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En una revista dominical se publicó una humorada
en la cual se ve al presidente Toledo con la camiseta de la selección
nacional saltando y escapando de las arteras arremetidas de sus
rivales y cuando está por definir se detiene frente al
arco y nota que recién lo están construyendo. Abajo,
una leyenda dice "cuidado con la improvisación".
Y es que la improvisación es la marca de este gobierno,
así como de los que lo antecedieron. Cuando parecía
que el presidente repuntaba en las encuestas, las mismas que lo
señalan como uno de los presidentes más impopulares
de Latinoamérica, una serie de nuevos escándalos
lo vuelven a sumergir en un 16% de aprobación.
Escándalos que giran alrededor de denuncias de abuso del
poder, nepotismo y corrupción en todos los niveles, nos
impiden recuperarnos del impacto que han dejado las secuelas de
la corrupción del Gobierno de Alberto Fujimori. Uno de
los escándalos mayores se suscito a principios de noviembre
con las denuncias contra Raúl Diez Canseco, Vicepresidente
de la República y Ministro de Relaciones Exteriores, denuncia
que lo llevaría a renunciar a su Ministerio, estando por
definirse en estos días la vacancia de la primera vicepresidencia.
Raúl Diez Canseco es acusado de haber favorecido al padre
de su actual pareja sentimental mediante la firma de un Decreto
Supremo, que liberaba al futuro suegro del pago de una deuda con
el estado y lo exoneraba a futuro del pago de impuestos. Además
de contratar a su novia y a dos primos de la misma en altos puestos
del Ministerio que él comandaba. Si bien ya se había
cuestionado su decisión unilateral de retirar al Perú
del G21 para negociar directamente con EEUU un tratado de libre
comercio y firmar un acuerdo sobre cielos abiertos con Chile,
que a todas luces parece perjudicial para el país, siempre
contó con el apoyo del Presidente, pero éste ya
no pudo salvarlo de esta crisis.
El Presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha señalado
que le corresponde al Congreso de la República declarar
la vacancia del Vicepresidente y ya las denuncias constitucionales
no se han hecho esperar. Esto no por la diligencia de nuestros
padres de la patria sino por que ello permite desviar la atención
pública de situaciones de grave riesgo para el país
como la posible renuncia de la Premier Beatriz Merino, quien es
la cabeza visible de los esfuerzos en materia de reforma del estado.
El cuarto poder: el papel de los medios de comunicación
Si bien la asunción de Beatriz Merino al premierato aportó
aire fresco y fue la responsable del leve repunte en la opinión
pública del Presidente Toledo, hoy se encuentra en una
posición mas que compleja. El boicot que está tratando
de capear proviene del mismo Presidente, el partido oficialista,
el partido aliado del actual gobierno. Curiosamente, son los partidos
de oposición y un 60% de la opinión pública
los que están protegiendo a Merino.
Algunos periodistas de opinión no encuentran razones "políticas"
para entender tal boicot y creo que la resistencia mayor es la
de negarnos a creer que las razones son absurdamente mezquinas
y tienen que ver con la ambición del poder y el temor de
que Merino acumule popularidad que la impulse a las elecciones
del 2006, no olvidemos que a diferencia del Presidente cuenta
con un 68% de aprobación en su gestión.
Pero en la primera semana de diciembre, una denuncia contra la
primera ministra ha sido levantada desde los medios de comunicación,
específicamente por uno de los periodistas más reconocidos
en el Perú, el Sr. Cesar Hildebrandt. El mismo que ha sacado
a la luz pública la contratación de una socia de
Beatriz Merino como asesora durante su gestión en la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria. La Primera ministra
ha denunciado que personajes "oscuros", están
recorriendo los medios de prensa con denuncias en su contra para
lograr destituirla de su cargo e impedir que sigan los esfuerzo
de reforma, principalmente en materia tributaria que se están
llevando a cabo.
Aún no sabemos el desenlace, pero lo preocupante es que
el país está desconcertado ante los hechos que se
vienen desarrollando, más cuando Merino encarna para la
opinión pública la representación de la honestidad
en la política, la seriedad en los compromisos y la oportunidad
del cambio. Si bien nadie debe estar libre de ser investigado
y de rendir cuentas, aún en el Perú no existe un
panorama claro del papel que algunos medios de comunicación
tienen. Después de que Vladimiro Montesinos compro el apoyo
de casi todos los medios de comunicación, la sombra de
las mafias y la corrupción en los medios son una amenaza.
Pero las posibilidades de transformar esta situación se
ve bloqueada por intereses que bajo el lema del libre mercado
han rechazado propuestas ciudadanas para regular el rol de los
medios de comunicación (1).
