El Convenio 190 de la OIT, que promueve un mundo del trabajo sin violencia, fue ratificado por la Asamblea Nacional del Ecuador el día 17 de enero de 2021, por voto unánime de los asambleístas. Ecuador es el tercer país de América Latina en ratificarlo, luego de Uruguay y Argentina; y el sexto país en el mundo.

La Asociación de Funcionarios y Empleados de la Universidad Andina Simón Bolívar formó parte activa de este proceso, y fue gestora directa del camino hacia este resultado. Así como también la Universidad Andina Simón Bolívar, como institución académica.

Según explica la docente Angélica Ordóñez, quien participó como delegada de la Asociación, “este es un gran triunfo para nuestro país y también lo hemos celebrado en el Comité de Mujeres de la Internacional de Servicios Públicos -ISP-, desde donde conformamos una comisión para impulsar la ratificación”.

El proceso incluyó reuniones previas de capacitación acerca de la importancia del convenio. De allí surgieron equipos de trabajo; Angélica Ordóñez se involucró en dos de ellos. El primero se dedicó a trabajar en la investigación de las condiciones de trabajo de las trabajadoras que están en el servicio público -incluidas las de la Universidad Andina, pero no únicamente-. Se analizaron las condiciones de trabajo de las representantes del Comité de Mujeres. El segundo grupo en el que estuvo, se enfocó a la campaña de ratificación del Convenio 190. Se generaron materiales accesibles para mostrar y explicar en reuniones en distintos espacios.

De esta manera, al menos se desarrollaron cuatro reuniones con asambleístas; cada vez con distintos legisladores. El objetivo fue explicarles la importancia, desde el punto de vista del Comité de Mujeres de la ISP. El mismo procedimiento ocurrió con organizaciones sindicales no afiliadas a la ISP y organizaciones afines, tanto gubernamentales como no gubernamentales.

A esto se suma que al menos en dos ocasiones se realizaron conversatorios en la Universidad Andina, en los que participaron docentes junto con Verónica Montúfar, representante de la ISP en temas de género.

De forma paralela se ha trabajado en capacitaciones acerca de los contenidos que deben estar presentes en un convenio de prevención de violencia y acoso en el mundo del trabajo.

Entre los avances que supone este convenio, Angélica Ordóñez destaca el que se considera que la violencia y el acoso son indivisibles, es decir, no pueden verse como elementos separados. Quiere decir -señala Ordóñez- que la violencia pueden ser actitudes o acciones específicas concretas, mientras que el acoso representa ideología.

Desde este punto de vista, el acoso es una forma de violencia. De esta manera, los comportamientos de la violencia y las amenazas del acoso son considerados de forma conjunta. Además, incluye todo tipo de violencia física, sicológica, económica, sexual. Incluye todas las identidades y opciones de género -no solo es contra las mujeres-. Con esta visión, el convenio “pone en el centro de la preocupación y de la reglamentación el acoso sexual, pero no únicamente” explica Ordóñez.

Adicionalmente, los efectos de la violencia que ocurren dentro de casa contra una mujer deben ser considerados en el mundo del trabajo, específicamente cuando una mujer tiene que faltar al trabajo porque ha sido agredida físicamente o sicológicamente. Según Ordóñez, en ese caso, “debería haber un acompañamiento, la opción de tener un permiso para no asistir, o para acudir a un médico”.

La violencia y el acoso son considerados como factores de riesgo en el trabajo. “por lo tanto -afirma Ordóñez-, se considera que la violencia y el acoso pueden ocurrir durante, en relación o como resultado del trabajo. Es decir, que ya no se rige al espacio físico, o de infraestructura física del lugar de trabajo”.

Este convenio es el resultado de un trabajo de alrededor de cinco años, según explica Verónica Montúfar. Cada Estado miembro debe contar con una representación del Gobierno en una de las cámaras de la producción y en las centrales sindicales de los trabajadores. En este tiempo, se han generado debates entre estas instancias. En 2018 se discutió el primer documento de este convenio.

Hoy, señala Montúfar, es importante que Ecuador envíe una notificación formal a la OIT, y así solo después de un año, entrará en vigor en el país. A partir de allí, Ecuador deberá buscar que tanto la Constitución como las leyes y normas entren en armonía con este convenio. De ser necesario, señala Montúfar, incluso tendrán que hacerse enmiendas en la Constitución. Recuerda entonces, que la Constitución señala que todos los tratados que estén relacionados con derechos humanos están por encima de la Constitución.

Para Angélica Ordóñez, la ratificación del Convenio 190 de la OIT “representa una victoria de las y los trabajadores del Ecuador. Aunque este solo es el principio, la ratificación es una buena noticia en este contexto tan difícil que estamos atravesando”.

STR