El mes de octubre en Venezuela, desde una lectura de los derechos humanos, estuvo marcado por las constantes críticas del presidente Hugo Chávez al Sistema Interamericano de Derecho Humanos, así como de decisiones judiciales y legislativas que minan la independencia del poder judicial y el allanamiento del camino electoral para la realización de un referendo que podría revocarle el mandato al jefe de Estado venezolano.

Diversas organizaciones de derechos humanos del país han expresado su preocupación por la cadena de señalamientos públicos del presidente Chávez, especialmente contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incluso con palabras insultantes contra algunos de sus miembros. Este discurso desde la posición de poder se une a la falta de cumplimiento del Estado venezolano de las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano. Todo ello podría encontrar "respaldo jurídico" en la sentencia 1942 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), emitida el 15 de julio de este año, y en la cual además de cuestionar las medidas cautelares de la CIDH y las medidas provisionales de la Corte IDH, se establece que el Estado no esta obligado a cumplir las recomendaciones de la CIDH y que las sentencias de la Corte IDH no surten efectos en Venezuela en caso de que las mismas no sean conformes al derecho interno. Todo esto, sin duda alguna, contraviene los compromisos adquiridos por el Estado venezolano en materia de derechos humanos, los cuales adicionalmente fueron refrendados explícitamente en la Constitución Bolivariana de 1999, que el propio presidente Chávez impulsó.

Del mismo modo, están en marcha decisiones que constituyen una seria amenaza para la independencia del poder judicial. La Inspectoría General de Tribunales y la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial decidieron la destitución de cuatro magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mientras que el quinto se jubiló, lo cual allanó el caminó para una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para la eliminación de ese tribunal y la creación de dos cortes. El nombramiento o destitución de estos magistrados era exclusiva competencia del TSJ. La corte suprimida constituía el segundo tribunal en importancia del país, después del TSJ, y ya el 18 de septiembre pasado se vivió un hecho inédito con su allanamiento por instrucciones de dos fiscales del Ministerio Público, en relación con el presunto traslado irregular de un expediente, en un caso que posteriormente el TSJ indicó que no existía ilícito. Medios de prensa en Venezuela han recordado que la Corte Primera, que se encargaba de controlar la legalidad de los actos administrativos del Estado sin rango ministerial, en los últimos meses había revertido judicialmente decisiones tomadas por funcionarios gubernamentales en diversas materias, que estaban en el centro del polarizado debate político.

Del mismo modo, la fracción legislativa de partidarios del presidente Chávez, con mayoría simple en la unicameral Asamblea Nacional, insiste en la aprobación de una nueva ley para el TSJ. Este nuevo instrumento legal aumentaría de 20 a 32 los magistrados del máximo tribunal venezolano, en una decisión que tiene básicamente matices políticos. Por otro lado, el nombramiento y remoción de los magistrados dejaría de requerir una mayoría calificada de tres cuartas partes, para ser por mayoría simple. De aprobarse una ley de esta naturaleza se colocaría en una situación frágil a los máximos jueces del país, lo cual repercutiría en su independencia.

Finalmente, el mes de octubre resultó decisivo en un allanamiento de la ruta electoral en Venezuela. Por un lado se fijaron las fechas para la recolección de firmas, tanto a gobierno como oposición, que servirán para respaldar la solicitud de referendos revocatorios. En el centro de todo este proceso está la posibilidad que una vez sean recolectadas las firmas en la última semana de noviembre, a fines de marzo -si se cumplen los lapsos- se realice un referéndum que podría revocarle el mandato al presidente Chávez, una situación inédita en el sistema político venezolano. El Consejo Nacional Electoral, por otro lado, dejó sin efecto decenas de solicitudes de consultas contra gobernadores y alcaldes, debido a que a mediados del año entrante se efectuarán elecciones para esos cargos. Además del referendo en torno al jefe de Estado, también están previstas consultas sobre la permanencia de diputados nacionales. Algunos analistas políticos vienen insistiendo en la necesidad, dada la persistente polarización política en Venezuela, de que se alcance un acuerdo político para darle un piso de gobernabilidad al país, cualquiera sea el resultado de la consulta presidencial.