1.- ¿Cuál es la especificidad de esta coyuntura y de esta fase del ciclo reivindicativo popular? Es la primera muestra de abierta de fuerza de los actores populares luego de Febrero. Febrero mostró una enorme debilidad -casi descomposición- en el aparato estatal; una disputa que potenció al conflicto social, que evidenció las debilidades de la gobernabilidad.

Un Estado débil como política pública, "desorientado" como gestión, falto de instrumentos de gobernabilidad y sediento de control como afirmación frente a su miedo, produce la "peor" combinación política. Febrero instaló a las Fuerzas Armadas como único bastión firme del Estado. La gestión política gubernamental, escudada tras las Fuerzas Armadas, es ineficiente en términos democráticos. Las legitimidades del sistema político se han diluido. Cuando la gestión gubernamental no consiga sus objetivos de estabilización, la situación política puede ser letal.

Más allá de la oleada reivindicativa tradicional que se vive hoy, casi un ritual para estos meses en todos los años, el "temor" de la opinión pública es a un nuevo estallido, impredecible como el anterior. No existe actor ni institución capaz de detectar la acumulación de descontento que pueda expresarse mediante acciones que superen los controles sociales y estatales. Por ahora, el enfrentamiento está social y regionalmente focalizado: campesinos, indígenas, sindicalismo tradicional, excluidos de todo tipo en el Departamento de La Paz, cuya depresión económica también es un factor catalizador.

La correlación de fuerzas que se exhibe en la escena es fundamentalmente social -por la pluralidad de agendas- pero con efectos políticos decisivos. La pluralidad de agendas y la multiplicidad de orientaciones de la movilización que se oponen a muchas formas del "establecimiento" son la garantía de su procesamiento institucional o, al menos dentro de niveles menores de violencia. No se han fundido, ni ha conseguido una dirección política con objetivos claros. Más aun, la agitación social no persigue un propósito decidido de derribar al gobierno. Aunque, cabe reconocer que la oposición no conoce de otro modo de gestión de la política, que la desestabilización y el debilitamiento.

Sin embargo, la coyuntura conduce hacia la exacerbación de la fuerza de la sociedad, con la que ningún actor político tiene vínculos orgánicos. Esto presenta riesgos extremos cuando los imaginarios de asociación exitosa entre liberalismo y pobreza habían copado todas las certezas acerca del futuro. Esta fue el principal mensaje de las elites, con el que se creía posible fundamentar la confianza política en su conducción.

Pero la consecuencia ha sido desestructurar las débiles bases del capital social. La institucionalidad se diluye en sus dificultades antes de que puedan crecer sus fortalezas. El riesgo fundamental es liberar la anomia contenida en un pasado de comportamiento plebeyo, esa "masa en acción" que hizo la revolución nacional y que ahora ancla a Bolivia en el corporativismo. La "fiesta de la plebe" puede conducir a un enfrentamiento generalizado, sin orientación, con alta capacidad destructiva de "mínimo orden" y afectando a las precarias instituciones.

La "medición" del "potencial disruptivo" popular es muy difícil. Las apreciaciones que se hacen acerca de sus límites se basan en los límites estrechos de la capacidad de reproducción privada de los sectores populares comprometidos. Es una expectativa muy pobre, tan pobre como la pobreza crónica de los movilizados. Esta es una apuesta del gobierno. Se asienta en que la pobreza que genera la reivindicación, será la misma que garantice sus alcances y provoque la desmovilización. Sin embargo, la apuesta puede perderse cuando el despliegue de fuerza social supere un "punto de equilibrio" y haga de la anomia el sentido de pertenencia a un colectivo empoderado, que modifica los términos de la reproducción social.

Dicho con sencillez, Bolivia -a través de su sede política- está más cerca de un estallido social -que se exprese en violencia exacerbada, saqueos incontrolados, enfrentamientos de "todos contra todos"- que en acciones destinadas a producir un golpe de Estado. Sin embargo, un estallido social -en esta coyuntura de extrema fragilidad de la política y del Estado- tendría consecuencias decisivas en el tipo de democracia que se estructure en el futuro. La primera, la "castración" de los partidos tradicionales como operadores políticos en el presente y el futuro. Como resultado, la situación actual parece afirmar, ahora en Bolivia, a los "colapsos de los sistemas partidarios" que se han operado en algunos países andinos; mientras que la forma de hacerlo -despliegue nacionalista y poder desparramado por las calles- es exclusivamente boliviana.

