Cuando hablamos de la migración los que no emigramos, casi siempre nos fijamos en sus dimensiones económica, sociológica y sicológica. Nos interesa saber con la mayor exactitud posible cuántos compatriotas viven en el extranjero y a qué perfil responden; a cuanto ascienden las remesas y cuáles son sus consecuencias par la economía nacional; cómo afecta a los niños y niñas que se quedan la salida de sus padres. Estas y otras preguntas similares son obviamente necesarias porque nos ayudan a reaccionar positivamente frente a los rápidos cambios que la migración acarrea para nuestras sociedades. Pero no son las únicas preguntas necesarias y útiles para vivir en sociedad. La migración afecta también la forma en que nos pensamos como nación, las ideas con las cuales justificamos este convivir, los ideales políticos que nos parecen justos de proponer y defender.

En otras palabras, la migración tiene una dimensión ética que no conviene descuidar. No me refiero a sus exigencias morales, que podrían describirse como las reglas de conducta que deberíamos adoptar, cualquiera que sean nuestras motivaciones fundamentales, frente a inmigrantes o emigrantes: ser hospitalarios, tolerantes, etc. La dimensión ética, según la entiendo, significa el modo de vivir en comunidad que consideramos normativo. Se distingue, por un lado, de la manera concreta en que de hecho vivimos, de las costumbres, convicciones y prácticas corrientes, pues la ética es una disciplina normativa y no descriptiva. Se distingue también del enunciado de deberes para con lo demás, porque la ética reflexiona sobre los fundamentos de los deberes, que en el caso que nos ocupa son fundamentos políticos.

Puesto que es imposible examinar aquí todas las implicaciones de la migración para la convivencia política desde el punto de vista normativo, me fijaré en uno sólo de sus elementos: el concepto de ciudadanía. Este concepto es central a la democracia, la forma comúnmente aceptada de convivencia política en América Latina. Es además un concepto que se refiere a la pertenencia a una nación, y en este sentido, es un concepto que no sale indemne ante tantas salidas y entradas, desplazamientos voluntarios o forzados que observamos en nuestro tiempo.(1)

1. La migración en el contexto de la globalización

La migración ocurre hoy en un contexto de globalización. Entiendo por este fenómeno "la formación de relaciones que se extienden a todo el planeta... o casi". (2) Me parece que cinco factores fomentan y expresan este fenómeno. Primero, la extensión del mercado de bienes y servicios, que es el sentido más inmediato y no desprovisto de prejuicios que se da a este término. Segundo, la preponderancia que adquieren los organismos supranacionales de control y coordinación, como las NNUU, la OMC, el FMI, la CPI. Tercero - y esto es importante para nuestro tema - la aceptación cada vez más grande de los derechos humanos como los parámetros éticos universales que nos dicen qué es un trato humano y qué no lo es. Cuarto, el aumento y diversificación de los flujos migratorios del Sur al Norte. Los analistas de este fenómeno nos dicen que, en la última década, más personas se han instalado en más países del Norte. (3) Por último, la formación de una especie de cultura mundial, al menos en sus expresiones. Cuando se escucha a Shakira todos los días en las radios de París o se pueden comprar cuadros de los impresionistas franceses en los mercados de Guayaquil, no cabe duda que estamos frente a algo más que la americanización de la cultura.

Considerada en este contexto, la migración es un factor importante de globalización que, junto con los otros factores, incide en el marco teórico que nos ha servido para pensar lo político desde el siglo XVI: el Estado nacional. (4) Esto lo hace, por una parte, al poner en cuestión el concepto moderno de ciudadanía, un elemento constitutivo de la idea de Estado nacional. Por otra parte, la globalización, que la migración favorece, limita la soberanía de las naciones, y bien sabemos que la soberanía es un atributo esencial de la nación. Baste con pensar en el escasísimo poder de negociación que los países andinos tenemos en el ámbito mundial y en la poca influencia que ejercemos en los organismos rectores mundiales. Es cierto que otros factores sin relación directa con la globalización pueden también poner en entredicho la idea de Estado nacional, pero esto no le resta nada al desafío que plantean la globalización y más particularmente la migración.

