|
Introducción
La democracia moderna está compuesta por tres principios
fundamentales: la libertad individual, la ciudadanía y
la representación política de intereses. Esto se
traduce institucionalmente en tres vínculos políticos:
en primer lugar, el reconocimiento de los derechos fundamentales
del individuo (que el poder debe respetar); en segundo lugar,
la conciencia de la ciudadanía, es decir, la conciencia
de estar integrado a una colectividad fundamentada en el derecho;
y por último, la representatividad social de los dirigentes
y de su política (Touraine, 1997). De la presencia y delimitación
de estos vínculos, depende la estabilidad política
y social del sistema.
En el caso de Venezuela, el deterioro de la democracia ha estado
asociado al debilitamiento progresivo de estos vínculos
desde hace, por lo menos, 20 años. Ese debilitamiento se
ha venido manifestando, en primer lugar, en las décadas
de los 80 y 90, con el deterioro de los aparatos que generan el
vínculo de ciudadanía, es decir Salud, Educación
y Seguridad Social; en segundo lugar, con la crisis de legitimidad
de los partidos políticos y de los sindicatos; y finalmente,
en estos últimos tres años, con las amenazas a la
libertad individual realizadas por el poder central del Estado.
Diversas organizaciones de la Sociedad Civil han reaccionado ante
el debilitamiento de la democracia venezolana, haciendo proposiciones
de modelos políticos, organizando manifestaciones y recreando
las formas de participación política. El presente
artículo trata de la forma en la cual las organizaciones
más visibles de la Sociedad Civil han enfrentado el debilitamiento
de la democracia en los últimos tiempos.
En la primera parte del artículo analizamos la forma en
la cual la Sociedad Civil ha encarado el más reciente de
los vínculos debilitados, es decir, la libertad individual.
El debilitamiento de este vínculo comienza con el ascenso
de Hugo Chávez al poder, y está asociado a la intención
de instaurar un modelo político basado exclusivamente en
tres actores: Caudillo, Ejército, Pueblo (Ceresole, 2000).
Es por ello que en esta parte haremos una descripción de
la intención revolucionaria de Chávez, la cual ha
amenazado sistemáticamente la libertad individual en nombre
de la igualdad. Entenderemos el intento de instaurar este modelo
político como el evento que ha desencadenado las movilizaciones
de resistencia y oposición al gobierno de Hugo Chávez
por parte de las organizaciones más visibles de la Sociedad
Civil en los últimos tres años.
En la segunda parte del artículo, el lector encontrará
una descripción sobre las formas de articulación
de intereses por parte de la Sociedad Civil ante el debilitamiento
de la ciudadanía como vínculo democrático.
Se hace referencia a la Sociedad Civil como un campo de relaciones
en el cual hay dos polos que se condicionan mutuamente: el Estado
y las asociaciones civiles que organizan el interés de
los ciudadanos (CISOR, 1998). En esta parte tratamos el problema
de cómo armonizar la defensa de la libertad individual
con el necesario rol de Estado de dar oportunidades a quienes
no la tienen (ciudadanía). En efecto, en el caso de algunas
asociaciones civiles se observa que velan por el interés
particular de sus miembros, olvidando que existe una sociedad
que encierra otros requerimientos. Para ilustrar esta tensión
entre interés particular e interés público,
hemos escogido el caso del Decreto 1.011 y de las acciones que
éste ha desencadenado en la Sociedad Civil.
En tercer lugar, hacemos referencia a la posición que ha
tomado la Sociedad Civil respecto a la representación política
de intereses. Son las organizaciones de la sociedad civil las
que en los años 90 colocaron en la agenda pública
el tema de la antipolítica como reacción al debilitamiento
de los partidos y de los sindicatos. Paradójicamente, estas
asociaciones definieron el significado de una democracia con mayor
participación, sin intermediaciones entre el Estado y el
Ciudadano. En ese sentido, mostramos una breve sistematización
de las propuestas de participación política de las
organizaciones más visibles de la sociedad civil.
El fortalecimiento de la Sociedad Civil pasa por el fortalecimiento
del Estado como institución integradora, y de las formas
políticas de representación de intereses. Por último
intentamos responder a la pregunta inicial que nos hemos hecho:
¿Por qué las marchas no llegan a ser gobierno? Las
marchas de los últimos tiempos, tienen la particularidad
de haber unido en sus filas a sectores de la población
tan diversos en su ideología, que sería imposible
imaginarse una reunión igual en caso de no existir el factor
de unión, es decir Hugo Chávez. En estas movilizaciones
uno puede hallar grupos de extrema izquierda como Bandera Roja,
antiguos partidos políticos como AD, COPEI y MAS, nuevos
partidos como Primero Justicia, asociaciones civiles de reciente
fundación como "Mujeres por la Libertad" o "
el Movimiento Nulidad 1.011", así como asociaciones
de antigua data como CTV y Fedecámaras. Nuestra intención
es demostrar que, en el fondo, estas marchas, a pesar de ser movilizaciones
con agendas múltiples, no terminan siendo ni haciendo gobierno,
pues falta un proyecto global de Democracia que enmarque sus acciones.
Su horizonte cercano, al desaparecer el factor de unión,
es incierto y no responde a un proyecto que provea soluciones
a los graves problemas sociales y económicos que vive Venezuela
desde hace 20 años.
1. La Sociedad Civil y La Democracia Popular:
Libertad Individual vs. Libertad "positiva"
Mucho se habla en estos días del rol fundamental que han
jugado las organizaciones de la Sociedad Civil en la defensa de
la libertad individual, haciendo oposición al gobierno
del Presidente Chávez. Inclusive, se sabe que ellas son
las principales organizadoras de las movilizaciones más
recientes. En otras palabras, se trata de organizaciones que han
venido haciendo seguimiento a las políticas del gobierno
que afectan o hubieran podido afectar directamente la libertad
individual.(1) Una Libertad que se ha visto amenazada por el Presidente
Chávez.
Es por esto que las asociaciones civiles han hecho oposición
al poder centralizador de un gobierno que pretende definir moralmente
la vida social venezolana. Desde que Chávez asumió
el poder en 1.999 ha venido amenazando la libertad individual
en nombre de la igualdad y de la soberanía popular. Basta
escuchar su discurso para sentirse amenazado (sin importar la
clase social) en el derecho de tener, en el derecho de educarse
libremente, en el derecho de organizarse en base a intereses legítimos,
en el derecho de realizar manifestaciones. La manera en la que
Chávez revindica la noción de igualdad amenaza con
fuerza la libertad de los ciudadanos. Los ejemplos de esta amenaza
son múltiples, desde torpes decretos (como el 1.011) que
pierden la oportunidad de generar condiciones para mejorar las
oportunidades de los más débiles en el sistema educativo,
hasta leyes que de un plumazo amenazan con desaparecer propiedades.(2)
Otro ejemplo claro de amenaza a la libertad individual lo representa
el violento combate armado entre civiles y la acción de
francotiradores apostados en Caracas, en las cercanías
del Palacio de Miraflores el 11 de abril de 2.002. La matanza
de venezolanos ocurrió en una marcha pacífica que
se dirigía a Miraflores desde el este de esta ciudad, mientras
el Presidente Chávez trasmitía un discurso en cadena
nacional y a través de los altavoces cercanos al Palacio.
De tal manera que no es difícil corroborar la intención
de vulnerar la libertad individual por parte del Presidente, como
tampoco es difícil ilustrar la pugnacidad de su lenguaje.
He aquí parte del discurso que dio en Caracas y en Santa
Inés al promulgar la Ley de Tierras el 10 de diciembre
de 2001:
'Y no crean que se va a quedar sólo
en la firma.... No voy a esperar un segundo para que esta ley
se empiece a cumplir. ¡Oligarcas temblad! Dentro de poco
empezaremos a pedirle a los latifundistas los títulos
a ver si tienen. Dentro de poco, estaremos dando la tierra a
los campesinos' 'Yo le preguntaba a un banquero que me dijo
que apoyaría el paro ¿Y cuánto dinero del
Estado están en los bancos?... ¿Cuántos
empresarios andan por ahí buscando contratos petroleros
y petroquímicos? Eso lo voy a chequear. Ahora van a saber
cómo es que el cambur verde mancha', amenazó,
en lo que pareció un ataque velado al presidente de Fedecámaras,
Pedro Carmona Estanga, quien también preside una empresa
petroquímica.
'Vamos a apretar las tuercas' en El Universal, 11 de
diciembre de 2001. Palabras pronunciadas en Caracas y en Santa
Inés al promulgar la Ley de Tierras.
