760
Seis universidades del Ecuador, entre ellas, la Universidad Andina Simón Bolívar, juntan sus esfuerzos para contrarrestar la violencia basada en género al interior de sus instituciones. Conjuntamente trabajan en el proyecto “Problemas críticos, oportunidades y buenas prácticas para prevenir y responder a la violencia basada en género contra estudiantes en instituciones de educación superior del Ecuador.”
Tres fases componen este proyecto, que cuenta con el financiamiento de la cooperación belga VLIR-UOS. La primera, que consistió en un diagnóstico de la violencia basada en género a estudiantes en las universidades de Ecuador, se realizó durante el 2024, y sus resultados se presentaron este 19 de junio en la Universidad Central del Ecuador.
En el acto estuvieron presentes autoridades e investigadores de todas las universidades participantes: Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad Central del Ecuador, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Universidad Nacional de Loja y Universidad Politécnica Salesiana, además de representantes de la Universidad Católica de Lovaina (KU Leuven).
La encuesta se aplicó a 6.896 estudiantes de pregrado de Sierra, Costa y Amazonía (4.020 personas de género femenino (58 %), 2.784 de género masculino (40 %) y 90 de diversidades genéricas (1 %). También se realizaron 60 entrevistas a autoridades, funcionarios de protocolo y comisiones, expertas, y, gremios estudiantiles y de docentes.
De acuerdo con este estudio, la prevalencia de violencia de género es mayor en estudiantes con identidades sexo genéricas diversas (44 %) y mujeres (32 %), de edades entre 21 y 25 años (31 %), que estudian y trabajan (30 %), en niveles intermedios (31 %) y finales (32 %) de su carrera, que han migrado de la Sierra a la Costa (46 %). Un tercio de los encuestados (33 %) responsabiliza a las mujeres por la violencia que sufren debido a su vestimenta, creencia más arraigada en hombres heterosexuales (40 %).
El estudio señala que “la naturalización de la violencia basada en género (VBG) en el contexto universitario ecuatoriano constituye uno de los nudos críticos más relevantes. Esta situación se antecede en una comprensión fragmentada de la VBG, que ignora sus múltiples dimensiones, expresiones y tipos”.
Los resultados principales fueron expuestos en el encuentro desarrollado en la Universidad Central, con presencia de representantes del Consejo de Educación Superior. En la apertura de este espacio intervino el vicerrector de la Universidad Andina Simón Bolívar, Wilson Araque, quien enfatizó en la necesidad de la construcción de las universidades como espacios seguros y de paz. “Al final, ese será el mejor antídoto para ahuyentar a esto que lamentablemente nos está afectando”.
La coordinadora general del proyecto es Fernanda Solíz, directora del Área de Salud de la Universidad Andina. En su intervención, se refirió a que se trata de “una puesta política por transformar el futuro en nuestras universidades”.
Señaló que “la violencia física, sexual, psicológica, simbólica, pero también epistémica, no es un fenómeno marginal sino “un fenómeno estructural, sostenido por jerarquías de poder, desigualdades históricas y formas de exclusión que se interceptan con el género, la orientación sexual, la clase, la etnia y las discapacidades”.
Por ello, con énfasis dijo: “hoy hacemos un llamado a las universidades para que dejen de ser reproductoras de violencia simbólica y burocrática, y se asuman como espacios de transformación cultural. Al CES y a la Senescyt, para que garanticen que esta experiencia se expanda, se convierta en política pública vinculante. Y a la comunidad académica, para que escuche, aprenda, se incomode y actúe”.
Los investigadores María de Lourdes Larrea, del Área de Salud, y Carlos Reyes, del Programa Andino de Derechos Humanos, presentaron los principales resultados. Este acto también contó con la conferencia magistral de Veerle Draulans, de la Universidad Católica de Lovaina, quien realizó un recorrido por las corrientes de pensamiento en la construcción de los estudios de género.
Este encuentro culminó con la entrega formal de los resultados del estudio, a las autoridades de cada universidad, así como a los representantes del CES. De esta manera, se culminó la primera fase del proyecto.
La segunda fase consistió en un curso de formación mixto de 80 horas, en el que participaron docentes y funcionarios de todas las universidades. Se abordaron las prioridades identificadas en el diagnóstico, desde un enfoque de derechos humanos, género, daño sicosocial e interseccionalidad.
Solíz señaló que “este componente parte de la convicción de que la educación superior no puede seguir formando sujetos técnicos despolitizados, sino agentes éticos, críticos y capaces de transformar el mundo que habita”.
La tercera fase del proyecto apuesta por el diseño participativo de un plan a largo plazo en las instituciones de educación superior, en diálogo con las autoridades y los responsables políticos, como plataforma para el debate y la reflexión a nivel nacional, con la finalidad de aportar a la política pública. Se prevén actividades de difusión y discusión de los resultados, alcances y retos del proyecto
Carmita Álvarez, en representación del CES, reafirmó que la entidad buscará incluir los resultados de este estudio como un instrumento en la actualización del plan del sistema de educación superior, “y poder ubicar estrategias y objetivos claros en la eliminación de la violencia de género y toda forma de discriminación que ocurra en el sistema de educación superior”.
STR
