Algunas características de las rebeliones recientes

Una interpretación descomprometida de las rebeliones cívico-sociales desde la exclusiva perspectiva del "observador" concluiría en los típicos análisis del progresismo liberal que sólo puede registrarlas como reacciones antipolíticas, cuando en realidad la acción colectiva es la única fuente de sentido y de futuro. Las elites partidarias, a las que se atribuye el papel principal en la conservación de las reglas democráticas, son en realidad parasitarias de las energías de un (contra) poder generado siempre en otra parte. Unicamente pueden fijarse en las elites como actores principales quienes aún mantienen las viejas tesis de Huntington, traducidas por Bobbio para el consumo de los públicos de centroizquierda, en el sentido de que nada sería más peligroso para la democracia que un exceso de ella.

A las rebeliones se tiende a categorizarlas, a etiquetarlas, dando a los disidentes un papel predeterminado, que tienen que representar en adelante sin que deban apartarse del mismo. La principal preocupación del sistema, que se manifiesta en la ansiedad de los medios de comunicación por buscarles un líder, es constituirlos en "interlocutores", para luego negociar. No casualmente el comisario asesino de los dos militantes de la Coordinadora Aníbal Verón, lamentaba poco antes de que se revelara toda la verdad la ausencia de alguien con quien "dialogar". Era cierto, esto es lo que desespera al poder: la incertidumbre o el no saber a qué atenerse.

Los ahorristas que salieron a pelear por sus depósitos son algo más que sectores medios estafados. Como cualquier fragmento prepolítico de la sociedad, al entrar en acción transforman la defensa de sus intereses en un ejercicio de derechos y se readquieren la condición de ciudadanos. A los desocupados que realizaban sus cortes de rutas y piquetes se los pretendió clasificar como excluidos que pretendían subsidios y, sin embargo, posiblemente se trataba de excluidos que no deseaban ser incluidos en el sistema. Es que la acción colectiva transforma a la lucha por intereses particulares en un cuestionamiento a las relaciones económicas vigentes y, en este terreno, nadie ni los propios protagonistas saben en qué puede desembocar. La incertidumbre es la principal fuente de debilidad del establishment. Por eso su ideal sería reducir lo político al mercado; pero aclaremos, no al mercado de las utopías liberales sino a los mercados reales que ya son controlados corporativamente y no quitan el sueño de nadie que especule con mayores ganancias.

En la acción, además, quienes se movilizan logran reunificar su condición social (de trabajadores o de desocupados o de vecinos, etc.) con su condición política de ciudadanos, una identidad que los partidos tratan sistemáticamente de romper y de separar para obtener el margen de maniobra que necesitan para coludir con el poder económico y competir con el mínimo de conflictividad. Es por ello, que estas rebeliones ponen límites a los gobiernos y crean un espacio público que pasa a serles propio.

Otro rasgo de las rebeliones como las recientes es que las personas, ante una vida pública que ha sido devastada, deben extraer las energías y los medios para la acción de su vida privada y del mundo subjetivo para invertirlos en una acción que de otra manera no sería posible. Pero, a su vez, y por medio de la interacción con otros pueden reconocer la verdadera naturaleza de sus problemas y superar, por ejemplo, un sentimiento de autoinculpación, inducido por el discurso del individualismo posesivo neoliberal de los mercados que ha querido hacernos creer que somos culpables individuales de todo lo que nos pasa, y de que nuestros fracasos y errores en nuestras actividades tienen su origen en la incompetencia. La autoinculpación desplaza los conflictos sociales potenciales al interior de las personas y los transforma en crisis de personalidad, en una oscilación esquizofrénica entre la omnipotencia infantil y el abatimiento, forzando a una búsqueda de solución o de escape al mundo privado (y que a veces culmina en la ruptura de los lazos familiares o la autodestrucción en todas sus formas). Un efecto buscado por el neoliberalismo es que el conflicto estalle en el interior de las personas y no en las calles.

La acción conjunta también induce la autocrítica y, probablemente, la toma de conciencia respecto de la estafa de que ha sido objeto (como antes los sectores que se ilusionaron con el salariazo) ayudará a la clase media a superar, por ejemplo, el autoengaño que utilizó para legitimar ante sí misma sus propias deserciones y mentiras respecto de los conflictos reales que cruzan a la sociedad.

