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Análisis de los criterios de diversidad aplicados en las reparaciones a comunidades indígenas-CIDH

 

 
Rafael Garrido*
 
El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, fue ideado con la finalidad de cumplir con la insoslayable labor de promover y proteger los derechos de la persona humana en el continente americano, en el marco de los instrumentos internacionales especializados suscritos y ratificados a tal efecto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (La Corte), como órgano principal del Sistema Interamericano, tiene a su cargo la misión de determinar la responsabilidad internacional de los Estados partes del Pacto de San José, en materia de violación de derechos humanos, pero más allá de eso tiene la importantísima labor de disponer reparaciones justas y adecuadas para las víctimas de tales violaciones.

Cuando las víctimas son comunidades indígenas, surgen grandes dilemas relacionados con la aplicación de los principios y preceptos sobre los cuales se cimienta la doctrina internacional de los derechos humanos, y en consecuencia con las bases mismas del Sistema Interamericano, con sus pretensiones de universalidad, frente a las especiales características culturales e identitarias de los pueblos originarios. Estos dilemas se extienden a la fase de reparaciones en la Corte que, una vez que ha determinado la responsabilidad del Estado por incumplimiento de sus obligaciones convencionales, dispondrá una reparación en virtud de los daños sufridos por las víctimas; de lo anterior surgen varias interrogantes ¿Cómo puede aplicar la Corte un enfoque de diversidad en las reparaciones a comunidades indígenas? ¿Al aplicar un enfoque de diversidad a los casos de comunidades indígenas, estaría legitimando la Corte la doctrina del relativismo cultural? ¿La aplicación de criterios de diversidad permite que la Corte disponga reparaciones justas y adecuadas? Estas interrogantes, y el debate que suponen, guiarán el análisis que desarrollaré en las líneas siguientes, en las que la diversidad, los pueblos indígenas y el desarrollo del Sistema Interamericano, en cuanto a las reparaciones, constituyen ideas centrales.
 
La Diversidad
 
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) la diversidad se define como “variedad, desemejanza, diferencia”, por lo tanto, la diversidad nos remite siempre a la idea de pluralidad. En lo que al discurso de derechos humanos se refiere, se habla de diversidad en el marco del reconocimiento, respeto y tutela de la diferencia, como un medio para contribuir a la construcción de sociedades inclusivas, solidarias y justas, en clara contraposición a los modelos homogeneizantes característicos de los Estados-nación.
El reconocimiento de quien es diferente no implica de ninguna manera un atentado al principio de igualdad, pues en todo caso supone un replanteo de la igualdad, tradicionalmente concebida sólo en su sentido formal (igualdad frente a la ley), en defensa de la igualdad material, referida a la equiparación de las condiciones de ciertos grupos que requieren una atención prioritaria en virtud de su situación de exclusión a nivel social y económico. En consecuencia de lo anterior, la demanda de reconocimiento es una exigencia legítima encarnada en las necesidades especiales que presentan algunos grupos sociales, y por ello el reconocimiento supone la aceptación y el respeto que trascienden la simple tolerancia en la búsqueda de la pluralidad y la heterogeneidad como principios rectores dentro de la organización social.
 
La especie humana tiene como una característica innegable la diversidad, no obstante esta diversidad, toda persona humana es titular de derechos humanos, lo que implica entender que toda persona tiene valor y dignidad por el mero hecho de ser parte de la especie humana sin que sus diferencias o características propias puedan excluirla del ejercicio de sus derechos. En suma somos diferentes pero iguales en derechos.[1]
 
Aun cuando afirmo que la diversidad no configura un atentado contra el principio de igualdad, resulta evidente que igualdad y diversidad se encuentran en constante tensión. Gardenia Chávez y Beatriz Villarroel,  citadas por María Judith Salgado, sostienen que:
 
Estas dos nociones: igualdad y diferencia, nos remiten a situaciones complejas y amplias. Así otro punto que debemos relacionar es la tensión entre lo universal (basado en la igualdad) y lo particular (basado en lo  diverso). Pues si bien todos somos diversos/diferentes, todos a la vez somos y pertenecemos a la misma especie: la humanidad.[2]
 
