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Jairo Rivera, docente del Área de Gestión, ha sido seleccionado como miembro para el nuevo equipo del Consejo Consultivo para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil en Ecuador. Fernando López, docente de la misma área, también es integrante de este equipo, en calidad de miembro alterno por la academia.
Presentamos una entrevista a profundidad con Jairo Rivera, para conocer detalles sobre esta problemática en el país.
En tu libro Malnutrición infantil en Ecuador. Progresos y desafíos, ya anunciabas la necesidad de un trabajo conjunto entre varios sectores. ¿Cómo fue el proceso para llegar a la conformación de un Consejo Consultivo?
La desnutrición es un problema muy grave para el Ecuador. Todavía hay una deuda enorme, porque la desnutrición en promedio para América Latina es alrededor de 11 %, y en Ecuador con las últimas mediciones y avances todavía la desnutrición está en un nivel de 19.3 %.
Este tema ha ido ganando espacio en las agendas política, pública y gubernamental. Y actualmente existe una mejor institucionalidad, que se ha creado hace algunos años. Se ha mantenido a pesar de que cambiamos de presidentes en los últimos años. Se ha ido fortaleciendo desde el Decreto 1211. Luego también el Decreto 92. Y estos decretos fueron creando una institucionalidad pública, por un lado, creando la Secretaría Técnica en contra de la Desnutrición Crónica Infantil, desde el lado público, y desde el lado de las organizaciones de la sociedad civil, se dio paso para crear este Consejo Consultivo para prevenir y erradicar la desnutrición Crónica infantil.
Este Consejo se creó en el año 2021, pero ya toma forma oficial desde el año 2022. Tuvo un primer Consejo donde se han logrado avances enormes, y para este segundo período -porque duran dos años en sus funciones los miembros- es que ha sido seleccionada la Universidad Andina.
Coincide con la época de la pandemia. ¿Tiene algo que ver?
La pandemia ha logrado visibilizar mayores problemas sociales. Y uno de estos problemas es la desnutrición. A veces se le denomina el enemigo silencioso, porque pareciera que estamos sin notarla tanto, pero va mermando, dañando la vida de las personas.
Desde el año 2021, se ha tomado una mejor institucionalidad. Coincide tal vez también con la pandemia, pero lo que yo resalto es que actualmente se tiene un trabajo más articulado.
El Consejo está conformado por gente de organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, la academia, el sector privado asociado a temas de alimentación; están medios comunitarios y líderes comunitarios. Desde la Andina, estamos Jairo Rivera y también Fernando López.
En el libro tú mencionas también los determinantes sociales. ¿A cuáles estamos apuntando como los principales que ocasionan este problema?
Para poner en términos sencillos, se habla de determinantes inmediatos, que son las enfermedades y las infecciones. Por otro lado, se habla de determinantes subyacentes, que son las prácticas de cuidado, el acceso a servicios, temas de seguridad alimentaria, lactancia materna. Y, por último, están los factores ya más básicos: temas económicos, sociales, culturales y políticos.
Yo creo que la pandemia tuvo cierto efecto que agravó la pobreza, y los ingresos. Sobre todo, movió mucho los factores estructurales. Eso ha generado que en el mundo haya empeorado el hambre.
En Ecuador hay un evento un poco sui generis, porque a pesar de que hay pobreza, desigualdad, que se ha incrementado, por otro lado, también al estar la desnutrición atada al cuidado materno y las madres pasaban más en los hogares, entonces la pandemia ha tenido un efecto no totalmente devastador, porque también se fortalecieron estas otras prácticas de lavado de manos, de pasar los niños más con las madres.
Pero dentro de todo lo que sí se nota es que todavía tenemos carencias, pobreza mayor al 25 % en el país por ingresos; pobreza por necesidades básicas insatisfechas mayor de 30 %; pobreza por multidimensional superior también. Y la desnutrición no es estándar para todo el país, sino que en las zonas rurales es más grave.
La desnutrición en las etnias indígenas, por poner un ejemplo, llega al 32.8 % y en las etnias mestizas al 18.5 %. Entonces, por etnia es más grave en las etnias indígenas. Por quintiles también: para los quintiles más pobres es más alta. Por educación de la madre, es más alta la desnutrición, donde la madre tiene menor tipo de educación.
Entonces, es multidimensional; no hay una sola causa y varios de estos factores son los que todavía tenemos como deuda de trabajar como país.
¿Cuáles son los factores más urgentes que tiene que atender Ecuador?
