La relación jurídico tributaria, entendida como el conjunto de derechos y obligaciones recíprocos entre la administración pública y los contribuyentes o responsables, tiene su principal componente y para muchos autores el único o por lo menos el más importante en la obligación tributaria, constituida por el vínculo personal entre los sujetos acreedores de tributos y los sujetos que deben realizar la prestación del tributo en dinero, especies o servicios, en virtud de la verificación del hecho generador.

Con el nacimiento de la obligación tributaria, la ley establece el momento de su exigibilidad, la forma y los plazos en que debe ser cumplida. En el impuesto a la renta, atenta su naturaleza y de que no se trata de un tributo que afecta a los ingresos totales de los contribuyentes, las legislaciones contemplan reglas para determinar la base imponible sobre la que se aplican las tarifas correspondientes.

La regla general para llegar a la base imponible es que son deducibles de los ingresos gravados obtenidos en un ejercicio económico, los costos y gastos realizados con el fin de obtener, mantener y mejorar tales ingresos, lo que permite ratificar la conclusión de que el impuesto no afecta a los ingresos obtenidos sino a la utilidad o aumento patrimonial alcanzado en una actividad económica, coincidiendo con las corrientes doctrinarias sobre el concepto de renta bajo por el principio de la fuente o del rédito producto o incluso de la renta como significado de incremento patrimonial que no toma en cuenta la fuente, como sucede con la imposición a los ingresos obtenidos a título gratuito.

Es requisito necesario que el contribuyente justifique documentadamente los costos y gastos en que ha incurrido para obtener, mantener y mejorar los ingresos gravados, disponiendo al respecto la Ley de Régimen Tributario Interno que serán deducibles los que se sustenten en comprobantes de venta que reúnan requisitos formales de carácter reglamentario, lo que quiere decir que para la administración no serán aceptables los costos y gastos que no tengan el soporte de dichos documentos, dando como resultado que se vea obligado a pagar el impuesto en una cuantía mayor a la establecida en la ley.

A fin de que el impuesto a la renta sea pagado en su justa cuantía y tomando en cuenta la doctrina, las normas constitucionales y la legislación tributaria nacional y de otros países, referente al concepto del hecho generador y base imponible que en el impuesto a la renta el significado económico de costos y gastos es decisorio y para precautelar el derecho a la defensa de los contribuyentes, es importante el estudio de otros medios de prueba derivados de la propia ley tributaria, que suplan las deficiencias formales de los comprobantes de venta, sin desconocer las facultades controladora y sancionadora de la administración tributaria.