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Introducción
Sara Abad (1) de 73 años, siente cierta
esperanza de tener alimentos en su casa donde vive con su esposo
Gabriel Jiménez de 76 años, especialmente cuando
ya se le acabó el dulce para el café y la manteca
para revolver el mote (maíz) que es su alimento diario.
Gasta 0,50 $ en el pasaje hasta la población donde le pagaran
el bono de Desarrollo Humano que le permitirá comprar el
arroz, la manteca, el fideo y el jabón que serán
tesoros familiares por varias semanas en el pequeño "rancho"
de barro, piso de tierra y techo de teja donde vive.
Lamentablemente para Sara, le informaron que no había
llegado el dinero y que regresara la semana siguiente, dice con
tristeza y regresa al pueblo caminando descalza, porque no tiene
dinero para el pasaje de regreso.
A su esposo Gabriel la falta de dinero lo entristeció
ya que tiene una deuda de 15 dólares, que requirió
para obtener su cédula, primer paso para ser también
beneficiario del bono de 15 dólares mensuales. Su principal
trabajo es la siembra, en la huerta, del maíz que los alimenta
a diario. Cuando no hay arroz, se revuelve el mote con sal y manteca
y se sirve con una tacita de café.
Sara también realiza sus tareas, camina descalza una hora
y media diaria, dos veces por día para llevar agua a su
casa, no puede transportar más de 20 botellas diarias porque
tiene una dolencia en la pierna derecha. Tiene que hacer esto
porque no dispone de los 102 dólares que cobran por el
derecho para proveerse de agua entubada, tampoco tiene luz y usa
mecheras con kerosén cuando llega la noche.
En el mismo barrio viven tres de sus hijos también en
extrema pobreza, aunque consiguen trabajo como jornaleros por
3 dólares diarios. Sus otros tres hijos abandonaron el
pueblo para buscar trabajo, de ellos poco sabe "es triste
ser pobre" dice, mientras revela que existen otros vecinos
que ya no pueden moverse de sus casas y viven de la caridad, entre
ellos su prima Rosa Abad, de 80 años, quien se encuentra
postrada en una cama.
La historia de Sara y Gabriel muestra de manera descarnada la
grave situación de los derechos económicos sociales
y culturales de los ancianos y ancianas de la Comunidad Andina
de Naciones. Se puede decir que, en general estas personas son
"invisibles" para el Estado, lo que constituye el principal
mecanismo de discriminación y exclusión. Sus familias
vienen sufriendo un proceso de desintegración causado por
la pobreza, el desempleo y la migración que desarticula
el sistema de apoyo que tradicionalmente atendía sus necesidades.
Sara y Gabriel viven entre ambos "con medio dólar
diario" que no les permite solventar sus necesidades básicas,
no tienen acceso a sistemas de salud, carecen de servicios de
agua, luz o transporte, vivienda adecuada o una alimentación
acorde a sus necesidades especiales. Esta situación común
a la población anciana en las zonas rurales de Ecuador
y Bolivia, en los campos azotados por la violencia en Colombia
o en los cinturones de miseria urbanos en Venezuela y Perú.
Su vida es un recuento de exclusión social y de discriminación
en la distribución de la riqueza nacional a partir del
momento que ingresan en la calificación "burocrática"
de ancianidad. (2)
La situación es especialmente difícil para las
mujeres ancianas porque la mayoría de ellas han vivido
fuera de empleos formales, dedicadas a tareas familiares o del
campo que nunca han sido consideradas productivas; también
viven un aproximado de 16 a 18 años más que sus
parejas, son "las más ancianas" entre los ancianos
por lo que quedan solas, sin pensiones de sobrevivientes, aquejadas
de distintos problemas de salud, sin los beneficios de una rehabilitación
adecuada.
