Communications Assistance for Law Enforcement Act

Es una ley federal de los Estados Unidos que exige que los operadores de telecomunicaciones y los fabricantes de equipos de telecomunicaciones diseñen su equipo, instalaciones y servicios para garantizar que tengan las capacidades de vigilancia necesarias para cumplir con las solicitudes legales de información.

CALEA fue promulgada en 1994 en respuesta al rápido desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación, lo que hizo cada vez más difícil para las fuerzas del orden realizar vigilancia electrónica legal. La ley exige que los operadores de telecomunicaciones proporcionen al gobierno acceso a ciertos tipos de datos de comunicación, como registros de detalles de llamadas y tráfico de comunicaciones en tiempo real, previa presentación de una orden judicial.

CALEA también exige que los fabricantes de equipos de telecomunicaciones diseñen su equipo para que sea compatible con los sistemas de vigilancia de las fuerzas del orden. Esto ayuda a garantizar que las fuerzas del orden puedan continuar realizando vigilancia electrónica legal a medida que se desarrollan nuevas tecnologías de comunicación.

CALEA ha sido controvertida desde su promulgación, y algunos críticos sostienen que viola los derechos a la privacidad. Sin embargo, la Corte Suprema ha sostenido la ley como constitucional.

Aquí hay un resumen de las disposiciones clave de CALEA:

• Los operadores de telecomunicaciones deben proporcionar al gobierno acceso a ciertos tipos de datos de comunicación, como registros de detalles de llamadas y tráfico de comunicaciones en tiempo real, previa presentación de una orden judicial.
• Los fabricantes de equipos de telecomunicaciones deben diseñar su equipo para que sea compatible con los sistemas de vigilancia de las fuerzas del orden.
• El gobierno debe pagar a los operadores de telecomunicaciones y fabricantes de equipos de telecomunicaciones los costos de cumplir con CALEA.

CALEA ha sido una herramienta importante para las fuerzas del orden en la investigación y persecución de delitos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que CALEA no otorga a las fuerzas del orden un poder ilimitado para vigilar las comunicaciones de las personas. Las fuerzas del orden aún deben obtener una orden judicial de un juez antes de realizar cualquier vigilancia electrónica.

Directiva 2014/41/UE

la obtención de pruebas electrónicas en materia penal es una directiva de la Unión Europea que establece un marco general para la recopilación de pruebas electrónicas por parte de las autoridades competentes en materia penal.

La Directiva establece los siguientes principios para la recopilación de pruebas electrónicas:

• Legalidad: la recopilación de pruebas electrónicas debe estar autorizada por la ley.
• Necesidad: la recopilación de pruebas electrónicas debe ser necesaria para la investigación de un delito.
• Proporcionalidad: la recopilación de pruebas electrónicas debe ser proporcionada al delito que se está investigando.
• Reserva: la recopilación de pruebas electrónicas debe ser realizada de manera que se proteja la privacidad y la seguridad de las personas.

La Directiva también establece los siguientes derechos para las personas cuyos datos se recopilan como pruebas electrónicas:

• Derecho a ser informadas: las personas deben ser informadas de que sus datos se están recopilando como pruebas electrónicas.
• Derecho a oponerse: las personas pueden oponerse a la recopilación de sus datos como pruebas electrónicas.
• Derecho a acceso: las personas tienen derecho a acceder a sus datos que se han recopilado como pruebas electrónicas.

La Directiva 2014/41/UE se aplica a todos los Estados miembros de la Unión Europea. Los Estados miembros deben transponer la Directiva a su legislación nacional antes del 6 de abril de 2016.