Ecuador tiene varios. Yo creo que un factor estructural potente es pobreza. Otros son el agua, acceso a servicios, la captación temprana de la madre. Luego, el parto institucional y el control del niño sano.
Estos elementos son clave, porque se habla mucho de atender a la desnutrición durante los primeros 1.000 días de la vida de las personas. ¿Qué significa? Desde que la madre está embarazada, ya comenzamos a contar los mil días, y entre más temprano yo haga el cuidado del menor, es más rentable.
Otro tema que tal vez me parece urgente también es contar con una adecuada información. En Ecuador se ha mejorado muchísimo; hay un sistema unificado de manejo de datos -el Sistema Unificado y Universal de Seguimiento Nominal – Suusen-, y es un avance enorme.
Pero este Suusen necesita de una adecuada calidad de dato, seguimiento, control, y de un adecuado uso. El uso debe ser crucial para aplicar en territorio. Los datos permiten que haya esa presión social, ese compromiso político, esa articulación entre los distintos actores, y se vaya cambiando estos temas.
Y ahí entra la conformación del Consejo Consultivo. ¿Cómo está concebido el trabajo que va a hacer el Consejo?
El Consejo tiene, entre las principales funciones, acompañar al sector público dentro del diseño de políticas públicas; acompañar en una adecuada articulación para que todos los distintos actores estén en la misma onda de combatir la desnutrición crónica infantil.
Al estar compuesto por sector público, privado, organismos internacionales, academia, también puede dar algunas ideas al sector público para tener una adecuada implementación de políticas, evaluación y unos adecuados ajustes en el tiempo para mejorar lo que pasa en territorio.
¿El Consejo Consultivo qué estatus administrativo tiene?
El Consejo Consultivo fue creado por decreto, pero es un instituto autónomo de la sociedad civil. Está constituido por 20 miembros, y trata de tener una representatividad de distintos actores y sectores.
Normativamente no responde al Ejecutivo, sino más bien trata de, dentro de su autonomía, asesorar, vigilar y acompañar a las políticas públicas. No es una institución pública. Más bien es ese espacio que se da para que la sociedad civil se organice y trate de apoyar lo que está haciendo el sector público.
Tiene mucho diálogo con la Secretaría Técnica Ecuador crece sin Desnutrición Infantil; tiene diálogos con el MIES, con el Ministerio de Salud Pública. Dentro de su composición, también están representantes de los productores de alimentos, está ONG que apoyan el combate de la desnutrición.
Entonces, ¿cuánto puede incidir el Consejo en política pública?
Para mí ha sido un sueño ser parte del Consejo, porque yo este tema lo he estado trabajando ya alrededor de 10 años, y siempre los estudios y la academia tienen cierta visibilidad. Pero yo creo que el espacio de incidencia puede ser este Consejo Consultivo, donde tratemos de combinar teoría, buenas prácticas, políticas basadas en evidencia y, obviamente, ya lo que se está haciendo en territorio.
Entonces, yo creo que la incidencia que puede tener y ha tenido el Consejo es clave. Se hace una política pública: tratar de analizarla. Se presentan datos desde el Estado: tratar de ver su uso y pertinencia.
Yo creo que la incidencia que puede tener el Consejo, a la luz de que sus miembros también son organismos internacionales, sector privado, ONG, academia, esta visión más plural y no solo del sector público, sin duda puede contribuir a mejorar, a elaborar nuevas políticas y a evaluar las actuales.
¿Cómo valoras tú las leyes y normativas que tiene Ecuador con respecto a este tema?
Se han hecho dos informes de situación de la desnutrición crónica infantil (en 2022 y 2024). En ellos, una de las recomendaciones grandes es velar por una política de Estado. ¿Y cómo se puede propender esta política? Actualmente, dentro de la Asamblea se está discutiendo una ley que tiene un nombre un poquito más largo, pero la podemos sintetizar como Ley de Primera Infancia. Y esta Ley de Primera Infancia cuida la desnutrición crónica infantil, protege; y a su vez también propende hacia tener un desarrollo integral de los niños.
Ese desarrollo integral involucra temas de cuidado, temas de distintas organizaciones como Ministerio de Educación, Mies, MSP. Ya no es solo de 0 a 5 años; sino de 0 a 6 años.