Estas nuevas rebeliones cívico-sociales, que han avanzado desde principios de los ´90 desde la periferia de la sociedad hacia el centro, hasta lograr el "asedio de la fortaleza", han surgido en paralelo al desarrollo también creciente hasta el año pasado de los conflictos laborales y sindicales tradicionales. Pero han sido menos funcionales que estos para el sistema. Mientras las rebeliones lo han socavado y desestabilizado, las huelgas parecen haberlo fortalecido por momentos. Estas rebeliones, que arrancan con los primeros cortes de ruta en Sierra Grande en 1992 y que alcanzan una manifestación cualitativamente nueva con la huelga de ciudadanos en las elecciones de octubre del 2001, prosiguieron en los últimos meses bajo la forma de cacerolazos, microinsurrecciones piqueteras, experiencias de autoorganización (desde las asambleas autoconvocadas hasta las fábricas autogestionadas), que han innovado las metodologías de acción, como también lo hicieron en su momento las Marchas del Silencio en Catamarca o los Cultracazos.

En general tienen, además, la particularidad de que son rebeliones "mudas". El ruido de las cacerolas, el humo de las cubiertas, la foto de Cabezas, las marchas del silencio, los escraches casi no tienen consignas, o son muy generales y abstractas. Esto ha sido apuntado como un defecto: el actor no tendría una interpretación de sí mismo. Más bien se trata de una astuta prudencia porque los protagonistas saben que no pueden avanzar más allá del "no", porque la proposición de un "sí" los debilitaría, dada la fuerte fragmentación y heterogeneidad que los caracteriza. Proponer objetivos positivos obliga a reunirse, discutir, ponerse de acuerdo, tomar decisiones, y todo esto corresponde a una secuencia de la acción colectiva que sigue a la que están protagonizando, y dar ese paso cualitativo es un lujo que no se han podido dar, salvo excepcionalmente. Temen debilitarse en esa acción que pretende solo llamar la atención de la sociedad e inscribir la demanda en el espacio público y en los medios de comunicación. Buscan preservar la unanimidad espontánea y sin mediaciones porque saben que hay más no en un "si", que no en un "no".

Las clases medias en rebelión juegan un rol crucial. En realidad, la clase media siempre inclina la balanza. Cuando permanece pasiva, recluida en sus actividades privadas y de mercado, la balanza se inclina a favor de los ricos, y los políticos terminan pidiéndole prestado a los ricos en lugar de cobrarles impuestos, y clientelizando a los pobres en lugar de incorporarlos al trabajo calificado y a la redistribución de las riquezas. En cambio cuando se moviliza, la balanza se inclina a favor de los pobres, y la implícita alianza con los sectores populares potencia la posibilidad de transformaciones profundas.

Podrá replicarse que hubo ocasiones en que los sectores medios se movilizaron contra la democracia. Pero los golpes militares siempre se produjeron en un anticlímax movilizatorio, es decir, cuando los bandos contendientes luego de una etapa de fuerte movilización polarizada (que divide a la clase media contra sí misma) ya han sido desmovilizados (por el hartazgo o por la violencia desde los extremos, o por el fracaso de las mediaciones centristas). Es por ese hueco que se filtran las dictaduras. En el ´55, por ejemplo, los sectores medios quedaron repartidos entre el polo peronista y el polo antiperonista, pero en cualquier caso la polarización ya los había paralizado. Los golpes de Estado vienen luego de un reflujo de masas. En el ´66 no hubo ni movilización ni alianzas, salvo entre corporaciones que se arrogaban representación. El acercamiento vino poco después, contra el onganiato, y se expresó en fenómenos como el Cordobazo.

Podemos constatar, como decíamos, un crescendo de insurgencias sociales y cívicas durante toda la última década que se han caracterizado por ser extraordinariamente numerosas pero fragmentadas y desagregadas, con dificultades para articularse en torno a un único sujeto de acción que les diera continuidad. Esto último ha sido computado como una desventaja, pero al contrario: es también uno de los motivos de su fuerza y de su creatividad. En caso de que fuera factible construir un nuevo sujeto (político o social) único, y capaz de encapsular todas las demandas movilizadas, quizás no sería deseable. Para que lo fuera tendría que contener en sí mismo, en sus propias prácticas internas, un modelo de democracia deliberativa y participativa, para el cual aún la cultura política no ha madurado suficientemente. (Un modelo que espera desde el futuro y que fuera anticipado por la experiencia liderada por Agustín Tosco desde Luz y Fuerza de Córdoba durante los 60 y 70). Estas rebeliones avanzan, empero, con toda su inorganicidad -la cual se debe en parte a su repulsión hacia las viejas organizaciones oligárquicas y burocráticas como los partidos y los sindicatos-, hacia la posibilidad de construir nuevas formas de institucionalidad. Las asambleas autoconvocadas luego de los cacerolazos, en las que se discute (o discutía) respetuosamente con turnos preestablecidos en el uso de la palabra, han sido un signo de ello.