No es extraño percibir congruencia entre estas palabras
y la activación del plan de emergencia militar en Caracas
, es decir el Plan Ávila. Todas estas acciones las realiza
Chávez en nombre del Pueblo, en nombre de la soberanía
popular y en nombre de un modo de hacer política que es
clave comprender desde el punto de vista ideológico. Las
claves de este modelo se hallan en la justificación ideológica
de la elección presidencial que eligió a Chávez,
del tipo de democracia que se ha querido fundar y de los actores
implicados en la misma.
La interpretación que hacen los ideólogos del régimen
del la elección presidencial de 1.998 es muy importante,
porque allí se justifica acciones personalistas que desde
hacía algún tiempo rondaron por la mente de los
votantes venezolanos. En efecto, Chávez y sus ideólogos
interpretan que el haber sido electo lleva implícito que
"el poder debe permanecer concentrado, unificado y centralizado".
Esa centralización se justifica porque el pueblo ha elegido
a una persona, y no a una idea o a un partido (Ceresole,
1.999). Una persona que "traduce con amor" la voz justiciera
del Pueblo. Para Chávez y sus ideólogos la justicia
y la libertad no dependen de asignaciones institucionales basadas
en reglas determinadas, sino de una persona. Se cree en Chávez
como se cree en un santo y se confía en él porque
se supone de entrada buena intención. La justicia es asignada
dependiendo de la cercanía al líder y de la suerte
que pueda tener un ciudadano al entregar su demanda directamente
al Presidente.
La democracia participativa y protagónica es la segunda
razón que caracteriza al modelo. La democracia participativa
y protagónica es la desembocadura "lógica"
de un proyecto político en el cual no debe haber más
intermediación entre el Estado y los individuos. Según
los ideólogos de Chávez, se trata de un estadio
superior de la democracia representativa que en otro tiempo ejercían
los partidos políticos.(3) La democracia participativa
y protagónica es una versión electoral y caudillesca
de democracias populares tropicales, como el caso cubano. En otros
países esos sistemas cristalizaron a través de Fuerzas
Armadas extranjeras, o a través de la toma del poder por
la fuerza. En el caso de Venezuela, vivimos una democracia popular
de tipo electoral. Las democracias populares dominaron el este
de Europa hasta finales de los 80. Es bueno recordar que China
es una República Popular, y que Alemania del este, antes
de la caída del muro de Berlín se denominaba República
Democrática de Alemania. Aunque en el caso venezolano está
ausente la potencia del partido único y de una ideología
que inspira acciones atroces contra la libertad individual.
La tercera razón tiene que ver con los actores fundamentales
del modelo, que según uno de los primeros ideólogos
de esta revolución, Norberto Ceresole son "el Caudillo,
el Ejército y el Pueblo". Estos tres actores han estado
presentes en la forma de conducir la política de Chávez
desde que comenzó su gobierno. Tan es así, que la
Fuerza Armada ha sido la encargada de conectar al Soberano con
el Líder a través de la ejecución de la política
social del gobierno con el Plan Bolívar 2000. Sin embargo,
es importante indicar que el componente Ejército de este
triángulo demostró ciertas diferencias cuando generales
de los componentes y parte del Alto Mando militar desobedecieron
las órdenes de su Comandante en Jefe ante la masacre del
11 de abril.
La democracia popular de Chávez antepone la libertad "positiva",
esa que viene administrada desde el gobierno en nombre de la soberanía
popular, a la libertad individual.(4) En otras palabras, en este
modelo la libertad de ser y actuar debe estar avalada por lo que
el gobierno disponga, y no por lo que en sus relaciones individuales
cada persona construya con los otros en un marco legal. Es obvio
que si se hace una revisión de la prensa se puede observar
que la libertad de expresión no ha sido atacada de manera
formal por el Estado. Es decir, no se ha cerrado ningún
medio, ni se ha puesto obstáculos legales a su gestión.
Sin embargo, no hay que olvidar la adversidad a los medios de
comunicación que Chávez ha demostrado públicamente
al atacarlos en sus cadenas presidenciales. Ello conduce a que
sus simpatizantes revolucionarios los ataquen de "manera
espontánea".
Norberto Ceresole (2000), uno de los ideólogos del régimen,
describe de esta manera las características del proceso
político venezolano de los últimos tres años:
Se diferencia del "modelo democrático"
(tanto liberal como neo-liberal) porque dentro de la orden popular
(mandato) está implícita - con claridad meridiana
- la idea de que el poder debe permanecer concentrado, unificado
y centralizado (el pueblo elige a una persona (que es automáticamente
proyectada al plano de la metapolítica) y no a una "idea"
o "institución")...
Se diferencia de los caudillismos tradicionales o "conservadores",
porque el mandato u orden popular que transforma a un líder
militar en un dirigente nacional con proyecciones internacionales
fue expresado no sólo democráticamente, sino,
además, con un sentido determinado: conservación
de la cultura (independencia nacional), pero transformación
de la estructura (social, económica y moral)...
Es distinto de los nacionalismos europeos de la primera posguerra,
por algunos de los elementos ya señalados que lo diferencian
del "socialismo real": ni "partido" ni "ideología"
cumplen funciones motoras dentro del modelo, aunque aquellos
partidos nacionalistas hayan llegado al poder por decisiones
originalmente democráticas (voto popular) (Ceresole,
1.999).
Además, la democracia participativa y protagónica
utiliza el aparato estatal como recurso para organizar los Círculos
Bolivarianos. Organizar grupos políticos utilizando ventajosamente
las herramientas del Estado, es un atentado contra la libertad
individual. Al respecto, Guillermo García Ponce, jefe del
Comando Político de la Revolución, explica la función
de los Círculos Bolivarianos.
Los círculos tienen como objetivos 'elevar
la conciencia social; formar cuadros revolucionarios; velar
por el cumplimiento de la democracia participativa: participar
en la gestión de gobierno a fin de asegurar sus objetivos
en seguridad ciudadana, salud, educación, servicios públicos
y lucha contra la corrupción'. Son grupos basados en
el artículo 52 de la Constitución. Ahora combatirán
la especulación." El Universal, EUD, 12 de febrero
de 2002.
Sin embargo, y a pesar de que exista una intención desde
el Estado de instalar un modelo político que reconoce limitadamente
la libertad individual, es preciso que hagamos un poco de sociología
política, con el fin realizar algunas observaciones al
modelo chavista. Estas observaciones pretenden demostrar lo inviable
de este proyecto en una sociedad moderna como la venezolana, diversificada
en intereses, que además necesita un gobierno con una mayor
especialización para poder responder a las demandas de
manera focalizada.
Observaciones sobre la democracia popular venezolana
a) Personalismo: fuerza y debilidad. La "revolución
bolivariana" tiene su fortaleza y su debilidad en el personalismo
del régimen. La fuerza de ese personalismo consiste en
el poder de convocatoria y el impulso reformador que Chávez
muestra eventualmente ante circunstancias determinadas. La debilidad
consiste en la ausencia de vocación institucional del Presidente,
lo que hace que todo dependa de su voluntad para poder tener consecuencia
en políticas de gobierno. Es por ello que las contradicciones
del gobierno reflejan las contradicciones de Chávez. Ello
hace que el gobierno oscile entre actitudes revolucionarias y
acciones reformadoras. En efecto, Chávez puede llegar a
amenazar con expropiar tierras, haciéndose el más
revolucionario de los líderes, y en el mismo mes, decidir
liberar el sistema cambiario dejando que el precio del dólar
fluctúe libremente. De momentos cualquier analista político
podría decir que la Revolución está en marcha
porque, con la anuencia del Presidente, existen revolucionarios
en la calle que le dan un carácter de lucha al "proceso".
De la misma manera, Chávez invita a conversar a Teodoro
Petkoff, uno de los más serios opositores del régimen.
Así mismo, no hay que olvidar que Chávez tuvo una
posición un tanto ambigua ante los actos terroristas ocurridos
en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2.001. De tal manera
que se trata de una forma de hacer política que depende
de la decisión personal del líder, que bascula entre
un impulso reformista y una actitud revolucionaria. Entre Una
Voluntad (la del líder) y una intención antidemocrática.
En ambos casos, la ausencia de institución es clara.
b) Ausencia de un aparato gubernamental que garantice la ejecución
eficiente de las políticas el gobierno. El personalismo
de Chávez no permite que las instancias gubernamentales
se acondicionen para la ejecución de las políticas
sociales y económicas. Por ejemplo, el aumento de la matrícula
escolar en 233.675 niños que se observó entre 1998
y 2000 se debe en gran medida a las declaraciones del Presidente
en una cadena de radio y televisión del año 1999.
En esa cadena, el Presidente con un impulso reformista, forzaba
a los directores de las escuelas públicas a no cobrar la
contribución de la Comunidad Educativa que servía
para la compra de enseres. Esto permitió que los obstáculos
para incorporar a los niños al sistema escolar se aminoraran
y los padres decidieran inscribir a sus niños en la escuela.
