Introducción

Colombia vive una preocupante situación en materia de Derechos Humanos. La política de "Seguridad Democrática", impulsada y aplicada por el gobierno del Presidente Álvaro Uribe, amenaza con debilitar el Estado de Derecho y los Derechos Humanos de la población colombiana.

A esto se suma el recrudecimiento del conflicto armado interno, las infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores armados, los efectos en la población civil y el desplazamiento forzado, el desconocimiento de los derechos de los refugiados en los países fronterizos, gravedad que se ha calificado como de verdadera crisis humanitaria.

A nivel económico y social, las condiciones son bastante difíciles para una mayoría de colombianos, que según las estadísticas son el 67%, que viven en pobreza y no logran satisfacer sus necesidades básicas.

La política de "Seguridad Democrática"

Es claro que los gobiernos tienen el derecho y el deber de garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, muchas de las medidas adoptadas dentro de la política de "Seguridad Democrática" son expresión del abuso de poder y la arbitrariedad y van dirigidas a recortar o desconocer los derechos de la población colombiana.

Una de estas expresiones es la de las detenciones masivas, adelantadas a lo largo y ancho del país, detenciones que, en la mayoría de los casos, no son efectivas y las personas retenidas son liberadas por falta de pruebas. Aunque quedan en libertad, han sido reseñadas, presentadas a través de los medios de comunicación como "terroristas", término polarizante que pretende calificar a las personas como verdaderos monstruos, que atentan contra el Estado y la sociedad y que no merecen el reconocimiento de ningún derecho.

Lo anterior hace parte de la campaña ideológica que pretende justificar las acciones, en nombre de la seguridad del país. A esto se suma el programa de redes de informantes y soldados campesinos, propuesta que rompe el tejido social en la medida en que genera desconfianza entre las comunidades y una actitud de señalamiento por parte de quienes se sienten colaboradores del Estado.

Las detenciones masivas van en contravía de los instrumentos de protección de los Derechos Humanos: el artículo 9º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos contempla la protección de las personas ante la detención arbitraria; igualmente el párrafo 1º del Artículo 9º del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos contiene la misma protección y la exigencia del debido proceso. El Artículo 7º de la Convención Americana establece las garantías de los Estados parte en el respeto y garantía en materia de libertad personal. De la misma manera los artículos 28 y 29 de la Constitución Política establecen el derecho a la libertad y el debido proceso.

Pronunciamiento de las Naciones Unidas

Es tan grave la situación que el 13 de Abril del presente año, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su 60° período de sesiones, demostró un particular interés por la situación de derechos humanos en Colombia y una profunda preocupación de la comunidad internacional por este tema, la cual se hizo explícita en las intervenciones de Irlanda en representación de la Unión Europea, Estados Unidos, Suiza (en representación del grupo de 24 países que hacen seguimiento a la declaración de Londres), Noruega y Canadá.

Participaron también 15 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y el debate duró casi dos horas, tiempo que normalmente se utiliza para situaciones tan graves como la de Palestina.

El señor Bertrand Ramcharan, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (encargado), hizo un serio reclamo al Estado Colombiano afirmando que la política de "seguridad democrática" aplicada por el Gobierno, ha llevado a la toma de medidas que no acatan las obligaciones internacionales relativas a la promoción y protección de los derechos humanos. El Alto Comisionado señaló además que el estatuto antiterrorista, actualmente en debate en el Congreso y que pretende dar facultades de Policía Judicial a las Fuerzas Militares, es incompatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos.

La delegada de la Unión Europea, Señora Mary Whelan (Irlanda), subrayó que la Unión Europea continúa profundamente preocupada por la persistencia de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario en Colombia, enfatizando en la importancia de fortalecer, en este contexto, el Estado de derecho y los instrumentos internacionales ratificados.

La reacción del Gobierno colombiano fue de no aceptación a estas críticas, señalando que algunos de los discursos faltaban a la verdad y descalificando algunos de los hechos expuestos en el debate como calumnias. El Gobierno no expresó en la réplica su voluntad de tomar medidas para dar cumplimiento a las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Por su parte el señor Kofi Annan, en reunión sostenida a finales de marzo con el Señor Michael Frülihng, expresó su preocupación por las continuas violaciones a los derechos humanos de la población y solicitó al gobierno colombiano se tomen las medidas urgentes para aplicar las 24 recomendaciones que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, ha propuesto.