2. Desafíos de la migración al concepto de ciudadanía

¿Cómo puede la migración poner en cuestión el concepto de ciudadanía - ese concepto tan central en política y a la vez tan variable en la historia y cuestionado en teoría (5)? A mi entender, la ciudadanía tiene cuatro dimensiones fundamentales: (6) a) expresa un ideal de responsabilidad cívica, b) conforma un sentido de identidad común, c) es soporte de derechos y de beneficios socio-económicos, y d) sienta las bases del autogobierno y la autonomía políticas. Pues bien, la identidad común de una nación receptora de inmigrantes se ve obligada a recomponerse continuamente por la presencia de extranjeros de otra procedencia cultural quienes, sin embargo, aspiran a la plena participación en los beneficios de la sociedad, es decir a la ciudadanía en uno de sus sentidos. Compartir entonces el mismo espacio público, que no otra cosa es la ciudadanía, se vuelve entonces un ejercicio difícil para todos, ya sea por falta de una identidad común que englobe a quienes habitan un mismo territorio, ya sea por diferencias en el acceso a derechos y beneficios sociales.

Decir que la identidad común de una nación se ve afectada por la venida de inmigrantes, no significa hacer un juicio valorativo sobre la inmigración. Es simplemente reconocer la real conflictividad inherente al encuentro de culturas diferentes. No es una novedad el afirmar que toda nación necesita de ciertos valores comunes, de tradiciones y de una historia propia, la mayor parte de las veces inventada, para poder existir. Como dice Dominique Schnapper, "la adhesión intelectual a principios abstractos - derechos humanos, respeto del Estado de derecho - no sabría reemplazar, al menos en un futuro próximo, la movilización política y afectiva que suscita la interiorización de la tradición nacional". (7) Nadie, en efecto, moriría voluntariamente por la Comunidad Andina de Naciones o la CPI. Las naciones receptoras de inmigrantes se convierten entonces en sociedades multiculturales de hecho, aunque no de derecho como es el caso de Francia o Rusia, o viven su multiculturalismo histórico con no pocos problemas, como sucede en los Estados Unidos o Inglaterra. Es innegable que una colectividad política no puede vivir desprovista de un principio de unidad que trascienda las particularidades sin aniquilarlas, a pesar de las alabanzas que levanta espontáneamente la diversidad cultural. (8)

Además de la identidad común de una nación, la ciudadanía en cuanto soporte de derechos y beneficios resulta también afectada por la inmigración. Para ser exacto, debería decir que en la defensa de los intereses de los inmigrantes privilegia su mayor participación en los bienes de la nación receptora. Este es también el objetivo de muchos inmigrantes en la medida en que aspiran a adquirir la ciudadanía del país que los acoge - aunque aquí corro imprudentemente el riesgo de interpretar experiencias que no son las mías. En todo caso, este enfoque es obviamente generoso, necesario y justificado en la mayoría de los casos, y yo lo sostengo. Pero debemos admitir al mismo tiempo que tal modo de ver el fenómeno - y aquí si cabría decir el problema - de la migración, subraya en el concepto de ciudadanía solamente el bienestar socio-económico que la ciudadanía permite y al cual da derecho. Es verdad, la pertenencia a una nación debe ciertamente traducirse en bienestar personal, pero no debería agotarse en él.

3. Repensar la ciudadanía desde los derechos humanos y la solidaridad

El fenómeno del multiculturalismo ha dado lugar a un gran número de análisis y propuestas teóricas, sobre todo en países de habla inglesa. Claro que este fenómeno es más amplio que la inmigración puesto que no hay prácticamente nación que no incluya diversas culturas en su seno - otra historia es la conciencia que de ello se haya tenido, las instituciones que reflejen esta composición o los esfuerzos que se realicen por negarla. Pero la inmigración a contribuido no poco a la actualidad del debate sobre el multiculturalismo.

Yo quisiera concentrarme ahora sobre el concepto de ciudadanía para replantearlo, aunque sea en forma de esbozo, a partir de un análisis que tenga en cuenta los dos desafíos mencionados. Este análisis reposa sobre el ideal de los derechos humanos y sobre la noción de solidaridad.

Me parece que ninguna nación moderna puede construir o recomponer su identidad colectiva al margen del ideal de los derechos humanos. No sólo porque éstos se convierten poco a poco en parámetros éticos internacionalmente reconocidos, lo cual es una buena noticia en un proceso de globalización donde el puro interés lucrativo lleva la delantera. Sino porque no hay otra alternativa válida, hoy por hoy, para construir una ética política internacional de "mínimos exigibles", según los términos de Adela Cortina (9).