Así que la causa de tal éxito no es producto de
un plan estructurado del Ministerio de Educación, Cultura
y Deportes sino de la voluntad del presidente Chávez. Esto
demuestra una ausencia de planes de eficiencia para la ejecución
de políticas públicas.
c) Una vida social participativa y protagónica es poco
viable en la modernidad. Por otra parte, se deja ver que el
proyecto político en cuestión es poco viable en
una sociedad moderna y diversificada en intereses. Basta preguntarnos
cuán viable puede ser un proyecto como éste en una
sociedad que privilegia la realización de proyectos personales.
En efecto, este proyecto sobrestima la participación de
los ciudadanos en asuntos que claramente son responsabilidad de
aparatos especializados del gobierno, llámese Ambulatorios,
Escuelas, Policía, INDECU. No existe vida cotidiana capaz
de aguantar una propuesta tan participativa. En una sociedad moderna,
donde los individuos, sin importar su clase social, tienen proyectos
personales diversos, un modelo como éste se convierte en
un obstáculo, a menos que se imponga como el único
proyecto social a realizar.
d) Tampoco la conservación de la cultural nacional
es viable como objetivo subalterno de un modelo político
en un contexto internacional en el cual se privilegia el intercambio
económico global. La globalización económica
no necesita una oposición tan férrea como tampoco
defensores, pues ella es sociológicamente inevitable. Hoy
en día, los modelos políticos deben responder forzosamente
a la tensión social que generan los intereses globales
y demandas sociales presentes en el territorio nacional.
e) Ausencia de aparatos ideológicos eficientes que
garanticen la Revolución. Un proceso revolucionario
como el propuesto por Chávez necesita ciertos aparatos
ideológicos (como programas educativos, medios de comunicación,
etc.) que permitan contener y propagar de manera eficiente el
modelo político. Ello supone tiempo y formas políticas
de organización que vigilen y den coherencia a la aplicación
del modelo. Por lo visto, los intentos realizados por ideólogos
como Carlos Lanz con el Proyecto Educativo Nacional del Ministerio
de Educación han encontrado enormes resistencia en las
filas chavistas y fuera de ella, por su incoherencia, poca viabilidad
y visión comunitarista extrema.
f) Una Fuerza Armada profesional, con tradición y orientación
institucional le es difícil mantenerse en el triángulo
político Caudillo, Ejército, Pueblo tal como Ceresole
argumenta en el texto citado anteriormente. Ese apego a la institucionalidad,
a la meritocracia y a la jerarquía se demostró cuando
el 11 de abril Generales de los cuatro componentes de la Fuerza
Armada se negaron a cumplir órdenes que parecían
atentar contra la Constitución de la República.(5)
Sobre la visión del poder central del Estado que manejan
los ideólogos chavistas, es siempre bueno recordar que
la Sociedad antecede en relaciones al Estado, que aquel es una
creación de ésta (o parte de ésta). Si bien
se debe reconocer que el Estado puede ser secuestrado por grupos
políticos determinados (de izquierda o de derecha) debemos
entender que la función del Estado en una democracia es
evitar en lo posible, que esto ocurra. El Estado es la consecuencia
de fuerzas sociales presentes, y si quiere garantizar la paz,
debe permitir que éstas se organicen, mediando en sus demandas.
Por otra parte, es importante detenernos en esta tendencia revolucionaria
del Presidente. En efecto, tal como lo referimos anteriormente,
Chávez muestra actitudes revolucionarias
más que acciones revolucionarias. Ello no quiere decir
que en un futuro no ejecute este tipo de acciones, pero es importante
resaltar que sus acciones de gobierno (cuando las ha tenido) han
sido acciones reformistas. Esas actitudes revolucionarias
no favorecen la solución o las reformas políticas
de los conflictos sociales porque en su acción las contradicciones
políticas son insuperables. Por ello se entiende que haga
falta vencer y eliminar lo que le adversa. Ello determina el sueño
de una sociedad social y políticamente homogénea
y lleva a considerar que el adversario es un traidor al pueblo
y a la nación (Touraine: 1997: 329).
Esta actitud acentúa en la población civil
el sentimiento de amenaza contra su libertad. De esta manera se
entiende porqué en los últimos tres años
algunas asociaciones civiles han activado mecanismos para defenderse
de leyes que atentan contra la libertad individual. Los ciudadanos
corroboran el ilimitado poder que intenta tener el Presidente
en espacios sociales donde parece nunca haber estado antes.
2. La Sociedad Civil y la ausencia de proyecto global
Se entiende las razones por las cuales el debate reciente se
ha limitado a la defensa de la libertad individual. No hay nada
más amenazador que el poder de un Estado señalando
lo que debe ser la conducta de cada uno de sus ciudadanos. En
nombre de la igualdad, en nombre de la soberanía popular,
no se puede homogeneizar a una sociedad. Sin embargo, se debe
reconocer que la amenaza a la libertad individual nos ha distraído
de otros problemas que tocan profundamente a la sociedad venezolana.
En efecto, es muy poco lo que se debate públicamente hoy
día en torno a un proyecto global que atienda claramente
la diversidad de intereses propios de una sociedad moderna. Podríamos
decir que ni chavistas ni oposición tienen claro qué
hacer para tener éxito como gobierno. Ello se debe, en
gran medida, a la ausencia de un proyecto global que garantice
a la vez, inclusión social y crecimiento económico.
Para ello el sistema político debe sobreponerse al disenso
(que es el estado entrópico de la naturaleza social), y
producir el consenso en torno a estos dos aspectos (Sartori, 1995).
En efecto, en un sistema político democrático se
debe tener en cuenta tanto las demandas individuales como las
demandas globales de la sociedad. Si un sistema político
no concilia esta tensión, corre el riesgo de ser secuestrado
en nombre del pueblo, de la igualdad o de la libertad. (Sartori,
1992). Sin embargo, corroboramos que el sistema político
venezolano se encuentra vacío de proyecto democrático:
Por un lado, un gobierno que presenta un proyecto político
excluyente, con una intención totalitaria; y por otro lado,
una oposición representada en la Sociedad Civil que no
es asimilable a un actor social, dada su diversidad.
En efecto, como hemos enunciado, una de las expresiones de este
vacío es la presencia de las Organizaciones de la Sociedad
Civil como oposición. Ello no significa que su participación
sea poco importante. Al contrario, su efectivo desempeño
en la oposición al gobierno de Chávez demuestra
que en Venezuela existen ciudadanos, dispuestos a organizarse
para luchar por la libertad en democracia. Sin embargo, esa representación
social es todavía muy parcial para generar un proyecto
que atienda otros aspectos de la sociedad venezolana. Entre otras
cosas porque su motivación inicial no es la globalidad
de la sociedad, sino aspectos parciales de la misma que han sido
afectados por la acción del Estado o por la acción
de otros actores sociales. Es por ello que la sociedad civil no
puede ser asimilada a un actor opositor, su heterogeneidad es
tal, que sería muy difícil pensar en ella como si
se tratara de un partido político.
De la misma manera se puede argumentar que no es función
de la sociedad civil ocuparse de la globalidad de la sociedad,
porque ellas son funciones propias del Estado. Sin embargo, es
interesante plantearse este problema en vista de que es mucho
lo que queda por hacer para generar un proyecto de sociedad que
tenga cuenta de las diferencias, sin olvidar lo común.
Es por ello que nos parece pertinente abordar el tema de la sociedad
civil a partir de una perspectiva desarrollada en un estudio realizado
en el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales (CISOR) por
Gruson, Parra y Regnault (1998). Según los autores, las
asociaciones incluidas en la sociedad civil articulan intereses
de una gran diversidad, según sea el origen y el destino
de sus acciones. En efecto, en la Sociedad Civil se puede observar
desde aquellas organizaciones que se orientan a solucionar problemas
de calidad de vida en determinada población, hasta aquellas
asociaciones que luchan por solucionar problemas de orden público,
en competencia con el gobierno. De la misma manera podemos encontrar
organizaciones que se asocian con el Estado en calidad de agencias
gubernamentales para ejecutar políticas de ministerios,
hasta aquellas que no requieren del Estado porque éste
distorsionaría su misión social. La literatura conocida
sobre ONGs empleada por organismos multilaterales define a estas
organizaciones en oposición al mercado y al gobierno, identificándolas
con el Tercer Sector (Carroll, 1994;Salamon, 2000, entre otros).
En otras palabras el Tercer Sector es el sector de asociaciones
sin fines de lucro dedicado al desarrollo social. Sin embargo,
en el caso de la investigación reseñada lo que se
quiso identificar fue los patrones de organización de una
sociedad democrática y diversa. Es por ello que en el mundo
de la sociedad civil encontramos (CISOR, 1998:25):
1) Aquellas asociaciones que tienen roles políticos
y ciudadanos, como los partidos políticos, los sindicatos,
los grupos electorales, los grupos de presión. También
encontramos en esta categoría ciertas organizaciones
no gubernamentales que tienen propósitos políticos
expresos, y buscan tener cierta injerencia en la política
estatal. Tal es el ejemplo de las organizaciones dedicadas a
la defensa de los Derechos Humanos.
