Introducción

Entender esta situación de refugio y desplazamiento forzado en el Ecuador es permitirnos ver la conflictividad que acontece y tiene sus repercusiones más dramáticas en todo el cordón fronterizo.

La región fronteriza entre Colombia y Ecuador se ha visto afectada por el conflicto armado en Colombia y con mayor intensidad en los últimos años con la implementación del Plan Colombia, lo cual ha traído graves consecuencias en términos de migraciones y derechos humanos. En la región ha existido una histórica injusticia social, concentración de poder y de riqueza en ciertos sectores, violencia generalizada y, para el caso de la frontera colombiana, está la presencia de actores armados; como consecuencia de ello, se ha presentado una degradación que se expresa en la violación del Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores armados, en una violencia estatal que desconoce los derechos de las comunidades afectadas -especialmente etnias y afro descendientes-, y en éstas una falta de identidad y temor.

En lo referente a frontera, la corrupción ha aumentado tanto dentro del contexto político como en el administrativo; es evidente que hay un olvido de los gobiernos de la frontera y una falta de inversión social, que viene a incrementar la crisis social, política cultural y económica que los dos países afrontan. Cabe recalcar que el recorte presupuestal para el área social ha sido permanente durante los últimos años, lo que ha demostrado el poco interés de los gobiernos para resolver los problemas que subsisten en el país, especialmente en la zona fronteriza.

El impacto de las políticas del Plan Colombia como la militarización de la vida cotidiana y las fumigaciones ahora en Nariño y Putumayo, han influido para que se presenten con mayor intensidad fenómenos sociales como el desplazamiento forzado, las migraciones, una violencia generalizada, con una economía de narcotráfico, cultivos de uso ilícito que han desplazado la agricultura tradicional generando problemas de seguridad alimentaría, mendicidad.

En el último año el conflicto en Colombia ha tomado mayor fuerza en las poblaciones de las Diócesis de Frontera, notándose con mayor intensidad la incursión de los grupos armados en los distintos municipios o comunidades de las Diócesis del lado colombiano, la presencia de los grupos armados Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejercito de Liberación Nacional (ELN), y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desencadenan una situación de incertidumbre en la población civil.

Estas situaciones descritas han provocado que desplazados y refugiados, busquen mejores alternativas de vida en otros sitios de Colombia y en Ecuador; sin embargo, al momento de llegada al país vecino, a pesar de la cantidad de leyes, acuerdos internacionales y documentos oficiales que tiene que ver con status y derechos de los refugiados, hay varios casos en que la letra de la ley no corresponde con la realidad que viven. En algunos casos, los solicitantes colombianos son forzados, simplemente para sobrevivir, a eludir o ignorar los límites puestos por las leyes ecuatorianas, en otros casos el lenguaje de la ley deja bastante espacio para interpretación por parte del personal del gobierno o de parte del ACNUR, se enfrentan a una situación tan complicada como la de Colombia; finalmente, hay casos en que los responsables para la ejecución de la ley como la Policía Nacional o la Policía de Migración abusan de su autoridad o por falta de conocimiento, por el rencor, o por la estigmatización ("si es colombiano, debe ser guerrillero, paramilitar o narcotraficante").

La Iglesia ha estado permanentemente preocupada en los últimos años por la población más marginada y abandonada de los Gobiernos Estatales, población que se moviliza dentro del cordón fronterizo colombo - ecuatoriano; pero sus esfuerzos han sido desarticulados e insuficientes; no tiene una estructura fuerte para coordinar acciones e intercambiar información oportuna y suficiente en los dos países vecinos; aunque tiene estructuras de Pastoral Social, Etnias, Derechos Humanos, Movilidad, etc., necesita fortalecerlas para poder responder a dicha problemática. Hay comunidades vulneradas y vulnerables en sus derechos, problemática que la Iglesia ha intentado responder, pero sus estructuras de coordinación e información son aún débiles, no existe suficiente capacidad de las jurisdicciones para responder de manera oportuna, por lo que la propuesta busca atacar a este problema fortaleciendo estructuras, generando canales de comunicación, coordinando acciones concretas y apoyándose entre sí, mediante acciones de solidaridad e incidencia.

