El referendo y las Elecciones departamentales y municipales

El sábado 25 de octubre se realizó un Referendo por iniciativa gubernamental, con 15 puntos que obedecían a modificaciones constitucionales en materia política y a propuestas en materia económica, para cumplir con algunos de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. El domingo 26 las elecciones fueron para Gobernadores de Departamento (Estado), Alcaldes y Concejales.

En los últimos años se ha venido dando una renovación generacional de la política, con figuras como Álvaro Uribe y otras que, si bien representan al "establecimiento" colombiano, evidencian prácticas más eficientes y quizás tecnocráticas, de recuperación de la autoridad en el país y la aplicación de la gerencia política, alejadas del mundo de la corrupción y la politiquería tradicional. Esa generación tuvo un serio revés: la derrota del Referendo Uribista y el triunfo de Lucho Garzón, del Polo Democrático (izquierda democrática) en Bogotá marcan, para muchos analistas, hitos en la historia política contemporánea.

El referendo

El esfuerzo del Presidente Uribe por sacar adelante el referendo se podría calificar de sobrehumano. Su carisma como líder y comunicador estuvo en su mejor momento, con un gran apoyo financiero del erario público y de los empresarios. Aún así, cuatro días después y escrutado el 99% del total de votación, con un 75,5% de abstención, el Referendo fracasó.

La presentación que se le dio al referendo por parte de los promotores del Sí no fue conveniente, no sólo porque era incomprensible y extenso para la mayoría de los electores, sino porque iba acompañado de un maniqueísmo en el cual el que no estaba a favor del Referendo era enemigo del Presidente o "cómplice de los terroristas".

La reacción del gobierno y los promotores del Sí ha sido de estupor por los resultados no esperados, de rechazo con argumentos como "hay que revisar el censo, porque no estaba bien definido el umbral", "los tarjetones en blanco deben ser contados para determinar el umbral" -a pesar de que la Corte Constitucional había reconocido que los tarjetones en blanco serían considerados como "abstención activa", una forma novedosa de participación. Los promotores de la abstención (la "Gran Coalición Democrática") se declararon en alerta por un posible fraude.

Las elecciones

Lo novedoso del proceso electoral es el triunfo en la Alcaldía de Bogota -el segundo cargo en importancia después de la Presidencia- de Lucho Garzón, ex presidente de la CUT -Central Unitaria de Trabajadores, la central de sindicatos más grande del país-, miembro de la Comisión Facilitadora de Paz, de origen humilde y un hombre pragmático y centrado. En términos generales, en otras regiones del país también los políticos del "establecimiento" recibieron duros golpes (Angelino Garzón, de la Comisión de Conciliación Nacional, obtuvo la gobernación del Departamento del Valle), no por las maquinarias políticas que siempre ganaban en el pasado, sino principalmente por unas nuevas fuerzas de centro-izquierda que han emergido en el panorama nacional.

Comentarios

Lo anterior tiene múltiples explicaciones: para algunos, la primera es el giro hacia el centro izquierda que se está dando en el continente. Sin embargo, es más útil buscar en Colombia las razones de lo que sucedió, y no se puede minimizar que en el trasfondo de todo hay algo de lucha de clases. A pesar de la popularidad del 70% que despierta Uribe por su propuesta autoritaria de terminar "en un año" por la fuerza con la guerrilla, él y los demás líderes que lo apoyan son percibidos como parte de la casta política excluyente que ha sumido en la pobreza, el desempleo y la marginalidad a más del 50% de colombianos/as con sus políticas, privilegios y altos índices de corrupción.

El triunfo del centro izquierda es positivo para la democracia, en una sociedad donde históricamente se justifica que los sectores excluidos sólo podrán llegar al poder por la vía de las armas. Las declaraciones estigmatizadoras de los grandes medios antes de las elecciones mostraban que Bogotá sería un caos y tendría un retroceso si no ganaba el candidato de la derecha.

También había una clara intención del electorado de "meter en cintura a sus dirigentes". Muchos sectores de la población admiran la personalidad del Presidente Uribe y su estilo humilde, modesto y sencillo; pero este sentimiento no implica girarle un cheque en blanco para pasar por encima del sistema institucional del país (la mayoría de los puntos del Referendo podrían haber sido tramitados por el Congreso, pero había la pretensión gubernamental de contar con una especie de plebiscito a su favor, para justificar medidas mucho más fuertes en términos económicos, políticos y sociales).

¿Y qué pasará en Bogotá con un alcalde contradictor del Presidente? Como lo señaló el propio Lucho Garzón, existen varios ejemplos del fenómeno de "cohabitación" en países como Francia, Chile y México. Dada las personalidades abiertas de Uribe y de Garzón, es posible que acaben desarrollando una estrecha pero independiente relación, que ojalá sirva a Bogotá y al país a través de un trabajo conjunto en un eventual proceso de paz.

En donde el panorama es bastante tenso es en las relaciones del Presidente con el Congreso. Su compromiso de sostener el mismo gabinete durante todo el cuatrienio puede ser la primera víctima del descalabro electoral. De hecho, el gabinete en pleno presentó renuncia protocolaria para dejar a Uribe en libertad de proceder, luego del descalabro electoral. Hundidos los puntos clave del Referendo, se requerirán mayorías en el Congreso para aprobar la abultada agenda de medidas necesarias para compensar lo que no logró el sábado pasado. Esto exige un reordenamiento de las fuerzas políticas en el gabinete y el cambio de Ministro de Defensa y del Interior, son prueba de ello.

El tercer revés lo sufrió el gobierno, con la derrota del Proyecto de Ley que promovía la reelección presidencial inmediata, proyecto en el que el Presidente Uribe y su equipo estaban especialmente interesados.