Es evidente que Sara y Gabriel tienen muchas dificultades para
disfrutar de sus derechos, en especial los económicos sociales
y culturales (DESC) que resultan para ellos de vital importancia,
en especial aquellos referidos al trabajo, la seguridad social,
el disfrute de condiciones de vida adecuados y la participación
en la vida de la comunidad que son derechos consagrados en los
instrumentos internacionales de protección de los derechos
humanos y en las normas de desarrollo constitucional de la región
andina.
I. Los derechos de los ancianos en la normativa internacional
Al contrario de otros grupos vulnerables, las personas mayores
no cuentan con ninguna normativa especial de protección
ni existe ningún organismo especializado para hacer seguimiento
de sus derechos. Es importante hacer notar que no existe tampoco
una prohibición específica de discriminación
relacionada con la edad lo que permite, de cierta manera, la tolerancia
de ciertas prácticas, costumbres y legislaciones que atentan
contra el goce y ejercicio de sus derechos en condiciones de equidad.
Desde 1983, Las Naciones Unidas se han esforzado en diseñar
estándares, planes y estrategias de protección de
los ancianos y ancianas que se iniciaron con la Primera Cumbre
Mundial sobre Envejecimiento realizada en Viena, seguido por la
aprobación de los Principios de Naciones Unidas para las
Personas Mayores aprobados en 1993, el Plan de Acción para
la Ancianidad en el 2001, la declaratoria del año 1999
como el Año Internacional del Anciano y la Segunda Cumbre
Mundial sobre Envejecimiento realizada en Madrid en el año
2002.
Los estándares y disposiciones de Naciones Unidas han
sido ignorados en muchas ocasiones por el mismo sistema internacional,
lo que ha impedido en gran parte, el desarrollo de mecanismos
de seguimiento y fiscalización. Esto ha dejado en manos
de los Estados el cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo
a la costumbre interna y las condiciones económicas existentes.
Ante esta orfandad manifiesta, en vista que las penalidades mayores
de la población anciana se refieren al estado de pobreza,
miseria y exclusión que sufren, será necesario revisar
desde la perspectiva de la ancianidad, el catalogo de los derechos
establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC) a fin de determinar las obligaciones
contraídas por los estados, en relación con este
grupo de la población.
II. Los DESC de las Personas Mayores
En principio los ancianos disfrutan de la protección general
que conceden los instrumentos de la Carta Internacional de Derechos
Humanos (3) que son prerrogativas de "toda
persona" en base a su dignidad y a la igualdad de trato sin
discriminación. A pesar de que el Pacto Internacional de
derechos Económicos Sociales y Culturales no individualiza
a las personas mayores como sujetos especiales, requeridos de
atención con base a los cambios que causa en ellos el proceso
de envejecimiento, no es menos cierto que al estar dirigido a
la protección de todas las personas, ellos y ellas son
destinatarios de su protección.
El Comité DESC (4), que es el organismo
encargado de la supervisión del cumplimento por parte de
los Estados de las obligaciones suscritas en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) se
convierte, en el caso de las personas mayores, en el único
organismo que de alguna manera puede revisar la implementación
en el orden interno de los estándares aprobados en las
estrategias y planes de acción sobre el envejecimiento
que se han aprobado en los últimos 20 años.
Consciente de su elevada responsabilidad, el Comité DESC
aprobó en 1995 la Observación General Nº 6
relacionada con los DESC de las Personas Mayores. En este instrumento
de orientación se relacionan, los derechos protegidos por
el pacto, con los principios de protección de las Personas
Mayores y se orienta a los Estados partes sobre la necesidad de
presentar en sus informes una detallada relación de las
acciones emprendidas para implementar los principios de protección,
desglosados por edad.
