Angélica Ordóñez Charpentier, docente del Área de Estudios Sociales y Globales, fue ganadora del concurso nacional de investigación Senescyt - Inédita, realizado en 2018, con el proyecto: “Nada para nosotros, sin nosotros. Inclusión social de las discapacidades en la educación superior". Se recibieron alrededor de 700 propuestas de universidades de todo el país, de las cuales, 70 fueron favorecidas con financiamiento para la investigación.

El inicio de este proyecto fue pospuesto por falta de fondos, pero se ha reactivado desde junio de 2021. Angélica Ordóñez y un equipo de trabajo realizarán esta investigación hasta junio de 2022. El objetivo es crear las bases teóricas- metodológicas y prácticas para construir políticas públicas inclusivas de las discapacidades para implementarlas a nivel de educación superior.

A propósito de este reconocimiento, presentamos una entrevista con Angélica Ordóñez.

¿Cuál fue la motivación para plantear este proyecto?

Antes de ingresar a la Universidad Andina Simón Bolívar, en 2016, realicé una investigación sobre cómo generar inclusión en la educación superior ecuatoriana, tanto en el ámbito de género como en el de las discapacidades. A pesar de que tenía conocimiento de la situación de las personas con discapacidad a nivel estadístico, no conocía la magnitud del problema en un nivel humano. En Ecuador, hay menos de 5000 estudiantes con discapacidad matriculados anualmente en educación superior.

Sin embargo, fue una situación más personal la que me hizo generar mayor conciencia de la necesidad de realizar esta propuesta de investigación. Un amigo cercano tuvo un accidente que le causó una cuadriplejía. Ver, aunque sea de lejos, las dificultades que atravesaba en la vida cotidiana debido a una sociedad que no piensa en las personas con movilidad reducida, me convenció de presentar esta propuesta.

El concurso de investigación INÉDITA fue lanzado por la SENESCYT en 2018. Con el apoyo de la Universidad, presenté mi proyecto y resulté ganadora en la categoría Investigación Institucional. Entiendo que, de 700 propuestas a nivel nacional se financiaron 70, entre proyectos interinstitucionales e institucionales.

El proyecto no se pudo iniciar a finales de 2018, porque los fondos no fueron proporcionados. Después de una larga espera, en abril de 2021, la Universidad Andina firmó el convenio con la SENESCYT y los fondos de investigación han sido facilitados.

¿Qué factores deben tomarse en cuenta cuando hablamos de discapacidades en un entorno de educación superior?

En la actualidad, la teoría crítica de las discapacidades sostiene que existe un modelo social de la discapacidad. Esto significa que la persona no es discapacitada, sino que es la sociedad la que discapacita a la persona cuando crea, por ejemplo, lugares inaccesibles para personas que usan sillas de ruedas, o muletas, o andadores. Es la sociedad la que discapacita cuando se rehúsa a aprender la lengua de señas o se niega a que existan intérpretes permanentes de esta lengua en oficinas públicas, comercios o instituciones educativas.

Entonces, cuando hablamos de discapacidades en la educación superior, consideramos los factores sociales, económicos, políticos y tecnológicos que hacen que la educación sea accesible, o por el contrario, discapacitan a personas que son parte de la comunidad universitaria. Hoy en día existe la pedagogía, la tecnología, y el conocimiento necesarios para crear espacios de aprendizaje que se ajusten a todas las personas por igual. Se requiere capacitación docente y profesional; además, de voluntad política para hacer uso de todos esos recursos inclusivos.

¿Qué etapas tienes pensadas para la ejecución del proyecto?

Hemos iniciado el 15 junio de 2021 con varias investigaciones simultáneas: en pedagogía, espacios de inclusión, buenas prácticas de inclusión social a través del arte y, políticas públicas, indagando a nivel global, regional y nacional. Además, se realizará análisis de infraestructura física y de páginas web de dos instituciones de educación superior, para comprobar su inclusividad.

En la actualidad, estamos realizando entrevistas a toda la comunidad universitaria: docentes, funcionarios, empleados, estudiantes, para consultarles sobre su experiencia de la discapacidad e indagando cómo se podría mejorar una inclusión real en el espacio universitario. Esa información será sistematizada y analizada en las próximas semanas. En la tercera y última parte del proyecto, se realizarán talleres de sensibilización para toda la comunidad universitaria, con el fin de difundir la realidad de las discapacidades. Se finalizarán productos de divulgación: un video y un libro que presente todos los hallazgos.

¿Cómo miras el papel que ha cumplido el Estado en relación a la política pública en torno a las discapacidades?

El papel del Estado siempre es insuficiente. En Ecuador, las discapacidades han estado históricamente desatendidas y han dependido de la filantropía y de una visión médica que buscaba eliminarlas o rehabilitarlas.

Los primeros censos serios y relativamente exhaustivos sobre discapacidad son de 2011, cuando otros países vienen trabajando en políticas públicas en torno a las discapacidades desde los años 1970. Tenemos muchísimo retraso como país, en la inclusión de las diversidades.

El Estado emitió una serie de directrices que no se han cumplido en la educación superior. No se implementan en la mayoría de universidades soluciones tan simples como contar con intérpretes de lengua de señas en clases, software para leer textos, necesarios para personas con discapacidad visual; procurar arquitectura de diseño universal, o sensibilizarse ante los ajustes necesarios para que estudiantes con discapacidades puedan estudiar.

Estos ajustes necesarios no son dádivas de las instituciones hacia las personas con discapacidad; son derechos establecidos a nivel nacional y también ligados a convenciones internacionales de las que somos signatarios como país. Actualmente, el escándalo de los carnets de discapacidad otorgados de forma fraudulenta para que ciertos políticos obtengan exenciones fiscales, muestra cuál es el enfoque del Estado sobre las discapacidades. Queda mucho por hacer; se requieren acciones urgentes y decididas para mejorar la calidad de vida de todas las personas, incluyendo a quienes viven la discapacidad y experimentan a diario discriminación, violencia y falta de oportunidades.

STR