Cifras gubernamentales

El Vicepresidente de la República, Dr. Francisco Santos afirmó en el Congreso que las violaciones a los Derechos Humanos han disminuido, presentando las siguientes cifras:

Disminución de cifras por violación a los Derechos Humanos:

l Homicidios: 20%
l Desapariciones forzadas: 52%
l Masacres: 33%
l Secuestro: 26%
l Ataque a poblaciones: 84%
l Asesinato sindicalistas: 57%
l Atentados contra torres de energía: 32%
l Atentados contra torres de comunicaciones: 69%
l Atentados contra acueductos: 84%
l Atentados contra puentes: 67%

El Vicepresidente expresó que en Colombia no hay un conflicto social y armado, ni grupos de oposición armada, por lo que llamó a replantear la caracterización de quienes amenazan a la sociedad. "Cuando se recurre al terrorismo como principal accionar se es terrorista", afirmó.

Además planteó que el acceso al poder es abierto, que ésta es una democracia consolidada y que la ayuda militar extranjera está bien dirigida en la medida en que va hacia el fortalecimiento estatal.

Carlos Gaviria, senador del Frente Social y Político, llamó violentas iniciativas legislativas de contrarreforma como el recorte a la tutela que para él buscan establecer una Constitución autoritaria y represiva. Calificó de equivocada la pretensión de repetir la fórmula "fracasada y ensayada" de darles facultades judiciales a las Fuerzas Militares.

También comentó que "es absurdo" pretender que el ciudadano demande del Estado lo mismo que a la guerrilla, que por definición están por fuera de la ley. Y defendió la caracterización del conflicto como algo más complejo que simple terrorismo, por más que él mismo esté en desacuerdo con la lucha armada.

El senador del Polo Democrático Independiente, Antonio Navarro Wolff, estuvo de acuerdo con el Senador Gaviria y afirmó que hay un "retroceso enorme" en materia de derechos humanos.

Por su parte Piedad Córdoba, del Partido Liberal, señaló que si esta fuera una democracia consolidada, el ministro del Interior, Sabas Pretelt, no habría llamado terroristas a quienes se opusieron al Referendo, ni el Presidente Álvaro Uribe ofendería de la manera en que lo hace, a los defensores de derechos humanos. Manifestó que hay un desprecio hacia los Derechos Humanos y los defensores de estas causas. "Ambos son un obstáculo para este Gobierno en el desarrollo de su política de Seguridad Democrática".

El desplazamiento forzado interno

Según un estudio adelantado conjuntamente por la Consultoría de Derechos Humanos y Desplazamiento y el DANE, por primera vez la guerrilla ocupa el primer lugar como desplazadores. El estudio sobre el desplazamiento en el año 2003 arrojó las siguientes cifras:

Desplazadores

l Guerrilla 49%
l Paramilitares 38%
l Fuerza Pública 4%
l Delincuencia 1%
l No se conoce 8%

Negociaciones de Paz con el paramilitarismo

a. La Ley de Alternatividad Penal

Como parte de las negociaciones de paz con los paramilitares, el Comisionado de Paz, Dr. Luis Carlos Restrepo, presentó al Congreso el proyecto de ley de Alternatividad Penal, la cual ha sido muy cuestionada por congresistas, demócratas, defensores de Derechos Humanos y hasta por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El señor Michael Frühling, jefe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia señaló que no es posible el perdón a los autores de crímenes atroces, como lo propone la Ley de Alternatividad Penal; esta ley debería ceñirse a los principios y normas sobre los derechos de las víctimas de crímenes internacionales a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación.

La ley de Alternatividad Penal contempló, en una primera propuesta, penas diferentes a la prisión para los paramilitares y penas de 5 a 10 años de prisión, en una segunda propuesta en la que, además, plantea la creación de un Tribunal de la Verdad y un artículo en el que se propone la suspensión de penas a los guerrilleros de las FARC detenidos, para facilitar el canje por los secuestrados, como parte de un Acuerdo Humanitario.

Frente a esta última propuesta, los líderes paramilitares manifestaron su desacuerdo y propusieron que, mediante plebiscito, se pregunte a los colombianos si los paramilitares desmovilizados deben pagar penas de prisión y cómo sería el reconocimiento porcentual, por parte del Estado y por parte de los paramilitares, para la reparación de los familiares de las víctimas. Además expresaron su absoluto rechazo a la extradición de los líderes que están siendo solicitados por los Estados Unidos, sindicados de narcotráfico y a la propuesta de intercambio humanitario.

