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La tensión producida por el olvido estatal hacia la mayoría
de comunidades rurales del territorio colombiano ha sido una constante
en nuestra historia. La desigualdad social, la desidia gubernamental
frente a la calidad de vida de los campesinos, en suma, el total
abandono más la concentración exagerada de tierra
por parte de unos cuantos y sucesivas reformas agrarias que sólo
a ellos han favorecido, ha propiciado la formación de ciertos
estados de "ilegalismo", como lo es el cultivo de plantas
de uso ilícito, pero también ha sido fuente originaria
de la organización y movilización popular como fuente
primigenia de exigibilidad de derechos.
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Cómo se ha desarrollado el movimiento popular de las comunidades
que participan de la economía cocalera frente al Plan Colombia
y cómo este respondido con sus hilos tejedores de Imperio
a dicho movimiento, es el quehacer del presente escrito.
Plan Colombia
El Plan Colombia tuvo como excusa propicia el tema del narcotráfico
inmerso en el discurso mundial de la política antidrogas,
traducido en los compromisos adquiridos por el Estado colombiano
en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas
de 1988, que incidió en la promulgación del Estatuto
Nacional de Estupefacientes del año de 1989 y se desarrolló
ampliamente en el documento "Plan Nacional de Lucha contra
las Drogas: Colombia 1998 - 2002" del presidente de la época,
Andrés Pastrana Arango.
El desarrollo de estos instrumentos legales se enmarcarían
en el concepto de Desarrollo Alternativo (asociación del
problema de producción al de pobreza) a través de
la política del Plan de Desarrollo Alternativo PLANTE (que
tendría que erradicar las 120.000 hectáreas sembradas
en el sur del país, según cifras de la CIA), pero
sería interpretado perversamente por las directrices del
Plan Colombia, que lo entendieron como un tema eminentemente militarista
al relacionarlo directa e inescindiblemente al conflicto armado.
Una de las versiones del Plan Colombia señalaba como objetivo
estratégico número uno del mismo:
"Fortalecer la lucha contra el narcotráfico y desmantelar
las organizaciones de traficantes mediante esfuerzos integrales
dirigidos por las Fuerzas Armadas: (1) combatir el cultivo ilícito
mediante la acción continua y sistemática del Ejército
y de la Policía, especialmente en la región del
Putumayo y en el sur del país y fortalecer la capacidad
de la Policía en la erradicación de dichos cultivos.
(...); (2) establecer control militar sobre el sur del país
con propósitos de erradicación. Destruir las instalaciones
de procesamiento, y mejorar la intersección de drogas y
de precursores en los medios terrestres, aéreos, marítimos
y fluviales; (3) restablecer el control gubernamental sobre las
áreas clave de producción de drogas".
Pero, cuál sería la estrategia para restablecer
el control gubernamental en dichas áreas clave? La respuesta
tenia doble cara, de un lado, la fuerza, una fuerza combinada
de Policía y Ejército, entrenada y dotada por el
gobierno norteamericano.
De otro lado estaba el establecimiento de CONFIANZA entre el
campesinado y el gobierno nacional. El discurso de la CONFIANZA
tenía varios matices: participación de los pobladores
en la formulación de programas de desarrollo y la firma
de "PACTOS SOCIALES" en los cuales, concertadamente
se decidiría la forma y los plazos de erradicación
y de dotación de infraestructura vial, capacitaciones,
planes de desarrollo local, etc. Sin embargo, como lo describiremos
más adelante, los procesos de participación y los
lazos de confianza serían burlados por la administración
Pastrana y más tarde, totalmente desestimados por el gobierno
de derecha de Álvaro Uribe Vélez.
El movimiento popular
No es materia de este ensayo realizar una descripción
del movimiento campesino colombiano ni ahondar en los orígenes
de la movilización conocida como las "marchas cocaleras
de 1996" en el sur del país, nos basta simplemente
rescatar una cifra: al menos 200.000 campesinos marchando en pro
de soluciones inmediatas, viables y sostenibles a la crisis social
y económica que vivían, mientras se debatían
entre la criminalización por su actividad productiva, acusaciones
del gobierno nacional de haber sido cooptados por la guerrilla
y políticas públicas irrisorias de desarrollo social.
Para el año 1996 la magnitud de la movilización
social en contra de las arbitrarias decisiones del gobierno de
Ernesto Samper, ceñido al modelo neoliberal implantado
por su antecesor, el hoy secretario de la OEA, Cesar Gaviria,
provocó movilizaciones en diversas regiones, como lo señala
el antropólogo Edgar Montenegro:
"La Administración Samper/96 evitó el Paro
Cívico del Macizo: bloqueo de la Panamericana, que es lo
que le preocupa a los Gobiernos- aceptando la negociación
directa a todo costo (...) que coincidía con el Paro Cívico
del Putumayo, las masivas y mal llamadas "marchas cocaleras",
la Marcha Campesina e Indígena del Caquetá sobre
Florencia, del Guaviare en Miraflores y San José, recuerden
las imágenes televisadas del tratamiento militar a las
movilizaciones, La Marcha de La Gabarra y Tibú (Catatumbo/Norte
de Santander) hacia Cúcuta y la Marcha del Sur de Bolívar,
que llegó a concentrar 15.000 pobladores de ventitrés
(23) municipios del Magdalena Medio y la Depresión Mompoxina
en San Pablo, Bolívar.
