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Boletín Spondylus

Justicia juvenil restaurativa


Por: Adriana Rodríguez

Edición del video: Fernando Andrade

Transcripción: Salomé Tejada

Edición del texto: Sofía Tinajero Romero

 

Adriana Rodríguez, docente investigadora del Programa Andino de Derechos Humanos, entrevista a Víctor Herrero, experto en derechos sobre la niñez y adolescencia. En esta conversación, el consultor español profundiza sobre el enfoque restaurativo de justicia juvenil, y los avances en Iberoamérica.

 

¿Qué es la justicia juvenil restaurativa y por qué es importante hablar de este tipo de justicia hoy en día en Iberoamérica y Ecuador?

Bueno, primero muchas gracias por la invitación a esta preciosa y magnífica Universidad Andina. Por supuesto que con mucho gusto compartimos reflexiones sobre este tema de justicia juvenil, tan importante para las sociedades, para los países y a veces, tan olvidado.

¿Qué entendemos por justicia con enfoque restaurativo? Yo lo llamo así, para no entrar en grandes discusiones intelectuales o conceptuales. Permítame que diga primero, qué no es la justicia restaurativa.

La justicia restaurativa o con enfoque restaurativo no es la impunidad, porque a veces perversamente se plantean este tipo de enfoques como impunidad penal y no lo es. Tampoco es una justicia blanda, una justicia donde queremos hacer “buenismo penal”. Es todo lo contrario, más bien. Es un tipo de justicia que profundiza realmente en los problemas que generan el delito, en los problemas que han llevado a muchos niños y adolescentes al escenario del delito, y que realmente busca soluciones de mucha más profundidad.

¿Cuáles serían los ingredientes de este enfoque? Es muy sencillo; haciendo alusión a lo anterior, de que no es impunidad, es todo lo contrario. Es trabajar con los adolescentes en la responsabilidad, no solo la responsabilidad penal, que esa ya viene incorporada en la sentencia de un juez o de una jueza, sino la responsabilidad como concepto educativo, de crecimiento personal.

De asumir que un adolescente, por muchos problemas que tenga, por mucha carga que traiga detrás, si ha cometido un delito y ha hecho daño, asuma que ese daño se ha ejercido y, por lo tanto, hay que buscar una solución a ese daño. Conseguir que ese adolescente, una vez responsabilizado de ese daño, también entienda, empatice con ese dolor que ha podido producir a un víctima directa o indirecta, a su propia familia, a él mismo o a la comunidad en la que convive.

Por lo tanto, ese concepto de responsabilidad es un concepto clave que hay que trabajar muchísimo, fundamentalmente, con los adolescentes. Pero, cuidado, también con los actores del sistema, porque los actores del sistema son responsables de lo que hacen y muchas veces no les pedimos esas responsabilidades. Parece que los actores del sistema todo lo hacen bien, y todo no lo hacemos bien.

También hay responsabilidades en el entorno comunitario, en las otras instituciones. Siempre decimos que cuando un adolescente llega al escenario del sistema penal por la comisión de un delito, ese adolescente no ha llegado de la estratósfera, ese adolescente ya existía, ya vivía y muchas veces fue ignorado permanentemente, desde chiquito.

Muchas veces ya se vulneraron sus derechos a tener una estabilidad familiar, a tener educación, a tener salud, a tener lo básico y, sin embargo, cuando aparece en el delito, es cuando nos damos cuenta que existe. Eso también nos debiera hacer reflexionar sobre ese concepto de responsabilidad que le vamos a pedir al adolescente, que vamos a trabajar con el adolescente, pero, que también hay que trabajarlo con los actores que trabajan en torno al adolescente.

Por otro lado, hay otro elemento que es clave, que es la consideración de los intereses legítimos de las víctimas. Las víctimas no son un actor cualquiera dentro del escenario de un delito y dentro de un proceso penal, son una pieza clave. Pero históricamente la justicia les ha ignorado. la justicia ha asumido el daño como si fuera un daño contra el Estado. Y no era un daño contra el Estado; era un daño contra personas concretas, contra una sociedad concreta, contra una familia o lo que fuese.