Algunos autores, como Charles Taylor, identifican con preocupación la fuerte tensión que existe entre la igualdad y el reconocimiento. Taylor plantea que igualdad y reconocimiento no son excluyentes y que debe procurarse su equilibrio, para lo cual es necesario superar la exclusividad hegemónica de algunas concepciones heredadas del liberalismo político, según las cuales la justicia está unida a la neutralidad frente a las tradiciones culturales particulares. La postura de este autor, busca posicionar una política de reconocimiento igual en la que sea posible conciliar las demandas de igualdad con las demandas de reconocimiento de la particularidad identitaria.
Yolanda D’Elia y Thais Maingon afirman categóricamente la importancia que tiene la diversidad para las minorías, grupos vulnerables y excluidos:
 
La diversidad permite interpretar los procesos de mayor complejidad de las relaciones sociales, las demandas de reconocimiento y participación por parte  de grupos y movimientos sociales que quedaron desplazados en las tradiciones del  universalismo, discriminados y empobrecidos en sociedades de marcadas desigualdades sociales y económicas, aparte de que posibilita comprender las dimensiones socioculturales y simbólicas de estas desigualdades.[3]
 
La importancia de la diversidad desde un enfoque de derechos humanos, estriba en su potencial para la transformación social e institucional, abriendo espacios democráticos para la participación de todas y todos, sin renunciar a las propias identidades, de modo que “todos somos aceptados como personas humanas, con igual poder para participar en la vida social desde nuestras identidades y modos de vida diferentes.”[4]
Sin duda, la diversidad forma parte de la experiencia humana y se manifiesta en distintos aspectos de nuestras vidas, como el género, la etnia, la nacionalidad, la orientación sexual, ente otras, que determinan la identidad de las personas y grupos, y en consecuencia influyen directamente en las necesidades de cada quien. Tomando en consideración lo anterior, comprendemos que cada grupo requiere una atención diferente, que responda a las diferencias identitarias características de la diversidad, no con exoticidad, considerándoles como especialidades y particularismos de ciertos grupos excepcionales que se salen de la regla al poseer rasgos que no corresponden con los de la mayoría homogénea y uniforme, sino con el respeto propio del reconocimiento de lo diverso como valioso.
La diversidad está presente en muchos aspectos y se expresa de formas diferentes; en este sentido, los pueblos indígenas son un caso paradigmático[5] que podría tomarse como la síntesis de la necesidad de reconocimiento y tutela de la diferencia, pues tienen una cosmovisión notoriamente distinta, así como cultura y tradiciones propias a las cuales nos queda difícil aproximarnos desde nuestras formas de “civilización”. Resulta necesario, entonces, realizar un ejercicio de alteridad en el que se respeten y protejan los modos de vida de los pueblos originarios que, en la realidad de la gran mayoría de nuestros países americanos, constituyen grupos vulnerables en situación de marginación, subordinación y exclusión, como resultado de procesos sociales e históricos que se remontan a la época de la conquista.
 
La Reparación
 
De acuerdo con la definición que proporciona el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), reparar es: “Desagraviar, satisfacer al ofendido. Remediar o precaver un daño o perjuicio”. Cuando hablamos de reparación en la esfera de los derechos humanos, nos referimos a la satisfacción que procura suprimir, atenuar o mitigar los daños generados como consecuencia de la vulneración de los derechos de la víctima, una vez que se ha restablecido la situación jurídica infringida o la más semejante a ella.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que “la reparación es el término genérico que comprende las diferentes formas como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido (restitutio in integrum,[6] indemnización, satisfacción, garantías de no repetición, entre otras).”[7]
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala en su Artículo 63.1 que la Corte: “Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.”[8]
 
La Obligación de Reparar
 
En el marco del sistema interamericano, el Estado tiene fundamentalmente dos obligaciones que son, respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos. Dentro de la obligación de garantizar, se encuentra el deber de remediar, es decir, reparar las consecuencias surgidas en virtud del derecho conculcado, ya sea a través de la compensación o la restitución.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que

Es un principio de Derecho internacional, que la jurisprudencia ha considerado incluso una concepción general de derecho que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. La indemnización, por su parte, constituye la forma más usual de hacerlo.[9]
 
