Resumen:

Con la firma del contrato para explotación del proyecto megaminero Fruta del Norte, entre el gobierno ecuatoriano y la empresa sueco-canadiense Lundin Gold, en diciembre del año 2016, la intensificación de las actividades de construcción de la mina, propia de la fase de explotación, ha devenido en una serie de impactos y afecciones en las comunidades aledañas, este estudio, se centra en la comunidad más cercana al proyecto, El Zarza.

Las familias de la comunidad El Zarza, no sólo que viven el desencanto frente a la larga lista de promesas incumplidas en torno a empleos y beneficios económicos, sino que además reportan afecciones en la salud familiar, comunitaria y socioecosistémica, así como daños en la infraestructura comunitaria: vías, sistema de agua y viviendas. Por otro lado, los procesos de despojo sutil o migraciones inducidas (desplazamiento por desarrollo), se han intensificado con nuevos cierres de escuelas comunitarias. En el año 2015, las escuelas de las comunidades: Santa Lucía, La Libertad y Jardín de Cóndor, fueron clausuradas. Hasta el momento, dos comunidades han sido desaparecidas, la comunidad de San Antonio en 2012 y la Comunidad de El Playón en 2015.

En este contexto, la investigación que presentamos, propone desde las corrientes de Salud colectiva y Ecología política, dos procesos fundamentales: por un lado la recuperación de la memoria colectiva como posibilidad de fortalecer los procesos de organización en comunidades amenazadas por extractivismos; y por otro lado, la implementación de un riguroso sistema de monitoreo comunitario participativo, como herramienta científica y política,  que agencie la sistematización, visibilización y denuncia  de impactos y afecciones a nivel de: territorio, salud familiar y comunitaria, daño psicosocial y vulneración de derechos. Todo esto, con miras a desarrollar desde, con y para la comunidad, procesos de exigibilidad del derecho a la reparación integral.