Significación constitucional del multiculturalismo

Comencemos tomando en consideración la significación constitucional del multiculturalismo. No se limita a la constatación de una evidencia de hecho, la de multiculturalidad, sino que también y sobre todo mira a una consecuencia de derecho, la del alcance constituyente de la diversidad de culturas. La propia constatación no sólo se refiere a su pluralidad de conjunto, sino también a la significación de cada una de ellas en singular para la humanidad que la tiene por suya. Se trata todo ello de evidencias palmarias y consecuencias patentes, pero que conviene recordar pues no suelen tenerse a la vista a la hora precisamente de extraer una deducciones constitucionales.

Recordemos sumariamente dicha significación de la cultura particular. Tratemos de antropología, por así decirlo, para entrar en constitucionalismo. El ser humano se caracteriza por nacer sin capacidad ni física ni anímica de valerse en absoluto. Al crecer la va adquiriendo gracias a la cultura concreta en la que se socializa o incluso mediante la que se individúa. Quiero decir que se hace individuo, capacitándose así para la libertad humana, por las habilidades de comunicación y relación que va logrando mediante el manejo de una determinada lengua, de unas determinadas costumbres, de unas determinadas conductas, de unas determinadas expectativas y respuestas, las propias todas ellas de una determinada cultura, en cuyo medio concreto adquiere conciencia y emprende ejercicio de personalidad. Somos los seres humanos animales no sólo sociales, sino también individuales, gracias a la cultura que mamamos y con la que nos capacitamos. La socialidad podemos ampliarla sumando con esfuerzo otras culturas. Más difícilmente se cambia, sin sacrificarla, la individualidad.

A efectos constitucionales, esto es, a los efectos de existencia de un sistema de libertades, dicha antropología ha de ofrecer una base. Conforme a la evidencia de la forma como nos individuamos y socializamos, un primer derecho del individuo habrá de ser el derecho suyo y de la comunidad a la propia cultura, a la cultura concreta en la que nos hacemos seres humanos capaces precisamente de libertades. Su ejercicio, cobertura y garantía tiene ante todo sentido respecto a la cultura por la que nos comunicamos, relacionamos y, ante todo, constituimos como individuos. Si la misma no cuenta a su vez con capacidad de reconocernos y ampararnos como tales, con poderes en suma, algo falla. El derecho a la cultura propia es un primer derecho constituyente, esto es, un derecho del individuo a ejercer su propia libertad que ya está determinando un derecho de la colectividad a constituirse por sí misma.

El derecho a la propia cultura no es así un derecho más entre otros o aún menos, según suele hoy decirse, un derecho de última generación que viene por vía agregativa, como si sólo se refiriese a aspectos ulteriores a la asunción de cultura propia, cual el derecho de acceso a la educación en ella o también en otras. Resulta tal derecho cultural un derecho primordial. Es derecho al derecho, derecho subjetivo a derecho objetivo, derecho de libertad a derecho de institución, derecho del individuo al derecho de la comunidad, a la existencia de derecho de la colectividad definida por la cultura particular. Por esto entiendo que es un derecho constituyente o, por decirlo mejor, el derecho constituyente, aquel que determina la comunidad primaria.

Viene a la contra a decirse que hay derechos anteriores, como el derecho a la vida y a la integridad física. Cierto es, pero no se trata de derechos constituyentes, esto es, derechos que prefiguren un determinado espacio constitucional por identificación de algo tan primario al propósito como un sujeto colectivo. El derecho a la cultura propia determina el primer elemento de un orden constitucional, el de tal determinación del espacio comunitario y del sujeto colectivo con título a constituirse, lo que entonces resulta, si queremos decirlo de otro modo, el pueblo, siempre que también se entienda en dicha significación cultural de compartirse lengua y costumbres, comportamientos y respuestas, asunciones y expectativas. Representa el ámbito colectivo primario donde encuentra sentido el individuo humano. Ha de constituir entonces el espacio primero del orden político que, por reconocer y respetar libertades, llamamos constitucional.

No es ésta evidentemente la conclusión que extrae la Constitución de Ecuador respecto al propio principio de multiculturalidad. No es de extrañar. Sería difícil que un Estado que no responde a dicha identidad de cultura particular en singular, sino que precisamente se reconoce como multicultural, comenzase por reconocer que no es él mismo, sino otras entidades primarias, las culturas o los pueblos, quienes tendrían que constituirse primordialmente como espacios políticos, lo que no obstaría por supuesto para una integración ulterior entre sí por la formación de un Estado, el Ecuador, entonces complejo y articulado. Y ello podría igualmente decirse para otras Constituciones que se declaran hoy multiculturales por Latino América. Si hiciéramos el repaso, hallaríamos el reconocimiento, pero no la consecuencia.