Con esta introducción un poco dramática miremos en forma esquemática aspectos que argumentan con más claridad el fenómeno de desplazamiento, sus causas, consecuencias, lugares concretos tanto de expulsión como recepción, la normatividad, legalización del problema y por último una respuesta desde una Iglesia particular ISAMIS, finalizando con unas conclusiones que nos ayuden a buscar espacios de hechos concretos para resolver los problemas.

Ejes transfronterizos de entrada

Desde la implementación del Plan Colombia y la agudización del conflicto armado colombiano, los solicitantes de refugio colombianos entran a Ecuador por cuatro provincias fronterizas.

Departamento del Putumayo - Provincia de Sucumbíos.
Departamento de Nariño - Provincias de Carchi e Imbabura.
Departamento de Nariño - Provincia de Esmeraldas

En al año 2000 durante el paro impuesto por las FARC entraron de 10.000 a 12.000 Colombianos. Cerca de 2.000 se dirigieron a Santo Domingo de los Colorados, 8.000 reingresaron a Colombia y 2.000 se quedaron en Sucumbíos.

Ciudades del Ecuador donde hay la presencia de refugiados

Cuadro estadístico general de refugiados del 2003 en Ecuador

Refugiados en la Provincia de Sucumbíos
2000 -2003

1. Causas
Las principales causas por las que hombres y mujeres colombiano solicitan refugio son:

l Violencia generalizada.
l Amenaza, reclutamiento forzoso de hijos menores de edad en grupos armados.
l Amenazas personales, a individuos con cargos públicos.
l Enfrentamientos de grupos armados.
l Amenazas de grupos armados.
l Fumigaciones.
l Destrucción de pueblos enteros, salen o se afilian al grupo que impera en la zona.
l Masacres, secuestros, violaciones, torturas.
l La pobreza generalizada, total abandono por parte de los gobiernos a las comunidades de frontera.
l Políticas de las transnacionales: armamentistas, petroleras y químicas.
l Políticas de seguridad del Gobierno de Uribe. (De julio del año pasado a junio de este año, han asesinado 7.000 personas por razones políticas.) Uribe indicó. "Aquí está ganando el Estado y buscaremos una acción de aislamiento de los terroristas y capturaremos a todos sus secuaces y auxiliadores." Ha declarado a las Organizaciones de Derechos humanos como "Traficantes de DDHH. A quienes critiquen sus políticas de seguridad serán destruidos"
l La cámara de representantes de Colombia, ha votado la reforma de la Constitución para otorgar poderes de policía judicial a las Fuerzas Armadas. Esto tendrá un impacto catastrófico sobre los derechos humanos, ya que permitirá al ejército realizar allanamientos, escuchas telefónicas, detenciones sin autoridad judicial. Lo conocemos como "Estatuto Antiterrorista"
l Estrategia paramilitar y militar coordinada para silenciar organizaciones civiles y de derechos humanos que estén en contra de estas políticas.

2. Consecuencias
Violación sistematizada de los derechos humanos, resolviendo de manera pragmática los conflictos internos de violencia. Legitimando la necesidad de brindar seguridad a los pobladores mediante el aumento de las fuerzas militares públicas o privadas, violándose permanente los derechos humanos.

Las fumigaciones afectan a la salud de los pobladores. El uso de herbicidas causa graves e innecesarios problemas de salud a personas y animales, contamina el suelo, el aire, el agua y los alimentos, y destruye cultivos propios de las culturas, a los animales de crías, y a los peces. Los cuales constituyen la supervivencia de las comunidades campesinas e indígenas. Las fumigaciones atentan contra la biodiversidad de flora y fauna. El 100% de las personas que habitan a menos de 5 Km. de donde se realizan las fumigaciones con Roundup sufrieron intoxicación aguda.