Sin embargo esas batallas han sido discontinuas, intermitentes, y en los intervalos tienden a la disolución, pierden el terreno conquistado o se lo ceden gratuitamente a los partidos o al Estado. Asimismo, han sido siempre muy vulnerables a la descalificación y a la represión, como a la infiltración de grupos protofascistas. Y si bien no han sido antipolíticas, la amenaza de la apoliticidad está siempre presente. Por otro lado, se trata de rebeliones que tienen dificultades para canalizarse por las instituciones del sistema precisamente por los costos que implica participar en ellas en los términos que se encuentran diseñadas legalmente. Aún instituciones como la iniciativa popular o las audiencias públicas o el defensor del pueblo o el cupo femenino, etc., se encuentran formalmente amañadas para que al ser usadas tengan por efecto convencer a la ciudadanía de su inutilidad y disuadirla de no recurrir a ellas. Piénsese, por ejemplo, en la carrera de obstáculos que significa pretender participar en serio en un partido político, o en un sindicato.

La ciudadanía parece preferir mantener las manos libres, realiza una reserva de poder, y especula conque: "si cedo mi poder todo lo que harán es usarlo contra mí". Por eso rechaza visceralmente la delegación, aunque luego deba enfrentarse con perplejidad a las dificultades operativas que implica organizarse más allá de un problema puntual o vecinal. Además, a medida que se desciende en la escala social, mayores son los costos de la acción colectiva, y más cuesta informarse, reunirse, ponerse de acuerdo, tomar decisiones, etc. Hay un costo diferencial de la acción según clases y estratos. Por todos estos factores, y si bien estas nuevas formas de protesta serán tan legítimas y necesarias como siempre, deberían encauzarse durante las etapas en las que se repliegan hasta una nueva oportunidad, en actos de desobediencia civil que no requieren de la movilización permanente, pero que son igualmente duros y contundentes, y que contribuirían a preservar el espacio conquistado por las luchas sociales de otro carácter.

Pero los actos de desobediencia civil tienen exigencias difíciles de cumplir. La radicalidad y eficacia política de la desobediencia civil, así como sus diferencias con cualquier otra forma de acción colectiva, consiste en que se respalda en cualidades ciudadanas difíciles de reunir simultáneamente. Son actos disruptivos, esto es, ilegales y hasta inconstitucionales. Provocan una perturbación que afecta a las autoridades y a terceros, pero no es un acto irracional: el protagonista estima sus efectos y asume la consecuencias. Por eso también son pacíficos. En ningún caso se trata de un agravio o agresión contra personas. Son autónomos: no representan a nadie ni son representados por nadie. Si el disidente delegara, la eficacia de su acción dependería de un reconocimiento externo y, en consecuencia, quedaría subordinada a lo que otros piensen, y su fuerza no derivaría ya de la propia lógica de la resistencia. Y, finalmente, son recursivos. La acción internaliza el tipo de reglas que le reclama al sistema. Por eso los actos de desobediencia conforman una "práctica prefigurativa", practican hacia adentro lo que proponen para afuera. Se aplican a sí mismos los cambios en los procedimientos que reclaman al sistema.