El proceso de negociación con los paramilitares (1)

Breve Contexto Histórico

En principio los grupos paramilitares surgen por la debilidad del Estado para garantizar la seguridad y ejercer la soberanía en el territorio nacional. Su origen más reciente fueron los grupos paramilitares llamados los pájaros, al servicio del régimen conservador y que tenían como objetivo atacar a la población liberal campesina, para redefinir el mapa electoral de la época y garantizar la precaria mayoría que había ganado el Partido Conservador. Estos grupos eran agenciados por el gobierno.

El conflicto fue evolucionando; con algunos de los grupos guerrilleros se firmó una amnistía; a partir de allí ser formaron dos grandes corrientes, una que no firmó y se bandolerizó, y otra, integrada por varios grupos que derivaron formaciones políticas: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC y de manera indirecta el Ejército de Liberación Nacional - ELN.

En los años 80 reaparecieron en la región del Magdalena Medio, para ese tiempo era legal la formación y promoción de estos grupos de autodefensa y ejército e algunas regiones del país, auspiciadas por ganaderos y terratenientes. En el gobierno del Presidente Virgilio Barco Vargas (1.986-1990) fueron declarados legales.

Los paramilitares resurgieron como bandas al servicio de los narcotraficantes y la defensa territorial; para seguridad personal de los propios barones de la mafia, en muchas zonas del país, Antioquia, Valle, la Costa. A comienzo de los 90 el conflicto da un salto cualitativo con la desmovilización de una gran cantidad de grupos guerrilleros. También lo hicieron algunos grupos paramilitares, durante la presidencia de César Gaviria Trujillo (1.990-1994).

El conflicto continuó y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC, dan un salto cualitativo en la confrontación: dejan la estrategia de guerra de guerrillas y adquieren una modalidad de guerra de movimientos: asaltos a cuarteles, ataques a poblaciones; lo anterior coincide con el escándalo de la financiación de la campaña del presidente Ernesto Samper Pizano (1.994 - 1998), con recursos del narcotráfico, hecho que polariza al país y afecta la misma cabeza del Estado; genera, entre otros, una división interna en los militares; la guerrilla aprovecha y le propina una serie de derrotas a los militares (Patascoy, las Delicias). Entre diversos sectores de la Sociedad Civil genera reacción; se empieza a percibir que el Estado es impotente para garantizar la seguridad; las fuerzas militares fueron rebasadas; rondaba el temor de que podría darse la rendición eventual de una base militar.

Estos hechos llevaron a los paramilitares a pensar en reunificarse y desarrollar una estrategia de dominio territorial, con el liderazgo en Carlos Castaño, quien en el año 95 hizo un balance de las debilidades del ejército nacional y cuáles debían ser los estrategias para enfrentar esas debilidades, que se propuso contrarrestar.

Los paramilitares: una respuesta frente a la incapacidad de respuesta del Estado

Los paramilitares desarrollan una fuerte ofensiva; se genera una creciente guerra sucia, se suceden las peores masacres: numerosas desapariciones, torturas y desplazamiento. La relación de los militares se da cada vez más frecuente; con ella el inicio de la legitimidad de los paramilitares. Se genera una creciente crisis humanitaria y empieza a ser mucho más notorio el fenómeno del desplazamiento forzado de personas como resultado de la disputa entre guerrilla y grupos paramilitares, por el control territorial en muchas zonas del país.

Los paramilitares luchan al lado del Estado; sólo últimamente el Estado los combate por la presión internacional. Aquí caben varias preguntas: ¿Son dos enemigos haciendo la paz? ¿Cuál es el grado de corresponsabilidad estatal? Seguramente no es total, pero hay un grado de corresponsabilidad estatal que es necesario establecer. No ha habido una política de desmantelamiento del paramilitarismo. Todos sabemos que el proyecto ha sido de enriquecimiento económico a través del narcotráfico. Es necesario estar claros que una cosa es la desmovilización y otra el desmonte del paramilitarismo. Uribe, como ningún otro mandatario, tiene la posibilidad y las condiciones para hacerlo. Se puede perder una oportunidad única.

A la crisis política se suma la crisis militar y a ésta la crisis humanitaria. En este momento la relación entre la fuerza pública y los paramilitares se estrecha en muchas zonas y se hace aún más evidente la impotencia de las fuerzas militares para contener a la guerrilla. Se dan unos acuerdos programáticos, utilitarios entre los paras y muchas de las unidades militares del país y empieza a generarse un problema de legitimidad de Estado colombiano ante la opinión pública nacional e internacional, quienes ven esta relación como inaceptable.

Durante el gobierno de Ernesto Samper, las conversaciones no avanzaron; solo se dio una pequeña tregua. Terminado el gobierno, hubo una movilización civil liderada por muchas Organizaciones No Gubernamentales en el país, con el fin de buscar una salida pacífica al conflicto. La opinión pública reclamó el inicio de las conversaciones, que se habían suspendido en el gobierno Samper, y dio el voto de confianza al presidente entrante, Andrés Pastrana Arango (1998-2.002).

Se reiniciaron los diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC; las conversaciones, como es conocido por el país, estuvieron permanentemente interferidas por los Paramilitares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC, a su vez culparon a estos de las interrupciones que se dieron en las conversaciones y de tener relaciones con las fuerzas militares. Para entonces, los paramilitares estaban ganando en capacidad de confrontación militar con los grupos guerrilleros: también ganaban en movilidad, en una especie de grupos de choque y abrieron paso a grupos locales que se adhirieron, como en los Llanos, el Casanare, Putumayo, Vichada... con grupos traídos del Nudo del Paramillo.

