La historia colombiana ha estado caracterizada por violentos procesos de despojo y de expulsión de población indígena, negra y campesina. Este pareciera ser el mecanismo de adecuación a las necesidades de producción y acumulación que el capitalismo impone y la estrategia de dominación de los diversos sectores que disputan el poder. Lejos de obedecer a un modelo de desarrollo pensado en función de los intereses de la nación colombiana, los movimientos migratorios, la mayoría de ellos involuntarios y violentos, obedecen a las necesidades e intereses de quienes han detentado el poder sobre la tierra, el poder político y a los intereses de capitales nacionales y transnacionales.

De esta situación da clara muestra la llamada época de la violencia entre los años 1946 - 1958, la cual significó el despojo y la expulsión de cerca de dos millones de colombianos, quienes debieron dar paso a las necesidades de tierra para el modelo agroindustrial que empezaba a gestarse y fueron objeto de las persecuciones, odios y violencias de los grupos armados "legales" e ilegales que actuaban en nombre de los partidos conservador y liberal en la época.

Las décadas de los ochenta y noventa representan otro hito histórico en los procesos de despojo y expulsión, pues se caracterizan por una nueva agudización de la violencia, que en ocasiones no es más que la manifestación o continuidad de viejos conflictos y problemas no resueltos. El desplazamiento forzado (1), como empieza a nominarse, es en esta época la manifestación mas clara de la permanencia histórica y la consolidación de un modelo de desarrollo excluyente caracterizado, además, por relaciones clientelares, corruptas, de patronaje y de fuerza. Relaciones que configuran el telón de fondo del conflicto armado interno.

En las dos últimas décadas en Colombia, al igual que en otros países latinoamericanos, se consolida el modelo neoliberal y se acentúan los llamados procesos de modernización del Estado, los cuales para el caso particular de este análisis, implican la redefinición del territorio y sus relaciones de acuerdo a las necesidades de producción y comercialización que el modelo demanda (2), sin reparar en los costos políticos, sociales y culturales que significan.

De un lado, parte de la producción agrícola se inserta al mercado y a sus requerimientos, quedando esta posibilidad limitada a quienes acceden a los grandes capitales que suponen esta adecuación. Al mismo tiempo, miles de pequeños campesinos ven afectados sus ingresos por la inundación del mercado nacional con productos importados. Al respecto, por ejemplo, los cultivos de algodón, arroz, sorgo, entre otros, se vieron afectados por la importación de estos productos representando una severa crisis para el campesinado colombiano. (3)

De otro lado, la lógica de adecuación a la dinámica del mercado global con sus necesidades de producción y comercialización supone también la construcción de una serie de obras de infraestructura: troncales, puertos, canales, obras que en la mayoría de las ocasiones atraviesan o se realizan en territorios étnicos o en comunidades campesinas y que se realizan al margen y /o en contra de los derechos de sus habitantes

Una vez el capital ha reparado en una zona con algún potencial de riqueza empieza el proceso de apropiación con la consecuente expulsión de la población allí asentada o la eliminación de cualquier obstáculo humano o legal. Se ha comprobado que la violencia es más intensa en los municipios donde hay más altas posibilidades de obtener mejor ingreso (4) o de nuevos potenciales de acumulación de riqueza.

A esta dinámica de adecuación a los mercados globales, se agrega el más grande auge del mercado de cultivos de uso ilícito y el fortalecimiento de los narcotraficantes, quienes se insertan en la dinámica social, económica y política del país. Esta actividad implica serias presiones sobre los tradicionales esquemas de uso y tenencia de la tierra debido a los requerimientos de nuevas tierras para el cultivo de coca y amapola y para la inversión y lavado de los abundantes capitales que se generan. (5) La realización de estas actividades implica, de otro lado, el dominio de los territorios en función de las necesidades que impone un negocio ilícito, entre otras se requiere ejercer un control total sobre la población que reside en el lugar y de su sometimiento a las actividades de producción, circulación y protección del negocio.