Si en el corto plazo, el espectro es un enfrentamiento que se generaliza, la consecuencia de mediano plazo es más temible: la quiebra de la cohesión social y ausencia de conducción política pueden iniciar a un ciclo de violencia oscilante entre lo social y lo político. Y que la incapacidad de contención de los actores -nacionales e internacionales- conduzca a un Estado que base la seguridad en la mayor coerción y no en la mayor democracia.

2.- La sintomatología política es preocupante. Las dos décadas de democracia han alojado a todas las variantes de acuerdo partidario, pero se ha mantenido la fragmentación del sistema y no ha habido ninguna renovación. La salvedad ha sido la desaparición de la izquierda tradicional y el surgimiento de una oposición, que es la agregación de una capacidad de movilización y de vectores políticos dispersos, que hacen de vehículo para nuevos componentes políticos como son los ingredientes étnicos, la informalidad, el milenarismo y la memoria reivindicativa y corporativa. Pero, ¿es una renovación?

Los tres partidos que encarnan a la formalidad política -MNR, MIR y ADN- han mostrado una altísima capacidad de adecuación a las coyunturas de gestión y una extraordinaria incapacidad para asentar sus acuerdos políticos en la sociedad y en opciones de desarrollo. En este sentido, han agotado a la eficacia del "acuerdo político" como sustento de la gestión y, por esa vía, de la re-estructuración del Estado y de modernización del sistema político.

Para este agotamiento de la "metodología política boliviana" no se ve un horizonte de reemplazo. En el corto plazo, la informalidad política -los "neopopulismos" emergentes que se reemplazan como nombres pero que se reproducen como estructuras- pretende constituirse en el soporte que provoque el desbalance entre el gobierno y la oposición. Y constituirse en árbitros de la coyuntura en tanto portavoces de la parte más volatil del público.

Es probable que tras la caída del sistema de acuerdos políticos, se encuentra la terminación de mal denominado sistema "semi-parlamentario" y que Bolivia se encuentra ante la necesidad de dotarse de nuevas formas de gobernabilidad. El sistema que da muestras de caducidad estuvo basado en altos niveles de tolerancia política entre elites, en ausencia de actores sociales decisivos y con un apoyo internacional sólido. Los pocos avances en la representatividad, como la participación popular y las diputaciones uninominales, pueden venirse al traste.

El espejo de Bolivia es el resto de América Latina, en que las reformas políticas apuntan a afirmar instrumentos de gestión en torno al Ejecutivo, con notables ausencias de rediseños de la representación y de fortalecimiento paralelo de los legislativos. Pero también son posibles otros instrumentos de gestión que permitan afirmar a los componentes deliberativos de la democracia y rehacer a los acuerdos políticos fundantes del sistema.

3.- Los códigos de la dinámica gobierno/oposición tienen connotaciones de tragedia. Presentan una articulación perversa, que ineluctablemente sabemos donde terminará. Casi no hay lugar a la política. Las acciones son asertivas de parte y parte. No existe un juego libre de oportunidades políticas, que abra el cerrojo del desarrollo. Esta ecuación que debió y debe ser nacionalmente resuelta. Sin embargo, por la fragilidad estatal y el agotamiento de la metodología política, por ahora, cualquier forma de oxigenación queda reducida a los ejes de enfrentamiento.

Analicemos algunos contenidos

La oposición conformada básicamente por una mayoría rural del altiplano -campesinos productores de alimentos de consumo interno- y del valle del Chapare -campesinos productores de hojas de coca- y por segmentos populares urbanos del sindicalismo tradicional ha adquirido una clara connotación clasista. Está encabezada por el MAS, aunque la dinámica de la reivindicación social tiene su lógica propia.

El gobierno tiene un tema estratégico en su agenda. La definición de los términos de la exportación del gas genera auspicios para la coyuntura de depresión económica. Las expectativas de una venta futura recrean a la agenda de articulación internacional de Bolivia, tema central del desarrollo. Al margen de la bondad o torpeza en el manejo de las negociaciones con las empresas que puedan encargarse de la producción y comercialización, de las relaciones de los países a través de los cuales pueda hacerse -Chile o Perú- y de los condicionantes técnicos para ese proceso, el tema del gas se enfrenta a una disyuntiva perversa. Todas las salidas tienen no solamente altos costos políticos sino nacionales.