El derecho a la cultura como principio constituyente

Si queremos contemplar el momento actual del derecho a la cultura como principio constituyente, no es a las Constituciones donde debemos acudir en primer término. Existe un orden superior que precisamente contempla los derechos humanos por encima de aquellos que reconocen los Estados. Ahí es donde debiera comparecer el derecho a la cultura como derecho constituyente, un derecho humano teóricamente primario. Miremos al orden positivo de derechos humanos, al que está en vigor y desarrollo en el orden internacional desde 1948 por virtud de la Declaración Universal y de todo su desenvolvimiento normativo por parte de Naciones Unidas. No miremos a teorías, sino a normas, no a lo que alguien piense que debiera darse, sino a lo que está dado, al orden internacional establecido.

Comencemos por la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su artículo 27 se dedica al derecho a la cultura iniciándose con el siguiente pronunciamiento: "Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad". Podemos relacionar, a lo que ahora nos interesa, el comienzo del artículo 29 que se refiere a obligaciones: "Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad". Observemos. Es en la propia comunidad donde adquiere sentido el desarrollo libre y pleno de la personalidad del individuo, por lo que el mismo tiene ante todo el derecho a participar en la vida cultural de ella misma, de la comunidad. ¿No es exactamente lo que acabo de decir respecto a la antropología que debiera determinar el derecho a la cultura particular como derecho primario?

No lo es, aunque lo parezca. No podía serlo en 1948. Y no porque dichas expresiones no dijeran lo que dicen, sino porque no podían decirlo. En Naciones Unidas lo que se reúnen son Estados, los cuales son, así reunidos, los que proceden al reconocimiento de derechos humanos, de los derechos de los individuos que deben ellos mismos garantizar, contrayendo de este modo el compromiso. Es un escenario donde sólo existen de partida los Estados como sujetos de poderes o derechos colectivos y las personas como sujetos de libertades o derechos individuales: "Toda persona tiene derecho...". Quiere esto decir que cuando se hacía referencia a otras colectividades aparte del Estado, como a comunidades o también como a pueblos, no se señalaba otra cosa que los Estados mismos. La vida cultural se entendía la de los Estados, la de aquella cultura con la que se identificase cada Estado, así como los deberes para con la comunidad se entendían para con el Estado.

La Declaración Universal de Derechos Humanos parecía entonces ciega respecto a la cantidad de culturas y pueblos que no contaban con Estados propios. De hecho, llegaba a aceptar en 1948 eufemísticamente el colonialismo. Véase el doble juego de su artículo segundo: "1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados con esta Declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía". Sencillamente se está pretendiendo por este párrafo segundo que el ser humano puede ser libre aunque sea de una cultura y se identifique con un pueblo bajo el dominio colonial que le niega libertad como comunidad. ¿Qué antropología era esa?

Imaginémonos que no se hubieran utilizado eufemismos: "Toda persona tiene deberes respecto al Estado puesto que sólo en él puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural del Estado". ¿No suenan entonces, así traducidas, a expresiones totalitarias? ¿No hubieran resultado inaguantables a quienes, a las alturas de mediados del siglo pasado, habían sufrido totalitarismo o estaban sufriendo colonialismo? ¿Cómo se les iba a decir que no había libertad fuera del Estado y que al Estado por ello se debían? Es lo que estaba diciéndose, pero es también lo que evitaba decirse. Los eufemismos tienen el sentido del reconocimiento implícito de que unas piezas no encajaban.

Pluralidad de culturas en los instrumentos internacionales de DDHH

No olvidemos que por las mismas Naciones Unidas sólo se adopta una política descolonizadora en 1960: "Todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultura", se proclama entonces. Expresamente se considera al tiempo y al efecto tal derecho colectivo como derecho humano. Sin embargo, la aplicación es limitada. Se identifican como pueblos los territorios sometidos a dominación de Estados distantes, no de los contiguos o incluyentes, sin criterio de cultura distintiva para el reconocimiento. Mas la pluralidad de culturas sin correspondencia exactamente con Estados es a partir de ahora cuando puede aflorar entre los propios instrumentos internacionales de derechos humanos. Va a hacerlo a través y a pesar de sus mismos eufemismos.