2) Aquellas asociaciones que tienen roles de capitalización
y roles comerciales. En estas asociaciones encontramos tanto
las cooperativas como las empresas comerciales cuya actividad
genera tanto utilidad social como beneficio económico
a sus miembros (tanto dueños como trabajadores).
3) Aquellas Asociaciones que tienen roles de desarrollo a nivel
comunitario, es decir, aquellas cuyos propósitos están
inspirados en la creación de espacios sociales de autoayuda
o "self-help" en las comunidades. Aquí podemos
encontrar desde Alcohólicos Anónimos hasta la
Asociación Criollitos de Venezuela.
4) Aquellas que prestan servicios sociales y comunales, y que
pretenden dar ciertos servicios de salud o de asesoría
en el plano de la organización comunitaria.
5) Aquellas asociaciones que agregan, promocionan y defienden
intereses particulares. Aquí encontramos las Cámaras
y los Sindicatos, los gremios profesionales y los consejos de
organizaciones, tales como las universidades.
La visión de CISOR sobre la Sociedad Civil es amplia,
y tiene en cuenta desde organizaciones que articulan intereses
muy particulares (como juntas de vecinos), hasta asociaciones
que fomentan aspectos de interés público que afectan
la vida de todos (como las organizaciones ambientalistas o ecologistas).
Los autores de la investigación realizada en CISOR lo expresan
de esta manera:
"Una asociación puede reunirse
en torno a un interés particular sin pretender afectar
expresamente la composición pública de las relaciones
sociales, ya que circunscribe su acción a resolver el
problema preciso que se ha propuesto. Un ejemplo de una asociación
en torno a un interés particular es aquella que tiene
que ver con la remuneración de los trabajadores: para
ello éstos se reúnen en sindicatos, uniendo sus
voluntades particulares para lograr mejoras en sus ingresos.
Muy a pesar de que este interés por mejorar se generalice
en toda la población, pasando a otros niveles de acción
tales como las confederaciones de trabajadores, no se tratará
de un interés público, sino de un interés
particular generalizado en toda la población afectada
por el bajo ingreso salarial."
"Por otra parte, una asociación en base a un interés
público tiene connotaciones diferentes a una asociada
en base a un interés particular. En principio, aquella
pretende afectar elementos que conciernen a la globalidad de
la sociedad. Continuando con el ejemplo anterior de la remuneración
de los trabajadores, este interés se hace público
en la medida en que una asociación se plantea como problema
la distribución global del ingreso de toda la sociedad.
Para ello tiene que tocar el problema de la equidad, de la justicia,
pero también de la productividad y de la producción,
afectando con sus acciones no solo el interés de los
empresarios, sino el de los trabajadores mismos. Un interés
público se ubica siempre por encima del interés
particular de las partes interesadas en determinado problema.
Organizaciones ilustrativas de este tipo de interés son
igualmente aquellas que se dedican a la defensa y a la promoción
de los Derechos Humanos. En efecto, estas asociaciones nos recuerdan
que los Derechos Humanos no son reivindicaciones de un determinado
sector de la población de una sociedad, sino de todos
los miembros de la sociedad en general."
Esta división es pertinente sobre todo si queremos resaltar
el contenido democrático de la acción de las asociaciones.
En efecto, una sociedad democrática no solo privilegia
la promoción de intereses particulares (individuales o
generales), sino la promoción de intereses que conciernen
a la sociedad en su globalidad.
"La Sociedad Civil es fundamentalmente un campo de
relaciones donde las asociaciones de una forma al menos parcialmente
organizada y autónoma, responden ante la acción
del Estado nacional o, más a menudo, a la acción
del mismo". Los autores de la investigación reseñada
lo ilustran de la siguiente manera:
En la Sociedad Civil como campo relacional "hay dos fuentes
principales y no excluyentes de acción, que nutren las
relaciones entre el mundo de las Asociaciones y el Estado. Por
un lado la Sociedad Civil se nutre de los diferentes modos de
acción del Estado, y por el otro, se nutre de las vertientes
de relación que se establecen desde las propias asociaciones.
El Estado condiciona a la Sociedad Civil a través de los
diferentes roles que desempeña en la sociedad: su función
de actor nacional, su función como garante de "las
reglas del juego social", y su función de recurso
e intermediario de las fuerzas sociales en presencia.(6) Por otro
lado, el mundo de las asociaciones pauta la acción del
Estado y definen la sociedad civil tal como lo describimos anteriormente.
El Decreto 1.011 como ejemplo
Para ilustrar este condicionamiento entre el Estado y
el mundo organizado de los intereses en la sociedad, tomaremos
el ejemplo de las asociaciones que ha suscitado la promulgación
del Decreto 1.011 sobre los Supervisores Itinerantes en el Sistema
Escolar.
Bien es sabido que el sistema educativo oficial venezolano en
Escuelas Públicas Nacionales, Estadales y Municipales,
desde hace un tiempo presenta rasgos enormes de ingobernabilidad
relacionados con la disciplina laboral de los docentes (Bruni,
2.001). Las causas de esa ingobernabilidad las encontramos en
un régimen disciplinario cuya aplicación resulta
demasiado compleja, y por ende inoperante. La manifestación
de esta ingobernabilidad es la falta de poder de los directores
para sancionar a los docentes que no cumplen con su trabajo, y
la facilidad con que los docentes pueden conseguir reposos médicos,
muchas veces de carácter fraudulentos (Bruni: 2.001:192).
A esto, debemos sumar la manera en la que se han venido eligiendo
a los supervisores, en la cual el Ministerio de Educación
no tiene ningún margen de maniobra, ya que son las juntas
controladas completamente por los sindicatos docentes las que
tienen mayor peso en la elección. Esa ingobernabilidad
ha sido el problema más recurrente para quienes llegan
a ser titulares del Ministerio de Educación. El asunto
está en cómo conseguir, a través de mecanismos
administrativos, un mayor control de la gestión escolar.
La literatura sobre el tema es abundante, muchos autores elaboran
las posibles soluciones del problema a partir de diseños
de gestión que le dan mas poder de decisión a los
directores de escuelas; otros, complementando estas observaciones,
proponen que se modifique el Reglamento del Ejercicio de la Profesión
Docente y de allí establecer contratos laborales mucho
más orientados a la obtención de resultados susceptibles
de ser evaluados. Esta idea de reformar el Reglamento del Ejercicio
de la Profesión Docente ha estado presente en los debates
llevados a cabo por exfuncionarios del Ministerio de Educación
del último gobierno de Caldera (1994-1999).
Lo anterior ha hecho que quienes administran el Estado se les
haga difícil la tarea de ejercer las dos funciones más
importantes del sistema es colar: La primera, la de actor nacional,
garante de la ciudadanía; la segunda la de institución
"garante de las reglas del juego social" (Ver figura
1). Cualquier equipo de gobierno responsable de la cartera de
Educación sabe que en la solución de este problema
se encuentra una de las claves para mejorar el desempeño
del sistema. El instrumento administrativo que se dio el gobierno
de Chávez fue el Decreto 1.011 en el cual se modificaba
el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, creando
la figura de los Supervisores Itinerantes, una cuarta jerarquía
de Supervisores escogidos por el vice-ministerio de Educación
y no por la junta seleccionadora.(7)
Artículo 1°: Se modifica
el artículo 32, agregándosele en la Categoría
6, una Cuarta Jerarquía en los términos siguientes:
"Cuarta Jerarquía: SUPERVISORES ITINERANTES NACIONALES".
Para Ingresar a la jerarquía de Supervisores Itinerarios
Nacionales, es necesario:
1. Ser venezolano
2. Ser o haber sido docente
3. Ser de reconocida solvencia moral y con méritos académicos
suficientes que acrediten su eficiencia profesional.
4. Ser nombrado por el Ministro de Educación, Cultura
y Deportes, a proposición del Viceministro de Asuntos
Educativos.
El Cuerpo de Supervisores Itinerantes Nacionales estará
conformado por los docentes que fueren necesarios, a proposición
del Viceministro de Asuntos Educativos, del cual dependerán
jerárquicamente. Dichos supervisores integrales en todos
los planteles establecidos a nivel nacional. ... Si el informe
final de la supervisión integral de cada plantel así
lo recomienda, éste se intervendrá y podrá
suspenderse a todos o a algunos de los miembros del cuerpo directivo,
caso en el cual se designará el personal directivo interino
correspondiente".