Los paramilitares empiezan en ese momento a lograr reconocimiento, cierto status del Estado: las mismas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC, pusieron en la agenda de discusión el tema paramilitar con el presidente Pastrana. A partir de ahí muchos sectores del país empiezan a considerar que sin resolver el problema paramilitar no podría llegarse a una solución definitiva a la violencia política en el país.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC comenzaron a condicionar de manera formal y explícita cualquier acuerdo o avance en el proceso de paz a los resultados que el gobierno lograra en contra de los grupos paramilitares: éstos a su vez, condicionaron la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC, generándose un círculo vicioso.

La estrategia negociadora de Uribe

En medio de este círculo llega el presidente Uribe a un proceso que terminó desprestigiado y sin opción de negociación política; se evidenció el aprovechamiento del Caguán por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC: cultivos de coca en ascenso, ataques a poblaciones vecinas, etc.

El presidente Uribe abre una nueva etapa de la negociación, cierre de puertas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC y audazmente apertura de la negociación con los paramilitares.
La negociación no es con un contrario, sino es con quienes están detrás del proyecto: terratenientes, ganaderos, industriales. Si no es así, el proceso no es necesario, porque va a ser de mayor desestructuración de la violencia en las regiones; se va a repetir lo del Ejército Popular de Liberación - EPL-. Por otra parte, como se ha dicho, habría impunidad, legalización de bienes a terceros, con entrega de escrituras.

Se habla ya de unas 38 reuniones que culminaron con el acuerdo de San José de Ralito. La pregunta es ¿por qué los paramilitares deciden iniciar conversaciones con el gobierno? Habría que establecer varias hipótesis. Esto parte de los siguientes supuestos:

1. No tienen problemas de financiamiento.
2. No están siendo aplastados ni derrotados militarmente por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC, aunque en las confrontaciones militares les ha ido muy mal en algunas regiones del país.
3. Su capacidad de violencia está prácticamente intacta.

Entonces, ¿qué es lo que los lleva a querer iniciar la desmovilización y negociaciones con el gobierno? El gobierno negocia porque la magnitud del problema es tal que incluso ha permeado la institucionalidad. En algunas regiones imparten justicia y ponen en peligro la legitimidad del Estado.

En primer lugar hay razones políticas y hay razones que tienen consecuencias políticas, pero que responden a consideraciones de orden personal, de jefes paramilitares:

1. El solo hecho de sentarse con el gobierno les asigna status político, hay una ganancia, aunque no haya un reconocimiento expreso; ya no son simples bandas delincuenciales, se convierten en contraparte válida para realizar una negociación como actor, que es un propósito de esos grupos, independientemente del contenido.

2. Hay una especie de fatiga de guerra entre algunos jefes paramilitares (Castaño, Mancuso), están convencidos de concretar un proyecto político-militar, a nivel nacional con las autodefensas. Estos grupos pasaron en los dos últimos años por una serie de crisis internas muy graves que llevaron a la renuncia de la comandancia militar de Castaño, que pasó a ser un simple vocero político; hay una dispersión entre los jefes. Las Autodefensas Unidas de Colombia se desarticularon confirmando la tendencia histórica de que estos grupos son más locales, con la casi imposibilidad de articularse a nivel nacional, son grupos ligados a poderes económicos terratenientes, de narcotraficantes, ganaderos, depende de la zona. Las autodefensas nunca han existido como proyecto político a pesar de algunas formalidades.

Otro elemento que influye es la gran diversidad de clase, pequeños campesinos, comerciantes, mineros, etc. Definitivamente, el único elemento de identidad es su actitud contrainsurgente, impedir la expansión territorial de la guerrilla y expulsarla de algunas zonas, eso es todo; no hay visión de Estado, ni un proyecto político colectivo.

A la fatiga de la guerra se suma la desilusión por la imposibilidad de desarrollar este proyecto, y se agrega un cálculo acerca de la oportunidad para realizar un acercamiento y luego llegar a un acuerdo que les podría ocasionar la solución de su problema jurídico interno e internacional, dado que este proyecto político militar no fue exitoso. Todo esto está basado en la política de seguridad democrática y el ajuste legislativo sobre orden público: fortalecimiento de las Fuerzas Militares, incremento del presupuesto militar para defensa y seguridad, más pie de fuerza, promoción con la ciudadanía, lo que permite al Estado tener mayores posibilidades de recuperar el control del territorio, que siendo así, los grupos de autodefensas terminarían sobrando.

Las dudas

Los grupos disidentes de las Autodefensas, como el Bloque Metro, tienen una visión estratégica distinta, creen que es un error pensar en la desmovilización de los grupos paramilitares en este momento; el jefe Doble Cero no confía en las posibilidades del gobierno nacional para lograr doblegar a la guerrilla. La ex Ministra de Defensa expresó que máximo en dos años se doblegaría a la guerrilla y habría control absoluto del territorio, así como desaparición total del narcotráfico. El dicho jefe del Bloque Metro cree que es prematuro y que la desmovilización le abriría el paso a los grupos guerrilleros en muchas zonas.

Se podría decir que la parte más significativa de los grupos paramilitares han firmado el acuerdo de intención y se han establecido ya unos plazos para iniciara formalmente las negociaciones; se da un plazo hasta finales del 2.005 para llegar a un acuerdo de desmovilización.

