A las 7:30 a.m. Huamanga estaba ya en pleno movimiento. En la radio del taxi que me conducía al hotel pude escuchar la polémica por el alto costo del escenario que se estaba instalando en la Plaza de Armas para recibir el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y ¿cuánto cuesta? Le pregunté curiosa al taxista. Este me contestó que 50,000 soles, es decir casi unos 15,000 dólares. No llegué a saber si la cifra era real o una mentira más para desestabilizar la ceremonia de entrega del informe de la CVR, lo que sí sé es que el taxista me respondió molesto: "en este país la gente se está muriendo de hambre y, no pues señorita, no podemos gastar así nomás la plata". En todo caso, quienes pretendieron polarizar los ánimos de la población, algo lograron.

En la plaza de Huamanga hombres trabajaban instalando un gigantesco escenario en forma de retablo. Se esperaba una vigilia con cantos y música al igual que la vigilia limeña, pero el ánimo era otro. Hombres y mujeres adultos conversaban y miraban con recelo el espectáculo, otros curioseaban, vendedores en exceso, jóvenes universitarios que militantemente estaban desde temprano, familiares y profesionales de organismos de derechos humanos estaban inamovibles y atentos. La tensión crecía conforme iban apareciendo más policías y militares para cuidar la plaza.

El 29 de Agosto, los doce comisionados, con los rostros cansados y seguramente hartos de las brutalidades dichas por varios personajes políticos como reacción a la entrega del informe, llegaron. Todos a la plaza, con un nudo en la garganta escuchando a Salomón Lerner y José Coronel, responsable por la CVR de la sede Ayacucho traduciendo al quechua una verdad que quiso y quiere ser borrada de la historia del Perú.

69.280 víctimas fatales de la violencia, de los cuales el 79% vivía en zonas rurales, 75% tenía al quechua y otras lenguas nativas como idioma materno, 4.644 sitios de entierro clandestinos detectados. El 40% de muertos y desaparecidos se concentró en Ayacucho. Escuchar y sentir ¿qué nos pasó? ¿Dónde estuvimos aquellos que por el azar nacimos en medio de los privilegios de ser parte de la clase media cuando esto estaba pasando? Pero los campesinos, las principales víctimas y además protagonistas de la lucha, tampoco estaban presentes en ese histórico momento. Las ONGs apoyaron el viaje de delegados campesinos desde diferentes partes, pero eran pocos. Éramos pocos, varios habíamos venido desde Lima y tal vez esperábamos una plaza llena y no a un grupo de militantes apristas que se encargaron de pifiar y vociferar durante el acto. ¿Dónde estaban todos?, Debíamos ser más. Las encuestas reflejan que el 52% de la población apoya el trabajo de la CVR, pero ni el 1% se hicieron presentes.

El problema no pasaba por un tema de mala organización del acto; simplemente hay que reconocer que las distancias entre lo que Lerner llamó los excluidos y los integrados existen y son cada vez más grandes. En Huanta, el día anterior dirigentes comunales habían llegado de las comunidades de Uchuraccay, Chaca e Iquicha. Al reconocernos mutuamente les pregunté si los iba a ver al día siguiente en Huamanga, y en grupo me contestaron que no. Me contestaron que ellos habían bajado de sus comunidades a ver los asuntos de la luz y unas becas para los hijos de su comunidad, pero que rápido se regresaban. ¿Es indiferencia? Creo que no, creo que simplemente ellos ya no necesitan escuchar una verdad que han vivido en carne propia y que no creen que el hecho de que más gente la conozca les significará apoyo en obras, reparaciones y finalmente que alguien les pida perdón por lo que pasó.

Por otro lado, algunos medios de comunicación, principalmente los de señal abierta, invitaban a "polemizar" sobre el tema de la CVR. Los más insignes defensores de las Fuerzas Armadas salieron a denunciar el ataque a los heroicos militares, que la cifra de víctimas era inventada, y uno se atrevió a señalar que en el Perú el racismo no existe, que basta que tengas dinero para eliminar cualquier forma de desigualdad. En otras palabras, hay que seguir creyendo el mito de que para dejar de ser indio en esta país hay que convertirnos en cholos con plata.

La razón de fondo, señalaron, es que los comisionados eran marxistas comunistas, a los que llamaron pro-senderistas. Había que entender que los militares sólo cumplían con su deber, y como "excesos" justificaron las acciones más brutales y cuestionadas de las fuerzas de seguridad contra la subversión. Matanzas como las de Accomarca, Cayara, Chilcahuayco, Barrios Altos, Huánuco y las desapariciones de La Cantuta son parte de esos errores

Pero la preocupación que siento no se debe a que estos congresistas o ex generales de la Patria vociferen, lo terrible es la cobertura de los medios de comunicación y su capacidad para protegerse y obtener protección en un gobierno democrático. Hace pocos días uno de los empresarios más reconocidos del país, que ha ocupado cargos como ser el Zar Antidrogas y director de Proinversión durante el gobierno de Alejandro Toledo, lanzó la noticia de que los empresarios peruanos estaban formando una organización de ciudadanos - dígase empresarios- para respaldar política, moral y económicamente a oficiales y subalternos de las Fuerzas Armadas y Policiales que enfrenten juicios por violaciones a derechos humanos en virtud de las recomendaciones de la CVR.