El desplazamiento forzoso de colombianos que a diario llegan a Ecuador solicitando refugio. Desde el 2000 hasta julio de este año se han registrado en la Iglesia de San Miguel de Sucumbios 3.166 personas. Igualmente se está haciendo presente en Ibarra, Quito, Tulcán, Esmeraldas, Santo Domingo y Guayaquil. Casi en todas las provincias del Ecuador. Situación muy dolorosa por las condiciones en que llegan y por la terrible estigmatización que sufren en este momento histórico.

En síntesis se pueden describir las siguientes consecuencias

l Violación permanente a los derechos humanos.
l Sentencia a muerte a más de 80 organizaciones de DDHH
l Deterioro del medio ambiente. Amenaza a la biodiversidad de la zona, más de 450 especies únicas en el país están en peligro.
l Enfermedades, desempleo e incertidumbre en la población expulsora y receptora.
l Desplazamiento forzoso de población colombiana.
l Inseguridad y violencia en la frontera
l Desplazamiento de la población receptora.
l Comunidades vulneradas y vulnerables en sus derechos económicos, sociales civiles y políticos.
l Pobreza, especialmente en Sucumbíos.
l Descomposición social.
l Migraciones económicas forzadas al exterior.

Ciudades expulsoras

En Colombia, por encontrarse en el foco del conflicto, las ciudades de las que provienen los desplazados son especialmente: Putumayo (Villa Garzón, San Miguel, La Honda, El Empalme, Puerto Leguizamo, Puerto Asís, Piñuña Negra, El Placer, La Hormiga, Puerto Caicedo, El Tigre, Mocoa y Valle del Guamaes)
Caquetá (Belén de los Andaquíes, El Doncello, Florencia, Puerto Pico y San Vicente del Caguán). Antioquia (Cañón de Alicaute, Pto. Berrio y San Carlos)
Cauca (Buenaventura y Valle). Cundinamarca (Zazaima). Meta (Uribe)
Casanare (Casanare). Nariño (Pasto)

3. Respuestas a los problemas

La Iglesia Católica en el año 2000 participó en la elaboración del Plan de Contingencia junto al Ministerio de Relaciones Exteriores y el ACNUR. Desde entonces ha asumido el rol y el grado de implicación y responsabilidad que cada institución debe asumir para hacer frente de forma eficaz a la compleja problemática. Dicha situación comprende, por una parte a los refugiados con su dramática realidad, al ser arrancados de su tierra y tener que empezar una nueva vida en una tierra extranjera ; y por otra parte a la población local, que se siente afectada y reacciona con inseguridad al ver amenazado su futuro. La Iglesia, que peregrina en esta zona del Ecuador, se siente también convocada a colaborar para mitigar el drama de esas personas que llegan en busca de amparo legal y refugio, y ofrecerles una atención humanitaria y digna. Para ello, cuenta con la solidaridad y el apoyo de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que prestan ciertos servicios al respecto. Nuestra tarea es construir una sociedad nueva, que se parezca cada vez más al Reino de Dios.