Aun es un acuerdo muy genérico que tiene que empezar a concretarse en cuanto a:

l Mecanismos de concentración
lMecanismos de verificación, punto sensible, debe tener credibilidad
lFormalmente hay una tregua desde meses anteriores para ganar aceptación del gobierno. Al entrar en un proceso de paz, tiene que haber una verificación que efectivamente los grupos se concentran en unos sitios y que se mantienen en ellos, como garantía de la tregua.
lSe necesita un tercero para la verificación, de orden internacional, cascos azules, países amigos, como Canadá, España, etc. Este punto es muy importante para que el proceso se vea con credibilidad.
lEs conveniente conocer el contenido de la agenda de negociación.
l El gobierno ha expresado en todos los documentos que las conversaciones con los grupos irregulares en general, solo tiene como propósito acordar unas condiciones para su desmovilización, de seguridad, económicas y sociales. Este sería el marco de la agenda.
lLa Iglesia Católica ha empezado a jugar un papel significativo y quiere seguir acompañando el proceso, siempre y cuando vea reales intenciones.
ü Es un proceso complejo, atravesado por una alta confrontación con la guerrilla; por lo tanto, habrá un alto riesgo.
l La guerrilla ha estado muy cautelosa y tiene un cálculo estratégico diferente al que tuvieron en un primer momento. Para ellos es a la vez una pérdida política y económica que se negocie con sus enemigos; al mismo tiempo sería una ganancia porque tendrían la oportunidad de quitarse de encima a un enemigo fuerte y tendrían la posibilidad de recuperar algunas zonas.

Teóricamente serían tres grupos de concentración paramilitar; es difícil en la realidad pensar que en un solo acto estos grupos se concentren en un lugar. En la realidad, se esperaría que una parte se va a concentrar y dejarían una parte para vigilar. Eso hace pensar en agudas confrontaciones con las FARC y el ELN; por lo tanto, la desmovilización sería gradual.

Hipótesis sobre la desmovilización paramilitar

l Si son 15.000 los paramilitares, quedarían actuando prácticamente los mismos: los que no se desmovilicen más los que se les sumen.
l En el mejor de los casos, se desmovilizarían 5.000.
l Lo riesgoso es que haya más de 15.000 paramilitares, dadas las circunstancias de desprotección.
l Se desmovilizaría una tercera parte.
l El proceso de desmovilización será traumático.

¿Que hay detrás de la negociación?

l El más grande lavado de activos de los últimos años, algunos ingresaron por la vía del paramilitarismo.
l Respecto de la tierra: los paramilitares han sido punta de lanza de procesos para compra de tierras.
l Dimensión jurídica. Ley sobre libertad condicional (que también incluiría a la guerrilla), debe asegurar que haya esclarecimiento de la verdad, castigo y reparación. El castigo quedaría en suspenso, mientras se porten bien.
l Parte de lo que hay que esclarecer es el monto de los bienes; ahí hay un problema político de grandes proporciones con los dueños de ahora, ¿llevaría esto a una reforma agraria? No se ve cómo se podría hacer, además en medio de la guerra con una guerrilla intacta.
l Lo que se haga va a poner los parámetros con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC; pago, aplicación del mismo rasero.
l La responsabilidad del Estado. Hay que esclarecer casos como Mapiripán, Putumayo.

Detalles de las negociaciones con los paramilitares (2)

Las negociaciones entre el gobierno y los paramilitares empiezan a entregar resultados tras el anuncio de la desmovilización el 25 de noviembre del Bloque Cacique Nutibara (BCN), que opera en Medellín y en sus alrededores.

"Se trata del desmonte total y completo del Bloque Cacique Nutibara que opera en Medellín con sus jefes y hombres de base", dijo ayer el Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, a radio Caracol. "El 25 de noviembre entregarán armas, pertrechos y uniformes", agregó.

El anuncio lo hizo Restrepo después de sostener reuniones con el alcalde saliente de esa ciudad Luis Pérez y su sucesor Sergio Fajardo, quienes han comprometido su apoyo al proceso de paz.

Restrepo explicó que en principio 800 combatientes regresarán a la vida civil, en el marco de las negociaciones entre la federación paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el gobierno del presidente Álvaro Uribe.

Las partes se comprometieron el 15 julio, en el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, a crear las condiciones para concretar la desmovilización de 13 mil paramilitares antes del 31 de diciembre de 2005.

Los portavoces de las Autodefensas Unidas de Colombia, comandantes Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, indicaron en un comunicado que la futura desaparición del Bloque Cacique Nutibara "reafirma en la práctica que el espíritu y los compromisos manifestados en el Acuerdo de Santa Fe de Ralito para contribuir a la paz de Colombia comienzan a tener efectiva concreción".

Restrepo explicó que los paramilitares que regresen a la vida civil recibirán durante un año apoyo psicológico, capacitación laboral y estudios. El gobierno acondicionó un club social en el municipio de La Ceja, en las afueras de Medellín, para recibir a miembros de este grupo armado de extrema derecha. Una vez concluido el programa de reinserción, los desmovilizados podrán regresar a sus hogares en la segunda ciudad más grande de Colombia.

El comisionado reveló que una encuesta realizada a los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara -BCN- mostró que el 87% de ellos vive en núcleos familiares estables y un 52% son padres. Además, muchos de ellos han terminado estudios escolares e incluso algunos son profesionales. "Van a quedarse en Medellín, porque es su deseo", dijo el delegado de paz.

Restrepo afirmó que todavía no es clara la situación jurídica de los 800 desmovilizados, ya que la identificación de los combatientes se realizará cuando dejen las armas. "Es muy probable que la mayoría de ellos no tengan problemas graves con la justicia, fuera del delito de haber constituido un grupo armado ilegal", indicó.

En Colombia, el delito de la sedición, que consiste en un alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar sin llegar a la gravedad de la rebelión, puede ser objeto de un indulto. Los paramilitares no han estado en guerra contra el Estado, ya que surgieron como reacción ante la incapacidad del mismo para combatir a las guerrillas. Sobre la situación jurídica de los comandantes de la AUC, Restrepo reconoció que "es un punto difícil que en su momento tendremos que entrar a aclarar".