Estos requisitos no serían imposibles para buena parte de la ciudadanía si consideramos la madurez popular que se ha manifestado en la protesta social de la última década, y que podría incorporar a su repertorio de luchas para evitar exponerse tanto a la represión como a la desmoralización. En el caso de los ahorristas, hubiera sido posible, por ejemplo, autoconvocarse en asambleas por barrios o por bancos, establecer reglas mínimas de deliberación, pedir ayuda a los expertos de entidades confiables (centros científicos, organismos de derechos humanos, redes solidarias, etc.) y exigir a los bancos información detallada sobre el destino de sus depósitos a los efectos de determinar qué se hicieron finalmente con ellos. ¿Fueron a parar a manos de quienes evaden impuestos? ¿Practican el contrabando? ¿Superexplotan a sus trabajadores? ¿Emplean en negro y/o emplean trabajo infantil? ¿Hacen experimentos o maltratan a los animales? ¿Destruyen el medio ambiente? ¿Lavan dinero? ¿Fabrican armamentos? ¿Se dedican a la especulación inmobiliaria? ¿Fugan divisas? ¿Tienen sus fondos en el exterior? ¿Acaparan y suben los precios? Una vez recabada la información podrían haber iniciado campañas de publicidad negativa o difundir "listas negras", recomendando públicamente que la sociedad no realice transacciones y cierre sus cuentas con los bancos que no ofrecen la información exigida, y solicitando a las asociaciones de usuarios y consumidores, a los contribuyentes, que no se opere con las empresas o particulares que han tomado préstamos para acumular ganancias en términos lesivos para los derechos humanos, para la justicia social y para la naturaleza. Toda esta acción hubiera traído problemas a los promotores, ya que implicaría la transgresión de múltiples disposiciones, pero que serían minimizados a medida que la propuesta ganara en masividad. Probablemente esto no hubiera devuelto los depósitos a los ahorristas pero sí habrían conquistado una fuerza que el ruido de las cacerolas no les podrá dar. La sola amenaza de obtener esa información y de difundirla tendría efectos disuasivos sobre el poder financiero y sobre el gobierno. La acción, además, hubiera obtenido la atención de aliados internacionales, como pueden serlo los ahorristas europeos de varios países que ya están organizados para hacer el seguimiento de sus dineros e inversiones, y que tratan de evitar que tengan como destino la destrucción de personas y del medio ambiente.

El señoreaje

Quienes deberían dar la solución son parte del problema. Lo difícil es entender por qué los políticos no aprenden de cuanto han provocado. Una respuesta puede ser que tuvieron un aprendizaje durante la etapa anterior, las cosas ahora cambiaron, y no logran adaptarse. El comportamiento cleptocrático, colusivo, chantajista y facilista (es decir, desregulador y privatizador) constituye ya una segunda naturaleza. No pueden salir de ello.

La relación de señoreaje que establecieron con la sociedad (distinta a la de hegemonía) fue posible por el acople entre política de extorsión (protección sin ciudadanía) y desguace estatal (privatización a cambio de estabilidad). El desacople entre economía y política ha dejado a los políticos tradicionales sin juego, juegan un juego en que hagan lo que hagan pierden. La relación de señoreaje no es ahora viable, no pueden amenazar con algo peor a lo que ocurre, y la de hegemonía les exigiría deshacerse de vicios adquiridos dado que en ella se intercambia consentimiento por bienestar. La hegemonía implica la reproducción de las bases materiales del consentimiento, pues hay en ella un intercambio intertemporal por el cual la sociedad resigna en el corto plazo mayores ganancias para los capitalistas a cambio de mayor empleo e ingresos en el largo plazo. Mientras que accede al gobierno el partido que más fiablemente puede garantizar la implementación y cumplimiento de dicho intercambio. En el señoreaje no hay nada de esto. Lo que ofrece es protección contra el pasado, para que "el pasado no vuelva" (en nuestro caso, primero el terrorismo de Estado y luego la hiperinflación). Por eso supone una fuga ciega hacia delante, no hacia "un" futuro ya que esté ha sido confiscado, típicamente por medio del endeudamiento público, que es una forma de transferir a las próximas generaciones un conflicto que no se enfrenta ni se resuelve políticamente en la actualidad: en nuestro caso, esa guerra civil encubierta que es la inflación. Es decir, mientras la hegemonía integra subordinadamente a la mayor parte de la sociedad, el señoreaje reproduce y explota la desconfianza o el miedo al futuro, mejor dicho, a la falta de futuro.

No es cierto que a principios de los ´90 el bloque dominante habría impuesto un nuevo modelo de acumulación excluyendo toda posibilidad de compromiso con los sectores subalternos y cooptando directamente a la dirigencia política. Un enfoque economicista exculpa a la política, y a la postre cierra las alternativas que sólo pueden ser generadas desde ella. Fueron los partidos políticos los que a principios de los ´90 optaron, más que por un determinado tipo de acumulación ("la valorización financiera") por una salida de la hiperinflación que no los desestabilizara, esto es, por razones estratégicas coyunturalistas y cortoplacistas. Trataron por todos los medios de no ser desestabilizados por el conflicto distributivo de la hiperinflación. No había ninguna necesidad histórica ni conspiración del poder económico que los obligara a hacer lo que hicieron, tenían otras opciones, incluida la de establecer una relación de hegemonía por la cual, según sabemos, los sectores subalternos consienten subordinarse a cambio de que los sectores dominantes provean a la reproducción de las bases materiales de ese consentimiento.