Respuesta humanitaria a las víctimas como víctimas

Historia

Desde 1975 ACNUR está trabajando en Ecuador con el CPR (Comité Pro Refugiados), su agencia ejecutora en el país. CPR ha jugado un papel importante desde entonces, involucrándose y realizando su tarea en diferentes situaciones y flujos entrantes de refugiados. En enero del 2000, ACNUR instituyó una oficina en Quito, como consecuencia del flujo de ciudadanos colombianos que huían de la situación de conflicto en su país que se agravaba, buscando protección en Ecuador. Esto ha servido para fortalecer la protección de los refugiados en Ecuador, así como para facilitar el monitoreo y supervisión de ACNUR con respecto a los Fundamentos Internacionales de la Ley de Refugiados. Con respecto a las actividades de campo, ACNUR estableció una presencia permanente en la provincia ecuatoriana del norte de Sucumbíos en diciembre del 2000, al instituir la oficina de Campo de Sucumbíos. Esto se debió al flujo masivo de colombianos que buscaban protección en Ecuador y que huirán del conflicto interno. ACNUR estableció un Plan de Contingencia en la región e inició esfuerzos de monitoreo continuo en la frontera con Colombia. El Plan de Contingencia, implementado a través de la agencia ejecutora local, la Iglesia de San Miguel de Sucumbíos (ISAMIS), ofrece desde entonces protección humanitaria a los refugiados, solicitantes de refugio y otras personas de interés para ACNUR y para otras agencias de desarrollo y ONG como son: GTZ, APN, MISEREOR, CRS, Hermanas Ursulinas.

Esta protección conlleva no solamente ayuda humanitaria y asistencia legal, sino que tiene el objetivo principal de encontrar soluciones duraderas para las consecuencias de la implementación del Plan Colombia. En diciembre del 2001, ACNUR estableció un puesto fronterizo en Ibarra, provincia de Imbabura, bajo el ámbito de la Diócesis de Ibarra, con un área de responsabilidad que incluye las provincias de Imbabura, Carchi y Esmeraldas.

Políticas

Ecuador tiene una política de asilo generosa. Los actuales procedimientos y criterios para la determinación de la calidad de refugiado están de acuerdo a los instrumentos internacionales (La Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo de 1967, así como otros relevantes instrumentos regionales y globales de derechos humanos). Ecuador incorporó a su Ley Nacional todos los Fundamentos Internacionales de la Ley de Refugiados a través del Decreto Supremo 3301/92. Además, el Decreto ecuatoriano incorporó la definición de refugiado incluida en la Declaración de Cartagena de 1984 a su ley nacional.

Cancillería ecuatoriana

La Cancillería a través del Comité de Elegibilidad es quien toma la decisión final de conceder Status de Refugiado .Está compuesta por tres representantes del gobierno.
En general tiene en cuenta los siguientes requisitos:
l El solicitante fue forzado a salir de Colombia debido a amenazas o ataques de un grupo armado.
l El solicitante tiene un temor justificado de regresar a Colombia.
l El solicitante ha estado en el Ecuador no más de 90 días antes de solicitar refugio.
l El solicitante desea quedarse en Ecuador permanentemente.

Problemas en la ejecución de la ley

l Abusos de poder. (Por falta de desconocimiento de la ley las autoridades ecuatorianas cometen varios niveles de violaciones de los derechos de los refugiados e inmigrantes. Detenciones arbitrarias, chantajes, boleteos, violaciones…)
l Distanciamiento entre la ley y la realidad. Hay vacíos, en la interpretación de las leyes. Los solicitantes adquieren un permiso provisional mientras le estudian su caso, pero no les permiten trabajar. Se someten a trabajos informales para sobrevivir y son perseguidos.
l Los desplazados colombianos son vulnerables a la explotación, ya que los someten a trabajos denigrantes y luego no les pagan. No pueden denunciar estos hechos porque son ilegales, por lo tanto son sujetos de detenciones arbitrarias.
l Rechazados por Cancillería. El 50% de los solicitantes son rechazados por cancillería quedando como indocumentados y son más vulnerables a violaciones de sus derechos.

Compartir una experiencia con las victimas

ISAMIS: Iglesia San Miguel de Sucumbíos
Año 2000-2003: Organización del PAR
Creación de la IX Línea Pastoral

Objetivo
Dar una respuesta cristiana a las consecuencias que genera el Plan Colombia en Sucumbíos para defender la dignidad y calidad de vida de nuestro pueblo.

Metas de trabajo
Denuncia profética del Plan Colombia porque es un plan de guerra y muerte.
Atención humanitaria a las víctimas de la violencia.
Apoyo decidido a los Planes de Desarrollo de la Provincia.

