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Una frase usual entre los extranjeros que radican
en el Perú, es que en este país uno nunca se aburre,
todos los días hay un nuevo escándalo que sacude
el escenario político local. Y así vamos, tambaleándonos
entre tanto desatino, preguntándonos ¿Por qué
siempre elegimos mal?. Pero en los dos últimos meses la
pregunta que recorre el país es ¿Llegará
Toledo al 2006?. En esta crisis los candidatos del 2006 van apareciendo
en escena, principalmente el APRA que ya lanzó la candidatura
del Ex Presidente Alan García.
En este ambiente preelectoral tan prematuro vamos esperando el
final de este gobierno, eso sí un poco más resignados
a los escándalos presidenciales y los de la bancada oficialista;
lo lamentable es que este descrédito en los políticos
arrastra a nuestras débiles instituciones, mermando la
poquita fe en la democracia que ganamos con el gobierno de transición
de Valentín Paniagua.
De otro lado la ineficiencia y lentitud de la administración
de justicia para castigar a los procesados por corrupción
ha permitido que personajes como Alberto Venero, testaferro de
Montesinos y otros corruptos salgan libres, ya que después
de dos años de reclusión aún no se les dicta
sentencia. Pero también Japón sigue cerrando las
posibilidades de extraditar a Alberto Fujimori, bajo el amparo
de su nacionalidad japonesa, esperamos que su ubicación
entre los 10 más corruptos de América Latina lleve
a la reflexión al pueblo nipón.
Pero es la corrupción de este régimen la principal
amenaza contra la gobernabilidad del país, la misma que
ha quedado demostrado tiene sus raíces en las más
altas esferas del poder. El ex jefe de inteligencia y asesor de
confianza del Presidente Toledo y de la Primera Dama, está
hoy preso por denuncias gravísimas de haber negociado con
la mafia Fujimontesinista, escándalo que ha salpicado a
Fernando Olivera, líder del partido aliado de este gobierno.
Esto llevo en febrero a un nuevo cambio en el gabinete y la entrada
de 4 ministros independientes. El nuevo gabinete a la cabeza de
Carlos Ferrero, ha presentado la llamada "hoja de ruta"
ante el Congreso intentando demostrar a la opinión pública
que este Gobierno tiene propuestas, así la hoja de ruta
tiene 172 propuestas de las más amplías y genéricas;
Pero que han logrado calmar temporalmente la crisis del régimen.
Pero a este clima enrarecido se sumo la tensión por el
nuevo impuesto a las transferencias bancarias- ITF-, que plantea
que por cada transacción bancaria que uno realice deberá
pagar el equivalente al 0.15% del monto transado. Esta medida
espera incrementar la recaudación tributaria y recaudar
1,500 millones de soles, los mismos que redundaran en Programas
sociales de alivio a la pobreza.
La asamblea de Gobernadores del BID en Lima
La asamblea de Gobernadores del BID en Lima fue la ocasión
propicia para hacer olvidar las demandas sociales de diversos
sectores y presentar la imagen de un país que crece y cuyos
indicadores macroeconómicos son los mejores en la región.
Aunque estos no se reflejen en la vida cotidiana de la gente;
y teniendo además el aviso de que los resultados se notaran
cuando el país crezca a un ritmo del 7% anual.
Así, Lima ha vivido durante estos días una bombarda
de propaganda estatal presentando la importancia de esta asamblea
para el futuro del país. Toledo en su discurso inaugural
anunció que el Perú puede esperar unos U$S 4 mil
millones de dólares en inversión extranjera para
este año, no sabemos a que se deberá el optimismo
presidencial, David Bakter director de Asia Pacific Enviromental
Exchange que realiza investigaciones e incidencia en políticas
con base en la economía ecológica, fue bastante
reacio y señaló que un 80% de la inversión
extranjera en la región la acaparan solo dos países:
México y Brasil.
Para el Perú la presencia del BID era también importante
por el préstamo pendiente para la extracción del
gas de Camisea. Esta industria, al igual que ocurre con la minería
dejará enormes ganancias, pero algunos sospechan que no
contribuirá en mucho a la economía del país
en la medida que estén en manos de grandes empresas internacionales.
Vía excepción de impuestos y otros mecanismos para
favorecer la inversión, el estado deja en manos extrañas
la explotación de sus recursos primarios, siguiendo el
mismo esquema de dependencia de larga data.
Un dato interesante que se conoció en este encuentro es
que las remesas de latinoamericanos que trabajan en el exterior
sumo el último año 38 mil millones de dólares,
superando largamente los 32 mil millones del año anterior.
