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Si pensáramos las raíces históricas
de la dignidad, el momento en que ésta se convirtió
en ideología de la modernidad, seguramente tendríamos
que pensar en el itinerario del discurso de los Derechos Humanos.
Pero de la utopía fantasmal, de su creencia subliminal
a los hechos, todo lo que se proclama parece que es una aporía
del ser. La desgarradura interior de la impotencia frente a la
violación de los derechos humanos es como un cuchillo caliente
que se interna en la piel sonrosada del cuerpo social, y lo que
se dice de los derechos de los Derechos Humanos es posible descreer,
si contamos las violencias encubiertas, las muertes y masacres
en el mundo. Parece que vivimos el abandono sostenido de la patria
trascendental de los derechos humanos, pues los que más
los predican, más los vulneran, en abierta o secreta lucha
con la palabra dicha, pero en los actos desdicha.
Si el movimiento indígena del Ecuador, durante el periodo
que fue gobierno con Lucio Gutiérrez, tuvo tantas críticas,
éstas deben ser sopesadas en función a los valores
dignidad y soberanía de un país frente a las imposiciones
externas, por lo menos en la negativa de otorgar inmunidad a soldados
norteamericanos. En su momento, la iniciativa de Nina Pacari,
de negar tal posibilidad de acuerdo, constituyó una posición
elemental de los derechos humanos, como es el juzgamiento penal
de cualquier persona o estado que viole los derechos Humanos.
Fue la palabra dicha, convertida en acto respecto a los derechos
humanos.
En Bolivia ocurre lo contrario. En medio de una crisis social
económica, y política, y tras una serie de movimientos
sociales de diversos sectores en contra de la política
de Carlos Mesa, el senado boliviano aprobó una ley que
atenta contra los derechos humanos: la ley que aprueba la inmunidad
a soldados y ciudadanos norteamericanos.
Los argumentos de apoyo a esa decisión camaral, se sostienen
en la ayuda que EE.UU, daría a las FF.AA. por un monto
de 8 millones de dólares. Paradójicamente, la ayuda
va precisamente a las Fuerzas Armadas, sin tomar en cuenta la
sensibilidad social que en este momento pasa por un sentimiento
de impotencia frente a la impunidad de los más de 90 muertos
de febrero y octubre de 2003, y que aún existe una percepción
de sospecha sobre la institución armada, precisamente porque
en instancias internas de su legislación los militares
involucrados fueron absueltos.
El problema, claro, no es que sean culpables los cuatro militares
involucrados, sino que se sancione a quien sea culpable por la
violación a los derechos humanos.
Políticamente, la aprobación de la resolución
de inmunidad no se la hace sólo en contexto político
adverso a la transparencia y al debate, sino que se hace vulnerando
los más elementales valores de la convivencia social. Un
ejemplo de ello es la declaración del MIR, partido cuyo
jefe, Jaime Paz Zamora, fue acusado de vínculos con el
narcotráfico. La declaración enfatizaba ser más
reales antes que ideales, es decir, que el pueblo boliviano no
comía dignidad: ": la dignidad no se come".
Esta argumentación, junto a las declaraciones conjuntas
de varios políticos de los partidos tradicionales, confirmaban
no una convicción, ni siquiera una necesidad, sino la certeza
de que el país es vulnerable precisamente porque se reproduce
la vieja lógica de ser fieles servidores de intereses externos,
y lo que Anibal Quijano describiría como la dependencia
estructural, diríamos que ahora en Bolivia se vive la dependencia
ética y moral.
Otro de los elementos que se soslaya es la demanda social boliviana,
en su gran mayoría, por la recuperación de sus hidrocarburos
de manos de las empresas transnacionales, y que en este momento
viene siendo bandera de lucha de sectores sociales que, pese a
la muestra de un debilitamiento de convocatoria social, no deja
de ser significativa pues la sede de gobierno viene siendo convulsionada
políticamente.
En la realidad, el acuerdo de immunidad, da lugar a que las fuerzas
militares tengan carta libre para violar los Derechos Humanos
y no sean sancionados en la Corte Penal Internacional. Con esta
medida, y tras muchos antecedentes que EE.UU. tiene en Bolivia
respecto a las constantes intervenciones políticas y condescendencias
con políticos tradicionales, los sectores sociales como
la COB, la COR del El Alto, la CSUTCB del dirigente indígena
Felipe Quispe el Mallku, han sumado a su bandera de lucha la demanda
de la anulación de la inmunidad como una cuestión
de soberanía ligada a la soberanía de los hidrocarburos.
Desde hace poco menos de un mes Bolivia vive momentos de convulsión
social pasiva, pero que tiende a radicalizarse precisamente por
la política errada de países que dicen defender
los Derechos Humanos cuando en verdad son los primeros en querer
vulnerarlos o de políticos que pregonan la soberanía
pero que la pisotean en el momento de defender intereses ajenos.
Desde cualquier punto de vista, la posibilidad de un juzgamiento
en la Corte Penal Internacional no tiene que tener privilegios
para nadie. O la justicia es universal o el discurso de la paz
y armonía entre pueblos debe enterrarse. No es posible
asumir la lógica del veneno y el alimento, como diría
Octavio Paz, al referirse al cumplimiento de los principios de
la justicia, derechos y la convivencia entre pueblos, cuando en
verdad se los enarbola pisoteándolos.
*Ramiro Huanca. Licenciado en Literatura
por la Universidad Mayor de San Andrés. Magíster
en Estudios de la Cultura, mención Políticas Culturales
por la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.
Autogestionario de los derechos humanos.
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