La colectividad boliviana vive bajo el peso de ser una nación oprimida. La Guerra del Chaco se conecta con la Revolución Nacional, la Guerra del Pacífico se conecta con los bloqueos al desarrollo. La reacción colectiva frente a un problema de opresión nacional genera imaginarios improcesables con instrumentos técnicos o con decisiones racionales. El imaginario de la nación afectada mueve las bases conductuales de los colectivos, por ello la lentitud de los cambios de cultura política, en especial, en estos temas.

El gobierno puso como vínculo central de su relación con la oposición al tema de la producción de las hojas de coca. La política asumida presentó variantes formales frente al Plan Dignidad, sin constituir una plataforma de negociación política. Se asumieron, además, los términos de la política norteamericana en el tema, incluyendo a la acusación a los productores como "terroristas". La búsqueda inequívoca es de un tratamiento privilegiado por Estados Unidos.

La oposición busca desplazar los parámetros anteriores, para lo cual ha polarizado su intervención social en el tema del gas, desde una perspectiva de "nación oprimida". Esto es, el gas representa la solución a la problemática del desarrollo bloqueado, es una fuente de disputa con los Estados Unidos que aparece como beneficiario contra Bolivia, es fuente de corrupción y posibilitaría el desarrollo industrial nacional al procesarlo internamente.

Producido el conflicto de significaciones político -coca contra gas- la racionalidad cartesiana pierde espacio frente al poder que se desparrama en las calles y en las significaciones más difíciles de desentrañar en el discurso popular. Los códigos políticos no se resuelven en el plano de la explicación, sino que solamente alteran los supuestos conductuales de la nación. Y en la coyuntura actual boliviana, del Estado.

En los siguientes meses, Bolivia vivirá la dificultad de enfrentar códigos de mundos con significaciones intraducibles cuando tocan los temas de la nación. Tampoco existen puentes ni lenguajes institucionales. En corto, en la evolución de la coyuntura pesará la virtual desaparición de la clase media, el único actor con capacidad para decodificar los lenguajes y para devolver ciertos estatutos básicos a la política.

Por ahora, se ha masificado la oposición a la propuesta gubernamental respecto del gas, cualquiera que fuere ésta. Se ha sobrepuesto una connotación clasista de reivindicación de los más pobres -los campesinos- y de los más nacionales -los indios-. El tema de la coca parecería oscilar entre la reacción a la oposición y la represión.

4.- La inserción internacional de Bolivia es un tema decisivo, que no puede no tratarse. Pero ahora está acorralada en el tema del gas versus coca.

La decisión de un puerto de exportación para el gas provocará en todo caso una reacción desfavorable del país excluido, sea este Chile o Perú. Por un lado, en el caso de Perú, las elites del sur peruano -afectadas por procesos de exclusión por el centralismo de su Estado- confían en la exportación del gas boliviano como fuente de desarrollo. Y además como consolidación histórica de un acuerdo geopolítico. Por otro lado, en el caso de Chile, el grado de necesidad que tiene de gas para el desarrollo de su territorio norte y en general del país, no es comparable con la pesada oposición de la población y de las Fuerzas Armadas chilenas a cualquier concesión a Bolivia al margen de los Tratados. Una decisión contraria a Chile aleja, de modo más radical, cualquier posición negociadora futura.

La definición de una política estatal hacia la coca fuera de los parámetros del Plan Dignidad entraña la re-inclusión de Bolivia en los parámetros clásicos de la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto supone, que Bolivia se re-integra a los países que generan riesgos decisivos a la seguridad norteamericana, más allá de su voluntad de salir fuera del marco andino.

La cuestión del terrorismo parece no tener un asidero cierto. Las explosiones sociales, con uso de armas en menor escala, no convierten a Bolivia en un espacio de guerra civil o guerrilla significativa. Las acciones propiamente terroristas no se han registrado. Más bien el tema es que un acorralamiento a las reivindicaciones étnicas, en el sistema político más fuertemente indio de América Andina, provoquen reacciones de violencia milenarista asociadas a la demanda por mayor democracia, de lo que existen ejemplos en el continente.