Es obvio que podrían hacerse interpretaciones de las intenciones
veladas del Decreto. Sin embargo, desde el punto de vista formal,
la intención del gobierno por controlar la gestión
del sistema escolar está más que justificada. Sin
embargo, las críticas que hacemos al decreto son dos. Por
un lado, nos parece que el Decreto es amenazante cuando declara
que el informe final puede ocasionar la intervención del
plantel por parte del Ministerio. En segundo lugar, el manejo
torpe por parte del gobierno respecto a la posición tomada
por las organizaciones visibles de la Sociedad Civil fue clave
en la tensión que generó el Decreto 1.011. En lugar
de recibir las críticas sobre el lenguaje amenazador del
decreto, y mantenerse en la línea reformista para lograr
la gobernabilidad del sistema, el Presidente Chávez tomó
una actitud revolucionaria y revanchista lo cual afectó
la intención original del decreto. Estas actitudes revolucionarias
del Presidente, además del lenguaje agresivo del decreto,
amenazaron innecesariamente a las escuelas privadas y a gremios
docentes, generando una reacción contraria al decreto.
El propio Ministro de Educación Héctor Navarro,
quien propuso el decreto, aceptó cierta torpeza gubernamental
en el manejo del mismo. Héctor Navarro, en una reunión
con escuelas privadas lo expresó de esta manera:
Yo reconozco que el decreto 1011, lo hicimos
pensando especialmente en las escuelas públicas, que
son las que incurren en las peores fallas. E inclusive acepto
la crítica del P. Arturo Sosa (Provincial de la Compañía
de Jesús), con respecto a que no había comunicado
debidamente su intención a la opinión pública,
y que por ello había surgido todo este movimiento de
oposición al referido decreto. (Resumen de la charla
ofrecida por Héctor Navarro en el Colegio San Ignacio,
el 31 de enero de 2.001. Resumen disponible en página
Web del Movimiento Nulidad 1.011. http://www.nulidad1011.com/)
Este es un ejemplo de un decreto con voluntad reformistas que,
acompañado de una actitud revolucionaria, distorsiona el
rol del Estado, y genera resistencias y cohesiones donde no existían.
Después de la promulgación del decreto, tres actores
se unieron para formular un recurso de nulidad ante el Tribunal
Supremo de Justicia. Esas asociaciones son la Cámara Venezolana
de la Educación Privada (CAVEP), la Federación de
Profesores de Venezuela y el Movimiento Nulidad 1.011. Este último
es uno de los movimientos más recientes y más activos
de la sociedad civil, en el cual participan Padres y Representantes
de niños que asisten a las escuelas, sobre todo privadas.
Este es un caso típico de una organización ciudadanos
en defensa de la libertad individual en la educación. Esta
asociación ha sido muy activa en la organización
de eventos y manifestaciones en la cuales se analiza sistemáticamente
las consecuencias políticas de dicho decreto. Se han hecho
presentes en las grandes movilizaciones de los últimos
tiempos, con sus consignas: "Supervisión SI, Intervención
NO"; "Con mis hijos no se metan", entre otros.
El recurso de nulidad introducido por estas organizaciones se
basa en la inconstitucionalidad del decreto, además de
su condición violatoria de la garantía de la legalidad
de la pena y del derecho a la defensa, y del derecho a la libertad
de educación. Los dos primeros argumentos son de tipo legal,
orientados a demostrar que el decreto es violatorio de la libertad
individual frente a la posible arbitrariedad de las autoridades
del Estado. El tercer argumento está orientado a demostrar
la inconstitucionalidad del decreto, ya que atenta contra la libertad
de educarse. La demanda de Nulidad lo expresa de la siguiente
manera:
3. Violación de la libertad de educación
"...el Estado venezolano debe garantizar una educación
democrática, en la que sean respetadas todas las corrientes
de pensamiento; integral, de calidad, permanente, impartida
en condiciones de igualdad. Para ello, entre otras cosas, el
Estado debe también garantizar la estabilidad e idoneidad
de los docentes, los cuales deben ser designados sin injerencias
de tipo partidista. Además, el Estado otorga el derecho
de establecer instituciones educativas privadas a las que, evidentemente,
se aplican los principios antes señalados.
Todo lo anterior es contradicho por el Decreto 1.011, en la
medida en que prevé la posibilidad de hacer ingresar
en la carrera docente a personas que no cumplen con los requisitos
de ley y; que tales personas puedan, a su parecer y entender,
provocar la intervención de un plantel y la suspensión
de quienes ejercen los cargos de dirección en el mismo.
En efecto, aun cuando la Ley Orgánica de Educación
-como se verá más adelante- establece las condiciones
para ejercer los cargos de supervisión, el Ejecutivo
ha pretendido modificarlos, haciéndolos menos estrictos
y, por demás, obviando el concurso requerido a tal efecto.
Es evidente que lo anterior no sólo violenta la reserva
legal en cuanto a la determinación del ingreso y permanencia
de los docentes en la carrera, sino que, lo que es más
grave aún, contradice el principio según el cual
esas normas deben evitar toda injerencia partidista en la carrera
docente.
Señalamos que es muy grave el hecho de contrariar el
principio de la no injerencia de la política en la docencia,
por cuanto ello conlleva a la vulneración de la pluralidad
de corrientes de pensamiento en la educación y, por ende,
el principio democrático de la misma. También
vulnera, de toda evidencia, los principios de integralidad,
calidad, permanencia e igualdad, por cuanto la educación
corre el claro riesgo de estar signada por los avatares de la
vida política del país, lo cual es inaceptable.
Lo anterior se vierte igualmente en los planteles privados,
los cuales además de ser susceptibles de intervención
por personas que, a su parecer y entender así lo consideren,
están sujetos a que el gobierno nacional decida cómo
y por quiénes deben ser dirigidos.
Todo lo expuesto muestra, en pocas palabras, cómo también
con unas pocas palabras el Ejecutivo ha pretendido establecer
las bases para vulnerar la libertad de educación -pública
y privada-, sometiéndola a los avatares del acontecer
político del país, lo cual es inaceptable, por
inconstitucional. Así solicitamos sea declarado."
(Documento "Nuevos argumentos contra el 1.011". encontrados
en la página Web del Movimiento Nulidad 1.011. http://www.nulidad1011.com/)
Sin entrar en los aspectos jurídicos del recurso de nulidad,
la cita recoge dos sentimientos presentes en quienes han sido
los opositores del decreto. Por un lado, la idea que el decreto
viola los procesos de escogencia de los supervisores, sin tener
en cuenta el desarrollo y la estabilidad de la carrera docente,
que según sus argumentos, este es un aspecto importante
que influye en la efectividad del sistema educativo. Por otro
lado, llama la atención la idea de que el decreto amenaza
la libertad de pensamiento a través de la figura de los
supervisores itinerantes, ya que al ser escogidos directamente
por el vice-ministerio, se corre el riesgo de que éstos
representen de manera parcial, los intereses del partido de gobierno.
En ningún momento, en el recurso de nulidad se hace referencia
a aspectos propios de la administración y de la ingobernabilidad
del sistema educativo. El recurso de nulidad hace una interpretación
del decreto, temiendo que el amplio poder otorgado a los Supervisores
afecte el habitual desempeño de la escuelas privadas, ya
que estos funcionarios pueden sugerir en su informe final que
el plantel educativo sea intervenido, además de suspender
a todos o a algunos de los directivos, caso en el cual se designaría
el personal directivo interino correspondiente.
El lógico temor ha unido a estos ciudadanos, sin embargo,
sus acciones no han tenido en cuenta la naturaleza administrativa
del decreto. De allí que la Sala Político - Administrativa
del Tribunal Supremo de Justicia haya declarado sin lugar el recurso
de nulidad, pues éste no da argumentos lógicos respecto
al porqué el Ministerio de Educación no podría
nombrar Supervisores para llevar a cabo la función que
debe cumplir. La ponencia del magistrado Hadel Mostafá
Paolini, de la Sala Político - Administrativa lo argumenta
de la siguiente forma:
"... que escapa de toda lógica,
el hecho de que sí el Ejecutivo Nacional posee la facultad
de supervisar y controlar las instituciones educativas tanto
públicas como privadas del país, y a raíz
de ese poder otorgado constitucionalmente, decide crear una
nueva jerarquía de docentes con el rango de Supervisor
Itinerante Nacional, no pueda otorgarle a dichos funcionarios
la competencia de supervisión y control, por lo que respecta
a la función educativa; e igualmente resulta ilógico
pretender que el Ministro rector de la actividad educativa no
pueda dictar las medidas administrativas que juzgue convenientes,
en aquellos casos que la supervisión realizada aconseje
dictar tales medidas"
Por lo que respecta a la última de las denuncias formuladas
por los recurrentes, relativa a la posible desviación
de la función supervisora, la cual -a su decir- puede
ser usada para impedir la actividad educativa privada, consideró
la Sala que la denuncia de la posible desviación que
pudiera hacerse en función de la aplicación del
Decreto Nº 1.011, es una mera opinión de parte de
los recurrentes sin sustrato jurídico alguno, en cuanto
a eventuales situaciones fácticas, que en nada revelan
en los actuales momentos vulneración de derecho alguno,
ello así, no puede. (Nota de prensa sobre la sentencia
del Tribunal Supremo de Justicia, recogida por la página
Web del Movimiento Nulidad 1.011. http://www.nulidad1011.com/)
Aunque la sentencia del TSJ no tiene en cuenta los argumentos
en contra que proponen las asociaciones civiles en cuestión,
para los actores presentes en este recurso de nulidad, la libertad
ha sido amenazada, aunque aún no violada. La acción
de estas asociaciones se justifica igualmente en la misma medida
en que perciben el decreto como elemento amenazador de la libertad
de educarse. Sin embargo, estas asociaciones no han hecho más
que velar de manera legítima por un derecho que cristaliza
en su interés particular (sea como ciudadanos o como docentes).