Un aporte muy importante de esta directiva ha sido la revisión
de los distintos derechos desde la perspectiva y las necesidades
de las personas mayores, estableciendo una serie de recomendaciones
y orientaciones para lograr el desarrollo progresivo de estos
derechos, haciendo énfasis en aquellas áreas de
mayor vulnerabilidad.
a) Igualdad de Derechos de hombres y mujeres (articulo
3 del PIDESC)
Se recomienda que los estados presten especial atención
a las mujeres ancianas que han pasado la mayor parte de su vida
fuera del mercado formal de trabajo por lo que carecen de pensiones
de vejez o de viudez. Seria necesario establecer pensiones "no
contributorias" u otro tipo de asistencia para todas las
personas que lleguen a la ancianidad y carezcan de ella. Como
las mujeres son las menos favorecidas ellas deben ser las principales
beneficiarias.
b) Derechos relacionados con el trabajo (articulo 6 al
8 del PIDESC)
Se debe asegurar a toda persona el derecho de ganar el sustento
a través de un empleo que es libremente escogido y aceptado
(Art. 6). En el caso de las y los trabajadores mayores, como es
conocida la dificultad de encontrar empleo después de cierta
edad, se debe prevenir la discriminación en el empleo.
También es necesario prevenir que las condiciones de trabajo
sean seguras y de ser posible que la trabajadora o trabajador
progrese hasta áreas de empleo donde se privilegie su conocimiento
y experiencia (Art. 7).
En los años que preceden el retiro se deben tomar en cuenta
mecanismos de información y preparación para continuar
una vida útil, información sobre derechos y deberes,
y actividades culturales y educacionales. Las actividades sindicales
se aplican también a los y las trabajadoras ancianas.
c) Derecho a la seguridad social (articulo 9 PIDESC)
La palabra seguridad social cubre todos los riesgos relacionados
con la pérdida de la capacidad de subsistencia por razones
ajenas a la voluntad de la persona, por esta razón los
estado partes deben establecer regímenes obligatorios de
aseguramiento para la ancianidad. La edad de retiro debe ser establecida
"de manera flexible", dependiendo de la ocupación
y de la habilidad del trabajador mayor, tomando en cuenta los
aspectos demográficos, económicos y sociales. Debe
darse servicio a los sobrevivientes del trabajador que tenia beneficios
de seguro social o recibir pensión. El artículo
9 establece que el Estado parte, dentro de sus límites
de recursos disponibles debe proveer de beneficios para las personas
que han llegado a la ancianidad y nunca contribuyeron, pero no
tienen otro medio de ingreso.
d) Protección de la familia (Art. 10 del PIDESC)
Los estados partes deben hacer todo lo posible por proteger fortalecer
y apoyar la familia para responder a las necesidades de los miembros
ancianos del grupo familiar, en especial a las familias de bajos
ingresos. En especial debe protegerse a las personas ancianas
que viven solas, o a aquellas casadas que deseen continuar en
su hogar.
e) Derecho a un adecuado estándar de vida (Art.
11 del PIDESC)
Las personas mayores deben tener acceso a casas, agua, abrigo,
vestido, alimento a través de la provisión de ingresos,
ayuda familiar o comunitaria. Es importante tomar en cuenta la
ancianidad para el establecimiento de programas de vivienda, restauración,
transporte y demás facilidades que permitan la movilización.
f) Derecho a salud física y mental (Art. 12 PIDESC)
Las políticas de salud deben tomar en consideración
el mantenimiento de la salud, la rehabilitación de los
enfermos y el cuidado de los que padecen enfermedades terminales.
Mientras la población envejece aceleradamente la situación
económica y política de la región muestra
inquietantes signos de descomposición que unidos a elementos
histórico culturales permiten augurar un agravamiento de
la situación de los ancianos que solo puede ser afectado
positivamente por una toma de conciencia e intensa movilización
de la sociedad.
g) Derecho a la educación y la cultura (Art. 13
al 15)
En el caso de las personas ancianas este derecho debe ser mirado
desde dos ángulos complementarios como son: el derecho
de las personas mayores de beneficiarse de programas educacionales
y el aprovechamiento de sus conocimientos y experiencias para
hacerlos accesibles a las nuevas generaciones. Esto incluye el
acceso de los ancianos y ancianas a todos los niveles de la educación
y el desarrollo de programas informales para mantener su auto
afirmación y el sentido de responsabilidad de la comunidad.
