente la formalidad de tener protocolos. Más bien, este es un proyecto crítico con el hecho de que se considere que únicamente los protocolos son medida suficiente. Queremos mirar más allá de los protocolos. Es necesario abrir un debate honesto, local, nacional y mundial. Las universidades debemos comprometernos con procesos de investigación, sensibilización, capacitación e implementación de programas a largo plazo. Y este es un compromiso que tiene que partir de las universidades, porque no podemos esperar descensos en las tasas de femenicidios, si las universidades no promovemos una cultura de igualdad y equidad de género, de no revictimización y de garantías de justicia restaurativa.

STR