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Hace 32 años San José fue sede de
la Conferencia Especializada de la OEA y, por medio de un prodigioso
consenso, los Estados Americanos aceptaron la Convención
Americana sobre Derechos Humanos como el pacto fundamental de
derechos humanos del hemisferio. Hoy, del 3 al 5 de junio, nuevamente
en San José, los Cancilleres de 34 Estados Americanos se
reunirán en la XXXI período de sesiones de la OEA
para fortalecer y mejorar el sistema de protección de derechos
humanos y, eventualmente, darle contenido a la cláusula
democrática que esos 34 estados incluyeron en la reciente
cumbre de Quebec.
El Pacto de San José, de hace 32 años, alentó
un audaz movimiento civil hacia una mayor solidaridad interamericana
y puso las bases de la protección regional de la dignidad
de la persona humana. La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, creada en Santiago de Chile en 1959, con sede en Washington
DC., amplió sus capacidades y expandió los medios
de protección en países de alto riesgo: defendió
los derechos humanos en medio de las guerras y de la violencia
insurgente, supervisó la conducta oficial por informes
acerca de violaciones sistemáticas y condenó las
dictaduras del Hemisferio. Luego, en 1969, los Estados crearon
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se estableció
en San José, diez años más tarde e inició
sus funciones a partir de 1980. Casi simultáneamente, la
Corte, con apoyo de la Comisión y por medio del convenio
de sede en la República de Costa Rica, fundó el
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, como entidad auxiliar
de promoción del respeto a los derechos humanos consagrados
en el Pacto de San José, por medio de la acción
educativa.
Muy pronto, la Corte Interamericana produjo una provechosa acción
jurisprudencial en la atención de casos paradigmáticos:
pena de muerte, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones
arbitrarias, violencia contra los niños de la calle, migraciones
forzadas y éxodos masivos, extensión de la protección
consular humanitaria y protección de la libertad de expresión.
Hoy, de nuevo, como en la Conferencia Especializada de Derechos
Humanos de 1969, en San José, a partir del 3 junio, los
Cancilleres del Hemisferio tendrán en la mesa principal
de la Asamblea las iniciativas y los esfuerzos para mejorar y
expandir la protección interamericana en favor de 200 millones
de habitantes de las Américas.
En el aspecto de la protección legal se trata de que los
Estados acaten rigurosamente y respeten ejemplarmente las resoluciones,
las opiniones consultivas y las sentencias de la Corte y de la
Comisión que los mismos Estados han configurado; en el
aspecto del mejoramiento del sistema de protección, se
trata de que los Estados le den el respaldo financiero, pronto
y efectivo, a los proyectos de reformas que plantea la agenda
del XXXI periodo de sesiones de la OEA. No hay derechos humanos
sin la voluntad política de respeto a la legalidad interamericana,
ni hay mejoramiento sin financiamiento oportuno y extendido a
la Corte y a la Comisión interamericanas.
La expansión de la protección regional de los derechos
humanos debe discutirse ampliamente con la sociedad civil y los
Estados democráticos deben escuchar la opinión de
las organizaciones locales que, en definitiva, son los primeros
litigantes que ponen en movimiento a los órganos de protección
de la Convención Americana. El gobierno de Costa Rica ha
ofrecido, en actitud pionera y dentro de las reglas de la XXXI
Asamblea General de la OEA, facilitar ese diálogo con las
organizaciones civiles del país y de la región,
y acercar el debate de la agenda oficial al público, por
medio de sistemas interactivos de comunicación y por medio
de los comentarios especializados del consejo académico
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Estas organizaciones civiles conforman el audaz movimiento de
derechos humanos que ayer promovieron el advenimiento de la democracia
en las Américas y que hoy representan a las víctimas
individuales y a los sindicatos, a las poblaciones de refugiados
y a las comunidades afectadas por las guerras, a los pueblos indígenas
y aquellas colectividades que ponen ante la Comisión y
luego ante la Corte los casos recurrentes de violencia contra
las mujeres y la niñez.
Convencida de que no puede discutirse seriamente la protección
interamericana a espaldas de las entidades de la sociedad civil,
esa iniciativa del gobierno y, en particular del Sr. Roberto Rojas,
Canciller de Costa Rica, muestra la vocación y la voluntad
democrática del pueblo costarricense ante el desarrollo
del XXXI período de sesiones de la OEA.
A poco más de medio siglo de la creación del sistema
interamericano de derechos humanos, la Corte y la Comisión
pasan por uno de sus momentos claves: se trata de dar seguimiento
a la evolución progresiva y alentadora de las legislaciones
aceptadas para la protección humanitaria y en beneficio
de la dignidad de la persona humana.
Fuente:
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IIDH, Costa Rica
http://www.iidh.ed.cr/aplicaciones/sitio_web/comunicados/comiidh010601.htm
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