Al mismo tiempo deben establecerse programas donde los mayores
resulten en educadores de los niños y jóvenes en
materia de cultura, saberes y valores espirituales.
En relación a disfrutar del beneficio de los progresos
científicos se deben hacer esfuerzos para promover la investigación
en los aspectos biológicos, mentales y sociales del envejecimiento
para mantener las capacidades funcionales y prevenir y retrasar
el inicio de enfermedades crónicas.
Desde el punto de vista de los DESC, la observación de
estas recomendaciones es un punto vital para el mejoramiento dramático
de la situación de aquellas personas que inician su proceso
natural de envejecimiento; por supuesto que se requieren prestaciones
especificas de los Estados, con base a los compromisos del Estado
Social de Derecho y de Justicia interesado en la profundización
de la democracia por vía de la inclusión ciudadana
en los beneficios del desarrollo. Desafortunadamente las condiciones
económicas y socio políticas de la región
andina se constituyen en el mayor obstáculo para el pleno
disfrute de sus derechos, por parte de los ancianos y ancianas.
III. Realidad socioeconómica y política de la
Región Andina
La Comunidad Andina de Naciones es una organización subregional
con personería jurídica internacional ubicada en
América Latina y conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela países que comparten lazos históricos,
culturales y políticos. Estamos hablando de un territorio
de 4.710.000,00 Km2, con una población aproximada de 120
millones de habitantes.. El producto interno bruto de esta región
suramericana se calculó en 260 mil millones de dólares
para el año 2002. (5)
De acuerdo a un reporte de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe, CEPAL, (6)
para el año 2002 el número de latinoamericanos que
viven en pobreza alcanzó los 220 millones de personas,
de los cuales 95 millones son indigentes lo que representa
el 43,4% y el 18,8 % de la población respectivamente.
Estas tasas de pobreza e indigencia se han mantenido estables
desde 1997.
Las proyecciones de la CEPAL para 2003 indican que las cifras
sufrirán un aumento, motivado por la ausencia de crecimiento
por habitante. Las condiciones de vida permanecerían casi
invariables. En cuanto al hambre casi 55 millones de personas
padecían algún tipo de desnutrición, el
11% de la población está desnutrida. El informe
centra su análisis en el impacto de la desaceleración
del crecimiento, en el gasto social, cuya mayor prioridad se dedicó
a los gastos de salud y educación en desmedro de lo
"otorgado a seguridad social".
Los reportes del PNUD para los años 2002-2003 señalan
que los países andinos tienen un índice de pobreza
elevado. Se hace notar que en Bolivia el 48.9% de la población
vive con menos de 2 dólares diarios, en Colombia 55,7%
se encuentra en la misma condición, en Ecuador el 72.5%,
en Perú el 56,9%, en Venezuela el 70%.
La desigualdad de ingresos y consumo en la región andina,
que relaciona la participación en el ingreso del 20% de
los más pobres con la participación de ingresos
del 20% más rico y se expresa por el coeficiente Gini (7),
muestra en forma descarnada la desigualdad de ingreso y consumo
entre el 20% más pobre de la población y el 20%
más rico. Todos lo países muestran elevados índices
de inequidad. Él mayor es el de Colombia (57.1), Venezuela
presenta (49.5), Bolivia (44,7), Perú (46,2) y Ecuador
(43,7) (8).
En cuanto a las Prioridades del Gasto Público, el país
que mas invierte en educación y salud es Colombia (combinado
9.3) con un gasto militar relativamente bajo, es probable que
esta relación haya cambiando como consecuencia del Plan
Colombia (9). Los gastos militares de Ecuador
y Perú no aparecen reportados (10). En
general puede decirse que la inestabilidad política y los
conflictos fronterizos con acusaciones de pérdida del equilibrio
militar entre países (Venezuela-Colombia / Perú-Chile)
hacen pensar en una escalada del gasto militar que redundará
en menor inversión para resolver los acuciantes problemas
sociales de la región.
