Una de las problemáticas "grises" a las que aluden los gobiernos de los países de América Latina y, entre ellos el Ecuador, es el tema de la inmigración. Esto obedece a que las políticas que se han impuesto a nivel mundial y, especialmente, en los países del "tercer mundo", han estado relacionadas con la "liberación de las economías" y la introducción de reformas para permitir la "libre circulación del capital". Al punto que ambos temas se han convertido en sinónimos. No obstante, frente a libre circulación de fuerza de trabajo se ha mantenido un mutismo cómplice.

Tal parece que el crecimiento económico promovido desde los organismos internacionales y los países desarrollados descansara en el presupuesto de que éste se puede alcanzar únicamente gracias a las "libertades" dadas al capital (procedente mayoritariamente de esos países), mientras se mantiene represada la "libre" circulación de trabajo. En otras palabras, el desarrollo se consigue no liberando a todos los factores de producción sino solamente al capital, en el entendido de que el trabajo es una función nacional de este último que tiene un carácter eminentemente internacional.

Como es natural, esta posición ha determinado que los países latinoamericanos y el Ecuador, entre ellos, no hayan generado políticas estatales respecto de este tema. A lo mucho, se han contentado en generar políticas restrictivas, de disuasión de la migración o de control policial y represivo, complementarias a las que se han introducido en los países del norte: léase Europa, Japón, Estados Unidos. Más aún, presionados por los países del norte han endurecido sus controles del mismo modo que han aceptado el endurecimiento de la legislación y las medidas de control en los países de mayor desarrollo capitalista.

Incluso, nuestros países han retomado y magnificado los imaginarios que se han construido y propiciado a través de los medios de comunicación de los países desarrollados, respecto de los inmigrantes del Sur. Como es conocido, en esos países el inmigrante ha sido asociado a la prostitución, delincuencia, tráfico de drogas, que han acentuado, supuestamente, problemas como inseguridad ciudadana y violencia. Todo lo cual ha dado pie a que se instale una imagen abiertamente negativa en los ciudadanos del Norte, respecto de los y las inmigrantes procedentes de esta parte del mundo. Circunstancia que ha acentuando la exclusión y discriminen de que generalmente son objeto, y ha dado paso a la criminalizado a la mano de obra de los países menos avanzados.

Al mismo tiempo, ha proporcionado un justificativo para que se instalen mecanismos políticos, jurídicos y policiales, con la finalidad de detener una "marea" que, por un lado, no beneficia supuestamente a las economías avanzadas, mientras que, por otro lado, es portadora de una serie de problemas sociales que deben ser desterrados. Cuando lo cierto es que la mano de obra de los países del Sur y entre ellos los latinoamericanos, cumple un rol subsidiario a las economías de mayor desarrollo, en la medida que: 1. permite liberar fuerza de trabajo de actividades manuales para que puedan ubicarse con ventajas añadidas en otras ramas de la economía, tales como, educación, comercio, finanzas; 2. proporciona mano de obra barata a actividades de alta demanda de trabajo manual, como la agricultura y los servicios. Esto último, en zonas como la baja Andalucía en donde la fuerza de trabajo migrante es esencial para que los pequeños y medianos campesinos puedan competir con la producción de otras partes de Europa o de Norte América. De la misma manera, en el sector turismo y servicios que estacionalmente, en "época altas", requieren de mayores contingentes de fuerza de trabajo. Finalmente, en actividades de alta composición de mano de obra, tales como la pesca costera que se halla en una situación cada vez más precaria por el asedio y competencia de la pesca de altura y transcontinental, propia de las grandes compañías.

Enunciado en otros términos, la generación de una imagen negativa de la fuerza de trabajo inmigrante procedentes de los países del cono Sur, que compite con los trabajadores en paro forzado, marginalizados o descalificados laboralmente en los países desarrollados, ha sido trasladada, sin beneficio de inventario a los países latinoamericanos. Todo lo cual ha impedido en "ambas orillas del océano" conocer más a fondo este tema, analizar sus dimensiones, determinar las ventajas y desventajas que la inmigración trae aparejada para unos y otros países. Fenómeno que, a su vez, ha impedido generar políticas estatales capaces de permitirles a nuestros países posicionar el tema en el concierto internacional, defender la fuerza de trabajo inmigrante y administrar las medidas protectivas para que ésta pudiera movilizarse y establecerse en condiciones más adecuadas y beneficiosas.

Esto último tiene relación, especialmente, con un tema que es recurrente en el debate internacional. Cuando se habla de inmigración o de movilidad de fuerza de trabajo se asocia a "tráfico humano". Es decir, a una problemática que emerge de la inmigración ilegal y a las cadena actores y agentes que lo posibilitan y propician, tanto en los países avanzados como en los países de menor desarrollo. Al hacer esta identificación, se produce una inversión de la problemática. De esta manera, a la criminalización manifiesta de la inmigración se añade el de "tráfico", dando un lugar a una acentuación del tinte negativo de la misma que conduce a impulsar la necesidad de controlar por medios jurídicos, políticos y policiales, la inmigración. Pero, esta vez, bajo el justificativo de que con ello se vela por la propia población que está sujeta al "tráfico" y escamotea el hecho de que en los países desarrollados se está poniendo toda clase de cortapisas a la movilidad de fuerza de trabajo procedente del Sur.

Con la finalidad de discutir esta "problemática gris" sobre la que existen acuerdos, una fraseología acuñada políticamente, una serie de lugares comunes a los que se hecha guante cuando los gobiernos lo demandan; con el objetivo, además, de conocer más a fondo esta problemática y de identificar puntos centrales y comunes de un fenómeno de carácter masivo y transcontinental; en la perspectiva de definir una agenda de la sociedad civil y de las organizaciones de derechos humanos, que les permita dialogar y presionar a los gobiernos y a los Estados para que se convierta en parte de la agenda pública, el Programa Andino de Derechos Humanos (PADH), de la Universidad Andina Simón Bolívar, con el auspicio de la Cooperación Suiza de Desarrollo (COSUDE) y la Unión Europea, organizó la Conferencia Globalización, Migración y Derechos Humanos, la cual se realizó, en Quito entre el 16-18 de septiembre de 2003.

A este evento asistieron técnicos y expertos de toda la región, así como de España y Estados Unidos. En este número de la revista electrónica se da a conocer las ponencias que, los investigadores y académicos nacionales e internacionales, presentaron a la Conferencia. Esperamos que la difusión del evento por este medio alimente un diálogo y amplíe los horizontes en el tratamiento de una problemática que aunque es reconocida como importante existen pocos acuerdo respecto a su trascendencia, efectos e impactos tanto en los lugares de "expulsión" como en los lugares de "recepción". Esperamos, así mismo, que este esfuerzo potencie la investigación, el debate y contribuya a identificar puntos centrales de una agenda que deberá ser definida en el ámbito público por la sociedad civil y el Estado.

De acuerdo con esta posición, los países de América Latina, presionados por los países desarrollados, han adoptado medidas de reforma para permitir la libre circulación de capital y, al mismo tiempo, han empezado a poner toda clase de cortapisas para la libre movilización de fuerza de trabajo. De ese modo, a las dificultades que se ponen en los lugares de origen para trasladarse al extranjero se añade una cada vez más restrictiva y represiva política con el objeto de controlar la inmigración sur/norte.

Roque Espinosa
Coordinador Regional PADH - UASB
Quito, octubre 2003.