Considerando que:
1. El momento nacional se caracteriza por la erosión
del Estado Social de Derecho y de la institucionalidad democrática,
la violencia política y la violación de derechos
humanos.
2. La creciente violencia política se manifiesta en
amenazas, hostigamientos y atentados contra varios líderes
de opinión, dirigentes sociales, periodistas, defensores
de derechos humanos y ciudadanos que al ejercer una oposición
crítica han sufrido la violación de su derecho
a la libertad de expresión y opinión, la libertad
personal, la seguridad y la integridad; incluso se ha puesto
en riesgo su derecho a la vida, como en el caso de Enrique Ayala
Mora, entre otros.
3. La pugna de los grupos de poder por el control político
de instituciones pilares de la Democracia como el Tribunal Constitucional,
la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral,
se ha concretado a través de decisiones de mayorías
simples al interior del Congreso Nacional en donde se negocian
intereses personales y de grupos particulares, al margen del
ordenamiento constitucional y de los compromisos internacionales
asumidos por el Estado ecuatoriano.
4. Hasta el momento se ha relegado temas que, siendo tan importantes
como la crisis institucional, afectan a los derechos humanos,
así la negociación del Tratado Andino de Libre
Comercio con los Estados Unidos, los efectos del Plan Colombia,
las respuestas de carácter militar a los problemas sociales
del país y el debate sobre la denominada "Ley Combo".
5. El gobierno de Lucio Gutiérrez no ha esclarecido
ninguno de los veinte hechos de violencia política denunciados,
esta omisión consolida la impunidad como una práctica.
6. Es el Estado, de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico
y los compromisos internacionales asumidos, el responsable de
garantizar el respeto, la protección y promoción
de los derechos humanos.
Resolvemos:
1. Repudiar enfáticamente la escalada de intolerancia
y violencia política dirigida contra ciudadanos que ejercen
una oposición crítica al gobierno y manifestar
nuestra solidaridad con todas las víctimas de estos hechos,
como Enrique Ayala Mora, entre otros.
2. Demandar al gobierno que públicamente manifieste
su condena a este tipo de hechos, se abstenga de afirmar la
existencia de posibles autoatentados, defina claramente las
medidas que adoptará para prevenirlos e informe periódicamente
sobre los resultados de sus acciones.
3. Exigir al gobierno plenas garantías para el ejercicio
de una oposición crítica y democrática
y la apertura para acoger propuestas alternativas sobre políticas
gubernamentales que hoy se encuentran en entredicho.
4. Demandar a la Fiscalía General del Estado la investigación
de estos hechos y a los jueces el establecimiento de las responsabilidades
penales, actuando con independencia, eficacia, imparcialidad
y transparencia.
5. Hacer un llamado a todos los sectores políticos para
que enmarquen su accionar en la búsqueda de acuerdos
que fortalezcan el Estado Social de Derecho y la vigencia efectiva
de los derechos humanos, deponiendo intereses particulares y
partidistas.
6. Demandar a los organismos internacionales de protección
de los derechos humanos que se mantengan vigilantes ante las
sistemáticas violaciones de derechos humanos del régimen
actual y realicen las observaciones y recomendaciones que la
situación nacional requiera.
7. Convocar a las organizaciones internacionales de derechos
humanos a denunciar las violaciones de derechos que se están
produciendo en el Ecuador.
8. Mantenernos en estado de alerta permanente y desatar jornadas
y acciones del movimiento de derechos humanos del país,
para denunciar y afrontar la ola de amenazas y atentados de
manera coordinada y conjunta.
