1. Recordamos que el Derecho a solicitar y recibir asilo y obtener la condición de refugiado es un derecho fundamental reconocido por el derecho internacional que genera obligaciones para los Estados de la región, y que los estándares y mecanismos de protección del sistema interamericano de derechos humanos complementan el derecho internacional de refugiados y fortalecen la protección internacional de los solicitantes de asilo y las personas refugiadas.

2. Expresamos nuestra preocupación por la agudización en todos los países de la región de políticas y legislaciones restrictivas en contra de los solicitantes de la condición de refugiados.

3. Observamos que países como Panamá, República Dominicana, Costa Rica y Venezuela, continúan favoreciendo la expulsión, la deportación y el retorno inducido de personas y comunidades que huyen de sus países de origen, hechos que violan gravemente los compromisos internacionales reconocidos en la Convención Americana y en el Derecho Internacional de Refugiados.

4. Resaltamos con preocupación que países como Honduras no han avanzado en sus compromisos internacionales en la materia, al carecer de normativa interna que regule la posibilidad de otorgar asilo a personas que reúnen los requisitos para ello. Igualmente, la inoperancia en países como Venezuela y República Dominicana de órganos internos que apliquen la legislación existente y permitan el reconocimiento de la condición de refugiado.

5. Verificamos que países receptores como Ecuador y Panamá no permiten a los solicitantes de la condición de refugiado el acceso a las garantías procesales en el trámite de sus solicitudes, manteniendo indefinidamente la situación de inestabilidad jurídica lo que favorece de hecho la devolución de estas personas a Colombia, poniendo en riesgo su vida e integridad personal.

6. Rechazamos la persistencia en todos los países de la región, de prácticas deleznables como la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como, las detenciones arbitrarias e ilegales por largos periodos en contra de los solicitantes de la condición de refugiado.

7. Exigimos al Estado panameño que ante los graves hechos sucedidos el 17 de enero por parte de grupos paramilitares colombianos, en las comunidades de Paya y Pucurú en el distrito Pinogana en el Darién, en contra de la población civil panameña y colombiana, permita el acceso inmediato a las Organizaciones no Gubernamentales nacionales e internacionales y organismos humanitarios y de verificación a efectos de constatar la situación y proveer asistencia humanitaria. Igualmente, que se dispongan las medidas de seguridad pertinentes para evitar que se repitan incursiones de grupos ilegales a la zona.

8. Observamos la contradicción en la actitud del Estado colombiano en la materia. De una parte, omite proteger a la población civil de las agresiones de actores armados que actúan en sus fronteras, lo que evitaría el éxodo masivo a los países limítrofes, y de otra, niega a los solicitantes, las mínimas condiciones y garantías procesales para el reconocimiento en su territorio de la condición de refugiado.

9. Reiteramos la importancia de la definición de refugiado, contenida en la Declaración de Cartagena, así como la necesidad de su incorporación en las normativas nacionales, especialmente en vísperas de su 20 aniversario.

10. Hacemos un llamado a los órganos de supervisión y protección de los derechos humanos del sistema interamericano, para que continúen prestando atención a la problemática que afecta a los solicitantes de asilo y refugiados en las Américas, y a que continúen ejerciendo la protección de los derechos humanos de estas personas, mediante las visitas in loco a los países, la elaboración de informes con recomendaciones concretas y la concesión, cuando así lo ameriten los hechos, de medidas cautelares.

Firman:
Asistencia Legal Alternativa (ALAP), Panamá; Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Honduras; Centro por la Justicia y el Derecho Internacional ( CEJIL); Consejería en Proyectos, Colombia; Consejo Noruego para Refugiados, Colombia; Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODEES); Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador; Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, Panamá; Movimiento Unido de Mujeres Dominicanas (MUDHA), República Dominicana; Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Venezuela; Servicio Jesuita de Refugiados (SJR), Venezuela; Sin Fronteras, México; Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Venezuela" (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), 29.01.03).

Fuente:
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
DERECHOS HUMANOS Y COYUNTURA Nº 110. Del 23 de enero al 07 de febrero de 2003. http://www.derechos.org.ve