Todos los países tienen un elevado servicio de la deuda
externa que consume entre 8 y 9.5% del producto nacional, siendo
el mas elevado el de Ecuador y el mas bajo el de Bolivia. A esto
debe agregarse un alto desempleo e informalidad laboral. Las condiciones
políticas son precarias en toda la región, que padece
serios problemas de gobernabilidad con revueltas populares y renuncias
presidenciales forzadas en Bolivia, Ecuador y Perú, intento
de golpe de estado en Venezuela y mantenimiento de la situación
de violencia interna en Colombia.
IV. Las ancianas y ancianos en la realidad andina
La situación descrita constituye un "ambiente poco
propicio" para el disfrute de los DESC de la población
en general. Por supuesto la inequidad, violencia interna, inestabilidad
política, inflación, desempleo, migración
y la pobreza creciente de grandes masas de población, se
convierte en el más feroz mecanismo de exclusión
social lo que aunado a políticas económicas fracasadas,
armamentismo, etc. son especialmente graves para grupos vulnerables
de la población, en especial de la población anciana.
Para el año 2000 las proyecciones del PNUD (11)
indicaban una población de 5.180.620 millones de personas
mayores en la Comunidad Andina de Naciones, que de acuerdo a las
proyecciones llegarían a 9.000.000 en el año 2015.
Esta cantidad sería comparable a toda la población
actual de Bolivia. Las cifras por país determinan que las
personas mayores de 65 años constituyeron el 4,7 % de la
Población total de Colombia, el 4,4 %de la población
de Venezuela, el 4,8 % de Perú, el 4,7% de Ecuador y el
4,0 de Bolivia, y está proyectado que para el 2015 se hayan
expandido al 6,4% de la población de Colombia, el 6,5 %
de Venezuela, el 6,4 de Perú, el 6,2 de Ecuador y el 4,9%
de Bolivia. Se estima que para el 2050 las líneas de natalidad
y de envejecimiento se cruzaran.
La situación de los ancianos y ancianas de la Región
Andina constituye motivo de grave preocupación. En primer
lugar porque se carece de estadísticas que permitan establecer
las necesidades de este grupo de población, y en consecuencia,
diseñar las estrategias de atención necesarias,
y en segundo lugar, porque permanecen ocultos detrás de
las cifras generales de pobreza y exclusión social sin
que sean tomados en cuenta, en vista de otras prioridades establecidas
por los organismos internacionales y los gobiernos andinos, tal
como puede verificarse en la Declaración del Milenio de
Naciones Unidas del año 2000; que no establece dentro de
sus estrategias prioritarias de ataque a la pobreza, ninguna medida
relativa a los ancianos y ancianas, a pesar de las evidencias,
que indicarían la justeza de medidas de compensación
dirigidas a la población anciana que depende, en gran medida,
de "un ingreso" que los proteja de las eventualidades
de la vejez.
A las contingencias de la situación económica se
agregan otros elementos de seria significación como el
marcado retraso en los programas de seguridad social de la región,
que apenas cubren al 30% de los trabajadores activos, dejando
fuera a numerosos trabajadores mayores; con el añadido
de que se avanza en planes de reforma de los sistemas de pensiones,
con marcado énfasis en los aportes individuales en detrimento
de las compensaciones solidarias o no contributorias. La mayoría
de los países muestran interés en dejar en manos
del sector privado estos sistemas, desligándose de sus
obligaciones hacia los sectores mas desposeídos de la población.
Cuando la situación fiscal se torna complicada, los gobiernos
andinos han tomado medidas regresivas en contra de los trabajadores
mayores como se ha visto en Colombia, donde se han dictado reglamentos
para pechar con impuestos las pensiones y se ha aumentado el lapso
de cotización y la edad a la que es posible jubilarse.
