Por: Romané Landaeta Sepúlveda

Transcripción: Sofía Tinajero Romero

Patricia Vega Sepúlveda, socióloga diplomada en Gestión y Desarrollo de la Organización Internacional del Trabajo en Italia, visitó la Universidad Andina Simón Bolívar, en donde ofreció una conferencia acerca de los derechos humanos y la migración. Actualmente, está desarrollando su doctorado en Derechos Humanos en la Universidad de Deusto, Bilbao. En esta entrevista con la profesora Romané Landaeta, del Programa Andino de Derechos Humanos, Patricia Vega analiza la Agenda 2030 propuesta por la OIT a propósito de los 100 años de su celebración.

En el contexto de los 100 años de conmemoración de la OIT  -que ha propuesto una agenda titulada 2030, donde han resaltado cuatro temas que son centrales, vinculados al cambio climático, migraciones, el tema de diversidades y transformaciones laborales- a tu juicio, y a propósito de tu investigación, ¿cuáles crees tú que son los retos que enfrenta América Latina en el siglo XXI?

Es un desafío gravitante, porque estos cuatro temas son muy relevantes, en términos de las últimas transformaciones que viene sufriendo América Latina, y cómo América Latina es capaz de adaptarse a estos nuevos cambios. Respecto al cambio climático, ahí podríamos desarrollar qué es lo que está en crisis dentro del uso y la distribución de los recursos naturales. Principalmente, ya teníamos crisis con la tenencia de la tierra. Con la gestión de los recursos naturales, sobre todo, de la naturaleza. Y ahora lo más emergente, la crisis del agua. Estos cuatro temas van súper implicados, en el sentido también de las transformaciones del empleo. Vamos viendo cómo se ha transformado el mundo del trabajo, si lo podemos decir, en este binomio de capital y trabajo. Y cómo nosotros como personas, como trabajadores, nos vamos también sumando a estos nuevos cambios.

Sabíamos que nuestra tradición era principalmente agrícola. Luego de eso vino una migración campo-ciudad, migración interna de los 60 en adelante, principalmente. Y fuimos desarrollando desde una industria agrícola. Llegamos a la ciudad al desarrollo de los servicios. Después de esa migración interna, los países ya no dieron tanto abasto, como para hacer la acogida de estos nuevos ciudadanos, de estos nuevos trabajadores.

Y comenzó la migración internacional. América Latina tenía una tradición de acogida de países de ultramar y también de Estados Unidos. Sin embargo, después de la década de los 80, comenzó una migración Norte-Sur, principalmente de Ecuador, de Colombia, Bolivia. En menos escala, también de Argentina y de Chile. Principalmente, migrantes económicos, que iban en búsqueda de mejores estados de bienestar. Sin embargo, así estas migraciones también han estado cambiando en esto últimos años. Esta migración Norte-Sur se aceleró desde la década de los 80 hasta el 2010, provocada también por la crisis que vivía Europa en 2008. Muchos de nuestros compatriotas latinoamericanos tuvieron que volver a Latinoamérica. Algunos, voluntariamente; otros, con regreso forzado.

Patricia, dentro de estos cuatro ejes que coloca la OIT como Agenda 2030, a tu juicio, ¿qué impacto tienen las comunidades indígenas de América Latina, pensando sobre todo en el tema del cambio climático, el extractivismo, y las nuevas formas de empleo que se observan en la región?

La población indígena es una de las preocupaciones más gravitantes, o más importantes, porque sabemos que tienen una tradición de vulneración de derechos. Y en ese sentido, también dentro de la población migrante, hay un grupo importante de mujeres indígenas. De mujeres, primero, y de mujeres indígenas. Existe gran preocupación, porque dentro de las pirámides demográficas está cambiando la composición de estas nuevas poblaciones. Y sabemos que los megaproyectos se instalan en territorios que son indígenas donde tienen menos acceso a negociación.

Tanto la OIT como organismos de Derechos Humanos están muy preocupados porque este tipo de negociaciones pueden incorporar, por ejemplo, el consentimiento informado, y negociaciones donde pueden estar en una altura de alguna negociación de derechos.

Y en ese sentido, ¿cuál es la responsabilidad que cabe a los Estados con respecto a los territorios de los pueblos originarios, donde estas empresas transnacionales han fijado su foco para la extracción de los recursos naturales?

En términos de regulación está el convenio 169 de la OIT, y que sin bien no es vinculante de los Estados que hacen parte, tiene responsabilidad de acatarlo. Y en ese sentido, está el consentimiento informado, la buena fe, que son los principios fundamentales. Y un tercero -que es gravitante también- es la consulta. Entonces, en ese espacio jurídico estamos obligados quienes ratificamos el convenio a hacer consulta para los posibles proyectos que puedan afectar a los pueblos indígenas, tanto en el área del proyecto, como el área de influencia donde los indígenas participan.

Dentro del ámbito de las diversidades, que también convoca la agenda señalada, y el enfoque de derechos humanos y de género, a tu juicio, ¿cuáles son los desafíos que propone esta agenda?

En ese sentido, estamos al debe (déficit) en políticas públicas, porque la legislación todavía es muy blanda. Faltan muchas políticas públicas, programas y proyectos donde se pueda integrar a estos distintos grupos. Tanto en la discapacidad en población diversa, en derechos sexual y reproductivo, y también la incorporación del género. Y ahí en particular, la agenda de mujeres.

Cuando tú señalas que estamos al debe, tú lo ves dentro de la región del Cono Sur, el Área Andina. ¿Piensas que esa deuda se extrapola a toda la región, o solamente particular de algunos países, de algunos Estados?

