Frente a los recientes pronunciamientos y decisiones del Consejo de Educación Superior (CES), la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, manifiesta:

La comunidad universitaria ha deseado siempre elegir a su rector, en tanto se respete su autonomía institucional y el resultado de la votación mayoritaria. Es de público conocimiento que posturas del Parlamento Andino, secundadas por algunas autoridades gubernamentales, han impedido que esto suceda, demostrando su empeño en intervenir en la Universidad e imponer un rector sin legitimidad ni respaldo.

El rector encargado, doctor Jaime Breilh, en nombre de la comunidad universitaria, oportunamente ha realizado ingentes esfuerzos por superar el conflicto que externamente  le fue creado a la Universidad, presentó alternativas y acudió a los diálogos. Como salida del conflicto, el 9 de junio las partes acordaron que el proceso de designación de nuevo rector lo regente el Consejo Superior de la Universidad únicamente integrado por sus miembros no cuestionados. Lamentablemente, el 27 de junio el entonces presidente del Parlamento Andino no respetó el acuerdo e impidió que el proceso de consulta y designación se realizara; todo esto ante la pasividad de las autoridades del CES conocedoras de los términos de dicho acuerdo.

El presidente y la mayoría de miembros del CES, pese a sus declaraciones, no han actuado como verdaderos ‘facilitadores’ ni ‘mediadores’. Más bien, han profundizado el conflicto al atropellar la autonomía de la Universidad, desconociendo al rector legítimamente nombrado y ‘reconociendo’, sin que sea su atribución, a un pretendido presidente y miembros del Consejo Superior ilegalmente autonombrados.

La resolución adoptada por el CES el 28 de julio, en vez de propiciar un arreglo, vuelve a desconocer al legítimo Consejo Superior y exige que reconozcamos al espurio, y conmina a este a nombrar un ‘rector interino’, desdeñando que en nuestras normas reglamentarias se señala con claridad el mecanismo de subrogación que debe aplicarse únicamente en caso de ausencia de quien ejerce el rectorado, ausencia que no se ha verificado.

El CES anuncia, además, que no aprobará los programas de posgrado presentados por la Universidad, lo cual es un mecanismo indebido e ilegal de presión. Esta medida no sólo violenta la Constitución y la Ley, sino que perjudica a nuestros estudiantes actuales y futuros.

De otro lado, cabe recordar que, por mandato legal y constitucional, la Universidad recibe fondos del Estado ecuatoriano que son manejados con honradez y eficiencia reconocidas; así lo demuestran las auditorías realizadas. Jamás se han desviado fondos ni se los ha mantenido en “paraísos fiscales” o transferido a cuentas particulares de sus directivos. Las transferencias que se han realizado al exterior proceden de recursos propios de autogestión, están justificadas y se han utilizado para pagos de adquisiciones para los edificios, los laboratorios y la biblioteca, para pagos de cuotas internacionales e inversiones dispuestas en su Estatuto.

Así mismo, la Universidad ha cumplido con todas las obligaciones legales con sus profesores, funcionarios y trabajadores, con el SRI y el IESS. Si existiera alguna discrepancia con órganos de control público, la Universidad defenderá su legítimo proceder y respetará, en caso de existir, las órdenes definitivas de autoridad competente. Aclara, una vez más, que nunca ha utilizado su condición de organismo internacional para impedir que la Contraloría o los organismos pertinentes actúen en la institución. Nunca se les ha negado la información que han requerido y, pese a ello, varios son los pronunciamientos de autoridades de gobierno que desinforman a la opinión pública con datos falsos sobre el manejo económico de la Universidad y supuestas remuneraciones exorbitantes, particular que deberá ser respondido legalmente por quienes han dado este tipo de declaraciones.

Desde enero de 2016, en forma ilegal, el Estado ecuatoriano no ha transferido un solo centavo de los recursos que tiene la obligación de entregar a la Universidad por disposición de la Constitución y la Ley, lo que genera una grave situación presupuestaria. Hasta julio de 2016, la deuda del Estado asciende a USD 9’975.000. Sólo la austeridad y el manejo responsable de nuestros recursos han permitido que la institución siga trabajando.