Entre palos y piedras
Todas estos conflictos se dan en medio de un panorama de convulsión
social provocados por diversos sectores. Tenemos así la
huelga del Poder Judicial, 18 universidades públicas paralizadas,
ex empleados públicos acampan a las puertas del Ministerio
de Trabajo desde hace un mes, el sector salud sigue en huelga
poniendo en grave peligro la salud de los peruanos más
pobres. El proceso de descentralización está estancado
y no es capaz de resolver los problemas sociales que están
provocando enfrentamientos entre pobladores de Moquegua y Arequipa.
Lo mismo ocurre en el norte, entre pobladores de Piura y La Libertad.
Para completar el cuadro, no menos de cuatro presidentes regionales
tienen denuncias de corrupción en su contra a menos de
un año de haber ocupado sus funciones.
El descrédito de la población sobre la clase política
se sigue ahondando y las opciones autoritarias como las que representa
Fujimori, parecen volver a ganar terreno. Ello porque la gente
aún a sabiendas de la brutal corrupción recuerda
al suyo como un gobierno donde primaba un orden que aparentemente
hoy no existe. El otro actor que crece silenciosamente es el denominado
Movimiento Etnocacerista (con un 20% de aprobación en las
encuestas) que plantea el fusilamiento de todos lo corruptos.
Su discurso nacionalista y antichileno han preocupado a la cancillería
del vecino país. En la actual coyuntura, los discursos
más radicales ganan aprobación y se hace frecuente
escuchar apelaciones a un gobierno de mano dura.
La democracia peruana se ve debilitada por estas continuas crisis
que son finalmente la expresión de la debilidad de las
instituciones y que nos muestran que la corrupción no es
sólo patrimonio de fujimoristas y montesinistas, sino que
tiene raíces más profundas en nuestra historia.
Aparentemente las expectativas que trajo aparejado la caída
de la dictadura no se han visto cumplidas, la suerte del gobierno
corre peligro y tal cual le pasó a Belaúnde Terry
y Alan García en los ochenta al final de su mandato, el
actual partido de gobierno terminará reducido a su mínima
expresión.
La necesidad de la reconciliación y la justicia
En medio de todo este ruido político, Toledo hizo un alto
y expresó su opinión sobre el Informe Final de la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación, presentado
el 28 de agosto último. El presidente comenzó diciendo
que quería "rendir tributo al trabajo de la comisión,
cuyo informe ha sido debatido, apoyado y criticado". Inmediatamente
después pidió perdón, como jefe de estado,
a todas las víctimas del período más sangriento
de nuestra historia, cuyo principal responsable fue Sendero Luminoso,
punto en el cual hay un consenso general.
Dos eran los temas más complejos de abordar, por un lado
el tema de las indemnizaciones a los deudos y por otro la judicialización
de las responsabilidades de los militares. Una de las polémicas
que ha generado la presentación del Informe gira en torno
a cómo calificar las violaciones de los derechos humanos
cometidas por las fuerzas del estado. La CVR ha dicho y fundamentado,
en su extenso trabajo, que durante el período de guerra
interna las FF. AA. han incurrido en prácticas generalizadas
y sistemáticas de violación de los derechos humanos,
que constituyen crímenes de lesa humanidad así como
transgresiones de normas del Derecho Internacional Humanitario.
Los partidos políticos mayoritarios han criticado con mucha
dureza estas apreciaciones y, a lo sumo, admiten que algunos militares
pueden haber cometido excesos. Finalmente, Toledo se ha afiliado
a esta última tesis diciendo que: "En un conflicto
de esta naturaleza, algunos miembros de las fuerzas del orden
incurrieron en excesos. Corresponderá al Ministerio Público
y el Poder Judicial dictar justicia sobre estos casos, sin amparar
ni la impunidad ni el abuso".
La posición del presidente al respecto nos indica que
ha querido evitar las críticas de la derecha en un momento
sumamente complejo de su gestión. Asimismo, se ha ahorrado
un conflicto con los militares que han estrechado filas en su
defensa, con el beneplácito de casi todos los partidos
y hasta de los empresarios, para quiénes a los vencedores
de la guerra no se les debe pedir explicaciones. La postura asumida
por Toledo en este delicado tema, hace que su pedido de perdón
a las víctimas suene un tanto vacío.
Anunció también la aplicación de una política
de estado para la reconciliación y la ejecución
de un Plan de Paz y Desarrollo en las zonas más afectadas
por la violencia y el terrorismo, para lo cual se ha destinado
una inversión que ronda los 800 millones de dólares.
Toledo precisó que los recursos serán invertidos
por el Gobierno Central, los gobiernos regionales y las municipalidades
a favor de Ayacucho, Apurimac, Huancavelica y las provincias de
Satipo (Junín) y La Convención (Cuzco. Este será
un plan que involucrará a los próximos gobiernos
y que indudablemente requerirá de un seguimiento por parte
de la sociedad civil para que se cumplan los objetivos del mismo.
