Al iniciarse el año 2004 y pocas semanas después de concluido el proceso de recolección de firmas para solicitar la revocatoria del mandato del presidente Hugo Chávez y de decenas de diputados, tanto opositores como oficialistas, la primera conclusión es que los venezolanos han dado una demostración cívica y democrática. Esta es una percepción que comparten observadores internacionales que siguieron durante ocho días el proceso, con el cuales se podría activar por primera vez en Venezuela y América Latina un mecanismo de esta naturaleza. La recolecta de firmas se realizó en dos momentos: el segundo entre el 28 de noviembre y 1 de diciembre, mientras que el primero entre el 21 y 24 de noviembre.

A juicio de analistas, esta demostración cívica si bien no desactiva por completo la amenazas de la violencia, sí contrasta con el clima de conflictividad y extrema polarización de los últimos meses. Sin embargo, aún falta un trecho importante, a partir de ahora para que se verifique la validez de las millones de firmas, y en caso de cumplirse con el requisito para que se efectúe la consulta electoral. En caso de cumplirse cabalmente con los lapsos establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), éste ente estaría confirmando las consultas en febrero y las mismas se realizarían tres meses más tarde.

Aún cuando la atención nacional e internacional se ha centrado en la posibilidad de que le sea revocado el mandato al presidente Chávez, también está en juego la permanencia en sus cargos de más de 70 diputados, más de la mitad de los legisladores que integran la unicameral Asamblea Nacional, con lo cual estamos también ante un escenario importante de reacomodo político, en los próximos meses.

Entre el 21 y 24 de noviembre se efectuó en completa calma el proceso de recolección de firmas para solicitar la revocatoria del mandato de 38 legisladores de la oposición. Mientras tanto, entre el 28 de noviembre y 1 de diciembre se celebró la jornada para recoger adhesiones para una solicitud que ponga fin, anticipadamente, al gobierno de Chávez, y a 35 de los diputados que lo apoyan. En esta segunda etapa se presentaron situaciones aisladas de violencia y de trabas para el proceso, pero que de ninguna manera afectaron al desarrollo del mismo en su conjunto.

La posibilidad de que le sea revocado, a través del voto popular, el mandato a un jefe de Estado venezolano fue incluida en la Constitución de 1999 a petición del propio Chávez. Es la primera vez en América Latina que tiene lugar un proceso como éste. Sin embargo, aún faltan varios pasos. La oposición debe sumar unas dos millones cuatrocientas mil firmas para que se convoque el referendo, lo cual equivale al 20 por ciento del padrón electoral. Posteriormente, para lograr la destitución a Chávez se requieren unos tres millones ochocientos mil votos, en un resultado que debe estar por encima de lo que el jefe de Estado alcanzó en las urnas para llegar al poder.

Así las cosas, en Venezuela no sólo se evidencia la vía democrática de las urnas electorales, sino también se hace palpable la necesidad de un acuerdo que ponga fin a la polarización. Este acuerdo básicamente pasaría por reconocer la existencia de los adversarios políticos y disposición a convivir democráticamente en la diferencia.

En medio de las jornadas de recolección de firmas, en un diálogo televisado, el analista Teodoro Petkoff, editor del vespertino opositor Tal Cual, solicitó expresamente al presidente Chávez que se acerque a la oposición. "A mí me parece que una de las peores cosas que nos han ocurrido en los últimos años ha sido perder la práctica habitual de tender puentes hacia los adversarios. Independientemente de cómo culmine este proceso de recolección de firmas, habría que tratar de reestablecer esos puentes", aseveró Petkoff.

*Andrés Cañizales. Licenciado en Comunicación Social y Magíster en Ciencias Políticas. Profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela (UCV), es también director de la revista Comunicación que edita el Centro Gumilla. Iinvestigador asociado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en la temática del derecho a la libertad de expresión e información.