Los cultivos de uso ilícito alimentan de forma importante los ingresos de los grupos insurgentes y su capacidad bélica, ampliando y degradando de manera significativa la violencia en el país. En este sentido, el control del cultivo y del comercio es también objeto de disputas y genera sangrientos enfrentamientos que ocasionan de un lado el cambio de vocación de campesinos e indígenas (de agricultores a raspachines) y de otro el desplazamiento de miles de ellos.

De este modo, se entrelazan un tradicional modelo de exclusión del campesinado, nuevas presiones derivadas de las imposiciones del ordenamiento mundial, el mercado de los cultivos ilícitos y la disputa territorial de los actores armados. Estos factores se articulan configurando un escenario complejo que no admite, explicaciones causales, pero que dejan un número aproximado de dos millones setecientas mil personas desarraigadas (6).

Tal vez al intentar responder las preguntas, por quiénes son los desplazados, de dónde se desplazan y quiénes los desplazan, encontramos algunas claves para la comprensión de este complejo fenómeno.

1. Quienes son los desplazados: La continuidad y consolidación de la exclusión

Aún cuando la población desplazada es muy heterogénea y cada vez tiende a diversificarse, los desplazados son en su gran mayoría campesinos pobres y personas pertenecientes a comunidades étnicas, afrocolombianas e indígenas. Es decir, personas que históricamente han estado excluidas de los beneficios de los modelos de acumulación, excluidas de la participación política y culturalmente invisibilizadas. Las víctimas del conflicto armado, son en muchos casos comunidades ignoradas por el Estado y la sociedad, que han logrado sobrevivir, con sus propios recursos, medios y estrategias. Son conocidas, expuestas a la sociedad en función de la violencia, la muerte (7) y sólo son visibles y adquieren significado, para quienes se disputan el poder, en razón de su potencial, como comunidad de apoyo o como territorios estratégicos. Se podría decir, entonces, que los desplazados son aquellos para quienes no ha existido la ciudadanía, aquellos que no conocen la noción de Estado, por lo menos la de Estado Social de Derecho, los excluidos, ahora reconocidos para reclamárseles, "colaboración, militancia, apoyo, tributación".

De esta manera, "El desplazamiento forzado se suma a la larga cadena de vulneraciones de grupos sociales como los indígenas, los afrocolombianos, los colonos, aparceros, jornaleros y campesinos, quienes han sido puestos al margen de los beneficios de la economía y el "desarrollo". Sus territorios ancestrales atraen hoy las miradas rapaces de los intereses multinacionales y nacionales, que ven en sus tierras riquezas minerales y naturales, o ventajas geoestratégicas; las comunidades son disputadas como bases de apoyo y conocen al Estado no por su presencia social, sino represiva. En otras palabras, estas comunidades permanecieron por muchos años al margen y hoy son "incluidas" para la explotación y el control" (8).

Mujeres, niños y niñas, indígenas y negros constituyen el grupo más afectado por el desplazamiento forzado, el 33% de los desplazados pertenecen a las comunidades negras (9), es decir, 957.000 personas, la tasa de expulsión de estas comunidades es un 20% mayor que la del resto del país, durante el año 2002 El Chocó fue el primer departamento expulsor. La población indígena desplazada representa el 5% del total de desplazados, situación crítica si se tiene en cuenta que la población indígena corresponde al 2% de la población total del país. El 48% de la población que se desplaza son mujeres (10), muchas de las cuales se han convertido en jefas únicas de hogar a causa de la muerte o reclutamiento de sus compañeros. El 44% corresponde a menores de edad, de los cuales el 26% se encuentra en edad escolar, es decir entre 5 y 14 años. "En otros términos, el desplazamiento forzado es uno de los factores, y a su vez uno de los resultados, de la profunda exclusión social, la inequidad y la injusticia que caracteriza a nuestro país" (11)

Tal ha sido la exclusión que hoy cuando se indaga por los procesos de reestablecimiento para la población desplazada, muchos coinciden en afirmar que no se trata sólo de "devolver" o restituir los bienes y derechos perdidos o vulnerados, sino de colocar a estas personas en condiciones para empezar a ejercer la ciudadanía que no han tenido.