A esta organización se suma la formada por ex generales y altos oficiales quienes días antes de la entrega del informe también se habían reagrupado para protegerse de esta comisión llena de comunistas que querían atacarlos.

Por otro lado, los congresistas y representantes de los partidos políticos salieron también al frente: Acción Popular, el APRA y los seguidores de Fujimori confluyeron en el ataque a la CVR, tratando de debilitar la fuerza de lo revelado en la conclusión 73: " la CVR ha recogido amplía evidencia de cómo en el combate a los grupos subversivos se cometieron gravísimas y masivas violaciones a los derechos humanos, lo que afecta en primer lugar a los gobiernos que eran responsables del conjunto de la acción del Poder Ejecutivo del cual dependen las fuerzas del orden. Además de ello, los gobiernos civiles electos incurrieron en la más grave responsabilidad al desatender las denuncias de violaciones de derechos humanos o, en muchos casos, al garantizar la impunidad para los responsables de las mismas"

Sin el apoyo de los partidos tradicionales, el silencio del gobierno de Toledo para apoyar a la CVR, la debilidad de las organizaciones sindicales y de base y la débil presencia de las organizaciones de familiares y víctimas de la Violencia Política en la escena pública, no podíamos esperar movilizaciones masivas de ciudadanos y ciudadanas apoyando a la CVR, pero tampoco tantos absurdos y grosero ataques.

El paso de la verdad a la reconciliación es la justicia

¿Qué reconciliación? dice la gente, y es que como dice Luis Jaime Cisneros, el término reconciliación se ha depreciado. Sectores conservadores desconfían por creer que se trata de una amnistía a los grupos alzados en armas y en la otra orilla se repiten las suspicacias al creer que se pretende encubrir a los militares. De otro lado los familiares y víctimas de la violencia no creen en el perdón a un enemigo que para muchos aún no desaparece (el mismo día que se recibía el informe se prorrogaba el estado de emergencia en provincias de los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín por la existencia de columnas de Sendero Luminoso). No podemos olvidar tampoco que en muchas comunidades campesinas y nativas conviven senderistas arrepentidos y ex ronderos, asesinos y víctimas. Esta guerra, como alguna vez dijo Carlos Iván Degregori, ha sido una guerra entre campesinos.

Hijos de campesinos fueron los que se levantaron siguiendo un movimiento fundamentalista y tirano, e hijos de campesinos fueron también sus víctimas. Sin embargo, fueron también los campesinos, los que organizados en los llamados Comités de Autodefensa, se levantaron y se enfrentaron con éstos hasta derrotarlos. La militarización en la vida cotidiana y los rencores que se guardan son heridas abiertas que sólo un proceso de largo plazo podrá ir dejando atrás.

El perdón no puede significar impunidad para los integrantes del Partido Comunista Peruano-Sendero Luminoso (PCP-SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), para militares, policías, ronderos y autoridades que abusaron de su poder para cometer las peores violaciones y crímenes a los derechos humanos vistos en la historia republicana del Perú.

La CVR ha señalado de manera contundente que el PCP-SL fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones a los derechos humanos, tomando como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaparecidas. Fue responsable del 54% de la víctimas fatales; el aniquilamiento y genocidio de la población civil inocente fue parte de su estrategia de guerra.

Las fuerzas del orden, señala la CVR, son también responsables de crímenes de lesa humanidad por la sistemática violación a los derechos humanos. La conclusión 55 señala: " la CVR afirma que en ciertos lugares y momentos del conflicto la actuación de miembros de las FF.AA .no sólo involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropa, sino también practicas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones a los derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad así como transgresiones de normas del Derecho Internacional Humanitario"

Las violaciones más graves por parte de los agentes militares fueron: ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, torturas, tratos crueles e inhumanos o degradantes y la violencia sexual como una práctica extendida de tortura contra las mujeres. Muchos de los militares responsables fueron declarados inocentes al ser juzgados por tribunales militares, otros huyeron y varios fueron amnistiados por el Gobierno de Alberto Fujimori. La responsabilidad de las fuerzas del orden por otro lado resultan graves por su deber de proteger la vida de los ciudadanos y ciudadanas en nombre de un estado que ellos representan.

Reconocer quienes son responsables de acción u omisión es el primer paso, el comienzo del proceso de reconciliación. La CVR ha entregado al Ministerio Público 50 informes con denuncias individualizadas de violaciones a los derechos humanos y por lo tanto, le corresponde al sistema de administración de justicia garantizar una trasparente y justa investigación de los crímenes de lesa humanidad que la CVR ha puesto en sus manos.