Lo hace en el instrumento principal de desarrollo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Me refiero obviamente a la Convención o Pacto de Derechos Civiles y Políticos que se acuerda en 1966 y entra en vigor en 1976. Convención es desarrollo de Declaración y también reforzamiento de una común vocación normativa. Las declaraciones se proclaman mientras que las convenciones además se ofrecen a la ratificación de los Estados con previsiones adicionales de rendimiento de cuentas y supervisión de resultados ante Naciones Unidas mediante comités más o menos independientes que a veces se acercan a la naturaleza y función de cortes o tribunales, como el Comité de Derechos Humanos en dicho caso principal de la Convención de Derechos Civiles y Políticos. Ecuador figura entre los Estados que ratifican, con jurisdicción del Comité incluida, a primera hora.

La misma Constitución ecuatoriana considera los derechos humanos del orden internacional como principios vinculantes propios. Así entra en materia su título De los Derechos, Garantías y Deberes: "El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantiza esta Constitución. El Estado garantizará a todos sus habitantes, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos humanos establecidos en esta Constitución y en las declaraciones, pactos, convenios y demás instrumentos internacionales vigentes. Adoptará, mediante planes y programas permanentes y periódicos, medidas para el efectivo goce de estos derechos" (título III, capítulo I, artículos 16 y 17). Lo que diga la Convención de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas vincula a Ecuador.

He aquí lo que en efecto dice esta Convención respecto al derecho a la cultura en su artículo 27 que desarrolla el equivalente de la Declaración Universal: "En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar la propia religión y a emplear su propio idioma". Observemos la novedad. Ahora es cuando aparece en forma neta, aun entre limitaciones evidentes, el derecho a la cultura particular como eventualmente distinta a la del Estado.

Se registra como derecho individual de ejercicio en comunidad o, según se le califica a ésta, minoría, una expresión que venía de tiempos coloniales para significarse, no exactamente un grupo minoritario en términos estadísticos, sino los sectores humanos bien mayoritarios que el colonialismo había tenido por inferiores. Naciones Unidas no se dedica a contar seres humanos para hablar de minorías. Si lo hiciera, se llevaría la sorpresa de que no es tan raro que sean mayorías o que se acerquen dentro de los propios Estados. Y tendría que preguntarse por qué el Estado, y no la propia comunidad, es la unidad de medida. El caso es que ahora, en 1966, se recicla la categoría de minoría para que represente un derecho a la vida cultural propia cuando la misma no coincide con la del Estado. Y es así siempre o todavía el Estado, no la que se llama minoría, quien resulta con capacidad de reconocer y garantizar, de ofrecer cobertura y amparo, bien que con el compromiso ahora de hacerlo efectivamente ante Naciones Unidas y bajo la jurisdicción de su Comité de Derechos Humanos.

Derechos colectivos y Convención de Derechos Civiles y Políticos

Dista todavía el derecho a la cultura propia de ser reconocido como un derecho constituyente y además primero, pero ahora pueden cobrar nuevo sentido los mismos pronunciamientos de las Declaración Universal: "Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad". También podría ahora potenciarse la proclamación de 1960, de cuando la descolonización, que además se registra como artículo primero de la Convención de Derechos Civiles y Políticos: "Todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural".

La Convención de Derechos Civiles y Políticos, igual que la Declaración de Derechos Humanos de la que trae causa, reconoce libertades de sujeto individual, pero ahora se añade algo tan importante como su encuadramiento en un derecho colectivo. Estamos poco menos que en las antípodas del citado parágrafo segundo del artículo segundo de la Declaración Universal. Donde antes se decía que los derechos humanos son compatibles con el colonialismo, ahora se establece poco menos que no caben como libertades individuales sin la premisa de libertad del propio pueblo. El artículo primero de libre determinación constituye el pórtico de entrada en todo el despliegue de derechos civiles y políticos, incluido el derecho a la propia cultura. También comienza por dicho mismo artículo primero la Convención paralela y complementaria de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entre ambas denominaciones ofrecen la engañosa impresión de que la cultura sólo adviene, como derecho, en un último lugar. No ha sido así.