 Entendemos entonces, que más que un deber para el Estado, la reparación constituye una obligación, que tiene su contraparte en el correlativo derecho de la víctima; tal obligación nace en virtud de los compromisos internacionales asumidos por los Estados al suscribir y ratificar tratados en materia de derechos humanos.[10]
Héctor Faúndez señala que:

En el Derecho Internacional, la obligación de reparar es la consecuencia necesaria de un echo ilícito imputable al Estado, que compromete su responsabilidad  internacional.  Según la Corte Internacional de Justicia, es un principio de Derecho Internacional que la violación de un compromiso implica la obligación de reparar en una forma adecuada.[11]
 
Contenido y propósito de la reparación
 
La razón de ser de las reparaciones, no es otra que brindar satisfacción a las víctimas de violación de derechos humanos, haciendo desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, lo cual se logra, en principio, con el ideal de la restitutio in integrum que implica el restablecimiento de la situación jurídica infringida o la más semejante a ella.
Sobre el contenido de las reparaciones, el Juez Antonio Augusto Cançado Trindade opina que a través de ellas,
 
Se evita que se agraven sus consecuencias por la indiferencia del medio social,  por la impunidad, o por el olvido; por lo tanto, las reparaciones revisten un doble  significado: a) proveer satisfacción a las víctimas, o a sus familiares, cuyos derechos han sido violados, y b) restablecer el orden jurídico quebrantado por dichas violaciones.[12]
 
En principio, las reparaciones están destinadas a hacer desaparecer los efectos surgidos en virtud de la violación, y así lo ha expresado la propia Corte, es por ello que no puede entenderse la reparación solo en estricto sentido pecuniario, pues las consecuencias de las violación normalmente exceden lo monetario, afectando muchos aspectos de la vida de las personas, es por ello que aun cuando la reparación suele incluir la indemnización, existiendo entre estos una relación de género a especie, la indemnización no puede ser la única forma de reparación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que:
 
La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral.[13]
 
En lo que se refiere al daño moral, la Corte declara que éste es resarcible según el Derecho internacional y, en particular, en los casos de violación de los derechos humanos. Su liquidación debe ajustarse a los principios de la equidad.[14]
Tomando en cuenta el criterio anterior, podemos comprender que la naturaleza de la reparación procura siempre la plena restitución que se alcanza al restablecer la situación jurídica infringida, con la subsiguiente satisfacción que puede incluir, entre otras medidas, el pago de una suma como compensación por el daño sufrido por la víctima. En las primeras sentencias de la Corte, el criterio manejado fue principalmente el del daño material, procurando indemnizaciones para cubrir el daño emergente y el lucro cesante, criterios civilistas llevados al campo de los derechos humanos, pero también se incluía el daño moral.
En lo que al contenido de las reparaciones se refiere, Faúndez señala que estas en general deben incluir:
1.      El restableciendo de la situación jurídica infringida, de manera que la víctima pueda gozar de su derecho o libertad conculcada.
2.      Una indemnización pecuniaria.
3.      La garantía de no repetición de los hechos.
4.      La adecuación del ordenamiento jurídico a los estándares internacionales de derechos humanos. [15]
 
Enfoque de Diversidad en las Reparaciones a Pueblos Indígenas
 
Antes de adentrarnos en las implicaciones que tiene la disposición de reparaciones a pueblos indígenas, conviene hacer una aproximación a la concepción que se tiene sobre estos pueblos. El término indígena proviene del latín indigĕna,que significa oriundo o nativo, por lo tanto cuando hablamos de comunidades indígenas, nos referimos a grupos humanos que conservan su lengua, tradiciones ancestrales, expresiones culturales propias y una organización política anterior o distinta al Estado moderno, entre otras características, y que son originarios de un territorio determinado, en el cual han habitado desde períodos anteriores a los procesos de conquista.[16]
De conformidad con lo establecido en el Artículo 1.1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el mismo se aplica a:
 
Los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.[17]
 