Mi investigación tiene que ver con la política migratoria en Chile: gobernanza y gobernabilidad, en este nuevo proyecto de política migratoria. Y también el impacto que tiene esta nueva política en el Cono Sur. Ahí sabemos que la OIT ha recomendado subir las cuotas de participación en mujeres. Lo ha visto desde los términos económicos, o sea, reconocer, primero que todo, la contribución económica, social y cultural de las mujeres. Pero también falta en términos de reconocimiento de derechos.

También tradicionalmente en América Latina teníamos dos actores tradicionales, que era por un lado el Estado, y por otro lado, la sociedad civil. Sin embargo, en estos últimos tiempos no podemos dejar de incorporar al sector privado, porque sabemos que a propósito de toda la crisis del empleo, ellos tienen gran importancia en el sentido de qué trabajo van a ofrecer, y en qué términos de derechos también.

Volviendo al tema de las migraciones y los desafíos contemporáneos en materia de derechos humanos, ¿qué has podido ver tú dentro del impacto que ha generado la migración que hemos estado viviendo en el último tiempo en Venezuela, y también lo que se está gestionando en el Cono Sur, a propósito de países como Argentina, Chile y Brasil, con estas nuevas miradas a las migraciones, sobre todo con el convenio de Marruecos, que países como Chile, no lo ratificó?

Como decía anteriormente, habíamos tenido la experiencia de una migración Norte- Sur. Eso cambió desde la crisis del 2008 en Europa. Principalmente nosotros íbamos a España e Italia. Cambia y los migrantes hasta ese momento eran mayoritariamente migrantes económicos. Hoy día podríamos decir que tenemos dos tipos de migrantes que tienen igualdad de condiciones. Podrían ser migrantes económicos y también de refugiados políticos. ¿Por qué? Porque la crisis que han tenido nuestros países vecinos ha hecho que los países también tengan distintas modalidades de acceso o de restricción respecto de cuáles van a ser los migrantes que ellos quieran acoger.

Entonces, en ese sentido, la Convención de Marruecos establece ciertas recomendaciones a los países. Y es cierto que Chile no quiso adscribir, por no tener este compromiso con estos principios. Respecto de esta nueva ruta, nosotros sabemos que Venezuela viene siendo un corredor Sur-Sur, que viene de Venezuela, va Ecuador, Colombia, y Chile está siendo el receptor mayoritario de estos países.

Yo también soy crítica de esta nueva política migratoria, porque a pesar de que pasaron 44 años con la legislación que teníamos, hoy día contamos con un nuevo proyecto. Sin embargo, esos proyectos, a mi juicio, adolecen de un enfoque de derechos humanos. Sobre todo, con el principio de no devolución y de no discriminación, según país de origen.

Patricia, mirando el contexto latinoamericano, ¿cuáles crees tú que pueden ser o que son los desafíos en materia de Derechos Humanos en el siglo XXI, considerando además estos cuatro ámbitos que señala la OIT?

Nosotros antes mirábamos siempre a Europa como nuestro gran referente. Estuve el año pasado en Buenos Aires. Y bueno, actores europeos decían, “estamos mirando a América Latina porque están protegiendo los derechos humanos”. A mí me parecía que de todas maneras, nuestra protección de derechos humanos todavía era demasiado precaria, porque nuestra legislación no da para proteger a cabalidad los derechos humanos.

Se sabe que en Europa hay una ola hacia medidas de seguritización, y que los derechos humanos cada vez son menos considerados. A no ser que la sociedad civil y los movimientos sociales los vuelven a poner en el tapete. Sin embargo, la institucionalidad no responde a esta demanda.

¿Qué está pasando ahora en Chile o en el Cono Sur? Por lo menos, a mí lo que me interesa es que este nuevo proyecto de políticas migratorias también tiende a la seguritización, que es la seguridad como seguridad interior del Estado, refiriendo siempre a una migración segura, ordenada y regular. Eso nadie lo cuestiona hoy día. Todos estamos pensando en una migración segura, ordenada y regular, pero que no deje de incorporar un enfoque de derechos humanos.

En lo que cabe al cambio climático, a nuevas formas de trabajos, y a nuevas formas de integración de la sociedad civil, ¿cuál es tu opinión con respecto al Cono Sur y el área andina?

No son muy distintos los desafíos. Nuestra responsabilidad, en este caso como investigadores,
-nosotros que tenemos más experiencia o más conocimiento en términos de esta problemática- es informar a los tomadores de decisiones respecto de visibilizar este enfoque de derechos humanos, que no es antagónico respecto a la migración segura, ordenada y regular. Sino que también tenemos que garantizar los derechos humanos de las personas.

Ahora, si fuéramos dentro de lo esencial de los derechos, yo le podría decir, bueno aunque a usted que le despojen de su territorio, de su patrimonio tradicional, cuando tenga que ser desplazado por crisis climática, o tenga que cambiar su empleo dos, tres, cuatro veces durante toda su vida. Lo despojan de su trabajo, buscando nuevos nichos laborales, aunque tenga que emigrar; migración interna, migración internacional. Incluso que lo despojen de su cultura, de lo que no le pueden despojar es de sus derechos. Entonces, el llamado es a empoderarse de los derechos, exigirlos a los tomadores de decisiones para que incorporen este enfoque de derechos humanos.

Agradecemos la exposición de Patricia, su conversación. Y las luces frente a los desafíos que enfrenta nuestra región en el siglo XXI. Muchas gracias.

Gracias a ustedes por la invitación.