Y Bolivia ha sido un país que ha hecho esfuerzos para aproximarse en términos de inserción económica externa al MERCOSUR y separarse en términos políticos de la CAN.

Pero la paradoja es que Bolivia -el más andino de los países de la Comunidad Andina de Naciones- se ancla a los países andinos, adicionalmente, a través de los vínculos más complejos: la inestabilidad democrática y la violencia política.

Septiembre, 30 de 2003.

POSTCRIPTUM

¿Y ahora qué?

La situación actual

La coyuntura ha comenzado a encontrar cauces. Las situaciones límite llevan a las sociedades a adoptar decisiones constructivas, que las alejan del suicidio sociológico. Bolivia puede ser el caso, en que la espontaneidad arrinconó a la elite política, y que encontró en una serie de símbolos, una inédita capacidad de autorregulación, sin la mediación de los actores tradicionales. Queda mucho camino por recorrer, pero los síntomas son auspiciosos.

El primero es la sucesión constitucional. Sin que haya tenido que apelarse a la tradicional salida andina -"guardar" a la Constitución en un cajón" por un par de días o meses y "revivirla" al cabo- shock que ha permitido a otros países conservar la "estética" de la política y a la comunidad internacional la "dignidad" de sus instrumentos. Ahora, el gobierno constitucional de Bolivia debe tener contenido y procedimientos para ser viable.

El segundo es la definición de una agenda mínima por el gobierno, que se ha autodefinido como "de transición". Esta definición, que permite a los actores políticos y sociales, tradicionales y emergentes, bajar la "adrenalina" y manejar cautelosamente sus miedos, tiene antecedentes de buen y mal manejo en América Latina, ninguno enteramente asimilable a Bolivia. Paniagua, en Perú, y Dualde, en Argentina, entendieron que la limitación temporal de su gobierno transitorio les garantizaba las posibilidades políticas a las fuerzas en ascenso, a los actores económicos les posibilitaba una programación de actividades y a los movilizados les daba señales de instalar los procesos de corrección que demandan. Este tema, la indefinición temporal del gobierno boliviano actual, puede ser un eslabón débil del proceso.

La agenda de la transición tiene demasiadas tareas y demasiada complejidad para ser afrontada por un sistema político -y no sólo por el gobierno- asentado en su debilidad, obligado por el sensación del vacío/abismo, político y físico, a una cierta racionalidad. Examinémoslos.

Referendum = Soberanía popular

Un referéndum vinculante para tratar el tema del gas tiene muchas limitaciones. Se llegó a la figura de la consulta popular empujado por la dinámica de la sublevación. El cumplimiento necesario del mandato del referéndum es obvio -si la institución está bien diseñada-, ya que para ello se acude al mandante primario y se deja, temporalmente, sin delegación a las autoridades a cargo de la decisión en tiempos normales. Un "referéndum consultivo" fue una timadura ya que es sólo una encuesta, con la ventaja que ésta, la encuesta, es menos cara, la puede hacer una publicitaria sin la Corte Nacional Electoral y el público no es manipulado.

Pero salgamos de los laberintos de la manipulación y examinemos otros problemas. Una consulta popular puede interrogar al pueblo acerca de criterios, normas o decisiones. De hecho, cada una puede ser una institución con su propia denominación. Todas tienen carácter vinculante, siendo lo importante lo que se pregunta. Existen muchos casos de manipulación en la formulación de preguntas, por lo que se suele establecer, o limitaciones legales a las preguntas o instancias de calificación de las preguntas. Una manipulación puede ser fatal para un proceso de apertura democrático o desencadenante de nuevas protestas.

Sin embargo, el tema central es preguntarnos ¿Toda decisión de la gestión pública podría estar sujeta a referéndum? La esencia de la delegación en democracia es permitir la adopción de decisiones dentro de un marco general otorgado por el mandato. Cuando ese mandato se quiebra, es irregularmente administrado o existen normas que lo mandan, se puede acudir a la consulta popular. Este es o puede ser el caso. Pero no toda la materia de la gestión pública entra en la posibilidad de la consulta, al menos de la misma forma.