Por otro lado, es obvio que no es función de estas organizaciones
tener en mente una visión global del sistema educativo,
una visión del carácter público del mismo.
Sin embargo la falta de contrapesos en el Estado como la institución
encargada de velar por el desempeño del sistema educativo,
hace que se generen sospechas en torno al decreto. Una vez más,
las actitudes revolucionarias del gobierno hacen que lo administrativamente
justificable se vuelva políticamente amenazador.
La Sociedad Civil es un campo de relaciones
De lo expuesto anteriormente en el ejemplo y utilizando
el estudio de CISOR, podemos decir que la Sociedad Civil tiene
tres características fundamentales:
a) La Sociedad Civil es un campo de relaciones heterogéneas
en el cual se encuentran actores con diversos intereses, que no
son asimilables a un actor en particular. Como bien lo define
Elías Santana en una entrevista publicada en el diario
El Nacional el domingo 12 de mayo de 2.002.
La sociedad civil es el conjunto de expresiones
organizadas de los ciudadanos de una sociedad con misiones específicas,
que representan intereses particulares. Son las asociaciones
de vecinos, juntas de condominio, ateneos, ligas deportivas,
que no son Estado ni son mercado; por eso se la llama tercer
sector, sector asociativo, sector voluntario o el sector sin
fines de lucro. En Venezuela se ha tendido a aplicar esta noción
sólo a los grupos que ejercen la oposición al
Gobierno, lo que Santana considera una deformación del
concepto. La sociedad civil somos todos los venezolanos, ninguna
organización la encarna y ninguna persona puede hablar
en su nombre. Su principal característica es que es diversa
y plural: en ella conviven, por ejemplo, los grupos que pugnan
por la educación sexual para difundir los métodos
anticonceptivos con aquellos que proponen esa educación
para oponerse a los mismos métodos. Por esa misma pluralidad,
no puede haber una central de la SC (como sí la hay de
las federaciones de trabajadores), porque lo que se crea son
redes, coordinadoras, diferentes formas de agrupación.
Independientemente de la posición política de
los ciudadanos, si están organizados alrededor de misiones
específicas, y, desde luego, dentro de la ley, coexisten
en la SC tanto los grupos que apoyan como los que adversan el
proyecto político del presidente Chávez.
La Sociedad Civil es un campo de relaciones que no puede ser
identificado a uno o varios actores, sino a las relaciones que
el actor genera a partir de su actividad. En otras palabras, no
se trata de una simple sumatoria de individuos agrupados sino
de un campo social de relaciones donde cristalizan formas
de relaciones e intereses entre actores.
b) Ello supone que la Sociedad Civil es un campo plural de relaciones,
y no un campo social restringido a un tipo de relaciones. En otras
palabras, en la Sociedad Civil no solo se establecen relaciones
de tipo clientelar (tal como lo hicieron por mucho tiempo y en
un momento histórico los partidos políticos en Venezuela
y hoy día los Círculos Bolivarianos), ni solo formas
de relaciones que se orientan a la reivindicación de intereses
(tal como se puede pensar de los sindicatos); en la Sociedad Civil
se establecen también relaciones de cooperación,
de conflicto y/o competencia en determinados fines.
c) Además, en la Sociedad Civil se crean nuevos vínculos
a partir de las relaciones instituidas. Es decir, que las asociaciones
que se van formando crean nuevos tipos de relaciones entre ellas
y con el Estado, que a su vez complejizan el mundo de relaciones
sociales. Esos cables en este momento se están agrupando
de forma diferente, desde otros intereses, que no son necesariamente
los mismos que se establecieron en la época de la modernización
política en la que los partidos políticos tuvieron
rol tan relevante.
Dada la diversidad de origen y de acciones que las organizaciones
de la sociedad civil muestran, es importante observar cuál
es su posición sobre lo político como actividad.
En la próxima parte presentamos la visión de estas
organizaciones respecto a la acción política venezolana.
3. La antipolítica y la Sociedad Civil
Sería injusto y poco disciplinado intelectualmente decir
que antes del gobierno de Chávez Venezuela era un paraíso.
En efecto, Chávez irrumpe en la política nacional
en un momento en el cual la democracia había fallado en
dos de sus vínculos fundamentales: el vínculo de
representación política de intereses y el vínculo
de ciudadanía (inclusión). Las opiniones del ciudadano
común hacen referencia a una época de corrupción
y de pérdida de confianza en el sistema político
en general. Los años 90 en Venezuela se convierten en una
época de enormes cuestionamientos a los partidos como órganos
de representación política de intereses, y a las
instituciones del gobierno como garantes de la inclusión
social. Por un lado, los partidos políticos acumularon
recursos de manera autónoma de la contribución voluntaria
de los electores, dándole la espalda a sus representados.
Por ello los partidos se vieron asociados a cúpulas cerradas
al interés de la mayoría de los electores. Por otro
lado, las instituciones del gobierno como los ministerios, fueron
asociadas a la ineficiencia y a la corrupción de sus funcionarios,
también cercanos a los partidos políticos.
Esta crisis, que no es exclusivamente venezolana, debilitó
sobre todo el vínculo que garantiza la inclusión
social, es decir, el vínculo ciudadano. Cuando hacemos
referencia a la ciudadanía nos referimos a un vínculo
que no se agota en la nacionalidad (o ciudadanía territorial),
o en la legalidad. Se trata de una ciudadanía social que
se define por derechos, garantías y deberes mutuos entre
las instituciones gubernamentales y los miembros integrantes de
la sociedad (Touraine, 1994: 97; Baby, 2000: 1).(8) El debilitamiento
de esta ciudadanía se observa en las instituciones que
con mayor potencia tienen la función de incluir a los individuos
en sociedad: El sistema educativo y el sistema de salud.
El fracaso del sistema educativo comienza en Venezuela en los
años 80 con cambios en la legislación educativa
realizados sin hacer una transición adecuada, finalizando
en la década de los 90 con desempeños realmente
bajos respecto a dos indicadores: La tasa neta de escolaridad
y la efectividad del sistema escolar. En efecto, el retroceso
en la masificación de la educación venezolana se
observa en la Tasa Neta de escolaridad, la cual cayó continuamente
de 87,2% en 1990 a 80,6% en 1999. Además, la baja capacidad
del sistema escolar para retener a los individuos hace que su
efectividad sea de 37%. Es decir, que en Venezuela de 100 niños
que entran en Primer grado sólo 37 de ellos culminarán
sexto grado en el tiempo previsto (datos MECD, 98-99).
Por otra parte, los años 90 mostraron retrocesos importantes
en el sistema de salud pública. El aumento de la tasa de
prevalencia en estados como Cojedes y Apure de enfermedades que
la Organización Mundial de la Salud había declarado
en proceso de desaparición en Venezuela, tales como la
Lepra o la Leishmaniasis, demuestra el debilitamiento de los aparatos
de gobierno dedicados al derecho a la salud.
La respuesta a la corrupción y a la poca eficiencia del
Estado ha sido rechazar la política como actividad pública.
La política, según la opinión más
o menos generalizada en la población y en grupos organizados,
es sinónimo de corrupción, es una actividad sospechosa,
llena de complicidades y acuerdos entre individuos que sólo
velan por una agenda corporativa o personal, y no por la agenda
pública.
En este rechazo de la política coinciden perfectamente
las organizaciones de la sociedad civil como el movimiento de
Chávez.(9) Pero son las organizaciones de la Sociedad Civil
las que sistematizan las propuestas propias de la antipolítica,
organizando asociaciones que reivindican el poder del individuo
y la participación ciudadana en la vida social. Es así
como las asociaciones más notables de la sociedad civil
hacen esfuerzos explícitos por distanciarse y diferenciarse
de los partidos políticos, acusándolos de representar
intereses corporativos que impiden elaborar políticas orientadas
a la sociedad en general. Las propuestas de las organizaciones
civiles para hacer oposición a los partidos políticos
han sido las siguientes:
1) La participación de los ciudadanos debe ser directa
en la solución de sus problemas. Esta participación
los hace corresponsables de lo público a través
de sus aportes organizados "en variadas formas y enfoques".