La Universidad mantendrá su funcionamiento regular. Iniciará clases el 3 de octubre con los alumnos antiguos y los ya admitidos este año. A todos ellos se les garantiza que podrán continuar sus estudios sin obstrucciones. Pero advierte que, si el Estado no cumple con su obligación de proveer recursos económicos, las admisiones de enero de 2017 se verán en grave riesgo.

Nuestra comunidad universitaria, integrada por autoridades, docentes, alumnos, exalumnos, funcionarios y empleados, representada por el Comité de Coordinación Académico de la Universidad –máximo órgano colegiado de la Sede Ecuador–, ratifica su voluntad de superar un conflicto que no ha causado y que le perjudica grandemente. Por ello, en ejercicio de su autonomía universitaria, plantea, ante el país, ante las autoridades nacionales y ante la comunidad internacional, lo siguiente:

1. Que rechazamos el intento de imponer un rector interino al margen de las normas de la Universidad. La Universidad Andina Simón Bolívar no aceptará una autoridad ilegítimamente impuesta por el poder.
2. Que se cumpla con el acuerdo del 9 de junio en el que participaron el entonces presidente del Parlamento Andino con los rectores de la Sede Central de Bolivia y la de Ecuador, y se dé paso a la consulta a la comunidad universitaria para designar al rector, contando para ello con un Consejo Superior conformado solamente con los miembros que no han sido cuestionados, única forma en que la voluntad de la comunidad universitaria podrá ser respetada.
3. Que, si se insiste en no observar dicho acuerdo, ante la imposibilidad de aplicar las normas internacionales propias de la Universidad, en esta oportunidad se implemente el mecanismo previsto en la LOES para la elección directa del rector y se convoque a tal proceso electoral. El Comité de Coordinación Académica de la Universidad posesionará a quien obtenga la mayoría de los votos, en evidente observancia del principio universal de democracia. Este procedimiento puede iniciar de inmediato y culminar con la elección y posesión antes del 15 de octubre de 2016.
4. Que demandamos del Estado ecuatoriano el cumplimiento inmediato de su obligación de transferir a la Universidad la cantidad adeudada de USD 9’975.000,  según lo mandan la Constitución y la Ley.
5. Que el CES tramite los programas de posgrado que están pendientes de aprobación, en algunos casos por más de un año; que no intervenga indebidamente en la Universidad; que no impida el funcionamiento del legítimo Consejo Superior; y que no trate de imponer la aceptación de un presidente y cuatro de los diez miembros de ese organismo cuya designación es antiestatutaria e ilegítima.

La Universidad Andina expresa su reconocimiento a todas las personas e instituciones del país y del mundo que han apoyado su resistencia y la defensa de su autonomía; en especial, reconoce el respaldo de todos los miembros académicos del Consejo Superior de nuestra casa de estudios, entre ellos, el rector y los colegas de Bolivia.

El presidente de la República y otros miembros del Gobierno han afirmado que no tenemos la voluntad de resolver el conflicto y que no queremos cumplir con la ley del Ecuador. Al contrario, estamos demostrando, una vez más, que sí tenemos la voluntad de hacerlo sin dilatorias. Aquí proponemos que, de no ser posible observar la normativa internacional propia de la Universidad, se aplique de inmediato el mecanismo de elección del rector previsto en la ley ecuatoriana. Si en serio se respeta la autonomía universitaria y no se tiene una voluntad de imposición y atropello, la solución es clara y, por tanto, demandamos una respuesta gubernamental expresa sobre lo aquí planteado.

Este pronunciamiento fue aprobado por unanimidad en la reunión ordinaria del Comité de Coordinación Académica de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, del 1 de agosto de 2016.

 

Para ver la resolución del Consejo de Educación Superior (CES) del 28 de julio de 2016 presione aquí.