El jefe del BCN Adolfo Paz ha sido identificado por la prensa local como un antiguo aliado del difunto capo de la droga Pablo Escobar. Mientras Castaño y Mancuso están pedidos en extradición por narcotráfico por Estados Unidos. Los analistas han indicado que el principal obstáculo para el proceso con los paramilitares es el marco jurídico.

El gobierno ha promovido la llamada Ley de Alternatividad de Penal, que otorgaría castigos simbólicos a quienes entreguen las armas y los obligaría a resarcir a las víctimas de sus acciones. Pero la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organismos humanitarios y políticos de oposición han advertido que ese proyecto de ley apunta a la impunidad.

Tanto paramilitares como guerrilleros están acusados de graves violaciones a los derechos humanos en un conflicto armado de cuatro décadas.

Esta es la primera de 15 desmovilizaciones que, según el Dr. Luis Carlos Restrepo, Comisionado de Paz, quien ha estado al frente de este proceso, se harán hasta diciembre del año 2005. El 7 de diciembre se desmovilizarán 150 paramilitares en el Cauca y el año entrante lo harían el Bloque Bananero de las Autodefensas de Córdoba y Urabá, en Nueva Antioquia y en Turbo.

Al parecer son mandos bajos, cuyas hojas de vida serán revisadas y quienes no estén acusados de crímenes de lesa humanidad, serán cobijados con los beneficios de la Ley de Alternatividad Penal, que se encuentra aún en trámite en el Congreso. Preocupaciones principales sobre impunidad y falta de reparación a las víctimas han expresado organismos de Derechos Humanos y las Naciones Unidas (el gobierno rechazó posible veeduría del proceso porque podría "perder el control" del proceso, dijo el Comisionado de Paz). Los Estados Unidos insisten en pedir en extradición a tres de sus líderes y rechazaron públicamente la impunidad que podría dejar el proceso. Castaño pidió firmar un acuerdo similar al firmado entre Colombia y Estados Unidos, en que el gobierno colombiano se compromete a no enviar a miembros de la cúpula paramilitar a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. No hay respuesta oficial aún a esta solicitud.

Después del Himno Nacional y de un minuto de silencio por las víctimas de la violencia, vinieron los videos de tres minutos enviados por los miembros del estado mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- Carlos Castaño y Salvatore Mancuso.

"Las AUC no se desmovilizan para cederle espacios a la subversión sino para que los acojan las fuerzas del Estado", dijo Castaño. El jefe paramilitar advirtió que en la negociación deberán salir a relucir temas como la reparación a las víctimas, los beneficios jurídicos, sociales y económicos para los combatientes y las salidas jurídicas para quienes hayan cometido crímenes proscritos por el Derecho Internacional Humanitario.

A través de otro video, el enigmático comandante del Bloque Cacique Nutibara e inspector nacional de las Auc, 'Adolfo Paz' o 'Don Berna', cuya cara poco se había visto, pidió que el Estado haga presencia de manera constante en las zonas que hasta ayer dominaron ilegalmente sus huestes.

Luego, de cuerpo presente, el comandante 'R', vocero político del bloque, pidió perdón por el sufrimiento y las pérdidas que "involuntariamente" hubieran podido causar.

A su vez, durante la ceremonia, el delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA), Sergio Caramagna, anunció que la organización asignará una misión para acompañar el actual proceso de paz en Colombia.

Los combatientes depositaron 112 fusiles y un número todavía no inventariado de escopetas y armas cortas, así como los aparejos de combate en una plataforma del Palacio de Exposiciones.

Posteriormente, 40 comandantes estamparon en un telón sus manos como símbolo del compromiso de no volverlas a ensuciar nunca con sangre.

Antes de las 10 de la mañana, los 870 ex combatientes tomaron camino hacia La Ceja, donde se prepararán durante tres semanas para volver a la vida civil.

Hay dos temas que deberán estar resueltos o al menos en un estado avanzado de definición. El primero es la verificación del proceso; esto es, el mecanismo que permita constatar que los paramilitares desmovilizados efectivamente se desarmaron, cesaron sus extorsiones y rompieron sus nexos con el narcotráfico. El segundo son los incentivos, planes y proyectos para asegurar que la decisión de dejar las armas sea perdurable.

La mayor preocupación para los analistas, e inclusive para algunas autoridades de Medellín, la constituye la falta de claridad sobre el seguimiento al proceso y la verificación. "Es que todo esto se ha hecho con tanta premura -dice Alonso Salazar, futuro secretario de Gobierno de Medellín- que hay muchos detalles clave que están sin afinar". Para él, lo más preocupante es cómo se va a manejar la seguridad en las zonas donde los 'paras' desmovilizados ejercían dominio y autoridad. "En eso dependemos del todo del Gobierno Nacional -dice-; en el pasado, en procesos de paz con las milicias aquí en Medellín, el Gobierno firmó acuerdos y luego volteó la cola".

El temor en la coyuntura actual es todavía más grande y va en dos direcciones: por un lado, que los desmovilizados efectivamente no se desarmen del todo y sigan con su predominio en los barrios. El problema aquí es que la verificación ha sido dejada en manos de la Comisión de Paz de Antioquia, pero solo para la fase inicial, la que culmina cuando salgan los 870 combatientes de su concentración en La Ceja, en tres semanas.

De ahí en adelante, que es la parte más difícil pues vuelven todos a su vida normal, no está definido quién la va a efectuar. "Ese seguimiento no está claro -dice Antonio Picón, miembro de esa comisión-; podría ser un grupo internacional quien lo haga".

