El Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador culminó dos procesos de vinculación con la colectividad. Se trata de dos cursos avanzados, dirigidos a líderes sociales y operadores jurídicos del país.

Es así que 93 participantes recibieron la semana pasada el certificado de culminación y aprobación de los cursos, en una ceremonia realizada en el Paraninfo de esta casa de estudios, y que contó con la presencia de rector César Montaño Galarza, y de los principales representantes de las organizaciones participantes.

El curso de “Peritaje comunitario y otras experticias en derechos de la naturaleza” estuvo dirigido a líderes sociales con el objetivo de profundizar en las experticias comunitarias sobre derechos de la naturaleza, para intervenir en procesos de defensa de territorios y demandas comunitarias, en específico, sobre testimonios, peritajes e informes. Contó con estudiantes provenientes de 17 provincias del Ecuador, así como de Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Perú.  Su proceso se inició en febrero y terminó en julio de 2022.

Asimismo, operadores de justicia siguieron el curso avanzado sobre “Derechos de la Naturaleza, Comunidades en Riesgo y Prácticas Judiciales Interculturales”, cuyo objetivo fue brindar herramientas teóricas y prácticas para la comprensión de los alcances e implicaciones que tienen los conflictos sobre derechos de la naturaleza y derechos humanos. En el curso, se analizaron los impactos que ocasionan los modelos extractivos de producción sobre comunidades y pueblos, colocándolas en situación de riesgo. Asimismo, se estudiaron las potencialidades del conocimiento comunitario y las prácticas judiciales garantistas con visión intercultural, para la denuncia, investigación, defensa y decisión judicial sobre violaciones a estos derechos y formas efectivas de reparación integral.

Participaron jueces, defensores públicos, fiscales, así como funcionarios de la Defensoría del Pueblo, de la Policía Nacional, de Gestión Inmobiliaria y del Ministerio de Ambiente. Este curso se realizó entre mayo y agosto de 2022.

Luego de una ceremonia ritual a cargo de los líderes sociales y comunitarios, el rector César Montaño Galarza, enfatizó en que haber finalizado estos dos cursos avanzados “es algo realmente relevante para el país y para la región”. Dirigiéndose a sus participantes, les dijo: “haber concluido el curso avanzado de Derechos de la naturaleza, comunidades en riesgo y prácticas judiciales interculturales evoca una preocupación grande de ustedes, que reconozco y les aplaudo”. Afirmó que la Universidad Andina “siempre ha trabajado por estos grandes temas sensibles”.

Asimismo, señaló que, la Universidad Andina “siempre tendrá las puertas abiertas para fortalecer el conocimiento y ayudar a elevar la conciencia crítica de la sociedad sobre temas que son absolutamente urgentes. Estamos hablando de la vida, de la supervivencia de la especie humana, en paz, en armonía con nosotros mismos, con esa diversidad riquísima de nuestra sociedad y también con la naturaleza, con los animales y con todo lo que ello representa”.

Esperanza Martínez, de Acción Ecológica se refirió a uno de los principales objetivos de estos cursos, el de “desarrollar una propuesta de alerta y acción comunitaria para enfrentar las vulneraciones a los derechos humanos y de la naturaleza de comunidades y de colectividades en riesgo, en el Ecuador”. Explicó que “esto implica pensar que vamos a trabajar sobre defensoras y defensores en una lógica colectiva y comunitaria, porque son esas comunidades las que protegen y cuidan a sus defensores, pero también porque sus defensores están protegiendo comunidades”.

Otro de los objetivos –señaló Martínez- “ha sido el desarrollar acciones de incidencia que han tenido que ver con misiones de verificación en los territorios de los expertos”.

Por ello, se trabajó también con la Clínica Ambiental, dirigida por Adolfo Maldonado, quien en su intervención señaló que se ha buscado iniciar un proceso de reparación con comunidades que han sido afectadas por actividades extractivas mineras y petroleras. “No podíamos correr el riesgo de pretender sustituir al Estado la responsabilidad de reparar, porque esa responsabilidad del Estado tiene que ser exigida y se tiene que cumplir. Pero hay una responsabilidad, una reparación que es consecuencia de todas estas actividades y que muchas veces no están siendo asumidas”.

Por ello, explicó que “un colectivo de 15 personas hemos estado recorriendo algunas comunidades que han sufrido enormes impactos. Son procesos y hay un colectivo comprometido con que esto se continúe, que no quede aquí”.

Por su parte, el Programa Andino de Derechos Humanos, PADH, también ha realizado investigaciones y, Gina Benavides, su coordinadora, explicó que se inició “un diagnóstico sobre la situación de comunidades y defensores bajo contextos de criminalización, violencia e imposición de proyectos educativos en el Ecuador. Este diagnóstico tiene un valor fundamental para nosotros, porque es la primera vez que se plantea a nivel nacional una propuesta metodológica para medir el riesgo que generan en los impactos socioambientales de los procesos extractivos, y cómo estos riesgos tienen un peso fundamental sobre las comunidades”.

Esta investigación sirvió de base para fundamentar y enriquecer los cursos avanzados que culminaron.

Estos cursos responden a la visión de la Universidad de propiciar espacios de formación en posgrado y educación continua en temas de interés social, ambiental, y de revalorización cultural y de derechos.

STR