2. Los territorios de expulsión

El mapa del desplazamiento forzado en Colombia, señala claramente que las zonas de donde más se expulsan colombianos de manera violenta, son aquellas que revierten valor estratégico especialmente en las que se ubican megaproyectos. Algunos de estos megaproyectos son: (12)

- El canal seco Atlántico-Pacífico, las interconecciones con el ferrocarril Medellín-Buenaventura y las carreteras del Pacífico a Medellín y Pereira.
- La carretera Urabá-Maracaibo.
- La intercomunicación Río de la Plata-Amazonas-Napo-Putumayo-Tumaco que comunicaría a Tumaco con Manaos y Belén del Pará conectando las costas Pacífica y Atlántica.
- La hidroeléctrica de Ituango en el nudo de Paramillo.
- La troncal del Llano que se uniría con la carretera Marginal de la Selva para comunicar por tierra las fronteras venezolana y ecuatoriana.
- En el Magdalena Medio: troncal del Magdalena, Troncal de la paz, zona franca industrial fluvial-tecnológica y ambiental y un puente entre Barranca y Yondó.

También se señalan como estratégicas las zonas valoradas como corredores (tránsito de armas, paso de ejércitos, circulación de ilícitos, etc) entre ellas las fronteras; zonas para el repliegue de los grupos armados y las aledañas a los centros de decisión política. Indudablemente aquellos territorios ricos en recursos minerales y energéticos (oro, esmeraldas, petróleo, carbón, etc), son escenarios que convocan diversos intereses y que se convierten inicialmente en zonas de disputa y luego en territorio de dominio del ejército que haya logrado imponerse.

De otro lado, dentro de las estrategias de lucha antisubversiva de militares y paramilitares, las zonas en donde tradicionalmente se ubicó la guerrilla con sus respectivas "bases sociales de apoyo" (muchas de ellas zonas estratégicas por los aspectos mencionados anteriormente), han sido objeto de enfrentamientos armados, pero fundamentalmente de acciones bárbaras contra la población civil (hostigamientos, masacres, quemas, etc), señalada como simpatizante, colaboradora o "guerrilleros vestidos de civil". En este sentido, los territorios son despoblados y repoblados al antojo de los actores armados. Las acciones de expulsión no cesan sin embargo, pues las guerrillas intentan volver a ganar el control de sus antiguas zonas y continuamente despliegan acciones en este sentido.

3. Quiénes desplazan: Los actores e intereses detrás de los grupos armados

Es común afirmar que el desplazamiento forzado es el resultado del conflicto armado interno y de las estrategias violatorias del DIH por parte de los actores armados, en este sentido, las cifras oficiales (13) se reducen a indicar como responsables de los desplazamientos a los paramilitares (45.67%), guerrillas (12.32%), Fuerzas Armadas del Estado (0.65%), y el 19% restante a causa de dos o más actores armados. Esta es sin embargo una verdad a medias, sobre la cual es necesario brindar mayor claridad, pues detrás de los grupos paramilitares con sus diversas expresiones de ejércitos privados y sus discursos justicieros, se esconden y defienden los intereses de grandes ganaderos, narcotraficantes, capitalistas nacionales y de las transnacionales. Las acciones de los paramilitares como se mencionó anteriormente, representan o persiguen también una lucha antisubversiva, funcional, complementaria o sustitutiva de la acción de los organismos de seguridad y del ejército nacional (de ahí la omisión, complacencia y colaboración de estos últimos). (14)

En consecuencia ocasionan el desplazamiento guerrillas, militares, paramilitares, ganaderos, narcotraficantes, esmeralderos, comerciantes, empresas nacionales y transnacionales. Esta precisión permite develar los nexos del desplazamiento forzado con los patrones de acumulación de capital y entender la certera afirmación de un analista colombiano en el sentido de que "…. no hay desplazados porque hay guerra, sino que hay guerra para que haya desplazados" (15).