Así, la participación individual y la cooperación
(vistas como opuestas a los partidos) son las llaves que abren
las puertas de una nueva identidad política: Ciudadanos
consciente de sus derechos, capaz de participar y asociarse eventualmente
para defenderlos y protegerlos. (Sinergia, 2002)
2) La elección de los representantes legislativos
debe ser uninominal, sin intermediarios partidistas que distorsionen
y antepongan a las necesidades sociales, las agendas corporativas.
Estas organizaciones fomentan lo que ellos llaman el voto consciente,
"apuntalando el proceso descentralizador del gobierno, la
personalización de la representación política
y la modernización de los partidos". Lo enuncian de
la siguiente manera: El rasgo fundamental que privará en
el nuevo ciclo histórico, al que apostamos nuestro esfuerzo,
es que la sociedad estará en manos de sus ciudadanos. Que
a través de elecciones personales, de las decisiones de
cada uno, a partir del ejercicio del poder sobre los fondos gubernamentales
y en la decisiones públicas se concrete la democracia representativa,
participativa y protagónica. Desde cada una de las facetas
del ciudadano como elector, contribuyente, consumidor, televidente,
vecino, usuario, representado o trabajador. El poder ciudadano
es enorme, como individuo y como parte de organizaciones o instituciones.
Se trata de potenciarlo, de despertarlo para que el futuro sea
asumido por cada uno a partir del convencimiento de su capacidad
de influir, de tomar parte en la sociedad desde sus espacios más
cercanos". (Queremos Elegir: 6, 2002).
3) Los sistemas de educación y de salud son servicios
públicos susceptibles de ser delegados a agencias privadas
con vocación de servicio. Una definición muy común
de estas organizaciones es la de "organización privada
de interés público". La sociedad civil se observa
a sí misma como garante de cierta apoliticidad en la aplicación
de los programas sociales, y cierta igualdad en la distribución
del servicio en la población. De tal manera que el gobierno,
según estas organizaciones, debería dar en "outsourcing"
la ejecución de programas los servicios sociales, ya que
ellos garantizan eficiencia y rendición de cuentas.
4) La Sociedad se concibe como la suma de ciudadanos que comparten
los espacios comunes, lo público, lo colectivo, en régimen
de copropiedad, como ocurre con un condominio (Queremos Elegir,
2002). Un régimen de "copropiedad" en el cual
es fundamental la conquista de la calidad de vida de los ciudadanos
a través de la participación (tanto en la gestión
como en la defensa de ésta) dentro de la sociedad. En ese
contexto, las organizaciones de la Sociedad Civil parecieran asociar
el deterioro del ingreso ciudadano a un problema de gestión
y de participación más que a un problema de la producción
y distribución de los ingresos económicos generados
socialmente (CISOR, 1.998)
En estas definiciones se encuentran claramente opuestos los conceptos
de sociedad civil y de sociedad política, oponiendo de
la misma forma participación ciudadana a representatividad
de intereses. Así, se considera que la participación
ciudadana es mas efectiva que la representación de intereses
porque ésta ha quedado sin legitimidad por la actuación
de los partidos tradicionales. Para estas organizaciones la participación
ciudadana es directa y garantiza mayor eficacia en la defensa
de los intereses, que a través de los grados de representatividad
como tradicionalmente se conocen.(10)
En la revisión que hemos realizado de las propuestas más
resaltantes de estas notables organizaciones no hemos encontrado
propuestas conducentes a alimentar el concepto de lo público
como espacio de encuentro plural y democrático. Lo paradójico
de este asunto, es que los actores sociales impulsores de la antipolítica,
es decir, las ONGs de la Sociedad Civil, son ahora las principales
organizaciones que piden la salida de Chávez; habiendo
sido éste inspirado por la misma idea de antipolítica
formalizada por las organizaciones de la Sociedad Civil. Es decir,
que de alguna manera estas organizaciones, sin pensarlo, contribuyeron
con las formas políticas propuestas por Chávez.
En efecto, existen coincidencias entre las propuestas de la Sociedad
Civil y las del chavismo respecto el interés antipolítico
de sus acciones. Las coincidencias sobre aspectos relacionados
con la no intermediación entre el Estado y los ciudadanos
en general y la participación ciudadana nos hace pensar
que ambas opciones se asemejan en su concepción del sistema
democrático que prevaleció en Venezuela desde 1958.
Sin embargo, las diferencias son claras respecto al destino del
sistema. Mientras el chavismo se orienta a la construcción
de un modelo de socialismo eleccionario, la sociedad civil se
concibe como un gran condominio en el cual todos buscan calidad
de vida. Mientras el chavismo se concibe a los individuos alrededor
de organizaciones comunitaristas en el cual el círculo
bolivariano sirve de núcleo para las acciones políticas
del sistema, en las organizaciones más visibles de la Sociedad
Civil se reivindica al individuo capaz de tomar decisiones de
manera autónoma, sin necesidad de intermediación.
Comunitarismo e individualismo se oponen sin crear un espacio
común en el cual producir consensos. Ambos proyectos obvian
que la solución pasa por la construcción de espacios
que están más allá del interés particular
(la sociedad es más que la suma de sus partes) o del ideal
revolucionario (la sociedad no es una idea única que
puede ser secuestrada por un grupo). Ambas concepciones olvidan
que hace falta que exista al mismo tiempo una institución
que integre (y que dé identidad), unas organizaciones que
hagan representable políticamente cualquier interés
social manifiesto y una sociedad que, a través del Estado,
respete la libertades individuales.
4. ¿Por qué la marchas no llegan a ser gobierno?
Si hay algo que caracteriza en este momento a las organizaciones
más visibles de la Sociedad Civil, es su fortaleza en la
defensa de las libertades individuales. Su efectivo desempeño
en la oposición al gobierno de Chávez demuestra
que en Venezuela existen ciudadanos dispuestos a organizarse para
luchar por la libertad en democracia. Sin embargo, esa representación
social es, por su propia naturaleza, muy parcial para generar
un proyecto que atienda otros aspectos de la sociedad venezolana.
Esto ha hecho que las propias organizaciones de ciudadanos se
encuentren polarizadas entre las que reaccionan y se defienden
de la acción del gobierno, y los grupos que desde el Estado
y en nombre de la igualdad, organizan estructuras partidarias
del gobierno o de la "revolución" en círculos
cercanos al Presidente. Esto, lejos de fortalecer a la sociedad
civil, la debilita, pues no se trata de acciones que conduzcan
a "densificar" las relaciones entre el Estado y el mundo
de los intereses organizados. Se trata de relaciones de impugnación
continua a un modelo de relaciones, en el caso de las asociaciones
civiles, o de alineación con quienes hoy dirigen el gobierno.
Es por eso que las movilizaciones sociales de los últimos
tiempos se presentan aún muy débiles respecto a
hacer proposiciones que trasciendan la coyuntura política
y propongan "nuevos pegamentos sociales" que garanticen
la democracia. La democracia en Venezuela funcionará en
la medida en que se fortalezcan las instituciones que garantizan
los tres principios fundamentales de la democracia. Para que la
democracia funcione hace falta que se fortalezca el "Estado
incluyente", se renueven las formas políticas de organización
de intereses y se proteja la libertad individual.
a) Fortalecimiento del "Estado incluyente"
La ciudadanía significa Educación, Salud, Seguridad
Social y Empleo Productivo. Estos cuatro aspectos componen los
nexos que permiten a un individuo estar incluido en el juego de
la sociedad. Si uno de estos elementos falta, la ciudadanía
está incompleta. Para solucionar los déficits en
educación y en salud se debe mejorar la capacidad instalada
y la eficiencia de los sistemas existentes. Esta es una acción
que en principio la genera el propio Estado, bien sea nacional,
estadal o municipal. Nos guste o no, en Venezuela, el Estado cuenta
con una red de acción a través de escuelas y de
ambulatorios que puede llegar a ser muy institucionalmente fuerte
para integrar a los ciudadanos. Respecto a la Seguridad Social,
hará falta remontar la cuesta para ganar el tiempo perdido
en los últimos tres años, activando una vez más
el poder mediador del Estado ante el patrono y el obrero. Por
otra parte, sobre el Empleo Productivo, es clave que el gobierno
no siga atentando contra la seguridad jurídica de empresarios
que potencialmente crean puestos de trabajo. Además, es
el Estado la instancia con el poder de convocatoria suficiente
que mantiene una relación tripartita y el que garantiza
seguridad jurídica a inversiones que generan empleo. Ese
fortalecimiento pasa por un Estado que tenga en mente a quienes
poco tienen y a quienes los recursos para producir.
b) Renovación de la formas políticas de representación
De la misma manera, nuestra democracia estará incompleta
si no renueva las formas políticas de representación
de intereses. Ello supone partidos políticos robustos,
atendiendo verdaderamente el interés de los ciudadanos,
en base a un proyecto político integrador. En otras palabras,
refundar la democracia supone recomponer las formas de producción
de ciudadanía, teniendo en mente la diversidad de intereses.