El otro temor es por la vida misma de los reinsertados. "Devolverlos desarmados al espacio en el que vivieron, que es además donde viven sus víctimas, es casi una invitación a la venganza", dice el investigador Teófilo Vásquez, del Cinep, de Bogotá. En ese sentido, el recuerdo del proceso de desarme de las milicias de la guerrilla y de otras bandas, liderado por el gobierno de Gaviria en 1994, es un mal precedente. "En esa oportunidad -recuerda Luis Fernando Quijano, un desmovilizado, hoy presidente de la ONG Corpades- los ex combatientes terminaron organizándose en una cooperativa de seguridad sin ningún control y con más de 100 armas. A diario aparecían entre dos y tres muertos en los barrios".

La mayoría de esos ex combatientes fueron luego asesinados, precisamente por el Bloque Cacique Nutibara que se desmovilizó ayer.

Con todo, un punto esperanzador en cuanto a la verificación quedó planteado sutilmente en la ceremonia de entrega de armas, con el respaldo de la OEA al proceso, y en particular con la presencia de Sergio Caramagna, verificador de esa organización multilateral en la negociación de paz de Nicaragua. Cabe destacar que en ese proceso se logró desmovilizar a 21 mil autodefensas, tal vez el doble de los paramilitares colombianos.

"Sin duda, aparte de que falta resolver el tema jurídico con lo de la alternatividad, lo más grave de este proceso con los 'paras' -dice Mauricio Romero, investigador de la Universidad Nacional- es la falta de comisión de verificación. Por eso la presencia de la OEA ayer es clave. Ellos tienen muy buena experiencia en esto de desmovilización de paramilitares". La cosa social

El segundo punto cuya clarificación es fundamental para asegurar el éxito del proceso es el de la definición de los incentivos, los planes y los proyectos para los desmovilizados.
El asunto es particularmente crítico si se tiene en cuenta el periodo tan corto de concentración de los combatientes, ya que en tres semanas ellos estarán de nuevo asumiendo sus vidas, en sus barrios, pero sin ocupación. "Mirando la encuesta que hizo el Dane con los desmovilizados de Medellín -dice Teófilo Vásquez- se aprecia que el 79 por ciento son menores de 29 años. Eso es revelador; lo que hay que atacar es el desempleo juvenil y la deserción escolar. Si no se ataca eso, habremos sacado 870 combatientes, pero en menos de cinco años habrá otros que tomen sus lugares. A la gente hay que darle opciones".

Esa responsabilidad asusta de alguna manera a la futura Alcaldía de Medellín, en cabeza de Sergio Fajardo. "Hemos reiterado -dice Alonso Salazar- que esto tiene que dirigirlo el Gobierno y nosotros apoyar". En ese sentido, a varios de los funcionarios les preocupa la velocidad con que fue ejecutado el proceso de desmovilización que no da mucho tiempo para construir grandes planes. "Todo ha ido muy rápidamente -dice Clara Inés Restrepo, futura secretaria de Desarrollo de Medellín-. Tres semanas para cambiar la estructura de una persona no son nada, y menos para crear buenos proyectos. Hay que hacer un diseño serio de este proceso. Nos la vamos a jugar toda por la educación".

Así tratarán a los 48 menores reinsertados

Los menores de edad vinculados al paramilitarismo no tendrán la categoría de combatientes. Estarán bajo un programa totalmente nuevo, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Los menores, con edades entre los 10 y 17 años, no serán concentrados como ocurre con los demás niños y jóvenes que se desmovilizan de los grupos armados. Ellos permanecerán en sus hogares y barrios, bajo la observación permanente de expertos del ICBF.

"Después de estudiar estos menores nos dimos cuenta, con la asesoría de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, de que desempeñaban labores logísticas y de transporte de instrumentos en ese grupo armado, por eso no los vemos como combatientes ni infractores", dijo Oto Lara, encargado del proceso por parte del ICBF en Antioquia. La reincorporación de los niños se realizará en tres etapas y en todas participan, además del ICBF, la Unesco, la Alcaldía de Medellín, la Oficina del Alto Comisionado y organizaciones no gubernamentales.

Este programa es piloto porque, a pesar de que ya han realizado procesos individuales con niños desmovilizados, este se hará sin alejar a los menores de su medio.

"Usualmente los menores desmovilizados son llevados a un internado del Instituto (ICBF) donde permanecen 45 días para que a los seis meses vuelvan a sus casas; pero estos son de un ambiente urbano, así que estarán en su medio. El proceso será de mucha protección porque les han sido vulnerados sus derechos", dijo Lara.

En la primera etapa se realizó un diagnóstico inicial con los jóvenes donde ellos explicaron sus necesidades y expectativas. De los 48 menores, 26 han pedido estudiar y 12 de ellos ya son padres de familia. La segunda etapa consiste en trabajar con cada uno de acuerdo con sus perfiles y mediante programas especiales de artes, música y deporte con el objetivo de mantenerlos motivados.

El tercer momento es un seguimiento y un semi internado donde ellos se podrán capacitar. "En esta fase aunque no es lo ideal, por ser menores, los vamos a ayudar a emplearse", agregó Lara. Según Julio César Palacio, director del ICBF regional Antioquia, todo el proceso durará entre 8 y 14 meses, de acuerdo con cada joven.

No hay ni tiempo ni ambiente para sacar adelante proyecto de alternatividad penal en el Congreso

Así lo advirtió el presidente del Senado, Germán Vargas Lleras. "Es difícil e imposible que este año se pueda contar con esa ley", dijo Vargas en declaraciones a los medios de comunicación, dos horas después de que en Medellín se produjera la desmovilización del primer grupo de autodefensas.

La ley de alternatividad permitiría suspender las condenas a los autores de delitos atroces de un grupo armado ilegal que se desmovilice. Precisamente, en el acto de desmovilización, uno de los líderes de las autodefensas, Carlos Castaño, dijo que este proyecto había sido consultado con su agrupación, al tiempo que solicitó del Congreso herramientas jurídicas que en el futuro ayuden a conseguir la paz en Colombia.