En la otra dirección, en aquella que resulta lógica de una antropología propiamente humana, en la línea al cabo de reconocimiento y garantía del derecho constituyente a la cultura particular, ya ha habido intentos ante el Comité de Derechos Humanos de que se relacionen dicho conjunto de piezas con el éxito todavía limitado de una interpretación extensiva del artículo 27 de la Convención de Derechos Civiles y Políticos. El mismo se refiere a dimensiones más bien espirituales de la cultura, pero dicha jurisdicción ha añadido que cabe aplicarse también a aspectos materiales, como el control de territorio y recursos, en cuanto parte integrantes de la vida cultural. Puede así irse ya concibiendo y ejerciendo una libre determinación cultural, social y económica, pues no todavía evidentemente política.

El mismo artículo 27, todavía tan limitado, ha tenido un ulterior desarrollo. De 1992 es la Declaración de Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas que expresamente procede a dicho desenvolvimiento del referido artículo. No es mucho lo que añade, pues es instrumento raquítico, pero puede ser significativo. El nombre procede directamente del lenguaje de 1966 adicionando un calificativo, el de nacional para étnico. Comienza a quebrarse la ecuación entre Nación y Estado que presta nombre a las mismas Naciones Unidas. Para éstas, como para los Estados que las constituyen, nación es estado y es pueblo y es país y es patria y es comunidad y vuelta a empezar. O era. Cabe que deje de serlo. Lo que se sigue llamando minoría puede presentar una característica de nación así concurrente con la que vienen alegando los Estados como comunidad política constituyente propia.

Y hay más, dentro del escaso desarrollo que aporta, en la Declaración de Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas. Aunque los derechos de libertad siguen atribuyéndose en exclusiva al individuo para retenerse los resortes de poder en el Estado, se acentúa tanto comunidad como pluralidad: "Las personas pertenecientes a minorías podrán ejercer sus derechos, incluidos los que se enuncian en la presente Declaración, individualmente así como en comunidad con los demás miembros de su grupo, sin discriminación alguna" (artículo 3.1); "Las medidas adoptadas por los Estados a fin de garantizar el disfrute efectivo de los derechos enunciados en la presente Declaración no deberán ser consideradas prima facie contrarias al principio de igualdad enunciado en la Declaración Universal de Derechos Humanos" (artículo 8.3). Debe haber así una medida de igualdad entre los mismos grupos de cultura propia, sin discriminación alguna entre ellos y no sólo entre los individuos. Es algo más complejo que lo que sentara el citado parágrafo primero del artículo segundo de la Declaración Universal, el del principio de no-discriminación en términos exclusivamente individuales que suelen acoge a su vez desde entonces las Constituciones de los Estados.

Son pronunciamientos relevantes. Deben serlo. El principio tan común en las Constituciones de igualdad con referencia exclusiva a los individuos suele estorbar, cuando no impedir, el mismo reconocimiento de derechos propios, incluso de los individuales, de quienes no participan de la cultura del Estado o no la tienen por propia. Bajo la igualdad de ciudadanía en términos de individualidad unos y no otros, unas y no otras, encuentran cubierto su derecho a la cultura particular. A superarlo acude dicho artículo de la declaración referente a las llamadas minorías. No es un cambio de tornas. El derecho individual prima y es por ello que ha de primarse el derecho a la cultura propia como derecho también colectivo. No se dice ahora que donde antes estaba la igualdad entre individuos como principio constitucional deba situarse ahora la igualdad entre culturas como base constituyente. Está diciéndose algo más complejo, algo similar a lo que ya podía entenderse entre el primer artículo y todo el resto de las convenciones de 1966. Derechos colectivos de pueblo y derechos individuales de ciudadanía se predican mutuamente. Han de encontrarse fórmulas que conjuguen.

De población a pueblos indígenas

El orden internacional de los derechos humanos no ceja en el empeño. Hasta el año 2000 en Naciones Unidas ha operado un organismo bajo el nombre de Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. Ahora ha cambiado de denominación en términos más positivos de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, con lo que la categoría colonial de minoría desaparece llanamente del organigrama básico. A ello se añade otro dato aún más relevante. Desde el avance de la descolonización y muy en particular desde la década de los ochenta del siglo pasado, desde hace una veintena de años, en el seno de dicha misma Subcomisión ha venido distinguiéndose como asunto que abiertamente desborda el propio campo de prevención de discriminaciones y protección a las minorías la de una parte numerosa de la humanidad que primero se identificó como poblaciones indígenas y ahora como pueblos indígenas.