Este bello deseo es ciertamente bello, pero tiene también consecuencias de no poca importancia. Implica en primer lugar avanzar hacia un concepto cosmopolita de ciudadanía, donde la pertenencia nacional obviamente no desaparezca, sino que encuentre el modo de articularse con la pertenencia universal a la misma humanidad. Dicho de otro modo, el ciudadano de una nación moderna deberá ser aquel cuya humanidad, o calidad de ser humano, prevalezca sobre su nacionalidad, o calidad de pertenecer a un Estado cualquiera.

Notemos, de paso, que los derechos humanos no son un sueño de utópicos; ya funcionan como parte del imaginario colectivo y desempeñan una función reguladora en la globalización. A pesar de lo que digan los etnocentristas, "a la hora de la verdad el relativismo no se lo cree nadie. Quien tiene por irracional quitar la vida, dañar física y moralmente, privar de libertades, o no aportar los mínimos materiales y culturales para que las personas desarrollemos una vida digna, no lo cree sólo para su sociedad, sino para cualquiera". (10) Los derechos humanos constituyen un camino de salida de las falacias del relativismo cultural y ético, aunque no estén exentos de dificultades.

Una consecuencia práctica de pensar la ciudadanía desde los derechos humanos se refiere directamente a la inmigración: las naciones receptoras tienen que responder con más coherencia al desafío de este ideal. Como es sabido, el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948) protege la libertad de circulación: "toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado". También conviene recordar aquí el artículo 3, aunque su sentido sea mucho más general: "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona". Frente a estos imperativos, las legislaciones de estos países se quedan cortas porque "en la práctica, el derecho de cada Estado a regular y limitar esta libertad [de circulación] prevalece sobre el derecho de los migrantes, y lo que debería ser un derecho inalienable se ha convertido, de hecho, en una excepción que los diversos Estados conceden a regañadientes y con muchas reticencias". (11)

Junto a los derechos humanos, la ciudadanía en un mundo globalizado tiene que construirse a partir de la noción de solidaridad. Por solidaridad no debería entenderse únicamente el deber moral de acoger al inmigrante o compadecernos de sus sufrimientos. La solidaridad se refiere a uno de las dimensiones de la ciudadanía mencionada antes: la responsabilidad cívica. (12) Como lo sugería más arriba, el ser ciudadano de una comunidad política significa también el deber de construir el ámbito de lo público y de buscar el bien común por encima de los intereses particulares. Sin embargo, este deber cívico, que no se identifica ni de lejos con el patriotismo, está muy venido a menos últimamente. La ciudadanía parece haberse reducido en todos las naciones únicamente al reclamo de los derechos políticos y sociales que ella garantiza. Nadie verá, por ejemplo, en ningún país una huelga, paro o manifestación en que los participantes pidan una mayor cuota de deberes cívicos. Pero si los ciudadanos no se sienten solidarios unos con otros, si no se hacen cargo responsablemente del bien común de la colectividad, ésta no puede perdurar porque su función de "máquina distribuidora" de derechos y beneficios la agotará tarde o temprano.

El inmigrante que trabaja y contribuye a la economía de una nación está en capacidad de solidarizarse con el resto de sus habitantes en la búsqueda del bien común y ejercer así la responsabilidad cívica a la que se obliga por su pertenencia de hecho a una comunidad política. Nada dice que lo hará por el sólo hecho de habitar esa nación, pero nada impide en teoría que asuma su parte de responsabilidad y se convierta en ciudadano según este sentido. Las formas de civismo pueden ir desde el respeto al sistema de impuestos hasta el interés por la cultura que lo acoge, pasando por las normas básicas de convivencia que esa nación considera fundamentales. Lo importante es que el inmigrante tiene la capacidad de ser ciudadano aunque carezca del reconocimiento legal en un momento particular de su vida. Esto sólo es posible, como está dicho, si la idea de ciudadanía abarca también el ideal de responsabilidad cívica. Al insistir en esta dimensión de la ciudadanía, gana la nación y gana el inmigrante.
Conclusiones
A pesar de las justas críticas de los aspectos negativos de la globalización, es innegable que este proceso acerca personas de diversas procedencias, incluso físicamente. El inmigrante se convierte así en la figura del nuevo ciudadano global, cualesquiera que sean los las matices que esta afirmación requiera.