4. Hacia dónde se desplazan: de desplazados a refugiados

Los desplazamientos forzados ocurren generalmente en las zonas veredales, generándose en principio un éxodo hacia las cabeceras municipales, de tal suerte que pequeños municipios del país, registran crecimientos inusitados de población. Sin embargo, el escalonamiento del conflicto obliga a que el éxodo continúe hacía las grandes ciudades, donde son mayores las posibilidades de anonimato.

En consecuencia, ciudades como Bogotá, Medellín, Calí, Cartagena, Barranquilla, y en general las capitales departamentales observan un proceso continuo de llegada de población desplazada. Las cifras son tan alarmantes que logran incidir en los niveles de desempleo, mendicidad y marginalización de las ciudades.

La salida masiva o individual hacia las ciudades, no es sin embargo la única forma de desplazamiento en Colombia, las comunidades han generado formas de preservar la vida sin renunciar a sus territorios, es el caso de algunas comunidades indígenas o de colonos, los cuales huyen temporalmente internándose en la selva o hacia las cabeceras municipales, hasta tanto disminuyan o cesen los enfrentamientos u hostigamientos, para retornar y desplegar estrategias de resistencia. Los procesos de resistencia, liderados especialmente por las comunidades indígenas y negras, expresan el significado que contiene el territorio para la existencia misma de las comunidades y en este sentido su firme decisión a luchar por lo que representa el derecho a la autonomía y la vida misma.

Hay quienes han debido pasar las fronteras nacionales y convertirse en refugiados, con grandes dificultades para adquirir este estatus, debido a la estigmatización y discriminación de que son objeto los colombianos, asociados por las autoridades de los países vecinos con el narcotráfico y la subversión. Ecuador, Venezuela, Panamá y en menor grado Perú y Brasil se constituyen en los lugares de destino de cerca 49.545 colombianos, cifra acumulada desde el año 2000. Durante el 2002, alrededor de 21.800 colombianos cruzaron las fronteras, al menos 12.000 en Ecuador, 9.500 en Venezuela y 300 en Panamá. (16)

La salida de los colombianos hacia los países vecinos, se explica por el nuevo significado que las fronteras adquieren en el contexto actual, "…la dinámica del conflicto armado interno colombiano las ha convertido en sitios estratégicos para el abastecimiento de los grupos armados al margen de la ley y para el comercio de armas y droga. Esta situación ha hecho que las comunidades que habitan en las cercanías a las zonas de frontera sean fuertemente afectadas por la confrontación armada de los diferentes grupos que buscan el control de estos territorios". (17)

En consecuencia, son miles los colombianos que han debido huir a los países vecinos, a muchos de ellos se les han violado sus derechos, han sido maltratados, y algunos han sido repatriados a la fuerza o con engaños. (18) Los testimonios de colombianos en estos países dan cuenta de la falta de atención de los gobiernos de los países vecinos, cuando no del maltrato que ejercen sobre ellos las autoridades militares, desconociendo principios y disposiciones del derecho internacional de los refugiados y del derecho internacional de los derechos humanos.

5. El contexto de la seguridad democrática: soldados campesinos, retornos forzados, ciudadanos informantes e impunida

Si bien la reflexión presentada da cuenta del fenómeno en las dos últimas décadas, es claro, que las perspectivas plantean hondas preocupaciones, pues los datos señalan que el fenómeno crece de manera contundente, aunque todas las cifras oficiales demuestren que la violencia disminuye (violencia expresada en número de secuestros, atentados terroristas, masacres e incursiones armadas).

De otro lado, las perspectivas de un proceso de negociación del gobierno con los grupos paramilitares, para su desmovilización y reinserción, a cambio de procesos que terminan resarciendo a los victimarios y no a las víctimas, bajo el argumento perverso que confunde justicia con venganza, le depara al país, otros costos derivados de las cadenas de odios, venganzas y retaliaciones ha que dan lugar los procesos de impunidad.

La política de seguridad democrática, luego de un año de ejercicio presidencial, muestra el afianzamiento de los modelos excluyentes y antidemocráticos que han estado a la base de la violencia. La inversión militar y el fortalecimiento de las medidas de seguridad se imponen sobre las demandas de inversión social, agudizándose la situación de pobreza en el país.

