El número 22 de la Revista de Derecho Foro que publican la Universidad Andina Simón Bolívar y la Corporación Editora Nacional trae como tema central la Problemática constitucional de la integración.

A través de artículos escritos por connotados académicos, Foro contribuye al debate de este importante ámbito.

Silvio Gambino, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Calabira, por ejemplo analiza en qué medida los Tratados de Lisboa aprobados en el seno de la Unión Europea resuelven el déficit de garantía de los derechos que han sido evidenciados tanto por la doctrina como por la jurisprudencia constitucional de numerosos estados miembros.

Elsa Guerra Rodríguez, docente de planta del Área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, afirma que en Ecuador la Corte Constitucional debe ejecutar un control jurídico automático y vinculante de los tratados constitutivos de procesos de integración previo a su aprobación por la Asamblea Nacional. Sin embargo, la Constitución no señala explícitamente la posibilidad de implementar un control constitucional del derecho comunitario derivado, así como el control concentrado de constitucionalidad ahora vigente en el país no permite su inaplicación como sucede en países como Colombia.

Para Diego Mogrovejo, estudiante del Doctorado en Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, el proceso de integración parte de la premisa de que una obligación supranacional es asumida por el Estado en ejercicio de su soberanía, por lo que no puede estar sujeto a imposiciones. Surge aquí el dilema -dice Mogrovejo- el legislador nacional, en el momento de adaptar la ley al tratado, debe aplicar la teoría monista para conectar el orden internacional con el interno o la teoría dualista para distinguirlos.

En otro campo, Gabriel Santiago Galán Melo, también estudiante del Doctorado en Derecho, expone su ensayo que tiene por objeto determinar si la integración perjudicial que realiza el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de las normas del régimen común de propiedad industrial restringe el ejercicio de la potestad jurisdiccional de los jueces nacionales de los Estados parte de dicha comunidad.

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