Nuestros países cortejan a los inversionistas para quienes
se abren todas las puertas, mientras esto pasa por la puerta del
fondo se siguen yendo miles de compatriotas en busca de un futuro
que aquí se les niega.
Oportunidades de un futuro mejor:
El proceso de descentralización y Reforma del Estado (1)
Pero en este escenario inestable hay procesos que venciendo la
Ley de gravedad siguen avanzando a pasos lentos pero trascendentes
para cualquier proyecto nacional de mediano y largo plazo. El
más importante es el proceso de descentralización
que este Gobierno ha emprendido y que es de las pocas iniciativas
que la población apoya. La creación, elección
y puesta en marcha de los gobiernos regionales avanza pese a que
la falta de recursos les va quitando las posibilidades de ejecutar
obras para mantener sus niveles de legitimidad.
El marco legislativo ha abierto puertas para una mayor participación
ciudadana y se incorporen demandas de las mujeres como de otros
sectores excluidos en las agendas regionales. La transferencia
de los programas sociales que viene con la descentralización
es una operación de alto riesgo y que pone a prueba las
capacidades de las nuevas autoridades regionales y de los gobiernos
locales para afrontar la lucha contra la pobreza.
El proceso de descentralización cuenta con un nuevo marco
legal: La ley orgánica de gobiernos regionales y la Ley
orgánica de Municipalidades (LOM). La nueva estructura
orgánica ha ampliado la posibilidad de incidencia de la
sociedad civil en el estado. La nueva LOM habilita a la ciudadanía
a presentar iniciativas y a llamar a referéndum municipal,
generando una nueva institucionalidad que permite fiscalizar el
ejercicio municipal a través de Cabildo Abiertos, juntas
vecinales, comités de vecinos y organizaciones comunales.
Además de Foros Públicos de Información
y Rendición de Cuentas, se han constituido Comités
de vigilancia sobre los programas de políticas sociales
y de superación de la pobreza impulsados fuertemente por
la Mesa de Concertación y Lucha contra la Pobreza. Tanto
en las regiones como en los municipios, los consejos de coordinación
regional y los consejos de coordinación local, distritales
y provinciales, son los órganos donde participa la sociedad
civil. Y, por mandato constitucional, deben realizar la formulación
de sus planes de desarrollo y sus presupuestos de manera participativa
y concertada.
Pero aún hay trabas en los canales de participación
que pueden impedir se desarrollen procesos inclusivos y democráticos
de movilización ciudadana. Uno de estos obstáculos
es la exigencia a las organizaciones sociales de base -es decir
organizaciones de mujeres, madres de familia que trabajan voluntariamente
para garantizar la alimentación de sus hijos- de cumplir
una serie de requisitos formales como su inscripción en
Registros públicos para participar, lo cual se agrava en
zonas rurales. De otro lado se le dan cuotas a los empresarios
para participar en estos espacios pero muchos de ellos negocian
directamente con las autoridades dejando sin piso a las organizaciones
que por diversas razones sólo tienen a las mesas como espacios
de participación.
Otro mecanismo de participación ciudadana a nivel de los
gobiernos locales, son los presupuestos participativos, asumidos
como parte de los Planes de desarrollo concertado y como una nueva
estrategia de participación a nivel municipal. Los presupuestos
participativos, por Ley, se han comenzado a implementar en diferentes
municipios en el país. Lo interesante de este proceso es
que genera mecanismos de participación activa de la ciudadanía,
obligando a los gobiernos regionales o locales a convocar, e identificar
a los principales actores de la sociedad civil a participar en
las decisiones sobre la planificación de su gobierno local.
Pero este proceso de descentralización tiene su nudo principal
en la transferencia de los programas sociales a los gobiernos
regionales y nacionales; la falta de capacidades locales, infraestructura,
y falta de apoyo a la transición son temas que si no se
resuelven pueden poner en riesgo el actual proceso y reflejaría
que este Gobierno no tiene un panorama claro del papel y la dimensión
del Estado que pretende descentralizar; así como tampoco
tiene claro el sentido del actual proceso que conduce, es decir
¿qué modelo de Estado es el que se busca? ¿Qué
nuevas relaciones entre Estado y ciudadano se buscan?.
Tenemos entonces ambivalencias que deben resolverse, de un lado
se generan mayores espacios y canales de participación
ciudadanas a favor de una democracia participativa, pero de otro
lado el modelo económico que ahoga las posibilidades de
mejora de las condiciones de vida de la población no cambian.
