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Representantes de los diversos sectores organizados
de la Sociedad Civil de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia, Brasil, Paraguay, Chile y Argentina, reunidos en Quito,
Ecuador, durante los días 14 y 15 de Agosto del 2002, con
ocasión del "Primer Encuentro Sudamericano de la Sociedad
Civil sobre Migraciones", en un marco en el que hemos profundizado
en el análisis de la situación migratoria que atraviesan
los países sudamericanos, acordamos emitir el siguiente
pronunciamiento,
CONSIDERANDO QUE:
1. Los migrantes, desplazados, refugiados, retornados
y sus familiares, son seres humanos sujetos de derechos y partícipes
en procesos de construcción de riqueza social, cultural
y económica, de diversidad y democracia en los países
de destino,
2. Persiste un complejo fenómeno de migraciones
internacionales relacionadas con diversos modelos de desarrollo
económico que han fracasado en asegurar el bienestar de
las personas y han ahondado la inequidad social, la pobreza, desempleo,
discriminación, violencia política, corrupción
y otros fenómenos sociales relacionados; al mismo tiempo,
nuevas iniciativas como el ALCA corren el riesgo de generar mayor
empobrecimiento en nuestras sociedades y diferenciación
de las clases sociales,
3. Los derechos humanos constituyen atributos indispensables
para el ejercicio de la dignidad humana y han sido reconocidos
y consagrados en diversos instrumentos internacionales firmados
y ratificados voluntariamente por los Estados, los mismos que
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, tienen un
carácter primordial sobre cualquier otro compromiso asumido
por los Estados del mundo. En este marco se incluyen los derechos
de los migrantes, refugiados y desplazados, retornados y sus familiares
consagrados en diversos instrumentos internacionales,
4. A pesar de los compromisos asumidos internacionalmente
por los Estados constatamos la violación de los derechos
humanos de los migrantes, la situación de irregularidad
de miles de personas en diversos países, su criminalización,
detención arbitraria y discriminación así
como su exposición al maltrato, la xenofobia y el racismo
que afectan de manera particular y/o diferencial a mujeres, niños,
indígenas y pueblos afrodescendientes,
5. Esta situación está relacionada, así
mismo, con la falta de voluntad de algunos gobiernos de la región
para definir políticas, legislar y realizar prácticas
respetuosas de los derechos de las poblaciones migrantes,
6. Se constata asimismo, la ausencia de mecanismos efectivos
de participación de la sociedad civil organizada, que hagan
posible la construcción de políticas públicas
compartidas y dirigidas a cautelar los derechos de los migrantes,
7. Existen, sin embargo, experiencias positivas de cooperación
entre la sociedad civil y diversas instancias estatales que se
han dado en algunos países de la región que deben
ser valoradas.
8. En la Declaración Final de la II Conferencia
Sudamericana sobre Migraciones, los Estados de la región
declararon:
"...Reafirmar y comprometer la voluntad de los gobiernos
para garantizar la defensa de los Derechos Humanos de los migrantes
y sus familias, en el marco de las Convenciones y Acuerdos Internacionales
vigentes en la materia. En vista de lo anterior, tomarán
acciones para la promoción y protección de dichos
derechos fundamentales y procurarán incorporar a la sociedad
civil organizada y a las organizaciones internacionales especializadas
en estas acciones..."
"...Condenar el tráfico ilícito de migrantes
desde, hacia, a través y dentro de la Región…
Para prevenir, combatir, sancionar el tráfico ilícito
de migrantes y garantizar el pleno respeto de los Derechos Humanos
de los migrantes y sus familias expresan la voluntad de promover
la adopción de medidas legislativas necesarias para la
tipificación del delito…"
"...Promover acciones conjuntas y de coordinación
de políticas consulares para mejorar la atención
de los migrantes sudamericanos fuera de la región..."
"...Intensificar iniciativas en cada país para
asegurar la integración plena y el ejercicio de los derechos
de los migrantes…"
A pesar de ello, se advierten, lentos avances en el cumplimiento
de estos compromisos.
9. La agudización del conflicto interno colombiano
está provocando el desplazamiento forzado de personas hacia
las fronteras y los países vecinos, así como la
militarización de la región y, al mismo tiempo,
se viene produciendo un endurecimiento de las políticas
migratorias en el ámbito de los EE.UU y la Unión
Europea, luego de los sucesos del 11 de septiembre de 2001 y de
los acuerdos adoptados en la Cumbre de Sevilla en junio de 2002,
10. Las políticas y leyes restrictivas de algunos
países generan como consecuencia la situación de
irregularidad de muchos migrantes y el aprovechamiento de grupos
inescrupulosos que trafican con ellos, engañándolos
y lucrando con sus vidas advirtiéndose que viene produciéndose
una creciente feminización de los flujos migratorios en
todas las regiones del mundo,
RESOLVEMOS:
I. Constituirnos en espacio de diálogo, articulación
y fortalecimiento de los sectores de la Sociedad Civil que representamos
en América del Sur en materia de Migraciones, comprometiéndonos
a fortalecer la defensa de los derechos de los migrantes, refugiados,
desplazados y sus familias, denunciando las violaciones de sus
derechos tanto en el ámbito nacional como internacional.
II. Instar a los Estados Sudamericanos, a la inmediata
puesta en marcha de políticas públicas con planes
y programas tendientes a la promoción y protección
de los derechos de los migrantes, refugiados, desplazados, retornados
y sus familiares, en particular en lo referente al respeto de
sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales,
culturales, ambientales y al desarrollo contenidos en los instrumentos
internacionales.