La gestión pública está flanqueda por la realidad y por los límites que impone la técnica. Así, no es posible acudir a los electores para preguntarles acerca de irrealidades o situaciones imposibles de transformar. Desde este punto de vista, una vez comprometido un referéndum, la cuestión central es la pertinencia de sus preguntas, para que contribuyan a la legitimidad pública y a la sensatez en la conducción del país.

Refundar es una cosa seria

La Asamblea Constituyente se impuso en la agenda pública. Ayer, obviamente, estuvo muy alejada de las primeras prioridades del público boliviano. Hoy, la realidad de las estructuras institucionales resquebrajadas o definitivamente quebradas, obligan a nuevos diseños en los que la gente ha puesto sus ojos. Los cimientos de la casa política se han movido y es preciso establecer hasta donde y reemplazarlos si es necesario.

Una Constituyente es una forma de establecer un nuevo acuerdo político entre los bolivianos acerca de su Estado en el sentido lato, esto es, la institucionalidad social y política, las vinculaciones entre funciones del Estado, las relaciones del Estado y la economía, y los órdenes territorial, funcional y administrativo.

Constituyente es un apelativo muy fuerte para una Asamblea que surge de un mandante primario. Quiere decir que lo constituye todo, incluso a la misma institucionalidad que le da origen y a las autoridades que rigen el cuerpo que ejerce su soberanía para convocarla. En caso contrario, sería una Asamblea surgida del poder constituido, por ejemplo el Congreso, con objetivos de reforma constitucional parcial y alcances limitados.

El lenguaje político se ha encargado de darle algunas significaciones sólidas y podríamos calificarlas de extra-técnicas. Una es la idea de refundación del país. Un tiempo la frase paseó por los pasillos de los grupos de izquierda, ahora es una bandera de grupos regionales. En los pasillos regionales, connota al logro de un nuevo acuerdo territorial -que tanta falta le hace a este país-, que de inicio a una nueva forma de gestión (¿Y de representación?).

Las experiencias latinoamericanas muestran que salimos de las dictaduras sin Asambleas Constituyentes, sino mediante una recuperación acelerada de instituciones, reasumidas sin "beneficios de inventario". Fue literalmente un "retorno a la democracia", esto es a la institucionalidad que pudo sobrevivir al autoritarismo. Las Constituyentes en su exacta concepción no entraron en la moda.

En la actual acepción, una Constituyente es una Asamblea especial que evalúa el desempeño de las instituciones y tiene atribuciones de reforma de toda la Constitución. Pero no aborda otros temas, como la capacidad fiscalizadora o los términos de los mandatos. De hecho funcionan en medio de regímenes constitucionales sin afectarlos y, más aun, paralelamente a los Congresos, con los que se llegan a compartir competencias.

La agenda, que es un tema sumamente delicado, ha sido materia de controversias. ¿Es posible una Constituyente con agenda, con acuerdos previos de los actores sociales y políticos? ¿La agenda y los acuerdos afectan a la soberanía popular?. Sí y no. Una agenda que ordene la gestión Constituyente es sana en toda dimensión. Unos acuerdos que limiten la gestión constituyente al margen de los mandatos ilegitiman a la Asamblea. La soberanía popular expresada en sus constituyentes es incuestionable y se debilitaría si precisaría de ratificación.

Muchos son los temas de una Constituyente. Hay que tratarlos con sumo cuidado y sobretodo con transparencia, por ejemplo, su composición, tiempo de duración, forma de funcionamiento, atribuciones. Las cuotas de poder de la Constituyente las darán los electores. Pero su diseño, por su novedad y carácter único, da muy poco espacio para el error en el diseño. La ventaja es que otros países ya han recorrido algún terreno en esta materia y el que va al último tiene como ventaja el conocimiento de los errores del otro.

¿Podemos vivir juntos?

Vista desde la Constitución, Bolivia no tiene gobiernos subnacionales sino solamente formas de control territorial -comprendidas como regímenes especiales- de fuerte tufo oligárquico. Lo primero que hay que hacer es retirarle algunos mitos a la descentralización.

El proceso de descentralización es solamente los grados de autonomía de los gobiernos subnacionales, que permiten afianzar a la democracia y mejorar la prestación de servicios. Estos grados de autonomía -en el mundo no existe un "enlatado autonómico- deben establecerse mediante acuerdos políticos. Todo lleva a pensar que en Bolivia estamos frente a uno de esos momentos. La cuestión es ¿por donde debe avanzar la descentralización?