La terminología es por supuesto importante. Población ofrece la idea de una humanidad informe y pasiva; pueblo, en cambio, de entidad, actividad y pluralidad. Abunda en este giro elocuente de lenguaje una agencia de Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, que desde 1989 ofrece a la ratificación de los Estados un Convenio sobre Pueblos Indígenas. En Ecuador es instrumento de derechos humanos conforme al artículo 17 de la Constitución ya citado. Consecuentemente con ella, lo tiene ratificado desde su mismo año, 1998.

Pudiera pensarse que el uso lingüístico ya estuviere reconociendo nuevos pueblos con el derecho a la libre determinación que se proclama desde 1960, pero así de momento tan sólo se sugiere, cortocircuitándose por ahora la consecuencia. El artículo primero de dicho convenio es paladino. Conceptúa a los pueblos indígenas "por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas", agregando que "la conciencia de su identidad indígena" habrá de considerarse "criterio fundamental" para el propio reconocimiento, y rematando con el cortocircuito: "La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que puedan conferirse a dicho término en el derecho internacional", esto es, no implica la libre determinación que para otros pueblos ya se tiene por derecho humano.

La situación es lábil; el momento, transitorio, esperemos que pasajero. En el mismo seno de Naciones Unidas la cuestión de los pueblos indígenas viene destacándose finalmente por su entidad propia. A nuestras alturas, ya existe y se debate un proyecto oficial articulado de Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas con un principio por fin no discriminatorio: "Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultura". Tal ha sido la discriminación que existe esta necesidad de declararse específicamente para el caso de los pueblos indígenas un derecho humano ya reconocido para todo pueblo desde 1960.

Hay más. El proyecto no prevé que dicho derecho pueda ahora ejercitarse en la dirección de formarse un Estado independiente. En tal caso, no habría reconocimiento ni garantía por parte de Naciones Unidas de no proceder la aceptación por el Estado correspondiente. Las previsiones del proyecto van en otra línea, la de unas autonomías de los pueblos indígenas con dicho reconocimiento y dicha garantía del orden internacional por determinación siempre ahora, en la medida tanto del autogobierno propio como de la relación con el Estado, de los mismos pueblos, no de los Estados.

Espacio de autonomías

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador ha llegado a dicho mismo planteamiento de un espacio de autonomías que se reconozca por la Constitución y se determine por los pueblos. Es la propuesta que llevó Pachakutik a la Asamblea Constituyente como corolario inmediato del reconocimiento de la multiculturalidad. La Constitución aceptó la fórmula y rechazó la consecuencia. Quebró la lógica. Mas el principio figura e incluso puede reforzarse por las remisiones de la propia Constitución al orden internacional de los derechos humanos. De suscitarse la implantación de autonomías, se estarían extrayendo las consecuencias de principios ya sentados en la propia Constitución y en Declaraciones, Convenciones y Convenios de derechos humanos.

No se estarían produciendo ruptura constitucional ni deslealtad interamericana o internacional porque se planteen y promuevan las autonomías indígenas hacia el interior y los derechos indígenas también en el exterior, particularmente en Naciones Unidas. Se estaría por fin considerando el derecho a la cultura propia como principio constituyente. Comenzaría con ello a superarse la larga historia americana de cancelaciones y discriminaciones de culturas que implican destrucción y degradación de humanidad, imposibilidad o impedimento de libertad para los individuos, para cuantos y cuantas no participan de la cultura del Estado. Podría accederse así a la multiconstitucionalidad necesaria por la razón precisa de la multiculturalidad.

Cierto es que la Constitución ecuatoriana no hace previsión multiconstitucional por reconocer el principio multicultural. Proclama una unidad que parece impedir la consecuencia. Así es como arranca: "El Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico". Pero unidad no es uniformidad. No puede serlo si se reconoce precisamente la pluralidad. He aquí en la Constitución el reto pendiente de la complejidad que ya hemos visto en las Convenciones mayores de derechos humanos y en la Declaración de las que todavía se llaman minorías. Responder al reto sería lealtad y consecuencia con los principios del propio orden constitucional y con los derechos compartidos por toda la humanidad.

