El pasado domingo 12 de octubre Raúl Flores, de apenas cinco años, fue muerto por una bala de guerra, en la masacre perpetrada en la Ciudad de El Alto por el Ejército de Bolivia.

El gobierno ha solapado este acontecimiento, más la muerte de un centenar de personas, incalculable número de heridos, detenidos y desaparecidos, en un enfrentamiento entre militares y la "violencia delincuencial", conforme lo ha avalado oficialmente la Embajada de Estados Unidos.

Frente a la alarmante situación que vive el pueblo de Bolivia, las organizaciones de derechos humanos del Ecuador no podemos menos que pronunciarnos y para empezar dejamos en evidencia:

1. El agotamiento de las reformas económicas y políticas introducidas desde 1985, que convirtieron a Bolivia en el paradigma neoliberal en la región, conjuntamente con Chile y Argentina.

2. El descontento de la población por la agudización de la pobreza, la exclusión social y las medidas introducidas por el gobierno de Sánchez de Lozada.

3. El incremento del autoritarismo y la represión militar del gobierno por su incapacidad para procesar las demandas populares de los sectores movilizados del país.

4. La masacre de que ha sido objeto la población civil boliviana, especialmente de las ciudades de El Alto y La Paz, Ventilla, Patacamaya y otras, que se suman a las sesenta víctimas mortales de las movilizaciones de febrero.

5. El cinismo del gobierno boliviano para atribuir estas dolorosas consecuencias al enfrentamiento armado, cuando lo cierto es que la población civil es víctima inocente de un ataque indiscriminado con armamento de guerra como helicópteros y tanques.

6. La actitud injustificada de silencio del Parlamento Andino ante la represión y masacre de la sociedad civil boliviana, y,

7. La complicidad que implica la respuesta de la Organización de Estados Americanos que, por un lado, defiende a ultranza la institucionalidad política de un gobierno antidemocrático y violador de los derechos humanos; y, por otro, se muestra indiferente a la movilización popular y a la injustificada respuesta represiva.

Frente a esta situación las instituciones de derechos humanos del Ecuador

Condenamos

• El irrespeto a los derechos fundamentales tales como el derecho a la vida, la libertad de expresión y asociación, movilización y protesta de la sociedad civil boliviana frente al desgobierno y la falta de atención de sus justas demandas.

• La masacre de que es víctima el pueblo boliviano por defender sus derechos.

• La justificación esgrimida por el gobierno y legitimados por la Embajada de Estados Unidos.

• La ineficaz actitud asumida por los Organismos Internacionales tales como: OEA, Parlamento Andino, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos especializados.

Por todas estas razones, las instituciones que respaldamos el presente manifiesto:

• Nos solidarizamos con nuestras hermanas organizaciones de derechos humanos, los movimientos sociales, las organizaciones obreras, campesinas e indígenas, estudiantiles, de mujeres, y del pueblo boliviano en general, con sus reivindicaciones en la difícil coyuntura por la que atraviesa el país.

• Respaldamos las acciones emprendidas en defensa de los derechos humanos y exigimos que desde el nuevo ordenamiento estatal y los principios de la jurisdicción universal se tomen medidas eficaces para investigar, juzgar, sancionar y reparar los daños causados por la irresponsable respuesta del gobierno de Sánchez de Lozada.

• Hacemos un llamado a la Comunidad Internacional y en especial a los Organismos Competentes para que detengan la acción represiva del actual gobierno boliviano y busquen mecanismos de resolución a la crisis, en el marco del respeto irrestricto a los derechos humanos y la vigencia de una verdadera democracia.

Por las organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador

- Elsie Monge, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU
- Patricio Pazmiño Freire, Centro de Derechos Económicos y Sociales, CDES.
- Dalia Moncayo, Coordinadora Política de Mujeres, CPM.
- Roque Espinosa, Programa Andino de Derechos Humanos PADH, Universidad Andina Simón Bolívar.
- Patricio Benalcázar Alarcón, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH.
- Jhonny Jiménez, Servicio Paz y Justicia, SERPAJ
- Santiago Arguello, Red de Organizaciones de Derechos Humanos que conforman el PLAN PAIS
- Inés Espinosa, Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos, FEDHU
- Alexis Ponce, Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APDH
- Soledad Paz, Grupo de Monitoreo de los Impactos del Plan Colombia

- Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", Colombia
- Paola Lozada Lara, Estudiante Universidad Católica del Ecuador
- Wuille Ruiz, Abogado de la Asociación Paz y Esperanza, Lima- Perú
- Ysabel Marín Sandoval-Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos-Perú
- Gonzalo Reyes Pesantez , Miembro de la Comisión de Derechos Humanos para la Educación en el Azuay
- Olivia Biasini López Hogares sin violencia Venezuela
- Eulalia Flor, Corporación de Estudios y Promoción Social Integral, CEPSI.
- Adriana Jiménez, Cruz Roja Ecuatoriana
- Movimiento Mujeres de El Oro, Comité De Desarrollo Mujeres Fronterizas
- Pablo A. de la Vega M., Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J."
- Pedro Restrepo B. Comité de familiares de víctimas de la represión.
- Silvia Garate, Perú