Las autonomías o el nombre que quisiéramos darles son, desde otro ángulo, la necesidad de los nuevos actores regionales de dotarse de un sistema político regional y de participar en el nacional. Un gobierno subnacional es solamente y sobradamente eso. Una conformación de nuevas legitimidades, que luego se traduzcan en gestión pública. Pero para afirmar a la nación. Si no se quiere afirmar a la nación, hay que irse. Si se decide quedarse, hay que asumir y participar en las reglas y los contenidos de la nación en la cual participa. Entre ellas, la redistribución de los beneficios del desarrollo.

La marea de reivindicaciones también levantó a aquellas que se opusieron a la reivindicación. Es legítimo. Todos deben concurrir al rediseño de las bases del Estado.

Un sistema de partidos infartado

La actual forma de los partidos en Bolivia ha colapsado. Lo obvio es que los partidos no cumplían función alguna en la sociedad, salvo vehiculizar apetitos particulares. Muestras al canto. ¿Acaso la coalición que sustentó al gobierno pasado pudo cumplir su función de soporte social de la gestión y de control social de esa gestión política?

¿Puede un gobierno democrático funcionar con los partidos en hibernación? De modo permanente no, de modo transitorio sí. El reto plateado por el presidente Mesa es interesante. ¿Tendrán capacidad para reconocer y aprovechar la oportunidad de autocriticarse y reformarse? La historia reciente de la región nos dice que los reformadores no se reforman, dicho en concreto, que los partidos, protagonistas de la reforma política, lo único que no reforman es el sistema de partidos. Pero tendrán que tomar rápidas medidas que los relegitimen ante la población. Justamente para ser parte legítima del proceso reformador fundamental, la Asamblea Constituyente.

La salida inmadura de los partidos sería replegarse mientras dure el vendabal y cuando amainen las lluvias retomar la iniciativa, a la modalidad de un "frente clasista de defensa". No tienen ninguna fuerza histórica, pues junto con el sistema de partidos, el "turbión" social se llevó al vaso medio vacío y medio lleno de parlamentarismo y presidencialismo. Pero, los partidos sí tienen desde donde levantar la ofensiva: el Parlamento. Desde allí pueden hacer una oposición destructiva contra el gobierno, que se refugiará en la sociedad.

Entonces comprendemos, que la política puede convertirse en un casino. La duración incierta del gobierno -amenaza por medio de renuncia presidencial- es una apuesta que puede ser funcional pero en ningún caso es seria. Sin lugar a dudas es el eslabón débil del gobierno, que impide estrategias estables de concertación...y hasta de inversión.

Una conclusión obligada

En suma, el problema fundamental es la desconexión entre una sociedad civil que ha conformado poder en las calles, desautorizando al sistema político, y una sociedad política cuyos partidos no encuentran la agenda para vincularse con la sociedad que dicen representar.

El problema urgente es asentar, en una plataforma común, a las bases de poder real subsistente y emergente, virtual y real. El tema no es otro que la nación, esto es, los atributos que nos permiten a todos converger en un proyecto para "vivir juntos" teniendo formas públicas comunes. Para ello, no solo debemos conocer quién gobierna a Bolivia, sino ¿qué nos une y qué forma pública debe tener esa unidad?

El desmoronamiento de la coalición gubernamental presidida por Sánchez de Lozada viabilizó una salida, pero no garantiza la forma que adquiera el soporte del gobierno que surge.

La principal fracción de poder, en el sentido cualitativo, la deben tener los actores de la calle. La esencial fracción de poder la debe tener el sentido de continuidad de la nación. El tema es cómo darle una forma institucional a esas demandas de la calle y reformar la inconveniente institucionalidad de arrastre.

Octubre, 24 de 2003.

* Estas notas fueron escritas el 30 de septiembre de 2003 cuando se había abierto una coyuntura de insubordinación popular, en que la velocidad de los acontecimientos no permitía aventurar conclusiones sobre el futuro. Por su carácter testimonial y por una elemental honestidad intelectual no se lo ha alterado y se lo ha complementado con un postcriptum. La Paz, 24 de octubre de 2003.