En el caso de Bolivia la decisión estadal en el mismo sentido
ha traído como trágica consecuencia el suicidio
de un minero de 47 años (12) y la advertencia
de otros trabajadores mayores desempleados que están dispuestos
a quitarse la vida como Pichacuri si en los próximos días
no son atendidas sus peticiones. En el caso de Venezuela, el gobierno
ha mantenido la normativa de seguridad social en un limbo jurídico
durante cinco años y no ha presentado todavía, las
leyes relativas a los subsistemas de seguridad social y la ley
del adulto mayor.
V. Conclusión
Los ancianos y ancianas de la región andina, constituyen
uno de los grupos sociales de mayor riesgo en relación
con la violación de sus derechos económicos sociales
y culturales. Al contrario de otros grupos discriminados, no cuentan
con instrumentos especiales de protección que especifiquen
su diversidad. Los estándares internacionales y las recomendaciones
del Comité DESC no han sido implementados a pesar de la
extensión del fenómeno de envejecimiento en la población
andina, como resultado del mejoramiento de las expectativas de
vida y la reducción de los índices de natalidad.
La situación social de los ancianos no va a mejorar si
no se da un elevado grado de conciencia social y movilización
que impulse la inclusión de estas personas en todos los
programas de reducción de pobreza. Se requiere el mejoramiento
de los programas de seguridad social para los mayores que han
disfrutado de un trabajo y se aproximan a su jubilación,
al mismo tiempo que se implementan compensaciones no contributorias
para aquellas personas que como Sara y Gabriel, nunca han sido
contribuyentes de manera de asegurar un ingreso digno y la superación
de su situación de pobreza extrema que los obliga a actividades
de sobrevivencia reñidas con su dignidad humana.
Se requiere también del diseño de programas que
permitan mejorar la calidad de vida de estas personas en relación
con alimentación, vivienda, abrigo y calzado y la implementación
de programas de salud que favorezcan la rehabilitación
y tratamiento temprano de enfermedades degenerativas y catastróficas.
Finalmente, es necesario fortalecer los programas de atención
a las familias multigeneracionales empobrecidas, potenciar la
solidaridad social y permitir a los ancianos la participación
en las políticas que les afectaran. En caso contrario,
asistiremos a una catástrofe humanitaria de impredecibles
consecuencias para las generaciones futuras.
Notas
1. Diario El Comercio 17 de Julio de 2003 ( Pág.
4 Negocios) Quito, Ecuador
2. En las legislaciones andinas la edad de jubilación
establecida es de 55 años para la mujer y 65 años
para el hombre
3. Declaración Universal de Derechos Humanos
y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales
4. La descripción de la referencia especial
de los DESC de las personas mayores es un resumen de loe establecido
en la observación general Nº 6
5. Tomado de www.comunidadandina.org
6. Tomado de www.eclac.org , mayoría de
datos tomados de esta pagina y organizados para la region andina
7. El coeficiente Gini mide la desigualdad a lo
largo de toda la distribución del ingreso o del consumo.
Un valor de 0 representa igualdad perfecta y un valor de 100 desigualdad
perfecta
8. Como ejemplo de comparación el índice
Gini de Italia es 27,3 y el de Japón 24,8
9. En efecto en el informe 2003 estos gastos se
elevan en Colombia a 3.7% lo que significa menor inversión
social
10. En el informe 2003 aparecen ambos reportados
en 1.5%
11. Índice de Desarrollo Humano 2003 del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
12. El gobierno boliviano intervino el sistema
estadal de pensiones y decretó que ninguna jubilación
podrá superar el equivalente a 1.012 dólares mensuales,
después que un minero desempleado que buscaba pensionarse,
se suicidara al detonar un explosivo en el Congreso (El Nacional
2 de abril de 2004)
*Olivia Biasini López.
Abogada por la Universidad Central de Venezuela. Becaria del II
Curso de Especialización Superior en Derechos Humanos de
la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.
Actualmente trabaja en la Coordinación del Centro de Derechos
Humanos de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, coordina
además el Boletín Violencia Carcelaria.
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