En la configuración de esta nuevo concepto de ciudadano, los derechos humanos juegan un papel que puede parecer paradójico a primera vista. Por un lado refuerzan las demandas de más derechos y más beneficios socio-económicos para los inmigrantes, pero al hacerlo parecieran dar a entender que la ciudadanía es únicamente un soporte de derechos y beneficios. Por este motivo, un nuevo concepto de ciudadanía debe integrar también la solidaridad, como responsabilidad cívica por el bien común.
Derechos humanos y solidaridad pueden entonces dar una identidad renovada a las naciones que, con razón o sin ella, se preocupan por el rostro cada vez más multicultural de sus sociedades.

En cuanto a los países andinos, no podemos olvidar que también son receptores de inmigrantes, aunque en menos medida que los países del Norte. Pero el repensar la ciudadanía para los nuevos tiempos no es una cuestión de cantidad sino del proyecto de comunidad política que queremos para nuestra región. En esto nos ayudará el ver en el inmigrante no sólo al individuo necesitado, objeto de nuestra hospitalidad y caridad, sino a un contribuyente más del bien común de nuestros países.

Notas
1. Las Naciones Unidas afirma que el número total de personas residentes en países de los cuales no son nacionales asciende en el año 2000 a 175 millones, más del doble de lo que sucedía hace una generación. Esto es, alrededor del 3% de la población mundial es hoy un inmigrante, en sentido amplio. En las regiones más desarrolladas los inmigrantes constituyen casi el 10% de la población. De todos los inmigrantes, el 9% está en calidad de refugiado (Department of Economic and Social Affairs. Population Divison, International Migration Report 2002, United Nations, New York, 2002, pp. 2 y 4).
2. Philippe Moreau Defarges, La mondialisation, 2ª. Ed., PUF, Paris, 1998, p. 7.
3. Según las Naciones Unidas, los países más desarrollados recibieron un promedio anual de 2.4 millones de inmigrantes entre 1990 y 2000 provenientes de los países en desarrollo. Esto significa que la población inmigrante en Estados Unidos, el principal país de destino en cantidad, se incrementó en un 48% en ese período. El aumento para Europa fue 16% (World Migration Report 2002, pp.2 y 14).
4. La socióloga Dominique Schnapper presenta una síntesis de la idea de Estado nacional, su evolución y su lógica a lo largo de una de sus recientes obras: La communauté des citoyens. Sur l'idée moderne de nation, Gallimard, Paris, 1994.
5. Ver Judith N. Shklar, American Citizenship: The Quest for Inclusion,Cambridge, (Massachusetts), Harvard University Press, 1991, p. 1.
6. Para esta síntesis me inspiro en el paper de Christopher Steck, Solidarity, Citizenship, and Globalization: Developing a New Framework for Theological Reflection on U.S.-Mexico Immigration, Georgetown University, Washington, Julio 2003, inédito, p. 3.
7. D. Schanpper, La communauté des citoyens, p. 79.
8. Ver D. Schnapper, La communauté des citoyens, pp. 96-114.
9. Ver una síntesis de sus reflexiones en Adela Cortina, Ética civil y religión, Madrid, PPC, 1995.
10. A. Cortina, Ética civil y religión, p. 105.
11. Fernando Ponce, "La libre circulación de personas: desafío para el derecho internacional e indicador del desarrollo nacional", Fe y Justicia, n. 9 (mayo 2003), p. 41. En este artículo me intereso únicamente a la influencia de los Derechos Humanos sobre la convivencia política.
12. Sigo libremente la interpretación de este término que se encuentra en Ch. Steck, Solidarity, Citizenship, and Globalization, p. 17 y ss.

* Fernando Ponce. Doctor en Filosofía por la Université de Paris X, Nanterre, Francia. Master en Teología por la Weston Jesuit School of Theology, Cambridge, Estados Unidos. Licenciado en Filosofía por la Universidad del Salvador, San Miguel, Bs. As. Actualmente es coordinador en Guayaquil del Servicio Jesuita a Migrantes, además es uno de los dos coordinadores de la red Pro-migrantes de Guayaquil. Pertenece a la Orden religiosa de la Compañía de Jesús. Ponencia presentada en la Conferencia regional "Globalización, migración y derechos humanos", organizada por el Programa Andino de Derechos Humanos, PADH. Quito - Ecuador. Septiembre 16, 17 y 18 de 2003.