Establecer reparaciones justas y adecuadas no es tarea fácil en ningún caso, pero en lo que se refiere a reparaciones a pueblos indígenas, el desafío es aún mayor, debido a las características de los pueblos originarios que son sustancialmente distintas a las nuestras, y en consecuencia demandan una atención especial.
Los derechos humanos y los sistemas internacionales de protección, se fundamentan en una lógica occidental con pretensiones de universalidad, que son el producto de la modernidad y de un desarrollo jurídico y cultural heredado de tradiciones eurocéntricas. Cuando tratamos de aplicar todo este desarrollo a casos de pueblos indígenas, nos encontramos fundamentalmente con dos problemas: El primero de ellos se refiere a que generalmente en sus tradiciones, lo colectivo prevalece sobre lo individual, contrario a lo que sucede con la noción más individualista de las libertades y los derechos que ha predominado en la cultura occidental. El segundo problema se refiere concretamente a la cosmovisión y cultura de los pueblos originarios, en muchos casos diametralmente opuesta a nuestro modo de entender la vida y las relaciones con el medio ambiente. Estas diferencias son notorias, y su relevancia tiene importantes implicaciones a la hora de determinar criterios de justicia y adecuación en las reparaciones.
En este punto podemos identificar una tensión, entre la concepción occidental de lo que puede significar justicia y adecuación, frente a las mismas nociones concebidas por comunidades indígenas, o dicho de otra forma, lo que a nuestro modo de ver es justo y adecuado, no necesariamente lo será desde la cosmovisión de un pueblo indígena. Esta tensión no ha sido ajena a la Corte, que en el caso Yakye Axa señaló:
 
Debido a que el presente caso trata sobre los derechos de los miembros de una comunidad indígena, la Corte considera oportuno recordar que, de conformidad con los artículos 24 (Igualdad ante la Ley) y 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana, los Estados deben garantizar, en condiciones de igualdad, el pleno ejercicio y goce de los derechos de estas personas que están sujetas a su jurisdicción. Sin embargo, hay que resaltar que para garantizar efectivamente estos derechos, al interpretar y aplicar su normativa interna, los Estados deben tomar en consideración las características propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la población en general y que conforman su identidad cultural. El mismo razonamiento debe aplicar la Corte, como en efecto lo hará en el presente caso, para valorar el alcance y el contenido de los artículos de la Convención Americana, cuya violación la Comisión y los representantes imputan al Estado.[18]
 
De lo anterior se infiere que la Corte ha tenido en cuenta que existen grandes diferencias entre las comunidades indígenas y el resto de la población y, en consecuencia, ha armonizado su interpretación de los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tomando en consideración las características propias de los comunidades indígenas. Sin embargo, no puede concluirse apresuradamente que este reconocimiento de diversidad cultural expresado en la interpretación de la Convención, constituya en sí mismo una adscripción de la Corte a la doctrina del relativismo cultural, por el contrario una revisión de jurisprudencia reiterada de este Tribunal, muestra que mantiene el principio de universalidad de los derechos humanos, pero se ha permitido, como evidencia el caso de las comunidades indígenas, atenuar la concepción de universalidad, cuando ello supone la ampliación de los estándares de protección para las personas; en consecuencia, sería más acertado aseverar que la Corte se propone repensar la universalidad en consideración de las diferencias culturales.
Sobre este criterio innovador que ha manifestado la Corte en el Caso Yakye Axa y que reitera en el caso Sawhoyamaxa, Carlos Iván Fuentes ha sostenido que
 
 Es evidente entonces que la honorable Corte ha creado un criterio interpretativo general que valora la diferencia cultural y la costumbre indígena como  herramientas para ampliar el contenido de la Convención Americana; así las cosas, los grupos indígenas del continente no podrán ser objeto de aplicaciones restrictivas de las  normas de la Convención incluso si el Estado no ha legislado en la materia.[19]
 