Esta actividad social propició la negociación entre
campesinos y gobierno nacional: los primeros, reinvindicando fundamentalmente
su carácter de interlocutores válidos y los segundos
cediendo algunos espacios con un fin único: negociar para
desmovilizar, prometer primero para dispersar las masas y luego
incumplir lo pactado bajo argumentos indefensables.
"El gobierno nacional firmó con los voceros del Paro
Cívico Departamental del Putumayo el 20 de agosto/96 en
Orito; con la Comisión Negociadora de la Marcha Campesina
e Indígena del Caquetá el 12 de septiembre/96 en
Florencia; con los voceros de la II Movilización del Macizo
colombiano, Sur del Cauca y norte de Nariño en Popayán,
el 24 de septiembre/96; con la Comisión de Negociación
del Comité Central de la Marcha del Sur de Bolívar
en San Pablo el 29 de septiembre/96 y un mes después con
la Movilización Campesina del Valle del Río Cimitarra
y Yondó (Antioquia) que firmó el Acta de Compromiso
en Barrancabermeja el 22 de octubre/96.
(Estos compromisos) fueron incumplidos entre el 80 y hasta el
95% de los puntos acordados, precisamente comprometiendo los procesos
sociales de las regiones donde -desde entonces-, se desata la
ofensiva militar a través del método paramilitar,
esto es, de bandas armadas que siembran de muerte y terror unas
regiones y de dolor y desplazados a Colombia. El "negocio
redondo" de la guerra a cuenta de la "guerra a la subversión
y el narcotráfico" de realizar un nuevo y profundo
despojo de tierras y recursos y de paso controlar los negocios
de la coca, amapola, oro y armas (1)".
Esto nos permite darnos cuenta de la terrible fórmula
de control social y eliminación de los movimientos populares:
primero, efectuar atropelladas negociaciones con movimientos de
presión fuertes que posteriormente y ante la incapacidad
de monitoreo por parte de las mismas comunidades, debido a las
difíciles condiciones de coordinación, al exterminio
sistemático de sus líderes y a la efectiva estrategia
paramilitar, serán incumplidas impunemente.
Plan Colombia y pactos sociales
De 1996 al año 2000 hubo un cambio sustancial en la fuerza
de la movilización social. Con la eliminación de
los líderes de las marchas, el empoderamiento paramilitar
en los cascos urbanos del departamento del Putumayo y las inminentes
fumigaciones, 35.000 familias se vieron obligadas a firmar 37
pactos de erradicación.
Para mostrar tanto a nivel nacional como internacional los "concertados"
planes de erradicación fue preciso nombrar a un personaje
siniestro. El funcionario encargado de la consejería de
Convivencia y Seguridad Ciudadana del presidente Pastrana sería
el responsable de la Política de Desarrollo Alternativo
y por tanto, del engaño a los cultivadores de coca.
Pese a que la ideología del Desarrollo Alternativo admitía
la relación pobreza - cultivos, que en algún sentido
des-criminalizaba al pequeño cultivador, para la administración
Pastrana: era "una verdad indiscutible que el problema del
narcotráfico en nuestro país se centra en los cultivos
ilícitos y ya no en la existencia de grandes carteles (2)".
Lo cual ponía al pequeño cultivador como objeto
para la represión, el castigo y el sometimiento.
Con campesinos temerosos de nuevas fumigaciones y en un estado
permanente de zozobra por la presencia paramilitar, fue muy fácil
para el gobierno hacer firmar dichos acuerdos cuya característica
principal es el mayor peso para los cultivadores (que tendrían
que erradicar en el plazo de un año) y la flexibilidad
para la administración (que sólo a mediano y largo
plazo tendría que cumplir sus promesas de desarrollo).
El truco consistía en ofrecer a los campesinos una "ayuda"
inmediata llamada "Seguridad Alimentaria", es decir
US$ 900 por familia para todo un año representados en vacas,
pollos o semillas, que serían administradas por particulares:
"El esquema de atención se realizará bajo
una figura similar a la utilizada exitosamente en la atención
de los damnificados del terremoto del eje cafetero, es decir,
a partir de operadores no gubernamentales -seis en total- que
acompañarán a los campesinos e indígenas
en la realización de una serie de inversiones destinadas
a promover cultivos de corto, mediano y largo plazo (3)".
Lo que sigue de la historia es la circense repartición
de recursos entre estas operadoras, que hoy día se ven
inmersas en escándalos por el manejo de los mismos. Al
campesino se le entregaban dos vacas , veinte pollos o algunos
bultos de semilla, con ello tendrían que sobrevivir todo
un año, y si es irrisorio este concepto de "seguridad
alimentaria", la naturaleza de estos bienes es verdaderamente
perversa, pues aquellas vacas enclenques realmente estaban valoradas
por su calidad en la mitad de los novecientos dólares,
los pollos eran de galpón, por lo tanto no tenían
pico y morían al poco tiempo de ser entregados, y las semillas
eran entregadas, como cuentan los pobladores, sin capacitación
para su siembra, abonos o pesticidas.