El Presidente del Senado explicó que es improbable sacar este año esa ley porque aún no se han presentado el informe de ponencia de este proyecto y recordó que el ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, en entrevista con el periodista Yamid Amat, dejó entrever que el Gobierno ha cambiado de posición con respecto a este tema.

"Las declaraciones del Ministro las he entendido como una nueva postura del Gobierno, todo un viraje", añadió Vargas Lleras. Uribe Echavarría dijo en esa entrevista que una de las posibles fórmulas de la alternatividad sería aplicarla al término de una negociación y no al comienzo de la misma. "El propio Gobierno y el Ministro han sugerido que se adopte una vez terminen las negociaciones", dijo Vargas.

El senador Carlos Holguín también dijo que en el momento "no hay ponencia" del proyecto, pero aseguró que él es partidario de esta iniciativa porque hay que buscarle salidas al conflicto armado. "Este es un conflicto que tenemos que resolver nosotros. El proyecto ha sido estigmatizado y satanizado porque lo presentaron como una puerta abierta a la impunidad", dijo el parlamentario conservador.

Pese a las declaraciones de Vargas y Holguín, el presidente de la Comisión Primera del Senado, Luis Humberto Gómez Gallo, sostuvo que es posible que hoy se radique el informe de ponencia para comenzar el debate de la norma. Sin embargo, esa comisión tendrá que votar, primero, el estatuto antiterrorista.

A su vez, el senador Mario Uribe Escobar, coordinador de ponentes, dijo a este diario que ya estaba listo el informe de ponencia y añadió que si el Gobierno lo sugería se podría acudir al mensaje de urgencia para convertir la iniciativa en ley de la República este mismo año.

El Senador Rafael Pardo reiteró que si se radica la ponencia de Uribe Escobar, él presentará otro informe de ponencia solicitando el archivo del proyecto, porque, según su criterio, el Gobierno ya tiene las herramientas jurídicas para lograr la desmovilización de los grupos armados ilegales.

Preocupaciones de organizaciones de derechos humanos respecto de la impunidad que resultaría de la propuesta gubernamental de perdón para crímenes de lesa humanidad (3)

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha manifestado que las violaciones a los derechos humanos en Colombia son graves, masivas y sistemáticas, y que las infracciones al derecho humanitario son una práctica generalizada y a gran escala[1]. La responsabilidad de grupos paramilitares, agentes estatales y grupos guerrilleros se encuentra comprometida en estas prácticas.

Numerosos organismos del sistema universal y regional de protección de derechos humanos han hecho explícita la responsabilidad estatal en la actual crisis, responsabilidad que se deriva de varios factores, entre ellos la falta de una política seria de derechos humanos y derecho humanitario, la tolerancia o aquiescencia y en algunos casos colaboración activa de agentes estatales con los grupos paramilitares, y la falta de combate a esos grupos; así lo manifestó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su último informe[2]. La falta de una política seria en materia de paz, que garantice la reconciliación nacional y asegure la protección de la población civil por parte de todos los actores en el conflicto, ha sido y continúa siendo un elemento que agrava la crisis.

En ese contexto, diversos organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, han instado al Estado colombiano a establecer unos diálogos que efectivamente conduzcan a la paz, enmarcados dentro del respeto por los derechos humanos, y a través de los cuales se garanticen verdad, justicia y reparación.

El modelo de negociación del Gobierno actual no se ajusta a esos requerimientos. Por el contrario, las negociaciones que se han adelantado han sido secretas, sin participación de la sociedad civil ni de las víctimas; no hay manifestaciones convincentes de una voluntad real de iniciar un proceso serio de conversaciones de paz que responda a los compromisos que Colombia ha adquirido internacionalmente en materia de derechos humanos.

En una iniciativa que ha generado serias y fundamentadas preocupaciones tanto de las Naciones Unidas como de diversos sectores de la sociedad colombiana, el Gobierno nacional presentó al Congreso de Colombia el 21 de agosto de 2003 un proyecto de ley por medio del cual busca otorgar el beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena a miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, cualquiera que sea el crimen que la persona haya cometido[3].

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó, el 28 de agosto de 2003, sus preocupaciones frente a esta iniciativa. Señaló, entre otras cosas, que el proyecto de ley "abre la puerta a la impunidad", establece penas que "vulneran los principios democráticos de justa retribución y proporcionalidad de las sanciones penales", "no adopta medidas para impedir que los victimarios se beneficien con la suspensión de la pena sin que las víctimas hayan recibido efectiva reparación", "no reconoce claramente la obligación del Estado en materia de reparación cuando ésta no es satisfecha por el responsable directo de los crímenes", y "establece como mecanismos de reparación acciones que no retribuyen o indemnizan adecuadamente a las víctimas"[4].

Efectivamente, este proyecto permitiría que personas que hayan cometido violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario queden en libertad muy fácilmente. Se otorgaría libertad para autores de delitos atroces, ejecutados en forma masiva y sistemática, tales como masacres, secuestros, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, desplazamientos forzados y otras conductas de similar gravedad[5]. La única pena para sus autores sería, entre otras de su elección, "la prohibición de aproximarse a [sus] víctimas"[6]. Los daños causados por sus graves delitos se considerarían reparados, por ejemplo, con la simple promesa de brindar "colaboración activa y efectiva en la desmovilización de organizaciones armadas al margen de la ley"[7]. Evidentemente, en relación con tales abusos no se garantizarán la verdad, la justicia y la reparación.