La retórica antiterrorista, enmarcada en la política externa de los EE.UU, y las presiones sobre los militares para mostrar resultados inmediatos, deviene en una persecución arbitraria, en una cacería de brujas, de la que no están exentos, funcionarios públicos, obispos, religiosos, maestros, estudiantes, alcaldes y mucho menos líderes sociales y defensores de derechos humanos. Las estrategias relacionadas con las "zonas de rehabilitación", los soldados campesinos y las redes de informantes, definidas como las innovaciones del "Estado comunitario y de la seguridad democrática", terminan por borrar los límites entre población civil y combatiente y finalmente por obligar a la población civil ha inmiscuirse y participar activamente de la guerra.

Asistimos por tanto, a la continuidad del desplazamiento forzado de la población campesina y al incremento de los procesos de expulsión por amenazas y atentados (en calidad de desplazados, refugiados o exilados) de líderes sindicales, educadores, funcionarios públicos, en un contexto nacional de absoluta precariedad para la atención y protección de esta población y un escenario internacional cada vez más hostil para los mismos.

Al asumir el desplazamiento forzado desde esta perspectiva, se comprende por qué para la prevención y reducción del mismo las medidas asistenciales o militares encaminadas a desplegar ejércitos y soldados campesinos en las zonas, se quedan cortas. Si se pretende frenar esta tragedia, es necesario afectar los factores mencionados, lo cual supone contemplar acciones que van desde el control de los procesos de comercialización de la tierra de los desplazados y de regulación de la guerra acorde al DIH, hasta replantear y reorientar el modelo de desarrollo del país y su inserción en la lógica de acumulación global, sobre la base de una propuesta que privilegie el respeto por la cultura, la identidad y la integridad de las comunidades por encima de los intereses de terratenientes y del capital nacional y transnacional. Se trata entonces, de un proceso complejo y no libre de contradicciones que no surge de la voluntad política de los gobiernos, sino de la capacidad organizativa de la población y de la adhesión a este propósito de sectores del país para quines cada día es más claro que la viabilidad de nuestra nación depende de la transformación de los modelos e incluso del desacato a las "formulas y recomendaciones" foráneas que prometían y prometen ajustes, dolor y sacrificio en función de un postergado bienestar que solo se ha traducido en desarraigo, muerte y pobreza para la mayoría de la población y que no aseguran sino desolación para las generaciones futuras.

Anexos

Tabla No 1

Fuente Departamento Nacional de estadísticas DANE
Áreas cultivadas (Miles de hectáreas)

Tabla No 2
Estructura de la propiedad por tamaños.
Colombia 1984-1996. Porcentajes

Fuente: MACHADO, Absalón (2003) Tenencia de tierras, problema agrario y conflicto. Ponencia presentada en la cátedra "Desplazamiento forzado en Colombia". Universidad Nacional de Colombia.

Tabla No 3.
Cifras sobre desplazamiento forzado en Colombia - contratación de fuentes

CODHES: Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento.
SUR: Sistema único de registro. Desplazados inscritos en la Red de Solidaridad Social.

Fuente: Informe del Representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Desplazamientos Internos. Resolución 1999/47 de la Comisión. "Misión de Seguimiento enviada a Colombia". E/CN.4/2000/83/Add.11. 11 de enero de 2000.