Es súper importante, sobre todo por esta garantía, institucionalidad y también este flujo de recursos que puede garantizarse desde la normativa. Entonces, algo crucial que tal vez no lo ahondé mucho es que la anterior institucionalidad existe por decreto –los decretos 1211 y 92. Y ese es un problema; el decreto es fácilmente modificable, depende mucho de voluntades políticas.
O sea, se anula el decreto y se derrumba todo
Exacto. Entonces, claro lo que se propende es que con la ley haya esta fortaleza más grande institucional, al menos en el papel. Y desde el Consejo, obviamente es que eso se cumpla en la práctica, con vigilancia, acompañamiento y asesoría, que decíamos.
Otro tema que también está como recomendación en este informe en el que tuvimos el gusto de participar, es que el Estado debe propender a mantener en agenda prioritaria pública gubernamental el combate a la desnutrición infantil. Eso involucra que los ministerios le den la prioridad adecuada; la Secretaría esté coordinando y esté desarrollando estos esquemas y estas reuniones y estos diálogos, para que todos estemos hablando el mismo tema.
Y esto se desarrolla a nivel horizontal entre los distintos ministerios y, sobre todo, a nivel vertical, con las distintas organizaciones descentralizadas, desconcentradas y con los gobiernos autónomos descentralizados hay estos diálogos, hay estos momentos de encuentro. Y se involucra, obviamente, a territorio, a comunidades, a las madres, a los niños para con esto ir generando política pública participativa desde las bases.
¿Cómo se puede garantizar que se sostengan los procesos en un escenario político tan inestable como el que tenemos actualmente?
Para eso mismo está la ley. O sea, al estar dependiendo de súper voluntades políticas mediante decreto, al estar en contexto de déficit presupuestario donde lo social, en cierto punto, es lo que más se reducen los gastos; al estar en un entorno de inseguridad ciudadana, donde se pretende destinar más recursos a combatir estos problemas, una ley es clave para, por normativa, luego exigir el cumplimiento de la ley.
¿Cómo surgió tu interés personal en este tema?
Cuando estaba haciendo mi maestría en la Universidad Católica de Chile, descubrí que las intervenciones más costo efectivas son las que se realizan en los primeros años de las personas. Ahí descubrí un autor que se llama James Heckman, que es Premio Nobel de Economía. Y cuando yo vi eso, dije yo quiero trabajar en el lugar, en el espacio y en el momento donde se puede tener mejores resultados. Y desde ahí mi tesis de maestría fue en temas de escuelas, con niños.
Y para la tesis del doctorado, trabajé el tema de la primera infancia. Y luego, el problema grandote que hay para Ecuador que es la desnutrición crónica infantil. Sentí que tengo que atender este tema, porque sigue causando problemas y consecuencias en el corto, mediano y largo plazo. Y de acuerdo a distintos autores, es el más costo efectivo.
Luego también tuve a mi primera hija. En ella veía reflejado que los niños son el presente y futuro de la patria. El Estado, las personas y la sociedad obviamente deben apoyar, brindar las oportunidades, fortalecer las capacidades -en términos de Amartya Sen- para que estas personas tengan un mejor futuro que el que nosotros tuvimos.
Y con eso, obviamente, generen algo que en economía se llama movilidad social. Que la gente que nació pobre no esté determinada para ser siempre pobre, sino que más bien, con el apoyo del Estado, sociedad, el sector público y academia, logre dar ese salto y genere progreso. Y las personas que nacen en otras cunas, tengan esas mismas oportunidades para mejorar su destino, a la luz de un acompañamiento de Estado, mercado, sociedad y academia.
Y de esta manera, llevas 10 años estudiando en este tema. Además de este libro, ¿qué otros trabajos has hecho?
Tengo como alrededor de 40 papers publicados en Chile, en Ecuador, en Colombia, en México, en Inglaterra, en Estados Unidos, donde analizo la nutrición infantil. Y, algo un proceso que más menos he ido realizando es analizar la desnutrición, la malnutrición en Ecuador y, cada vez, estoy haciéndolo un poquito más internacional. En la región Andina, en Latinoamérica, en el mundo.
O sea, ¿ya has hecho estudios comparativos?
Exactamente. Para el próximo año justamente, hicimos un artículo con la autora Susan Appe, y con Susan hicimos un análisis de las INGO, las organizaciones no gubernamentales internacionales, que trabajan en temas de combate al hambre, de fomento de una buena nutrición en los menores en toda América Latina.
Presentamos una entrevista a profundidad con Jairo Rivera, para conocer detalles sobre esta problemática en el país.
STR
