Comenzó a fines de diciembre del año 1984 con un crédito fabuloso que el Banco Central entregó a los grandes agricultores cruceños que bloqueaban carreteras. Los 50 millones de dólares concedidos en pesos bolivianos fueron convertidos en dólares haciendo subir el precio de esta moneda en el 100 por ciento en el mes de enero. A mediados de 1985 la situación era incontrolable y el gobierno tuvo que renunciar.

Posteriormente, se decidió desarticular lo que con tanto esfuerzo había construido Bolivia para promover el crecimiento. Las minas estatales fueron cerradas generando una pérdida de cientos de millones de dólares en capital fijo. Se decidió quitar todo el poco de apoyo que había para la agricultura cerrando el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA), las estaciones de extensión agrícola, el Banco Agrícola y se redujo la función del Ministerio de Agricultura a la de una mera oficina de estudios técnicos. Se demolió con empeño aquella gran idea de la incubadora de empresas industriales representada por la Corporación Boliviana de Fomento y se liquidó sus plantas a precio de gallina muerta. Más tarde, se decidió enajenar los yacimientos de hidrocarburos y sus plantas de procesamiento industrial. Se liquidó el sistema nacional de transporte por ferrocarril y aéreo. Se enajenó la empresa nacional de telecomunicaciones. Se desmanteló el sistema financiero con el cierre del Banco del Estado, minero, de la vivienda y el quiebre de 7 bancos privados. Se desmontó el sistema nacional de estudio y toma de decisiones del gasto público articulado en torno al Ministerio de Planificación y a las Corporaciones Departamentales de Desarrollo, habiendo sido reemplazado por un sistema municipal fragmentado e ineficiente. Se abrieron totalmente las fronteras, dando lugar a importaciones masivas de todos tipo de productos sin buscar acuerdos de reciprocidad con otros países. Se destruyó el sistema de pensiones solidario dejando un déficit de 500 millones de dólares para cada uno de los 30 años que vienen. Al tener un país que no produce, los jóvenes tienden a abandonar Bolivia, haciendo imposible la renovación generacional en las ciencias o en la política. Se eliminó el principio de la solidaridad, base de cualquier organización social, para reemplazarlo por el principio de la competitividad. Con ello desapareció la enseñanza de las ciencias sociales en la educación secundaria, particularmente, de la filosofía y de la ética.

¿Cuántos años más seguiremos destruyendo nuestro país?

El aparato productivo de Bolivia está más destruido que el de Irak después de la guerra. Con el nuevo gobierno en octubre pasado, nació una esperanza de cambio. Todavía no hay razón de sentir frustración, pero hay impaciencia. Todos los que sentimos que esta Patria es y seguirá siendo nuestra, desearíamos que todos nuestros compatriotas, desde los que están arriba hasta los que están abajo, nos empeñemos en reconstruir aquello que se destruyó: el apoyo a la producción, nuestras riquezas, los principios morales que deben guiar el quehacer social y político.

Pero, no estamos por el buen camino. Las buenas intenciones del Poder Ejecutivo se están enfrentando a posiciones de incomprensión y mezquindad. Los parlamentarios están nuevamente haciendo brillo de su incompetencia para comprender la difícil situación nacional. Lo mismo puede decirse de los alcaldes, de los dirigentes cívicos, e incluso, de las autoridades universitarias. Pero, el Poder Ejecutivo tampoco está actuando a la altura de los acontecimientos. Urge su recomposición, no en el sentido en que los políticos afanosamente están buscando, perforado, pero si en el sentido de darle mayor eficiencia técnica y mayor concordancia con la necesidad de resolver el problema de la producción y el empleo. Para el pueblo es muy difícil entender cómo los que fueron actores o cómplices de la destrucción nacional de los 20 últimos años campean con arrogancia sus esqueletos en los diferentes órganos de gobierno, desde el Ejecutivo, pasando por el Parlamento, llegando a los municipios y organizaciones sindicales y cívicas. Si continuamos así, seguiremos destruyendo el país por 20 años más, hasta que no quede nada de él. Queda a preguntarse si el pueblo lo permitirá. ¿Se dará un nuevo octubre para corregir esta situación?, o ¿tendremos la capacidad de hacer los cambios que el país requiere como gente civilizada, en paz, consenso y armonía?.

*Rolando Morales Anaya. Doctor en Econometría por la Universidad de Ginebra. Docente del Programa Andino de Derechos Humanos en Bolivia.

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