Resumen:

En este ensayo se intenta demostrar que durante estos veinte años Ecuador ha dado giros garantistas y punitivos notables. A principios de la década, el sistema penal ecuatoriano adolecía de todos los problemas típicos de la región, como el tener altas tasas de presos sin sentencia, hacinamiento carcelario, deficiente gestión administrativa, lentitud procesal, bajos presupuestos y una cultura inquisitiva dominante. Entre los giros garantistas cabe destacar la expedición de la Constitución de 2008, que determinó un derecho penal mínimo, y la reforma legal que impulsó el sistema acusatorio adversarial (2009). Además, en estos últimos años hubo mayor inversión, se multiplicaron los operadores de justicia y se ofrecieron mejores condiciones laborales. A pesar de esos avances, por la expedición de un código integral punitivista y la implementación de una política criminal autoritaria y eficientista, se siente y se ha dado un giro punitivista, que se demuestra con la criminalización a la protesta y con la sobrepoblación carcelaria. Existe un marco jurídico garantista que no se respeta y que permite valorar la política criminal existente como violatoria a los derechos humanos.