Por lo tanto, el Estado tiene que buscar la solución, pero la víctima es también una parte importantísima de la solución. Entonces tenemos que analizar ahí también y conceptualizar muy bien ese término de víctima; hay víctimas de delitos muy graves, otras menos graves. Hay víctimas que, en un momento dado, son capaces de empatizar con el adolescente que cometió un delito, de entender los motivos e incluso ayudar a superar ese problema, y por supuesto, a buscar algún escenario de reparación de ese daño.

Hay víctimas de delitos muy graves, que son, prácticamente, irreparables. Ahí podríamos estar buscando un concepto de reparación más indirecta. Es decir, el concepto de víctimas es muy importante y las víctimas son importantísimas, y tenemos que atender sus intereses, sus necesidades y también darles el espacio que merecen dentro de un proceso penal.

Hay que conjugar esos intereses de la víctima y de las necesidades de atención de los adolescentes para que, en la medida de los posible, el otro gran ingrediente, que es la reparación, es decir, qué escenario podemos crear para que ese adolescente pueda reparar su daño directamente a sus víctimas o indirectamente a la sociedad.

Otro factor importante que envuelve todo, es el factor comunidad. La comunidad, bien entendida, la comunidad a nivel de instituciones. Esas instituciones de educación, de salud, de deporte, de juventud, de atención social que como decíamos antes, en gran manera han estado ausentes durante toda la vida de un adolescente.

Es nueva oportunidad para ellos de darse cuenta de que ese adolescente pertenece a esa comunidad. Que quizás la propia comunidad entera no tiene los resortes, los medios que se requieren para que un niño pueda crecer de forma sana y en libertad. También, es una especie de “sopapo”, como digo yo, de decir, aquí está, esta es la realidad, esta es la evidencia del fracaso de los otros sistemas.

Por lo tanto, la comunidad, entendida como instituciones, la comunidad también entendida como organizaciones sociales que pueden venir a colaborar y a contribuir en poner los recursos para esos adolescentes. Pero también la comunidad entendida en toda su dimensión. Hay comunidades que en sí mismas provocan la caída de los niños en el delito, porque son comunidades desestructuradas con las que hay que trabajar también. Es decir, no podemos devolver un adolescente a una comunidad que está enferma; tenemos que también, intentar reparar la comunidad.

Por eso, como decíamos, evidenciamos problemas que están ahí, que nadie resuelve, y que en alguien en algún momento tiene que incorporar. Por lo tanto, la justicia en este enfoque restaurativo, si nos damos cuenta, va afectando por todos lados y claro que pone al adolescente que cometió el delito en el centro, pero inmediatamente, empezamos a identificar todo lo que hay alrededor, que provocó de alguna manera también, o que fue un mecanismo que ha facilitado la inclusión de ese delito y que vamos a tener que contar con él a la hora de trabajar.

Claro. Estamos hablando, entonces, de una justicia distinta, una justicia que tiene su antecedente en un enfoque pluralista de otras salidas posibles. En el contexto de violencia, usualmente, la opinión pública es más punición, más cárcel, más años y la salida que está dando el enfoque restaurativo es otra, es una salida comunitaria.

Efectivamente, esa es la realidad. Nosotros, a lo largo de la historia, más o menos hemos podido ver tres grandes modelos de enfocar la justicia. El modelo punitivo, que es el que está ahí, muchas veces desde las respuestas muy populistas se lanza, “esto lo solucionamos rápido, vamos a hacer leyes muy duras, vamos a encarcelar niños, cada vez por más tiempo”. Bueno, eso ya está ensayado; eso fue el comienzo de la justicia restaurativa, en realidad.

Yo recuerdo encuentros en Honduras, en el Salvador, donde se crearon dos declaraciones, la declaración del Tegucigalpa y la declaración de San Salvador, ya por allí, por el año 2005 – 2006. Ahí se reconoció el fracaso de las políticas llamadas de mano dura, súper duras, tolerancia cero. El resultado era cada vez más delito, cada vez más graves y cada vez más niños involucrados en ello. Porque tristemente, esa política fácil o esa comunicación fácil, lo que pone es la mirada sobre el niño, sobre el adolescente, sobre el joven, pero no la pone sobre el adulto que crea las condiciones del delito.

