A más de cuatro meses de las jornadas en las que se recogieron firmas para solicitar referendos revocatorios del presidente Hugo Chávez, y de decenas de diputados tanto oficialistas como de oposición, un gran signo de interrogación sigue siendo la característica de la coyuntura en Venezuela, en una situación que afecta el derecho al ejercicio de la participación política de los ciudadanos.

Este 12 de abril se reeditó una batalla política, revestida de un discurso jurídico, en el Tribunal Supremo de Justicia, en cuyo seno las Salas Electoral y Constitucional están enfrentadas abiertamente desde hace más de un mes en torno al cómo debe dilucidarse la validez de las firmas, especialmente centradas en la figura del presidente Chávez. Un conflicto de competencia entre los magistrados, desde marzo pasado, ha representado un nuevo capítulo en la postergación del proceso.

De acuerdo con el dictamen, en votación dividida del Consejo Nacional Electoral (CNE), deben someterse a reparo casi un millón de firmas de las recogidas a fines de noviembre. La cuestión central es que para el órgano electoral deben acudir nuevamente a ratificar su firma quienes están a favor del referendo contra Chávez y están en ese grupo de firmas, la mayoría descalificadas por tratarse de una caligrafía similar en el llenado de los datos. Para la Sala Electoral del TSJ, que actuó en respuesta de demandas opositoras, deben acudir a reparos aquellos ciudadanos cuyas firmas hayan sido colocadas indebidamente en los formularios, en contra de su voluntad o de forma fraudulenta.

La decisión del CNE, de someter a reparo tal cantidad de firmas, fue recibida con beneplácito por el gobierno de Chávez y sus seguidores, pues representa un obstáculo claro en el proceso de realización de este referendo, que tiene una carrera contra reloj. Si se celebra posteriormente al 19 de agosto, de acuerdo con las disposiciones constitucionales, y Chávez es derrotado no se celebran nuevas elecciones sino que culmina el mandato su vicepresidente ejecutivo, el periodista José Vicente Rangel, estratégico aliado del mandatario. Así las cosas, el gobierno ha venido jugando políticamente a retrasar el proceso, pese a que el discurso presidencial insiste en que está a favor de este tipo de consultas.

El CNE, por su parte, al colocar una serie de requisitos que han terminado por retrasar el proceso, parece colocarse en una posición obstaculizadora del ejercicio del derecho ciudadano a la participación política, a través de este novedoso mecanismo de un referéndum revocatorio del mandato presidencial, introducido por el propio Chávez en la Constitución de 1999.

Mientras tanto, mediadores internacionales como el Centro Carter y la Organización de Estados Americanos han venido actuando a favor de una negociación entre los actores políticos, que por un lado quite trabas definitivamente al proceso que ha estado en marcha, y por el otro lo devuelva al ámbito político, tras el enfrentamiento entre las salas del Tribunal Supremo, que ha terminado por retrasar los tiempos de una eventual convocatoria a la inédita consulta.

En el terreno de la negociación política, en el seno de la opositora Coordinadora Democrática se han evidenciado distintas tendencias, algunas de las cuales de forma abierta cuestionan la posibilidad de llegar a acuerdos políticos, porque éstos terminarían "legitimando a un régimen totalitario". De parte del gobierno y las fuerzas que le apoyan se mantiene la postura de participar en las conversaciones, pero dando poco margen a la negociación.

Con estos elementos, el tiempo corre en Venezuela y la incertidumbre sigue siendo el signo predominante. Se continua desconociendo la validez o no de las firmas recogidas a hace más de cuatro meses, y tampoco se sabe si habrá o no el referendo.

*Andrés Cañizales. Licenciado en Comunicación Social y Magíster en Ciencias Políticas. Profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela (UCV), es también director de la revista Comunicación que edita el Centro Gumilla. Investigador asociado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en la temática del derecho a la libertad de expresión e información.

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