Las acciones concretas del plan incluyen la reconstrucción
de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, la entrega
de títulos de propiedad, el mejoramiento de carreteras,
la instalación de televisión y telefonía
rural, creación de reservas de vicuñas y ampliación
de puestos de salud. Ante tal abanico de acciones, cabe preguntarse
si éstas no corresponden a todo gobierno que procure el
desarrollo del país. El presidente parece confundir lo
que son las obligaciones naturales del buen gobierno con lo que
son las justas reparaciones que las víctimas del conflicto
reclaman.
Cerrando su exposición, y como gesto simbólico,
indicó que el 10 de diciembre será el Día
de la Reconciliación Nacional, que una comisión
de alto nivel - presidida por su ex secretario general Guillermo
Gonzáles Arica (2), hará el seguimiento de las acciones,
se iniciarán gestiones con la finalidad de obtener recursos
en el exterior para fortalecer la labor de las fiscalías,
la elaboración de un registro nacional de víctimas
y que el Ministerio de Educación promoverá que los
textos escolares recojan el informe de la CVR.
El trabajo de la CVR llevó poco más de dos años,
y a pesar de los errores que pueda tener, es el intento más
serio por saber qué nos pasó en las últimas
dos décadas. En un país que no se conoce (ni reconoce)
a sí mismo, no debe extrañar que hasta la fecha
en que se publicó el informe las cifras oficiales de víctimas
ascendía a 25.000, bastó que se mirara un poco más
de cerca el drama vivido para que esa cifra se triplicara. El
país oficial tiene dificultades para aceptar estas verdades
y es que estas dos décadas de conflicto interno "no
habrían sido posibles sin el profundo desprecio a la población
más desposeída del país, evidenciado por
miembros del PCP-Sendero Luminoso y agentes del estado por igual,
desprecio que se encuentra entretejido en cada momento de la vida
cotidiana de los peruanos", dice la CVR.
En el tiempo que lleva publicado el informe es poco lo que se
ha debatido sobre el mismo, las organizaciones de mujeres son
las que más iniciativas están desarrollando por
ampliar la discusión y visibilizar el impacto de la violencia
política en las mujeres. Violencia que, como se ha denunciado
a propósito del 25 de noviembre, no ha concluido con la
guerra sino que existía antes, durante y después
de ella. Nueve violaciones sexuales por día registradas
oficialmente sólo en la ciudad de Lima son una muestra
de la guerra perpetua que viven las mujeres en el Perú
y el mundo.
Sin perder la perspectiva: la responsabilidad de la sociedad
civil en este escenario
Pero los escándalos y la coyuntura política dejan
de lado lo que debieran ser temas centrales, existiendo cierto
peligro que tras el discurso presidencial se considere que ya
está cerrada la página más trágica
de la historia republicana del Perú. Ojala los peruanos
y peruanas no perdamos una vez más la posibilidad de repensar
nuestro pasado reciente y sacar las lecciones que nos permitan
construir una sociedad más justa y solidaria que nuestra
realidad reclama a gritos.
Esto implica por tanto asumir con responsabilidad nuestro rol
en el debate público, levantar desde nuestras esquinas,
agendas trascendentes para el país, buscando consensos
y concertando. El proceso de descentralización, a pesar
de los errores, nos ofrece amplias posibilidades de democratizar
el país y romper con la centralidad de la capital; no olvidemos
las puertas que se abren para la participación de la sociedad
civil. De igual manera el compromiso de los principales actores
políticos traducido en el Acuerdo Nacional sigue en pie
y la Reforma del Poder Judicial está en marcha.
Finalmente iniciativas para promover una Ley de igualdad de oportunidades
con equidad de género, promovidas por organizaciones de
mujeres de todo el país, entre otras iniciativas son señales
de que aún en crisis como esta, la sociedad civil, aún
débil y frágil esta abriendo posibilidades concretas
para debatir el modelo de democracia que queremos después
de Fujimori.
Notas
1. Nos referimos al proyecto de Ley presentado por el Consorcio
de Veeduría ciudadana, la misma que fue calificada de "estatista",
"marxista", etc. por los voceros de los principales
medios de comunicación
2. Personaje funesto del régimen que fue obligado a renunciar
por la presión de la propia bancada de gobierno que lo
acusaba de sembrar odios en el Presidente de la República.
*Patricia Balbuena. Coordinadora
Nacional del Programa Andino de Derechos Humanos, PADH, Perú.
Abogada, con estudios de post grado en género y políticas
sociales. Responsable de la línea Feminismo y Sociedad
Civil del Programa de Estudios y Debates Feministas del Centro
de la Mujer Peruana Flora Tristán.
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