Si trasladamos este criterio que la Corte ha construido para analizar los derechos contenidos en el Pacto de San José, al tema de las reparaciones, podríamos concluir que será necesario que se consideren esas especiales y distintivas características que presentan los comunidades indígenas a fin de tener criterios que permitan establecer reparaciones apropiadas, justas y adecuadas, que proporcionen una verdadera satisfacción a las comunidades indígenas que han sido víctimas de violación de derechos humanos. Tal como lo hemos explicado, la reparación implica brindar satisfacción a las víctimas, al hacer desaparecer los efectos de la violaciones, si esto no se logra la reparación sería ilusoria, al menos desde el punto de vista de las víctimas.
En materia de reparaciones, es necesario efectuar un análisis del daño material y del daño inmaterial. El daño material, de acuerdo con la Corte “supone la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos, y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso sub judice”[20]los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario”,[21] por ello es susceptible de calcularse, y de hecho ha sido la práctica de la Corte, a fin de establecer una indemnización, pero necesariamente tendrá que incluirse otras medidas reparadoras que procuren menguar ese sufrimiento causado por la violación y que, en definitiva, no puede resarcirse con sumas de dinero, que por otra parte no tiene la misma valoración desde la cosmovisión de los comunidades indígenas. por ello se corresponde con el pago de una indemnización, considerando daño emergente y lucro cesante. El daño inmaterial, en cambio, se refiere a “
Siempre será necesario analizar cada caso concreto, de modo que la Corte evalúe qué reparaciones serán pertinentes de acuerdo con la diferencia cultural de la comunidad indígena de la que se trate. Empero, más allá de la necesidad de analizar cada caso concreto, hay ciertas directrices generales que deben orientar la disposición de reparaciones, como lo es la restitutio in integrum, como ideal que busca que las víctimas puedan recuperar las condiciones de vida que tenían antes de que sus derechos fueran vulnerados. Indudablemente, la indemnización por daño material e inmaterial, la garantía de no repetición de las violaciones, la adecuación del ordenamiento jurídico a los estándares internacionales de derechos humanos y la propia sentencia[22] son algunas de las reparaciones que cabe esperar, pero en el caso de comunidades indígenas sería importante que la restitutio in integrum abarcara no solo la dimensión jurídica y material, sino también la dimensión moral y espiritual armonizada con las creencias, usos y costumbres de la comunidad. Una herramienta que podría resultar muy útil en estos casos de pueblos originarios, es el peritaje antropológico, que permitiría un entendimiento o al menos aproximación a la dinámica y cosmovisión de la comunidad, contribuyendo a que la Corte disponga reparaciones adaptadas a las necesidades culturales de la comunidad indígena.
Por ejemplo, las reparaciones dispuestas en el caso de la comunidad indígena Sawhoyamaxa, incluyeron la entrega física y formal de sus tierras tradicionales, un fondo de desarrollo comunitario, el pago por concepto de daño inmaterial, el suministro de bienes y servicios básicos necesarios para la subsistencia de la comunidad. Un examen rápido de estas reparaciones, muestra que se tomaron en cuenta aspectos importantes y necesarios para brindar satisfacción a la comunidad indígena, pero se evidencia mayor énfasis en los aspectos materiales, relegando un poco otros aspectos encaminados hacia la satisfacción moral, vinculada con valores intangibles relevantes para los pueblos originarios. La Corte ha resaltado que “la significación especial que la tierra tiene para los pueblos indígenas en general, y para los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa en particular, implica que toda denegación al goce o ejercicio de los derechos territoriales acarrea el menoscabo de valores muy representativos para los miembros de dichos pueblos, quienes corren el peligro de perder o sufrir daños irreparables en su vida e identidad y en el patrimonio cultural por transmitirse a las futuras generaciones”[23] por ello se esperaría que este convencimiento se expresara también en las reparaciones.                                     
Para concluir, podemos afirmar que es innegable el carácter progresivo e innovador que ha demostrado la Corte en sus recientes fallos en temas de comunidades indígenas, en los que ha adoptado criterios de interpretación que dan nuevas luces a la Convención Americana, al incluir una enfoque de diversidad cultural que originalmente no contemplaba dicho instrumento. Sin embargo, cabe esperar que la Corte sea aun más creativa a la hora de considerar la diversidad cultural, pues solo así podrán disponerse reparaciones justas y adecuadas, que cumplan con el fin para el cual han sido concebidas.
 