Las organizaciones de derechos humanos queremos expresar nuestro deseo por que haya un proceso de paz que conduzca a la reconciliación nacional, y que para ello se ajuste a la legislación internacional de derechos humanos. La búsqueda de la paz no puede partir de la impunidad. En el marco de un proceso de paz, las víctimas deben tener un espacio real de participación, en el cual puedan presentar propuestas, y lograr que se garanticen sus derechos, entre ellos la no repetición de los actos en su contra.

El perdón por las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho humanitario, para ser legítimo, debe ser el resultado de un proceso serio de reconciliación, y sólo las víctimas pueden otorgarlo, si los victimarios lo solicitan, una vez se conozca la verdad, se haya impartido justicia, y haya habido reparación. El Estado y los actores de un conflicto armado, cuyos agentes y miembros han cometido los delitos atroces, no son los llamados a concederse unilateral o mutuamente perdones generales y a imponerlos al resto de la sociedad. El perdón, insistimos, debe ser el resultado de un proceso participativo, que no será genuino si excluye a las víctimas.

De acuerdo con todo lo expuesto, las organizaciones de derechos humanos llamamos a la comunidad internacional, al cuerpo diplomático, a los organismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas y del sistema regional, a que desde la perspectiva de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, se expresen públicamente y llamen al Estado colombiano a cumplir sus obligaciones en materia de administración de justicia, teniendo en cuenta los derechos de las víctimas a conocer la verdad, y a la reparación integral. La comunidad internacional debe insistir ante el Estado colombiano en que, de acuerdo con los tratados ratificados por Colombia, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra en ningún caso pueden ser objeto de amnistías u otras medidas similares que impidan que sus responsables comparezcan ante la justicia.

Notas:

[1] Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 24 de febrero de 2003, documento E/CN.4/2003/13, párrafos 10 y 14 del resumen. Ver también Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 24 de febrero de 2002, documento E/CN.4/2002/17, párrafos 72 y 73. Ver también Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Colombia, 8 de febrero de 2001, documento E/CN.4/2001/15, párrafos 250 y 251.

[2] La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos incluyó en su informe de 2003 el tema del paramilitarismo como uno de los puntos de especial preocupación: "La actuación paramilitar continuó aprovechando la omisión, la tolerancia o la complicidad de servidores públicos en varias regiones del país. En muchas de esas zonas los grupos paramilitares han reemplazado al Estado en importantes ámbitos, incluyendo el uso de la fuerza armada. (...). El paramilitarismo siguió siendo un factor desestabilizador del Estado de derecho, en particular por los vínculos que con él mantienen servidores públicos y por la inconsistente respuesta estatal a este fenómeno. El contraste entre el discurso de las autoridades gubernamentales de combate al paramilitarismo con lo observado por la Oficina, en el marco de su mandato, evidencia la ambigüedad del compromiso estatal. (...). El control paramilitar es más fuerte en los cascos urbanos, donde es mayor la presencia de la Fuerza Pública y de las autoridades, lo que no deja de ser un elemento significativo en las denuncias de connivencia de servidores públicos con el paramilitarismo. Son motivos de preocupación las declaraciones de autoridades civiles y militares negando la existencia en sus regiones de grupos paramilitares, cuando ésta era de conocimiento público"[2].

[3] Proyecto de ley número 087/03 -Senado-, que lleva por título: "por el cual se dictan disposiciones en procura de la reincorporación de miembros de grupos armados que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional". En concreto, el proyecto prevé que, si el Presidente de la República lo solicita, "el juez deberá conceder la suspensión de la pena impuesta por sentencia ejecutoriada" a "personas pertenecientes a un grupo armado organizado al margen de la ley" que hayan cometido cualquier crimen, sin importar su gravedad (art. 2).

[4] Observaciones al Proyecto de Ley Estatutaria que trata sobre la reincorporación de miembros de grupos armados, 28 de agosto de 2003.

[5] Art. 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

[6] Arts. 11 lit. f) y 16. Las otras penas alternativas, previstas en el proyecto, son las siguientes: inhabilitación por diez años para el ejercicio de funciones públicas, o inhabilitación por diez años para el acceso a cargos de elección popular, o prohibición por diez años del derecho a la tenencia o porte de armas, o privación por veinte años del derecho a residir en determinados lugares o de acudir a ellos, o expulsión del territorio nacional para los extranjeros. Según el Gobierno, no se podrá imponer sino una cualquiera de tales medidas como pena (véase entrevista al Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, en "Habrá verdad, justicia y reparación", revista Semana.com, 25/08/2003). Llama la atención, entre otros aspectos, que la pérdida del derecho a ser elegido no sea una sanción obligatoria para los autores de crímenes de lesa humanidad, sino apenas una posibilidad.

[7] Art. 6, inciso 8. Las otras modalidades de reparación, previstas en el proyecto, son las siguientes: reparación a las víctimas "de conformidad con los mecanismos establecidos en la ley", colaboración con instituciones que trabajen por la recuperación de las víctimas, aporte de bienes a esas instituciones, entrega de bienes al Estado para la reparación de las víctimas, manifestación pública de arrepentimiento, colaboración al esclarecimiento de hechos del conflicto, o aporte de información que contribuya a la desarticulación de grupos armados ilegales. Obsérvese que el arrepentimiento no es una condición para la suspensión de la condena, sino apenas una de las modalidades de reparación por las cuales puede optar el perpetrador de crímenes de lesa humanidad.

Fuentes

1. Conversatorio con el politólogo Alfredo Rangel, Convocado por Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia SUIPPCOL, Bogotá, agosto 13 de 2.003.
2. Tomado de el periódico El Tiempo, Bogotá, Noviembre 2003.
3. Texto preparado por el equipo operativo de la Comisión Colombia - Europa - Estados Unidos.

*Flor Alba Romero. Coordinadora Nacional PADH, Colombia. Antropóloga. Coordinadora del Área de Derechos Humanos, de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP.