Por Elizabeth Bravo

IEETM

El 1 de septiembre de 2012, el presidente del Ecuador pidió que se abra un debate sobre el tema de los transgénicos especialmente en referencia a la disposición constitucional a través de la cual se declara al país libre de cultivos y semillas transgénicas, y no descartó la posibilidad de “enmendar la Constitución” si después de un debate nacional se llega a una conclusión científica sobre ello[1].

La respuesta del SENACYT fue convocar a un grupo de científicos “duros” para debatir el tema de los transgénicos, con un público formado en la mayoría de casos por estudiantes de biotecnología o ciencias de la vida. Muchos de los ponentes manifestaron la necesidad de que se haga investigación en transgénicos en el país, usando argumentos como que nos vamos a quedar por afuera del tren del progreso; que los principalesjournal científicos sólo publican artículos que incluyan herramientas procedentes de la biología molecular o sobre la necesidad de tener una ciencia “autónoma”.

A partir de estos argumentos y esta forma de consulta surgen varias preguntas como las siguientes: ¿Quién determina lo que es el progreso? ¿Quién determina el tipo de tecnología que necesita una sociedad? ¿Nos hará autónomos un tipo de investigación científica que depende totalmente de insumos y técnicas patentadas e importadas del exterior?