 
Bibliografía
 
Faúndez, Héctor, El Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos. Aspectos institucionales y procesales, San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004.
Fuentes, Carlos Iván, “Universalidad y diversidad cultural en la interpretación de la Convención Americana sobre Derecho Humanos: Innovaciones en el caso de la comunidad indígena Yakye Axa”, en Revista CEJIL Debates sobre Derechos Humanos y el Sistema Interamericano, No. 2, Washington DC, 2006, p. 69-74.
Guerrero, Patricio, La Cultura, estrategias conceptuales para entender la diversidad, la alteridad y la diferencia, Quito, Ediciones Abya-Yala, 2002.
Melish, Tara, La Protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Manual para la Presentación de Casos, Quito, Centro de Derechos Económicos y Sociales, 2003.
Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Espasa Calpe, 2001.
Salgado, María Judith, comp., Diversidad: ¿Sinónimo de Discriminación?, Quito, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, 2001.
Taylor, Charles, La Ética de la Autenticidad, Barcelona, Ediciones Paidós, 1994.
Yolanda D’Elia y Thais Maingon, La Equidad en el Desarrollo Humano: Estudio conceptual desde el enfoque de igualdad y diversidad, Caracas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Editorial Torino, 2004.
 
 
 
 


* Abogado por la Universidad de Margarita, Candidato a Magíster en Derechos Humanos y Democracia en América Latina, Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.
[1] María Judith Salgado, Diversidad ¿Sinónimo de Discriminación?, Quito, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, 2001, p. 13.
[2] Ibíd., p. 14.
[3] Yolanda D’Elia y Thais Maingon, La Equidad en el Desarrollo Humano: Estudio conceptual desde el enfoque de igualdad y diversidad, Caracas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Editorial Torino, 2004, p. 35.
[4] Idíd., p. 36.
[5] Existen muchos otros casos de necesidad de reconocimiento, que pueden abordarse desde una perspectiva de derechos humanos. Empero, considero que los pueblos originarios tienen características muy concretas que evidencian la necesidad y demanda de reconocimiento, y de ahí que podemos considerarlos un caso emblemático en temas de diversidad.
[6] Esta expresión significa “plena restitución” y en este contexto se refiere a llevar las cosas al estado en que estaban antes de la violación de derechos humanos.
[7] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Loaiza Tamayo vs. Perú. Sentencia de fecha 27 de noviembre de 1998 (Reparaciones y Costas), párra. 85.
[8] Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos.
[9] Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez vs. Guatemala, sentencia del 21 de julio de 1989 (Reparaciones y Costas), párra. 25.
[10] Tal como lo refleja el principio del pacta sunt servanda consagrado en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.”
[11] Héctor Faúndez, El Sistema Interamericano de protección de Los derechos Humanos Aspectos institucionales y procesales, San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, p. 800.
[12] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Bulacio vs. Argentina, sentencia del 18 de septiembre de 2003, voto razonado, párra. 25, 31, y 34.
[13] Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia del 21 de julio de 1989 (Reparaciones y Costas), párra. 26.
[14] Ibíd., párr. 27.
[15] Héctor Faúndez, El Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos Aspectos institucionales y procesales, San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, p. 793.
[16] En líneas generales, me refiero a que usualmente habitan territorios desde períodos anteriores a las conquistas, pero es necesario recordar que muchos pueblos indígenas habitan actualmente determinados territorios en virtud de procesos de movilización a los que, en su momento, fueron forzados a trasladarse por los conquistadores, por las propias autoridades estatales o entes privados.
[17] Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra el 7 de junio de 1989.
[18] Corte Interamericano de Derechos Humanos, caso Yakye Axa vs. Paraguay, sentencia de fecha 17 de junio de 2005.
[19] Carlos Iván Fuentes, “Universalidad y diversidad cultural en la interpretación de la Convención Americana sobre Derecho Humanos: Innovaciones en el caso de la comunidad indígena Yakye Axa”, en Revista CEJIL Debates sobre Derechos Humanos y el Sistema Interamericano, No. 2, Washington DC, 2006, p. 69.
[20] Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Sawhoyamaxa vs. Paraguay, sentencia de fecha 29 de marzo de 2006, párrafo 216.
[21] Ibíd., párra. 219.
[22] La jurisprudencia internacional ha establecido de forma reiterada que la sentencia, per se, constituye una forma de reparación. La Corte Interamericana así lo ha expresado en casos como Acevedo Jaramillo y otros, López Álvarez y Masacre de Pueblo Bello, entre otros.
[23] Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Sawhoyamaxa vs. Paraguay, sentencia de fecha 29 de marzo de 2006, párra. 222.
 
   

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