1. Las instituciones y organizaciones sociales y de derechos humanos aquí firmantes queremos expresar nuestra preocupación por los controles excesivos, las deportaciones sistemáticas y los discursos xenófobos en contra de la población inmigrante, en particular la colombiana y peruana en Ecuador, los mismos que se han intensificado a partir de la captura de uno de los líderes insurgentes colombianos, el pasado mes de enero, y de los repudiables hechos de violencia ocurridos en las tres últimas semanas en Quito y Guayaquil.

2. Nos preocupa que las estrategias que ha decidido adoptar el gobierno del presidente Lucio Gutiérrez y la fuerza pública ecuatoriana, con el fin de vigilar las provincias fronterizas del norte del país y precautelar la seguridad interna de la nación (redadas, controles y operativos sorpresa), puedan caer en excesos y violentar los derechos y libertades fundamentales de miles de mujeres y hombres colombianos que NO están vinculados con ningún actor armado en Colombia y, por el contrario, han llegado a Ecuador huyendo de la violencia, pero hoy se enfrentan con actitudes hostiles y discursos que los criminalizan.

3. Consideramos muy peligrosas e irresponsables las expresiones y declaraciones vertidas en las últimas semanas por autoridades civiles, policiales y militares de Ecuador, dando a entender que todos o gran parte de los colombianos y peruanos que llegan a nuestro país están vinculados con grupos violentos o involucrados en actividades delictivas. Creemos que este tipo de expresiones, que también han sido reproducidas por varios medios de comunicación, sólo generan desconfianza y miedo entre la población ecuatoriana y tergiversan una realidad que es mucho más compleja.

4. Recordamos al país que ha sido la intensificación del conflicto armado en Colombia lo que ha motivado a miles de colombianos a trasladarse a Ecuador, en busca de protección. Algunos de estos colombianos incluso han solicitado formalmente refugio en la Cancillería ecuatoriana, porque enfrentan amenazas o huyen del reclutamiento forzado por parte de grupos armados colombianos. Consideramos que gran parte de nuestros hermanos colombianos y peruanos ingresan a Ecuador buscando paz y un trabajo tranquilo, tal como hacen los ecuatorianos y ecuatorianas que viajan a Europa o Estados Unidos. Sin embargo, así como sucede en esos países, hoy el Estado ecuatoriano vigila, detiene y deporta a un número cada vez mayor de inmigrantes, sobre todo colombianos y peruanos.

Estamos convencidos y convencidas de que:

l No es coherente exigir respeto ni promover la defensa de los derechos humanos de los ecuatorianos que han emigrado hacia Estados Unidos y Europa, si no respetamos los derechos y garantías de inmigrantes y extranjeros en Ecuador.
l La posibilidad de imponer un visado para ciudadanos de origen colombiano y peruano no sólo que va en contra de los acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones sino que puede provocar nuevas problemáticas sociales, como el incremento de la inmigración irregular, el tráfico de personas y, por ende, mayor vulnerabilidad para los colombianos y peruanos que ingresan a Ecuador sin fines violentos.
l Creemos que así como los emigrantes ecuatorianos han hecho importantes aportes, económicos y culturales, en Ecuador y en los países de destino, así mismo los inmigrantes colombianos y peruanos pueden representar una oportunidad para el enriquecimiento y desarrollo de nuestro país.
l Consideramos que el gobierno y el pueblo ecuatoriano deben mostrar toda su solidaridad con la población inmigrante colombiana que se encuentra en situación de refugio y busca protección en Ecuador, la misma que corre el riesgo de perder su vida si es obligada a retornar a su país. Del mismo modo, estamos convencidos que el aporte de los inmigrantes peruanos, en especial en las provincias del sur del país, contribuye a dinamizar la economía y estrechar los lazos de cooperación y amistad entre nuestros pueblos.

Demandamos:

1. Al gobierno y autoridades ecuatorianas, que cualquier medida de control y resguardo de la seguridad interna del país respete los derechos de los extranjeros en Ecuador, tal como establece nuestra Constitución Política, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, y las normas y los estándares internacionales de derechos humanos.
2. Al Ministerio de Gobierno y la fuerza pública, que los procesos de intercepción, detención y deportación de extranjeros, respeten la dignidad e integridad de las personas, garanticen el derecho al debido proceso y la respectiva asistencia consular.
3. Al gobierno ecuatoriano y en particular a la Cancillería, que defina con claridad y coherencia las políticas con las cuales se espera enfrentar no sólo la emigración de los ecuatorianos, sino también el ingreso de colombianos y peruanos y el creciente número de solicitudes de refugio que se han presentado en los últimos años.
4. A las organizaciones de derechos humanos y a los organismos internacionales, que vigilen y sean garantes de los derechos fundamentales de personas y grupos que se encuentran en situación de refugio o han migrado por razones económicas.
5. A los medios de comunicación, que eviten la publicación y difusión de informaciones y mensajes que estigmatizan y criminalizan a la población extranjera en Ecuador y hagan un esfuerzo mayor por documentarse y mostrar la complejidad de estos fenómenos.

Quito, febrero 13 del 2004

María Augusta Calle, ALTERCOM
Alexis Ponce, Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH del Ecuador)
Gloria Jiménez, Asociación Rumiñahui "9 de Enero"
Patricio Pazmiño Freire, Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES)
Pablo A. de la Vega M., Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S. J." (CSMM)
Edison Játiva, Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos de Imbabura (COSDHI)
Myriam Cabezas, Comisión de Derechos Humanos de El Carchi
Gribaldo Cueva, Comité de Derechos Humanos del Nororiente
Elsie Monge, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Fernando Gutiérrez, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH)
Blanca Chanchoso, Escuela de Mujeres Líderes de la ECUARUNARI
Hermel Chávez, Frente de Defensa de la Amazonía (FDA)
Patricio Benalcázar, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)
Irene León, Fundación Ecuatoriana de Acción y Educación para la Promoción de la Salud (FEDAEPS)
Aurora Donoso, Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo
Fernando Vega, Pastoral Social de Cuenca
Fidel Narváez, Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Capítulo Ecuador
Magdalena León, Red de Mujeres Transformando la Economía (REMTE)
Luis Túpac-Yupanqui, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR-Ecuador)
Jhonny Jiménez, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Ecuador)
Alberto Acosta, analista político y económico
Jaime Breilh, investigador médico social
Edgar Isch López, ex secretario de Estado
Oswaldo León, periodista
Kintto Lucas, periodista
Martha Cecilia Ruiz, investigadora

Adhesiones: montesdh@andinanet.net, montesdh@hotmail.com