Recientes reformas normativas y sus implicaciones en derechos humanos: el caso ecuatoriano en materia de Justicia, Seguridad y Ambiente

La Constitución de 2008 establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, marca un hito en la expresión política de la reflexión jurídica en el país; crea un nuevo marco y expectativa para la realización de los derechos; plantea el desafío apara el actual gobierno de armonizar la normativa secundaria a los contenidos constitucionales.

En los ámbitos de justicia, seguridad y ambiente, se consagran importantes avances. Así en justicia esta comprende varias dimensiones remarcando su valor, es simultáneamente: uno de los elementos constitutivos del Estado; un derecho; garantía de la supremacía constitucional: una de las garantía para el cumplimiento de derechos y políticas públicas; una de las cinco funciones del Estado; parte del Régimen de desarrollo; y, principio orientador de las relaciones internacionales.

Respecto de la seguridad se reconoce un amplio bloque constitucional que comprende 14 tipos de seguridad, destacando avances al establecer la seguridad de integral y humana. En cuanto al ambiente, también se consagran una amplitud de derechos, entre ellos al agua, la alimentación, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y en forma estrechamente interrelacionada están los derechos de la naturaleza en donde por primera vez, a nivel internacional, se establece la naturaleza como sujeto de derechos.

No obstante las leyes adoptadas en el primer año plantean un distanciamiento del mandato constitucional, el cumplimiento parcial de las transformaciones planteadas y la tendencia a mantener lógicas tradicionales, poniendo en riesgo el proceso de refundación del estado y sociedad ecuatoriana. A ello se suma cierta discrecionalidad del ejecutivo en la toma de medidas desde decretos ejecutivos que no se ajustan a la Constitución.

Por tanto la plena garantía de derechos humanos se ve en medio de la clásica tensión de avances normativos sustanciales y la restricción en su aplicabilidad. Es urgente por tanto, la estricta observancia de lo establecido en la Constitución, a fin de precautelar la vigencia plena de los derechos humanos; más aún considerando que la justicia, la seguridad y el ambiente-naturaleza son ámbitos estrechamente interrelacionados y que repercuten directamente en el conjunto de derechos de las personas, pueblos y nacionalidades.