III. Rechazar la creciente militarización de las
fronteras, como producto de la implementación del Plan
Colombia e Iniciativa Regional Andina, así como las acciones
violatorias a los derechos humanos y del Derecho Internacional
Humanitario que causa la migración forzada de población;
exigiendo al mismo tiempo la aplicación efectiva de los
Tratados y Convenios Internacionales, especialmente la Declaración
de Cartagena de 1984.
IV. Impulsar en nuestros países la creación
de espacios amplios de la sociedad civil organizada, que junto
a los gobiernos nacionales, trabajen Planes de Acción,
destinados a acordar políticas comunes entre los países
de América del Sur, relacionados con la regularización
de los migrantes en los países desarrollados y dentro de
la subregión, así como el combate a la discriminación,
la exclusión social, el racismo, la xenofobia y el tráfico
de personas.
V. Participar en articulación con los gobiernos
nacionales, en la creación de un sistema de monitoreo permanente
y estudios sobre la situación migratoria en los países
desarrollados y en la subregión, a fin de establecer normas,
políticas y programas destinados a la protección
y promoción de sus derechos como personas.
VI. Apoyar y promover la convocatoria a una Conferencia
sobre Desplazamiento, Migraciones y Refugio en la Región
Andina propuesta por sectores de la Sociedad Civil Colombiana
como un escenario de concertación de acciones humanitarias,
promoción de los derechos humanos y paz en la región.
VII. Acordar con los gobiernos la participación
efectiva de la Sociedad Civil organizada en las Conferencias Sudamericanas
de Migración.
DEMANDAMOS:
A los Estados Sudamericanos:
a. Respeto de los derechos fundamentales de todas las
personas que residen en sus territorios, sean nacionales o extranjeros;
residentes o transitorios; regulares o irregulares; migrantes
detenidos y retenidos en estricto cumplimiento de los tratados,
pactos, convenios y protocolos internacionales, multinacionales
y binacionales, suscritos en materia de Derechos Humanos.
b. Cumplimiento del Plan de Acción de Durban, firmado
en el marco de la Primera Conferencia Mundial Contra el Racismo,
la Xenofobia y otras formas de Intolerancia Relacionadas, firmada
en agosto del 2001.
c. Suscribir, ratificar e integrar en su legislación
interna los Tratados Internacionales destinados a la protección
de los extranjeros, migrantes, refugiados, desplazados, retornados
y sus familiares, en especial la Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares.
d. Integrar el fenómeno de la migración
en los acuerdos de integración regional y subregional,
y sus correspondientes planes de desarrollo.
e. Garantizar el derecho a la migración intraregional
en los países de América del Sur, permitiendo el
libre tránsito y circulación de los migrantes y
sus familiares, la libertad de elegir libremente su domicilio
y la obtención de documentos de identificación en
concordancia a las legislaciones nacionales y los acuerdos subregionales
de la Comunidad Andina de Naciones y el MERCOSUR.
f. Acordar formalmente Convenios Marco relativos a la
regulación y ordenamiento de los flujos migratorios, desde
y entre los países de América del Sur, tanto con
la Comunidad Europea, como con los Gobiernos de los Estados Unidos
y Canadá.
g. Modernizar y fortalecer las representaciones diplomáticas
y consulares de los países de América del Sur en
función de una cabal atención a los derechos de
sus nacionales en terceros países.
h. Crear un sistema de monitoreo permanente e implementar
estudios sobre la situación migratoria en los países
desarrollados y en la subregión a fin de establecer normas,
políticas y programas destinados a la protección
y promoción de sus derechos como personas.
i. Introducir modificaciones sustantivas en las políticas
económicas y sociales que conduzcan a la responsabilización
de los Estados respecto a sus obligaciones primordiales de respeto
y garantía de los derechos económicos, sociales
y culturales de sus ciudadanos.
j. Introducir mecanismos de transparencia, contraloría
y rendición de cuentas en relación con las políticas
y programas públicos, relacionados con la problemática
de la migración, con participación de la sociedad
civil e instituciones como la Defensoría del Pueblo.
k. Implementación de Leyes que penalicen a las
organizaciones ilegales dedicadas al tráfico de personas
y no penalizar a sus víctimas que son los migrantes.
l. Introducción de leyes que asuman la reagrupación
familiar inmediata de hijas e hijos con sus madres en pos de garantizar
el derecho natural de crianza así como la introducción
de la figura de refugio por violencia de género en el ordenamiento
jurídico internacional.
m. Simplificar y abaratar el costo de los trámites
de regularización del estatuto legal de los migrantes.
n. Implementar los compromisos asumidos por los Presidentes
de la Comunidad Andina, reunidos en el Consejo Presidencial Andino"
en la "Carta Andina para la Promoción de los Derechos
Humanos" (Guayaquil, Ecuador, julio 2002). Particularmente
los referidos a la participación de la sociedad civil,
artículo 7, Discriminación e Intolerancia, artículos
10 y 12, Derechos de los Migrantes y sus Familias, artículos
50 y 51, Derechos Humanos los Derechos de los Refugiados y Apátridas.
Porque somos parte de una sola humanidad y nos reconocemos en
todos quienes sufren, en cualquier parte allí donde esto
ocurra, nos reafirmamos en una sola voz, en un solo aliento de
esperanza y en nuestro compromiso para actuar juntos para transformar
un orden migratorio internacional que lesiona nuestra dignidad
por otro, más solidario y justo, que permita nuestra plena
realización como seres humanos.
Dado en la ciudad de Quito a los 15 días
del mes de agosto de 2002
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