Finalmente, la reconciliación significa rehacer los pactos de convivencia entre peruanos y peruanas, pactos que no se rompieron con la violencia, pero que fueron aprovechadas por ésta para polarizar las desigualdades sociales en una lucha absurda y extremadamente cruel. Pues, como señala la CVR, todos tenemos una cuota de responsabilidad al haber sido por mucho tiempo mudos testigos de una guerra que mientras no nos tocaba seguía siendo parte de un mundo ajeno al nuestro.

Este es sólo el comienzo: Los compromisos a futuro con la verdad, la justicia y la reconciliación

¿Qué haremos ahora con la verdad?, ¿Qué haremos para que no quede en el olvido? Al parecer, para muchos la entrega del informe final significa el compromiso cumplido y por tanto un hasta aquí llegamos. El Presidente Alejandro Toledo prometió revisar las 8.000 páginas del informe con su equipo presidencial para pronunciarse pero hasta el momento sólo tenemos su silencio. Sólo las organizaciones de derechos humanos, de mujeres y organizaciones de familiares siguen esperando una respuesta. Somos los convencidos de siempre los que una vez pasado el vendaval aún creemos que la tarea es inmensa. Reparar el terrible daño causado es el primer reto, y si bien la Defensoría del Pueblo ha tomado la posta, no podemos olvidar la fragilidad de esta institución, que hace más de dos años tiene una cabeza provisional, al no elegir el Congreso de la República al nuevo Defensor.

En su noveno tomo la CVR ha planteado un programa integral de reparaciones (PIR), además de recomendaciones de Reformas institucionales, el Plan Nacional de Investigaciones Antropológicas- Forenses y mecanismos de seguimiento de sus propias sugerencias.

La CVR pide que el Presidente de la República pida disculpas públicas a las víctimas del conflicto en discursos pronunciados en castellano, quechua, aymara y asháninka. Se señala la importancia de las reparaciones simbólicas que incluyan actos de reconocimiento, como declarar el 28 de agosto como el "día de homenaje a las víctimas de la violencia", publicar en medios de prensa la lista de quienes fueron injustamente detenidos, y reconocer públicamente el papel de los líderes y autoridades locales y los miembros de las fuerzas del orden que se enfrentaron al terror. También establecer espacios de recuerdo de las víctimas, con placas conmemorativas en la Plaza de Armas, las entradas de palacio de gobierno, el congreso y el palacio de justicia, y la construcción de un monumento especial en algún lugar de Lima. La devolución de las bases contrasubversivas abandonadas a las comunidades locales, el cierre del penal de Challapalca y la progresiva desactivación del penal de la base naval del Callao.

El informe final recomienda otorgar indemnizaciones a familias que perdieron a sus seres queridos a causa de la violencia, pensiones para las viudas de más de 50 años y para los hijos menores de 18, pensiones vitalicias para los discapacitados, indemnizaciones para los indultados, para las víctimas de violación sexual y pensiones hasta los 18 años para los hijos nacidos a causa de estas violaciones. Las reparaciones también pueden ser otorgadas en forma de servicios. Por ejemplo, las víctimas de la guerra podrían tener un puntaje adicional para calificar en los bonos Techo Propio, en los programas A Trabajar Urbano y Rural, Projoven y otros.

Además, se sugiere incorporar al Seguro Integral de Salud a los que quedaron heridos física y psicológicamente, capacitar a profesionales de salud en zonas afectadas y establecer allí clínicas que atiendan gratuitamente consultas relativas a la salud mental. También exonerar de pagos de matrícula y pensiones a quienes truncaron sus estudios debido al terror, establecer un programa de becas y programas de primaria y secundaria para adultos.

La CVR recomienda la difusión masiva del informe, alentar para que en un plazo no mayor a 30 días el ministerio público abra las investigaciones correspondientes contra los presuntos responsables de los crímenes investigados por la CVR, recomendando a la defensoría del pueblo que si el ministerio público no actúa en ese plazo, haga públicos los nombres de los presuntos criminales. Asimismo, exhorta a los poderes del estado a no utilizar indiscriminadamente amnistías u otras gracias presidenciales porque no se puede subordinar la búsqueda de la justicia a razones de estado.

Como hemos visto, la lista de lo pendiente es inmensa, pero es una responsabilidad y una deuda con las víctimas que no podemos evadir. Pero para avanzar y cumplir se requiere del compromiso político del gobierno, de la clase dirigente de este país, de las organizaciones sociales, de los gremios sindicales, de las universidades, de cada uno de los y las peruanas y de los que no siéndolo nos tienden una mano.

Salomón Lerner señaló que ésta es una oportunidad que nos da la historia, como nos la dio con la guerra con Chile, de resignificar nuestro sentido de nación y la posibilidad de construir una sociedad menos excluyente. No podemos por tanto renunciar a esta posibilidad, ahora sólo podemos avanzar tratando de darle voz a los que nunca la tuvieron.

* Patricia Balbuena. Coordinadora Nacional del Programa Andino de Derechos Humanos, PADH, Perú.