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Sin pretender discutir con detenimiento "qué
tienen de nuevo los nuevos movimientos sociales" (Melucci,
1995, Tarrow, 1997, Offe, 1982), lo cierto es que, al doblar el
siglo, éstos se han convertido en algunos de los actores
sociales y políticos más relevantes de las sociedades
modernas (Giddens, 1992). En el caso de América Latina
esta relevancia ha permitido descentrar la identificación
entre poder del Estado y poder, por ende entre política
y poder. Este descentramiento ha permitido desplazar el debate
sobre este tema desde el Estado hacia la sociedad civil. Para
ser más exactos, la sociedad civil se ha podido redefinir
a partir de la apropiación del poder que conlleva este
descentramiento. De ese modo, la sociedad civil más que
un ámbito en donde se estructuran y circulan las relaciones
económicas y del derecho privado, se ha convertido en el
ámbito en donde circulan y se estructuran las relaciones
de poder o, si prefiere de contrapoder que surge de la sociedad
en oposición al poder del Estado (Lenin, 1917) y al conjunto
de poderes sociales e institucionales. Como consecuencia de esta
circunstancia histórica, lo público de la esfera
política estatal se ha trasladado a la sociedad civil y
se ha convertido en exponente de la acción social colectiva,
lo que ha posibilitado la irrupción de nuevos actores,
en este caso los movimientos sociales, con incidencia social y
política.
En América Latina como en otras partes del mundo, esto
ha sido posible gracias a que se han generado espacios públicos
(Habermas, 1995) desde los que los movimientos sociales han asediado
pero, más que nada, han cuestionado los límites
del Estado de derecho y de la democracia que éste representa.
Esto significa que los espacios de opinión pública
han sido los mecanismos que han posibilitado la emergencia y estructuración
de nuevos movimientos sociales, que se han constituido tanto en
el Estado como al margen de éste. Así, la lucha
del movimiento de mujeres (cualquiera sea la concepción
que se tenga de aquel) ha sido legal (Alvarez, 2002, Dagnino,
2002), basada en los temas de reconocimiento de ciertas esferas
y problemáticas (violencia doméstica, por ejemplo),
la cual ha derivado en una lucha eminentemente institucional que,
en no pocos casos, ha favorecido la consolidación de un
Estado eminentemente panóptico.
Pero, también de los más importantes movimientos
del continente que tienen un ascendiente rural, como son el movimiento
sin tierra en Brasil, el movimiento de los cocaleros en Bolivia
y el movimiento indígena, en Ecuador, que se constituyen
al margen del Estado y cuya lucha tiende a ir más allá
de los límites impuestos por éste. A causa de esta
circunstancia todos ellos se han convertido en los exponentes
de una lucha que desborda lo legal y que se ha instalado en la
política, a partir de la definición de otro horizonte
de acción que cuestiona el poder estatal y el orden los
poderes locales en los que éste se establece. Por consiguiente,
se ubica más allá de la concepción tradicional
del derecho en el que se sostiene el Estado y al que se han visto
avocados ciertos movimientos sociales.
Como es conocido, dentro de los "movimientos sociales al
margen", el movimiento indígena ha apuntado, sobre
todo, a poner en cuestión la identificación del
Estado y la política estatal con ese referente denominado
la Nación. Su lucha y la "retorica" de la que
parte (Warren y Jackson, 2002), entendida como "reconocimiento"
y "autodeterminación", ha tendido ha ampliar
este debate hacia lo plurinacional y multiétnico. Desde
esta perspectiva, ha apuntado a romper estratégicamente
las viejas identificaciones e identidades creadas desde el Estado
de derecho y la política que definen de una manera abstracta
al ciudadano. Ha sido una lucha que ha buscado ampliar los límites
de la ciudadanía y el Estado y, en su versión más
radical, a cuestionar las bases mismas de éste.
Al poner en debate este referente de la nación el movimiento
indígena ha cuestionado la base cultural de las sociedades
latinoamericanas, las cuales se han constituido como parte del
proyecto ilustrado. Es decir, se ha opuesto a la continuación
del proyecto liberal llevado adelante por las elites que secularmente
han dominado la política desde el momento en que nuestros
países se convirtieron en repúblicas independientes.