El derecho humano a la propia cultura insistamos que no es un derecho más, otro a sumar en sucesión de generaciones tras los civiles, los políticos, los económicos y los sociales, según parece sugerir la propia secuencia de los instrumentos internacionales. Es un derecho que compromete la misma personalidad humana y la propia constitución de comunidades, sean estados, autonomías o alguna otra cosa más o menos intermedia. Presenta tal derecho una dimensión constituyente tanto del ser humano cual sujeto de libertad, como de la colectividad humana cual sujeto también de derecho, el colectivo en su caso, o de poder en suma, el necesario para la libertad misma. No sólo el Estado va a estar capacitado para responsabilizarse del reconocimiento y garantía de libertades mediante la asunción y ejercicio de poderes. No se encuentra ni siquiera en condiciones cuando falla la premisa de la confianza humana, el requisito de una sintonía de cultura.

Con toda la efectiva complejidad de una puesta en práctica, hay algo sencillo como principio. No hay fórmulas, pues las federales tradicionales no responden ni atienden al derecho constituyente de las culturas particulares, pero se tienen guías. Si hablamos de un tal derecho, del derecho a la cultura como derecho de alcance constituyente, estamos hablando de la clave para la propia existencia de las comunidades humanas como comunidades con crédito a derechos constitutivos y confederativos propios. Y estamos también hablando del derecho constituyente de los seres humanos como sujetos de libertades.

El derecho a la cultura no sólo interesa a quienes el derecho internacional en vigor, el representado por la declaración de 1992, sigue llamando minorías en el sentido no estadístico respecto a una unidad de medida además ya tan problemática como la estatal. No sólo importa a los grupos que en realidad se definen por no identificarse con la cultura del Estado en cuyo interior se localizan. También interesa al resto, incluso a la propia existencia de las comunidades políticas ya constituidas, la de los Estados mismos. Importa a su legitimidad. Si hoy pueden merecerla, es precisamente en la medida en que ellos, los Estados, reconocen y garantizan derechos humanos, los de la humanidad asentada dentro de sus fronteras o que se ponga a su alcance más o menos transitoriamente. Y entre esos derechos figura uno muy particular porque resulta constitutivo, no otro que el derecho a la cultura que representa el Estado y también a la que no representa. Si realmente se toman en serio los derechos humanos, los de la humanidad toda, el Estado ha de reconocer y garantizar no sólo los de aquellos que comulguen o se identifiquen con su cultura, sino también los de quienes cuentan con cultura distinta, sea preexistente, sea también sobrevenida. Estoy dando por entendido que el Estado puede tener una identidad cultural, tenerla legítimamente en la medida en que procede al reconocimiento efectivo de otras culturas.

El Estado culturalmente neutro es una quimera y además gratuita. Lo es el patriotismo puramente constitucional, el que pretende identificarse sólo con libertad y nada con cultura. Aparte la imposibilidad práctica, ¿qué sentido tiene la misma existencia de Estados en plural si no media la identificación con pueblo, con nación así cultural, de modo que puedan reconocerse y representarse, defenderse y garantizarse, los derechos correspondientes comenzándose por los individuales de quienes se identifican con la cultura del caso? Una cosa es la identidad de los Estado políticos o de las figuras similares, cuales las autonomías garantizadas internacionalmente, como nacionalidades culturales en el seno de una pluralidad de culturas que se reconocen, respetan y amparan mutuamente; otra muy distinta resulta la ecuación cerrada entre Estados y Naciones que, como acostumbran, no sólo se desentienden de la multiculturalidad, sino que tienden consiguientemente a adoptar posiciones y emprender acciones lesivas e incluso agresivas de cara a otras culturas tanto internas como externas. No son sólo cosas pasadas. Están unas y otras a la vista.

El problema no radica en la identidad abierta, sino en la ecuación cerrada. Si ha de ser constitucional, esto es, de constancia y garantía de libertades, el futuro no pertenece a Estados y Naciones, sino a pueblos y culturas. El provenir es indígena.

Referencias bibliográficas

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Derecho internacional en la red

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http://193.194.138.190/spanish/html/menu3/b/a_ccpr_sp.htm
1989, Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales:
http://193.194.138.190/spanish/html/menu3/b/62_sp.htm

* Bartolomé Clavero. Doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de dicha Universidad, profesor invitado en la Libre de Lisboa, Portugal, la de Sassari, Italia, la Federal de Rio Grande do Sul, Brasil, la de La Cordillera, Bolivia, y la de Chicago, USA.. Especialista en historia de las instituciones castellanas, de la cultura jurídica europea y del constitucionalismo comparado.

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