Para completar este macabro cuadro, los campesinos narran que
al no poder completar las operadoras la "ayuda alimentaria"
prometida, decidieron entregar tejas, tornillos, tubos y puntillas,
días antes de las fumigaciones para dejar constancia histórica
que antes de las mismas ya toda la ayuda había sido entregada
y quienes habían incumplido con sus obligaciones eran los
campesinos, que no erradicaron sustancialmente la coca.
Pero esto no es todo, con el fin de dar la apariencia a la opinión
pública nacional e internacional que las fumigaciones no
causaban daños a cultivos lícitos, fuentes de agua
o la salud humana, se creó un procedimiento legal (Resolución
0017/01) para tramitar las quejas por los "presuntos"
daños causados a los campesinos. Dicho procedimiento fue
exigencia del congreso de Estados Unidos al aprobar los dineros
para el Plan Colombia y fue monitoreado por la embajada de dicho
país en Bogotá.
Sabemos que a la fecha no hay una sola indemnización producto
de este procedimiento, debido a que impone gravosas cargas probatorias
a los campesinos, y a que las zonas de daños son las mismas
con "graves alternaciones al orden público",
por tanto, los funcionarios encargados de comprobar los perjuicios
quedan eximidos de realizar las correspondientes verificaciones
Este escenario demuestra lo retórico del Plan Colombia,
pues con la entrada en escena de particulares, el Estado colombiano
evitaba reclamaciones directas, omitía su deber de valoración
agrícola de la región para implementar programas
viables a mediano y largo plazo y fraccionaba el tejido social,
pues los campesinos que erradicaron culparon a los que lo hicieron
parcialmente, de las fumigaciones de las que fueron víctimas
en agosto de 2002.
Este escenario permitió que la administración Uribe
Vélez asumiera una postura rígida e intransigente
frente a las fumigaciones, en contravía a mínimos
principios en materia ambiental(4), aduciendo que el número
de hectáreas cultivadas lejos de disminuir habían
aumentado y que realmente no existía voluntad clara de
erradicación por parte de los pequeños cultivadores.
Esta actitud es plenamente respaldada por operadores externos,
ejemplo de ello, la firma norteamericana Chemonics que tuvo mucho
que ver tanto en la ejecución de los pactos como en la
planeación de la política subyacente a ellos y que
hoy día propone a los campesinos proyectos de "bosques
maderables" o explotación maderera de la selva virgen
para consolidar la tragedia ambiental de nuestra selva amazónica.
Ahora bien, imaginémonos un destino aún más
oscuro, considerando el escenario mundial de lucha contra el terrorismo
impulsado, financiado y fortalecido por los Estados Unidos que
ve en ella una preciosa oportunidad de favorecer su industria
bélica y química e insertemos esta imagen en otra
que represente el conflicto armado interno en Colombia, manejado
por el Estado colombiano que bajo la consigna de "quitarle
el agua al pez" se vale de grupos paramilitares y ve en el
campesino un potencial enemigo interno.
Cuál es el destino de los movimientos populares bajo un
es quema de control importado de los delirantes sueños
bélicos de norteamérica? La organización
campesina colombiana a la que la guerra sucia asesina a sus más
nobles líderes e intimida a sus más inocentes no
tiene canales jurídicos de exigibilidad y es objeto de
exterminio cuando utiliza los canales democráticos de movilización
y protesta.
Después de las reflexiones precedentes, es decir, justamente
ahora, es nuestro deber reivindicar la causa del hombre, denunciar
y condenar los Planes regionales que inmunizan a quienes históricamente
se han beneficiado de horrendos crímenes y que han atentado
contra la manifestación más hermosa de solidaridad:
los movimientos sociales y populares.
Notas:
1. Ponencia ante el IX Congreso de Antropología. Julio
19 a 22 de 2000 - Popayán, Cauca. Memorias del Futuro.
Edgar Montenegro. En http://www.colciencias.gov.co
2. Center for Hemispheric Defense Studies. REDES 2001May 22-25,
2001, Washington DC. Panel on Colombia. El Camino Hacia la Paz.
Publicado en la revista Semana. Por: Gonzalo de Francisco Z. Consejero
Presidencial para Convivencia y Seguridad Ciudadana.
3. Ibídem.
4. Es abiertamente conocido que en Colombia se está fumigando
sobre ecosistemas frágiles desde hace más de 20
años con elementos químicos (primero el paraquat
y ahora el glifosato) de los que no se tiene estudios ambientales
serios, ni evaluaciones de su impacto en la salud humana. Los
esfuerzos para realizar cartografía de fuentes hídricas
o asentamientos humanos en las zonas a fumigar han sido presa
fácil para la realización de fraudes y la consolidación
de una dinámica corruptora alrededor de todo aquello que
implique nuestra política antinarcóticos.
* Corporación
Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo".
Organización No Gubernamental de
Derechos Humanos de Colombia.
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