Notas

1. Sin embargo el desplazado sólo existe como tal para el Estado desde 1995, antes se le invisibilizaba con la política para migraciones por razones económicas del gobierno Barco Vargas (1986-1990) o se le asimilaba a los damnificados por desastres naturales en el gobierno Gaviria Trujillo (1990-1994). En el ano 1997 se expide la ley 387 donde se establece que: Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.
2. El modelo neoliberal exige una infraestructura que el país apenas empieza a construir a unos costos sociales y económicos aún no calculados: puertos y aeropuertos, vías troncales nacionales y regionales, zonas francas, plantas eléctricas, sistemas de comunicación y equipamientos urbanos para servicios de punta.
3. Ver Tabla No 1
4. Departamento Nacional de Planeación, DNP. La paz: el desafío para el desarrollo. (1998) Tercer Mundo, Bogotá.
5. Los procesos de adecuación de la tierra al capital y a las necesidades del narcotráfico, dejan como resultado la consolidación de los patrones de concentración de la tierra, con profundas implicaciones sociales, económicas y ambientales, y configurando, lo que algunos analistas denominan como procesos de descampesinización y relatifundización. Ver Tabla No 2
6. A pesar de las contradicciones frente al número de personas desplazadas en las dos fuentes más reconocidas, la de CODHES y la Red de Solidaridad Social, nadie duda de la magnitud y tendencia creciente del fenómeno. Ver Tabla No 3
7. Comunidades como Mapiripan (Meta), Bojayá (Choco), El Naya (Cauca), El Chengue (Sucre), Trujillo y Segovia (Valle), cobraron existencia para la mayoría de los colombianos a partir de las cruentas masacres que allí han ocurrido, sólo en estos momentos aparecieron en los medios de comunicación.
8. BELLO, Martha Y PENA, Nayibe (2000) Migración y desplazamiento forzado: de la exclusión a la desintegración de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. Mimeo. Universidad Nacional de Colombia.
9. Consultaría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, Boletín Número 44, Bogotá, 28 de abril de 2003.
10. Balance de las políticas de atención a la población desplazada 1998-2002. Red de Solidaridad Social.
11.SUAREZ, Harvey (2002) Aplazados y desplazados. Violencia, guera y desplazamiento: El trasfondo cultural del destierro y la exclusión. En "Destierros y desarraigos". CODHES, OIM,
12.Ampliar información al respecto en la revista Éxodo número 9 (1999) y URIBE de HINCAPIE, María Teresa (Directora de la Investigación) (2000). "Desplazamiento forzado en Antioquia. tomo 0, aproximaciones teóricas y metodológicas al desplazamiento de población en Colombia". Secretariado Nacional de Pastoral Social, Conferencia Episcopal Colombiana, Bogotá.
13 Red de Solidaridad Social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas.
14. Durante el año 2001, la Oficina continuó observando la consolidación y propagación del fenómeno paramilitar en gran parte del territorio nacional y percibiendo la limitada eficacia de los instrumentos aplicados para prevenir su actuación, contener su avance y responder a sus agresiones, así como el compromiso inconsistente del Estado en este combate. Los miembros de los grupos paramilitares no sólo siguen siendo los principales responsables del incremento de las violaciones de los derechos humanos, sino que contribuyen poderosamente a la degradación del conflicto con el empleo sistemático de la violencia y el terror contra los miembros de la población civil en las zonas bajo su control y en los lugares afectados por sus incursiones. La tolerancia, apoyo o complicidad de servidores públicos y el incumplimiento del deber de garantía en varias de las actuaciones de estos grupos hace que sigan comprometiendo la responsabilidad estatal. (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos - OACNUDH)
15. Rojas citando a Héctor Mondragón "Relatifundización, megaproyectos y campesinos en Colombia" en CODHES, 2000, Seminario internacional desplazamiento, conflicto, paz y desarrollo (Ponencias en mimeo y fotocopia).
16. Consultaría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, Boletín Número 44, Bogotá, 28 de abril de 2003.
17. Informe Defensorial conjunto sobre la devolución de la republica de panamá de 109 personas de nacionalidad colombiana.
18. El caso más reciente de cuenta de devolución de 109 colombianos, que se encontraban en la localidad de Punuza en territorio panameño, a Sapzurro, Colombia.

* Martha Bello. Trabajadora social. Master en Ciencias Políticas. Candidata a master en Investigación interdisciplinaria. Profesora Asociada de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Autora de diversos libros sobre desplazamiento forzado desde la perspectiva psicosocial. Ponencia presentada en la Conferencia regional "Globalización, migración y derechos humanos", organizada por el Programa Andino de Derechos Humanos, PADH. Quito - Ecuador. Septiembre 16, 17 y 18 de 2003.