Los Ministerios de Economía e Industrias defienden las
recetas del Fondo Monetario en un contexto regional donde países
como Argentina y Brasil están peleando por mejores condiciones
para negociar la deuda. Continuamos entonces con la esquizofrenia
de por un lado conceder derechos y por otro limitar las posibilidades
del ejercicio de los mismos al no proteger los derechos económicos
y sociales de los más pobres.
El acuerdo nacional
Instalado a comienzos de la actual gestión de gobierno
el Acuerdo Nacional busca generar los consensos necesarios para
la elaboración de las políticas de estado que el
país requiere. Integrado por los partidos políticos
y la sociedad civil (2) ha dado los grandes lineamientos
sobre los asuntos más urgentes y significativos para el
Perú actual definiendo 29 políticas de estado de
carácter vinculante y proyectadas hasta el año 2021,
agrupadas en 4 grandes bloques (Democracia y Estado de derecho;
Competitividad; Estado eficiente y descentralizado; Equidad y
justicia social).
El objetivo final del Acuerdo Nacional consiste en la reducción
en forma rápida y permanente de la pobreza, la que en la
actualidad alcanza al 54% de la población. Algunas de las
políticas que están directamente relacionadas con
ella son, la promoción de igualdad de oportunidades, el
acceso universal a la educación publica gratuita y de calidad,
el acceso universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social,
alcanzar el Pleno Empleo, digno y productivo, promoción
de la seguridad alimentaria y nutrición, fortalecimiento
de la familia y protección de la niñez, adolescencia
y juventud.
El AN ha influenciado las orientaciones de políticas del
Congreso, quién en el año 2003 definió su
agenda legislativa en base a las políticas definidas en
él. Si bien no es fácil avanzar en medio de esas
tensiones, sin embargo el hecho de que exista ese espacio de concertación
es de por sí un dato alentador. Esto en un panorama poco
esperanzador donde no hay en la actualidad un partido capaz de
tomar las riendas del Gobierno a pesar de que se insinúe
la posibilidad de adelantar las elecciones. Eso lo tiene claro
el APRA, quién encabezando las encuestas busca crear un
frente, pues ve que en la actual coyuntura y siendo la principal
fuerza política solo no puede gobernar. Y es que como señaló
un analista político el peor enemigo del APRA no son los
otros partidos sino el antiaprismo que se genero después
del desastre de su mandato.
El juego de tener al borde del knout out al gobierno es un arma
de doble filo dada la débil institucionalidad democrática
y puede convertirse en un boomerang a falta de dos largos años
para las elecciones. Por eso decimos que el AN tiene el chance
de convertirse en una suerte de salvavidas, tanto para la actual
gestión de gobierno como para la propia oposición
que solo atina a atacar al Gobierno y muestra una alarmante escasez
de propuestas.
Comisión Técnica de seguimiento a las recomendaciones
de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
En febrero el Presidente Alejandro Toledo constituyó la
Comisión multisectorial de alto nivel para el seguimiento
a las recomendaciones del informe final de la Comisión
de la Verdad y Reconciliación. En ella se nombro sólo
a un representante de las organizaciones de derechos humanos;
negándose además la posibilidad de las reparaciones
individuales a través de programas como el de Paz y Desarrollo,
plan que busca reducir la pobreza en las zonas afectadas por la
violencia política, olvidándose que las víctimas
no sólo son pobres sino que tiene graves problemas de salud
mental, además de múltiples secuelas. Pero el Gobierno
nuevamente ha cedido y ha señalado que incluirá
a más miembros de la sociedad civil, esperemos que así
sea.
En este proceso de avances y retrocesos, de salvarnos permanentemente
de caer en el abismo, hay algunas esperanzas que no se pierden
y se presentan como las oportunidades de un futuro mejor, un futuro
que a veces parece querer irse de nuestras manos.
Notas
1. Otro proceso importante es la Reforma del Poder
Judicial y el impulso que ha tomado en los últimos meses,
así en el marco del Acuerdo Nacional que señalaremos
más adelante se están llevando a cabo por primera
vez en la historia nacional Audiencias Regionales entre la Sociedad
Civil y el Poder Judicial para debatir problemas y alternativas
del sistema de administración de justicia.
2. Las organizaciones de mujeres han llamado la
atención por la presencia de la iglesia en estos espacios
de concertación ya que aparece como actor de la sociedad
civil con posibilidades de decidir sobre asuntos públicos
como los derechos reproductivos de las mujeres.
*Patricia Balbuena. Coordinadora
Nacional del Programa Andino de Derechos Humanos, PADH, Perú.
Abogada, con estudios de post grado en género y políticas
sociales. Responsable de la línea Feminismo y Sociedad
Civil del Programa de Estudios y Debates Feministas del Centro
de la Mujer Peruana Flora Tristán.
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