Muchos de los niños involucrados en delitos en Centroamérica, en ese contexto que comentaba ahora, con las maras o con el sicariato, ellos no son los organizadores de todo eso, no son los jefes; son los soldados, son los instrumentos, que los rescatan muchas veces en esos abandonos de las calles, los incluyen muy fácilmente a las redes criminales y los utilizan.

Curiosamente, a veces la respuesta es facilitarles la posibilidad de darles a los niños, ponerles cerca para que sigan utilizándolos. Esa respuesta punitiva, ese enfoque punitivo, retribucionista, de castigo acción reacción, delito – castigo, eso no ha dado ningún resultado. Eso es evidente; están ahí los datos de todos los países que han empleado estas fórmulas, y cada vez hay más delito, más grave y más niños involucrados.

Por otro lado, hemos vivido el modelo tutelarista, donde con un concepto un poco paternalista muy centrado en los jueces y juezas, que, por el bien de la niña o el niño, bueno lo encerramos por 20 años. “Es por su bien”, pero lo encerramos 20 años, sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de nada.

Eso también, creemos superado, pero todavía está ahí en el ideario del sistema de justicia. Y frente a estos dos sistemas, es donde surge este enfoque restaurativo, diciéndonos que no es ni una cosa ni la otra. No es una justica blanda, como decíamos; hay que trabajar y trabajarlo bien, pero de forma inteligente. Y también, no es un discurso ya; hay evidencias.

Es decir, todos los países que están empleando métodos con este tipo de enfoque, el nivel de violencia se reduce inmediatamente; los adolescentes involucrados cada vez son menos y cada vez tienen más salidas, una vez que se han incorporado.

Fíjense, yo les estaba hablando de Honduras, Guatemala, El Salvador. Yo he estado recientemente en una experiencia bien interesante en Honduras con los jóvenes que han trabajaron desde hace 7 años, a través del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI). Trabajaron con ellos y cambió la realidad de ese sistema, cambió la realidad de esos adolescentes, adolescente que permanentemente eran agredidos, agredían, había asesinatos constantemente en los centros.

Hoy hay un sistema ordenado y donde los adolescentes empiezan a encontrar salidas. Y, por lo tanto, han generado una paz institucional, incluso dentro de esos centros. Ha sido un cambio radical. Toquemos madera de que se mantenga todo esto, porque muchas veces el problema es que en muchos países no se sostienen las políticas. A veces hay políticas que están bien enfocadas, pero que los cambios no se sostienen.

Todo esto, además no es una invención de tres o cuatro personas. Todo esto se ha materializado y se ha comprometido toda la comunidad iberoamericana. Veinte y tres países, todos los países de América Latina, de habla hispana y también portuguesa, incluido Brasil junto con España, Portugal y Andorra se comprometieron a que la justicia de jóvenes debe estar desarrollada desde este enfoque restaurativo y con estos elementos que acabamos de comentar. No es un compromiso cualquiera.

El Ecuador fue parte clave de todo este proceso. Primero fueron los ministros de justicia que decidieron aprobar la llamada “Declaración Iberoamericana de justicia juvenil”, donde piden que se desarrollen este tipo de políticas de enfoque restaurativo. Luego fueron todas las Cortes Supremas de Justicia, que lo hicieron aquí en Quito, precisamente las 23 Cortes Supremas y concejos generales del poder judicial, hicieron algo llamado “decálogo”, que es exactamente igual, en plana coherencia con lo que dijeron los ministros, pero para el ámbito lógicamente judicial donde se comprometieron a llevar adelante todo este enfoque.

Luego lo hicieron todos los ministerios públicos, incluido Ecuador también. Luego lo hicieron las defensorías públicas e incluso todos los jefes de Estado y de gobierno, a través de una declaración sobre la justicia y con carácter general en América Latina, en una especie de decálogo de declaración de intenciones. El último punto instaba a que se cumpliera esa declaración iberoamericana de justicia juvenil.

Estamos en un momento en el que muchas veces firmamos cosas, pero las olvidamos y, por lo tanto, estamos un momento importante para recordar que con todo esto hay que seguir adelante. Que son estrategias de país y que es obligado; una cuestión de derechos, una cuestión moral pública. No podemos permitir que los niños sean involucrados cada vez más en las actividades criminales.