Y en esto, son los partidos políticos las organizaciones
de la Sociedad Civil llamados a sintetizar esas tensiones. Ello
supone estructuras partidistas cercanas a la población,
representantes que elaboran políticamente las necesidades
de sus representados, y un marco de relaciones dispuestos a aceptar
la diversidad y la divergencia de intereses, los cuales deben
ser procesados por el sistema político. Dicho de otra manera,
hace falta consolidar una nueva forma de representación
política de intereses, similar a lo que en una época
significo el partido policlasista en Venezuela, el cual mostró
su eficiencia por un largo período.
Las marchas no llegan a ser gobierno porque ellas no son más
que movilizaciones que responden a coyunturas sociales, a intereses
precisos en momentos determinados. A pesar de ser movilizaciones
con agendas múltiples, no terminan siendo ni haciendo gobierno,
pues aún falta vínculos democráticos que
enmarquen sus acciones. Su horizonte cercano, al desaparecer el
factor de unión, es incierto y no responde a un proyecto
que provea soluciones a los graves problemas sociales y económicos
que vive Venezuela desde hace 20 años.
Bibliografía y documentos consultados
BABY, Antoine (2.000). Reconquistar la ciudadanía pérdida:
el rol de la escuela, In Le monde alphabétique. QUEBEC.
Canadá
BRUNI CELLI, Josefina. (2.001). El contrato docente y la identidad
profesional. In Seminario Identidad Profesional y Desempeño
Docente en Venezuela y América Latina. UCAB - AVINA. 176-205
pp.
CABALLERO, Manuel (2.002). Militares y Civiles: el matrimonio
del Cielo y el Infierno. In Ferrero, M. (Eds.) Chávez,
la Sociedad Civil y el Estamento Militar. Alfadil ediciones. Caracas.
Pp 45 - 57.
CARROL, Thomas F. Intermediary NGOs: The supporting Link in Grassroots
Development . Kumarian Press.
CERESOLE, Norberto (1999). Caudillo, ejército, pueblo.
La Venezuela del presidente Chávez. En la Bitblioteca de
Venezuela Analítica. http://www.analitica.com/bitblioteca
GRUSON, Albeto; Matilde Parra Y Blas Regnault (1.998). El Polo
Asociativo de la Sociedad Civil. CISOR. Socsal.
MOVIMIENTO NULIDAD 1.011. Documentos en línea sobre "Recursos
de nulidad del decreto presentado al Tribunal Supremo de Justicia"
http://www.nulidad1011.com/
POPPER, Karl (1967) La sociedad abierta y sus enemigos. Buenos
Aires: Paidos,
POPPER, Karl (1973). La miseria del historicismo, Alianza/Taurus.
Madrid.
QUEREMOS ELEGIR, 2002. X Aniversario Venezuela, un país
de Coprietarios.
SALAMON, L. y Helmut Anheier. 1997 The Civil Society Sector, in
Social Science and Modern Society. volume thirty-four, Number
Two, Canada, january/february 1997. Traducido por SOCSAL. Mimeo
SARTORI, Giovanni (1992). Partidos y sistemas de partidos. Alianza
Editorial. Barcelona.
SINERGIA (2002). La sociedad venezolana que queremos. Mimeo repartido
en la marcha del 11 de abril de 2002.
TOURAINE, Alain.(1997) ¿Qué es la Democracia? FCE:
México.
VENEZUELA 2020 (1997) Punto de partida para construir un país.
Mimeo.
NOTAS
1) Es el caso de las organizaciones como "Nulidad 1.011",
"la Asociación Civil Asamblea Nacional de Educación"
o CAVEP, las cuales han articulado su acción oponiéndose
al Decreto 1.011 sobre los Supervisores Itinerante del Ministerio
de Educación en las Escuelas.
2) Uno de los argumentos del gobierno para defender las leyes
aprobadas en la Habilitante es el desconocimiento formal de la
población y de sus opositores. Sin embargo, es importante
tener en cuenta que acá no se trata sólo de cuestionar
el texto de cada una de estas leyes, o su pertinencia social,
sino la forma en la que el Presidente las "vende" a
la Nación.
3) En la racionalidad de estas acciones políticas existe
"el etapismo" propio de la ideología hegeliana
y marxista que dominó los modelos políticos de izquierda
en el siglo XX. Se trata de una concepción de la historia
como la realización ineludible de un fin determinado. Estas
formas de ideología fueron superadas hace más de
50 años, siendo Karl Popper uno de los críticos
más sólidos en su libro "Miseria del Historicismo"
(1973) y "La Sociedad Abierta y sus enemigos" (1967).
4) Alain Touraine explica este concepto: "El siglo XX estuvo
dominado por regímenes que, en nombre del pueblo, suprimieron
las libertades para alcanzar o preservar la independencia y el
vigor económico de la nación. De manera que los
principales adversarios de la democracia ya no fueron los "antiguos
regímenes" sino los nuevos regímenes totalitarios,
fascistas, comunistas o nacionalistas tercermundistas. Esto representa
la concepción positiva de la libertad entendida como la
realización de la soberanía popular..." (Touraine,
1994:320).
5) Ver Caballero, Manuel (2.002). Militares y Civiles: el matrimonio
del Cielo y el Infierno. En Chávez, la Sociedad Civil y
el Estamento Militar. Ferrero, M. Ed.
6) Los teóricos de las Ciencias Políticas llaman
"lobbies" a los vínculos que se generan de esta
función.
7) Los supervisores tradicionales son elegidos por una junta seleccionadora
integrada principalmente por miembros de las federaciones gremiales.
8) "En la relación de Ciudadanía encontramos
las políticas sociales, como vivienda, salud, educación,
empleo, migración También encontramos las contribuciones
de los ciudadanos a la colectividad, como el servicio militar
y parte de la tributación fiscal. Existe igualmente en
el campo de la Ciudadanía las relaciones formales entre
los ciudadanos, como el derecho de familia. Por último,
en este campo relacional encontraremos las formas de representación
que establece el sistema político entre el Colectivo y
el Estado" (Grusón, Parra y Regnault: 1998)
9) "El Comandante Chávez es el único líder
capaz, honesto y firme para ser jefe del gobierno de reconstrucción
patriótica que garantice a los venezolanos seguridad y
empleo, que detenga el incremento del costo de la vida, acabe
con la corrupción y rescate los servicios públicos
para beneficio de la población, especialmente la educación
y la salud. Solo el Comandante Chávez garantiza la realización
de un gobierno que defienda los intereses de Venezuela frente
a otros países y frente a los partidos AD y COPEI que destrozaron
a nuestro país con la corrupción y a la democracia
con una dictadura de partidos". ¿Por qué y
para qué Chávez? Escrito por Héctor Guzmán
simpatizante de Chávez en la página no oficial del
MVR en el año 1999. http://www.geocities.com/CapitolHill/3339/2.html.
10) De las organizaciones de reciente fundación, la Asamblea
de Ciudadanos propone que el país debe conducirse para
"profundizar la democracia, de tal forma que la participación
y la representatividad queden garantizadas e inmunizadas contra
los cogollos y los Mesías". Para lograr esto esta
asociación se propone "elevar el nivel cultural y
espiritual de los venezolanos, asegurando su participación
, en condiciones de equidad , en las decisiones políticas
que definen el rumbo de la sociedad".
* Blas Regnault. Sociólogo,
UCAB 1991. Maestría en Sociología de la Educación
Universidad Laval, Québec, Canadá. Profesor - Investigador
del departamento de estudios Sociopolíticos del Instituto
de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad
Católica Andrés Bello. Coautor con Alberto Gruson
y Matilde Parra de "El Polo Asociativo de la Sociedad Civil:
tipología clasificación de las ODS en Venezuela".
Socsal: Caracas, 1999. Autor de artículos sobre Sociedad
Civil, políticas públicas en Educación y
Sistema Educativo. E-mail: bregnaul@ucab.edu.ve
Este artículo fue publicado en la revista Temas de Coyuntura.
Nro 45. "Golpes de abril". Junio 2002. Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales. UCAB. pp 61 - 86.
El autor agradece las sugerencias y los comentarios de quienes
amablemente leyeron los borradores de este trabajo: María
Gabriela Gómez, Ronald Balza Guanipa y Rosario Vásquez.
ARRIBA
|
