Mediante un convenio de cooperación interinstitucional entre la Defensoría del Pueblo de Ecuador y la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, se desarrollarán proyectos que fomenten la protección y promoción de los derechos humanos y de la naturaleza.

Ambas instituciones plantean su interés en fortalecer la capacitación, educación, investigación, asistencia técnica y la comunicación, relacionados con el ámbito de los derechos humanos y de la naturaleza.

Al acto de firma de convenio asistió el Defensor del Pueblo, César Córdoba Valverde, acompañado por algunos funcionaros de la entidad: Galo Rodríguez Caicedo, coordinador general de gestión del conocimiento e investigación; Miriam Argüello Ulloa, coordinadora del área de promoción y protección de la Defensoría del Pueblo; Lourdes Espinoza Arévalo, directora nacional del mecanismo para el monitoreo de los derechos de las personas con discapacidad; Lisbeth Montenegro, directora de planificación.

En su intervención, César Córdoba resaltó que este convenio permitirá “fortalecer lo que queremos siempre en nuestra sociedad: una universidad pegada a una sociedad y una Defensoría del Pueblo al servicio de esta sociedad”.

Valora la capacitación continua que se desprenderá de este convenio, así como la asistencia técnica. Señaló que “la Universidad Andina nos da ese aval necesario para que nosotros podamos llevar adelante siempre este tipo de proyectos presentados no sólo en la Asamblea, no sólo al Gobierno, a todas las instituciones públicas que así lo requieren”.

El rector César Montaño Galarza ratificó la apertura de la Universidad para desarrollar proyectos conjuntos, poniendo “a disposición de la Defensoría del Pueblo todas las fortalezas de nuestra casa de estudios”.

Destacó la apuesta académica por los estudios y la investigación en torno a los derechos de las personas, así como la propuesta académica innovadora alrededor de los derechos de la naturaleza.

Por parte de esta casa de estudios, también estuvieron Virginia Alta, secretaria general; Álvaro Mejía Salazar, procurador; Gabriel Galán, director encargado del Área de Derecho; y Carlos Reyes, coordinador del programa Andino de Derechos Humanos.

STR