Debido a este hecho ha politizado la cultura y, lo que es más
importante, ha cuestionado la separación entre cultura
y política que sostenía y sostiene al liberalismo
como proyecto histórico. Los nuevos movimientos sociales
y, sobre todo el movimiento indígena, ha repolitizado cultura
y por este medio la política desde el horizonte de los
intereses de nuevos sectores sociales emergentes. Por tanto, han
puesto en jaque la separación entre estas dos esferas que
se ha mantenido como un supuesto no político de todo proyecto
histórico de dominación de una clase social sobre
el conjunto de clases subalternas, como lo diría Gramcsi.
Pero, además, ha cuestionado la separación entre
economía y cultura como una condición para que se
desarrolle el libre mercado. Este cuestionamiento había
sido señalado tiempo atrás por el movimiento ecologista
(Leff,1987), pero los nuevos movimientos sociales y entre ellos
el movimiento indígena lo han puesto en evidencia al tratar,
por ejemplo, de la situación de los sectores en "condición
de pobreza", ya que ésta no puede entenderse por sí
misma, al margen de los condicionantes culturales a los que está
sujeta. Con ello ha denunciado que esta separación se ha
traducido - como lo había indicado anteriormente Bourdieau
(1979) - en una apología de la cultura de las clases dominantes
que surgen en las sociedades capitalistas y que, sin embargo,
aparecen supuestamente guiadas por intereses estrictamente económicos.
La economía, de ese modo, solo puede entenderse en el ámbito
de la cultura y por ende de la política, lo cual no pretende
negar que una y otra no tengan sus propias autonomías y
especificidades.
Pero, los "movimientos sociales al margen" y, sobre
todo el MST (Harnecker, 2002), han puesto en evidencia igualmente
que viejos problemas represados en el horizonte de la nación
cuestionada, de la identidades culturales negadas y de las nuevas
lecturas de la economía y política, a partir de
la cultura, deben ser puestos al día. Se trata de problemáticas
vinculadas a las oportunidades y recursos que no goza gran parte
de la población dado que el Estado y el poder no solamente
integra a los ciudadanos en horizontes de clase en tanto sectores
dominados, sino que los excluye en tanto sectores subalternos
y explotados. Son exclusiones de la política, economía,
cultura o, para ser más exactos, son exclusiones de la
tierra y el agua como matriz cultural, del capital, de la escuela,
de la justicia..., de la política dentro del régimen
de partidos y de la estrecha concepción de ciudadanía
individual.
Entre estos temas la tierra y el agua (en nuevos contextos culturales,
económicos y políticos) ha adquirido relevancia.
Por esta razón, en base de los avances de los movimientos
sociales, conviene volver sobre estas demandas que forman parte
de una agenda que cuestiona también por estos medios al
Estado. En otras palabras, los nuevos movimientos sociales han
resignificado en contextos históricos distintos viejas
demandas de exclusión respecto del capital, la tierra y
el trabajo. De ese modo, han cuestionado al Estado pero también
lo han redefinido bajo la idea de que no es solamente es el exponente
de unos pocos que son los menos y tienen las máximas oportunidades,
sino también de los más que no tienen esas oportunidades
y que son por definición excluidos. De ese modo, el Estado
nacional que se ha sostenido en un pacto histórico de carácter
oligárquico (Carmagnani, 1982) ha sido restablecido para
convertirse en un referente universal que pretende también
ser de las clases subalternas y que, por ende, apunta a ser de
todos.
Este número de la revista del PADH, como parte de un esfuerzo
que se está realizando en distintos niveles y diferentes
lugares del continente, intenta debatir y discutir sobre los nuevos
movimientos sociales latinoamericanos, aunque su punto de mira
sea mucho más restringido que lo que esta denominación
supone. Esperamos que este interés sea continuado y se
convierta el eje vertebrador en relación de la lucha por
los derechos humanos. Entre otras cosas, porque a diferencia de
la lectura meramente legalista o culturalista, los derechos como
la cultura son resultado de la acción, es decir la lucha,
de este nuevo sujeto histórico (Touraine, 1994). De esa
manera se podrá avanzar en la compresión de los
derechos humanos y de estos nuevos actores que son portadores
no solamente de la acción colectiva sino del cambio social.
También se podrá ir más allá de las
simplificaciones que suponen que los partidos políticos
son exponentes de los sectores dominantes y los movimientos de
los nuevos sectores emergentes, como otra suerte de dicotomía
que simplemente trata de mantener y reforzar los límites
del Estado tradicional oligárquico.
Roque Espinosa
Coordinador Regional
PADH - UASB
Quito, julio 2003
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