Atención humanitaria a las victimas como victimas
l Registro, protección, documentación, apelaciones y repatriación en coordinación permanente con ACNUR y otras agencias y ONGs (GTZ, MISEREOR, APN, CRS y Hermanas Ursulinas)
l Ayuda humanitaria básica: Salud, alimentación y albergue.
l Escolaridad.
l Programas especiales, inserción en el medio local:
l Apoyo Psicosocial.
l Programas de vivienda y letrinas.
l Talleres de capacitación y recuperación emocional.
l Acompañamiento a menores no acompañados.
l Huertos familiares.

4. Impactos en la población ecuatoriana por la presencia de los colombianos desplazados

1. Sentimiento de inseguridad en los ciudadanos ecuatorianas, especialmente en las zonas fronterizas.
2. Creer que todos los Colombianos son guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y asesinos.
3. Implicación en la Implementación del Plan Colombia a través de la Iniciativa Regional Andina, la construcción de la Base de Manta y la militarización en la frontera ecuatoriana - colombiana.
4. Inicio de las fumigaciones que afecta a comunidades ecuatorianas enteras.
5. La entrada de personas pertenecientes a los grupos armados generando en la población miedo e incertidumbre.
6. No se puede competir con los productos que venden o producen los colombianos. Se siente desplazamiento en puestos de trabajo.
7. Frente al incremento de la violencia e inseguridad hay una tendencia a estigmatizar a la población colombiana, a cargarles indiscriminadamente todos los males de la provincia.
8. El impacto más grave es la situación alarmante de pobreza de ambas poblaciones. Migrante y receptora.

5. Conclusiones

l La responsabilidad del Gobierno Ecuatoriano no es solamente moral, sino argumentada por las leyes del país, asegurando un proceso eficiente y justo para la solicitud de asilo.
l Por la situación de extrema pobreza de la provincia, y en general de todo Ecuador, es importante fortalecer la coordinación interinstitucional para lograr una ayuda humanitaria integral y sostenible.
l Frente al problema de los indocumentados en Ecuador, hecho real y numeroso con un costo alto en trámites, y considerando que la población que se queda en las fronteras es la más pobre, se hacen necesarias acciones binacionales para resolver dicha problemática.
l Buscar desde las organizaciones civiles e internacionales políticas para crear planes de seguridad que garantice los derechos de las personas.
l Los problemas de inseguridad y la falta de responsabilidad de las autoridades nacionales y locales para resolver el problema impulsando planes de desarrollo sustentables y acciones conjuntas que erradiquen las verdaderas causas de la violencia y la inseguridad.
l Los ojos ciegos y oídos sordos frente a las graves consecuencias causadas por las fumigaciones. Nadie se atreve a tocar ese tema. Y Acción Ecológica, no es escuchada. Al contrario, se minimiza el problema.
l La cantidad de comunidades en todo el cordón fronterizo que han sido vulneradas en sus derechos fundamentales y las que están en alto riesgo de ser vulneradas. Se convierten en una mirada solidaria desde estos espacios de reflexión
l El fenómeno de desplazamiento no es masivo, sino un constante goteo de personas que aprenden a convivir con el miedo y la incertidumbre. Situación que pasó de ser de emergencia a normalizarse, corriendo el riesgo de llegar a ignorar la situación.

* Carmen Pérez. Licenciada en Filosofía y Ciencias religiosas por la Universidad de Santo Tomás. Ha realizado estudios de Teología y Planificación pastoral en la Universidad Javeriana de Bogotá. Actualmente se desempeña como Coordinadora de Movilidad Humana de la Agencia de Sucumbíos de la Pastoral Social. Ponencia presentada en la Conferencia regional "Globalización, migración y derechos humanos", organizada por el Programa Andino de Derechos Humanos, PADH. Quito - Ecuador. Septiembre 16, 17 y 18 de 2003.