Hace un año, en Bolivia se dio una revuelta popular cuando se pretendió imponer un impuesto al salario por mandato del FMI. El ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en su ortodoxia neoliberal, intentaba recuperar el déficit fiscal y la crisis global de la economía a partir de la clásica imposición de medidas tributarias. Estas medidas generaron un motín policial que derivó en un sangriento enfrentamiento entre policías y militares y culminó con un alzamiento popular que obligó al gobierno a la anulación de sus políticas impositivas. El saldo trágico fue de 32 muertos y 214 heridos.

La Asamblea de Derechos Humanos contra la impunidad

Posteriormente a la anulación de las medidas tecnocráticas, Gonzalo Sánchez de Lozada renunció a su sueldo de mandatario, anuló varios ministerios y prometió una investigación imparcial acorde con los fundamentos de la democracia y la protección de los derechos humanos. Todo esto, claro, en una aparente rectificación de sus errores. Inclusive un organismo internacional como la OEA, dio su respaldo para la investigación. Sin embargo, el informe que emitió meses después se había quedado en la cronología de los hechos, limitando la posibilidad de fortalecer la democracia al invisibilizar a los culpables y detenerse en generalidades que ya la prensa boliviana había informado. Dicho informe fue cuestionado por varios medios de comunicación, los partidos de la oposición y débilmente asumido por el gobierno y la propia cúpula de la Policía Nacional, a quien la OEA responsabilizó frontalmente de los hechos sangrientos de febrero.

Lo que no rebeló el informe de la OEA, por ejemplo, es la actuación de los francotiradores y militares que dispararon a quemarropa, los responsables de saqueos y actos vandálicos o la responsabilidad específica de los más de 30 muertos y 214 heridos. Toda esta información se tiene inclusive en muestras de videos.
Actualmente no existen detenidos y los militares que fueron identificados en la represión son procesados por el Tribunal Militar bajo resolución del Tribunal Constitucional, y no en la justicia ordinaria. Esto demuestra el privilegio de ciertos ciudadanos cuando la ley se aplica selectivamente y la manera cómo los organismos que debieran garantizar los derechos humanos y el ejercicio de una verdadera democracia sólo son parte de una democracia de simulacro, tal el caso del Tribunal Constitucional.
La Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia ya advirtió que llevará el caso a una Corte Internacional, por lo que parece ser el único camino que queda ante tanta dilación e impunidad. De ser así, ello daría cuenta de que en Bolivia sus instituciones no sólo son débiles democráticamente sino que los partidos tradicionales aún tienen el dominio patrimonial, una especie de feudo propietario en el que los derechos humanos y la justicia son secundarios ante la protección de los directos responsables como Gonzalo Sánchez de Lozada y los que fueron sus ministros de Defensa, Freddy Teodovich; de Gobierno, Alberto Gasser y de la Presidencia, Carlos Sánchez Berzaín.

De la impunidad de febrero a la masacre de octubre

Sólo tuvo que transcurrir 7 meses para que la represión mostrará su verdadero rostro. Después de la anulación de las medidas económicas que fueron el detonante para los hechos sangrientos de febrero, la lógica represora de Gonzalo Sánchez de Lozada continuó hasta octubre de 2003. El saldo trágico fue de más de 60 muertos y cientos de heridos y masacrados. Actualmente existen estrategias de poder entre la fiscalía, el poder judicial y el parlamento que tienden a dilatar un juicio de responsabilidades al ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada. Pese a que el parlamento ya dio lectura a la posibilidad del juicio, la desconfianza en la ciudadanía y los medios de comunicación da cuenta de que la construcción de la democracia pasa por un desarme total de los privilegios legales de los que se sirvieron permanentemente los partidos tradicionales como el MNR, MIR, ADN, USC y NFR.

La retórica institucionalista y la Corte Internacional

Si la retórica estatal y el sistema de partidos se apoyan en la instituciones democráticas como fundamento de la vigencia de la justicia y los derechos humanos, la lucha contra la impunidad puede ser la expresión de la construcción permanente de una verdadera democracia. Pero el hecho de que a un año de la violación de los derechos humanos en Bolivia no haya ningún detenido y los militares filmados en acciones de represión flagrante no tengan sanción alguna, ello sólo puede conducir a una mayor pérdida de legitimidad de las instituciones democráticas.
No es la primera vez que la justicia en Bolivia sirve a los poderosos. Ni es la única vez que las instituciones están a servicio de partidos y políticos bajo una retórica institucionalista que sólo sirve para encubrir privilegios. Y tal como se engañó al pueblo con las políticas económicas y sociales neoliberales, así también no debería extrañar el desborde de las instituciones aparentemente democráticas si es que éstas no funcionan. El campo político y sus instituciones que administran justicia deben asumir su propia irresponsabilidad con la democracia por las consecuencias de sus actos antidemocráticos. ¿Será una Corte Internacional el espacio de justicia de nuestros pueblos?

*Ramiro Huanca. Licenciado en Literatura por la Universidad Mayor de San Andrés. Magíster (c) en Estudios de la Cultura, mención Políticas Culturales por la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.