¿Cómo podríamos nosotros articular esto, justamente, con todas las organizaciones de derechos humanos, que han impulsado la justicia juvenil restaurativa, más que los Estados en sí? ¿Cómo se podría articular la academia con las organizaciones para impulsar este tipo de justicia pluralista, que al final termina siendo crítico a la justicia monista, a la justicia estatal, sino a otro tipo de justicia comunitaria, distinta, plural?

Bueno, decir que todo este movimiento, todas estas declaraciones institucionales -está también la sociedad civil, a través de algo que se llama “Liga Iberoamericana de Sociedad Civil”-, pero en toda esta estrategia, ya desde el inicio la academia, las universidades han sido una parte clave. Siempre nos han estado apoyando a las instituciones o a las personas que hemos estado involucrados en este tema.

Pero sí es cierto, que tiene además un rol importantísimo, declarado en esos instrumentos, la especialidad. Es decir, aquí en Ecuador se produjo una declaración constitucional, una resolución constitucional, donde todas las personas que trabajan con los adolescentes tienen que ser especializados. También tienen que ser especializadas las instituciones y las normas.

Entonces, la academia es una pieza clave. Necesitamos primero formar a todas las personas que van a estar involucradas, formar a todas las estructuras institucionales que están involucradas y, por lo tanto, también, son instituciones clave para evaluar los avances, los posibles retrocesos y lógicamente para ir dando causes conceptuales sobre distintas materias.

Porque como decía al principio, este es un abordaje también interdisciplinar, interinstitucional, que no es fácil de abordar. Esto no es un trabajo de jueces, no es un trabajo de fiscales o de defensores; esto es un trabajo del mundo jurídico, el mundo social, psicológico, médico. Es decir, son tantas disciplinas las que tiene que estar y todas en igualdad. No hay una prevalencia de una disciplina sobre otra. Los jueces tomas las decisiones, pero no son los más importantes.

Importantes son todos, desde el primer funcionario que abre una puerta en un centro, hasta el presidente de un tribunal. Es decir, todos tiene que hacer su trabajo de tal manera, con tal especialidad, que sin uno de esos eslabones el sistema no funciona.

Por lo tanto, es muy importante el rol de la academia en todo esto. Y por supuesto que estamos pensando a veces, como una vez que estamos creando todas estas redes iberoamericanas donde incluso ya, por suerte, van a participar hasta los propios adolescentes. Hay experiencias donde los adolescentes en la creación, incluso de los reglamentos que les afectan. Hablaba de Honduras, por ejemplo, ha sido uno. En Paraguay. Esperemos que también aquí han participado mucho el modelo de atención.

Pero, ahora incluso, se puede crear una declaración de adolescentes que van en sintonía con lo que las instituciones dicen. Por qué no pensar también y soñar que las academias y las instituciones de derechos humanos pudieran crear una red iberoamericana, que tocaran y generaran su propio decálogo en coherencia con todos ellos.

Muchísimas gracias Víctor, por esas palabras, por ese análisis tan profundo, tan humano. Y además tan importante en nuestros contextos, en este contexto de Ecuador que vivimos en violencia y en desesperación por nuestros jóvenes que están metidos en estos contextos difíciles. La salida no es fácil y la salida no es punitivista; la salida es por otros lados.

Ecuador está pasando, todo el mundo lo sabemos, una situación bien compleja, bien complicada en materia de violencia, que la estamos focalizando mucho en los sistemas penitenciarios de adultos, que es donde se están produciendo la gran crisis, con episodios de extrema violencia, con gran cantidad de muertos.

Pero cuidado, porque la conexión con la parte juvenil está clara. Hay pasillos ya muy claros de comunicación con los Centros de Adolescentes Infractores (CAI), y es muy fácil involucrar a los jóvenes, a los más niños en esos procesos de violencia.

Por lo tanto, hay que reforzar todo el sistema penitenciario de adultos. Pero hay que reforzar, en la medida de los posible desde este enfoque, todo el sistema de adolescentes, los llamados CAI, porque realmente, ahí es donde tenemos una prevención importante de la futura delincuencia de adultos.

Muchísimas gracias por estas palabras y vamos a continuar posteriormente, con un conversatorio; nos va a dar más luces sobre los caminos, la evaluación de la justicia juvenil restaurativa en Ecuador e Iberoamérica.

Muy bien, gracias a ustedes.