Para superar el inconveniente de la extradición, la congresista Rocio Arías presentó una propuesta de modificación del Artículo 35 de la Constitución, de no aplicación de la extradición a las personas que se acojan a procesos de paz, tema polémico que no fue aprobado.

b. La desmovilización

Los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC, han expresado que por ahora no se darán más casos de desmovilización de sus 13.000 miembros. El 25 de noviembre del año anterior se desmovilizaron 895 paramilitares en Antioquia.

Por su parte la Iglesia Católica continúa haciendo el papel de facilitador del proceso y el 16 de abril pasado, junto con el delegado de la Organización de Estados Americanos, Sergio Caramagna, se reunieron con todos los delegados de las AUC, hecho registrado como el primero en el que hay representación de todo el país. Abordaron el tema de determinación de sitios de concentración

El conflicto armado interno

Se han intensificado los combates entre ejército y guerrilla, ejército y paramilitares, guerrilla y paramilitares (Sierra Nevada de Santa Martha) y entre bandos distintos del paramilitarismo (Casanare), estos últimos por el control territorial de los negocios de cultivos ilícitos y los laboratorios de producción de alcaloides.

El conflicto armado ha generado desplazamientos masivos, en algunos casos de campesinos, en otros de afrodescendientes y de indígenas.

Errores de las Fuerzas Armadas

La presión gubernamental por la entrega de resultados en los operativos militares ha ocasionado la comisión de diversos errores, los cuales han sido analizados con preocupación por los familiares de los afectados, por la opinión pública y por las organizaciones de Derechos Humanos. A continuación se presentan los hechos a los que se hace referencia, de las dos últimas semanas:

l Caso Guaitarilla (Nariño). Enfrentamiento Ejército - Policía - 7 personas perdieron la vida.
l Puerto Gaitán (Meta). Enfrentamiento entre dos sectores del Ejército - 3 personas fallecidas.
l Cajamarca (Tolima). Ataque a una familia que llevaba un bebé grave al hospital - 4 menores de edad y un adulto muertos.

Preocupa que las Fuerzas Militares tengan facultades judiciales para realizar allanamientos y detenciones sin orden de autoridad competente, no sólo por la intensidad de los operativos que adelantan sino por la difícil situación en materia de Derechos Humanos.

Escándalos de las Fuerzas Militares

Las Fuerzas Militares han estado en las noticias de primera página además por los escándalos por su posible vinculación con el narcotráfico. El más grave de ellos es el del cargamento de 26 kilos de heroína y cocaína, hallados en el buque insignia de la Armada Nacional, "Gloria". La Justicia Penal Militar suspendió a sus 75 tripulantes mientras se adelanta la investigación.

El jefe narcotraficante Jaime Londoño García, responsable, según las autoridades de más de 140 crímenes, fue detenido en las instalaciones del Club de Suboficiales de las Fuerzas Militares, junto con otro oficial retirado que le facilitó el ingreso a dicho Club.

Por su parte el General Uscátegui, detenido por responsabilidad en la masacre de Mapiripán, ocurrida en julio de 1997 y adelantada por paramilitares, responsabilizó a otros oficiales de los hechos.

La reelección del presidente

Con el argumento de poder dar continuidad al programa de Seguridad Democrática y no correr el riesgo de contar con un próximo presidente de mano blanda, un sector de congresistas y el propio gobierno, colocaron en la agenda del Congreso el tema de la reelección presidencial, aplazando otros proyectos legislativos como la ley antitrámites, la ley de contratación con el Estado, la reforma de la justicia, la reforma del sistema tributario, entre otros y la reglamentación del Estatuto Antiterrorista y la Ley de Alternatividad Penal.

Miembros del partido Liberal, demócratas y académicos, han expresado su rechazo a dicho proyecto por los siguientes motivos:

lNo es aceptable que un gobierno esté en campaña electoral, descuidando problemas serios del país que ameritan dedicación total.
l El tema es contraproducente y desgastador y podría llevar a un fracaso parecido al del Referendo.
l La reelección polariza políticamente a los partidarios y adversarios.
l La agenda legislativa tiene otras urgencias que han sido aplazadas por este proyecto.
l El gobierno podría verse afectado en su imagen por las componendas políticas clientelistas que buscan la aprobación de la reelección.

*Flor Alba Romero. Coordinadora Nacional PADH, Colombia. Antropóloga. Coordinadora del Área de Derechos Humanos, de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP.

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