Los políticos pudieron haber aprovechado la crisis hiperinflacionaria de 1989 y 1990 también en su favor y consolidar sus posiciones, pero en otra dirección. Las "hiper", que liquidaron definitivamente a un viejo modelo de acumulación en crisis, el modelo sustitutivo de importaciones, estatal protectivo, o capitalista prebendario, que arrastraba una crisis terminal desde 1975, podrían haber sido aprovechadas para movilizar a la sociedad en torno a un régimen de acumulación con controles democráticos. Como antes el radicalismo frente a los militares y a los acreedores, el peronismo adoptó la desmovilización de sus propias bases sociales y electorales, se ubicó por fuera y por encima de los conflictos y, en lugar de apoyarse en sectores medios y populares para lograr la estabilidad en base a un modelo industrial-exportador, conservando para el Estado instrumentos y patrimonios estratégicos para enfrentar la extorsión del poder económico, pactó hacia arriba y hacia abajo en los siguientes términos: hacia arriba ofreció el desguace, la privatización y la apertura irrestricta a cambio de la estabilización. Hacia abajo, ofreció protección contra el pasado hiperinflacionario a cambio de servidumbre política, asentimiento electoral pasivo y retiro a la vida privada.

Esta estrategia de intercambiar protección por votos era extraordinariamente rentable para partidos aterrados por la probabilidad de que la hiperinflación los arrastrara a la disolución y porque con ello arrinconaban a los conflictos sociales en la periferia de la sociedad, lejos del Estado, y les abría el margen necesario para homologar las formas de hacer política a las formas de hacer negocios. La indiferenciación entre el oficialismo y la oposición convertiría a la competencia electoral en un juego en el que no habría nada importante en juego.

El problema con el señoreaje es que el victimario debe reproducir constantemente (en ausencia de bases materiales para el consentimiento) la demanda del producto que tiene para ofrecer. En este caso realimentar el miedo al retorno al pasado hiperinflacionario (poco creíble luego de las privatizaciones y de la apertura) para forzar a la víctima a comprar su protección. La de 1990 fue una década mafiosa en ese sentido, no meramente porque los políticos mediante prácticas gangsteriles hayan coludido entre ellos y con diversas fracciones del poder económico. Fue un compromiso entre la política y la sociedad, políticamente inferior a la hegemonía, pero que no estuvo basado exclusivamente en la corrupción o en la represión. Fue racional para víctimas y victimarios.

Sin embargo, como dijimos, este señoreaje empezó a ser socavado desde el primer momento por nuevas protestas sociales cuya fuerza estuvo en el número, en la metodología, en la imprevisibilidad, etc. Y desde los márgenes avanzaron hacia el centro. Tardaron diez años, pero ahora aquí están: acampando en las cercanías del castillo, asediando a la fortaleza. El mecanismo de señoreaje estalló en una crisis final en las elecciones de octubre del 2001, con la huelga de ciudadanos, donde la mitad de los adultos de este país hicieron reserva de poder, una maniobra que consiste en no entregar un poder que luego era empleado contra ellos. Y el sistema de partidos quedó pedaleando en el aire.

¿Por qué el señoreaje fue siendo socavado por protestas marginales en apariencia débiles y meramente simbólicas? Porque aparecieron otros miedos, muchos más potentes y verosímiles que el miedo respecto del cual el sistema podía aún ofrecer protección. Los miedos asociados a la desocupación, al empobrecimiento, a la inseguridad de todo tipo, a la destrucción de regiones y sectores enteros, etc. En la medida que nuevos miedos volvieron poco creíble a los miedos funcionales al sistema, el señoreaje fue disolviéndose. La Alianza lo quiso usar pero ya estaba desvalorizado como trampa.

El sistema político tuvo que acudir, para compensar la desmovilización y desresponsabilización cívica inducida, a todas las coaliciones imaginables, aparte de la estatización de los partidos, convertidos en agencias o prolongaciones burocrático-clientelares del Estado: los peronistas y la derecha en 1991, radicales y peronistas para la Constituyente, una fracción peronista y la centroizquierda para las elecciones de 1995, frepasistas y radicales para las elecciones de 1997 y 1999, los radicales y la derecha en 2001, ahora peronistas y radicales para el "gobierno de unidad nacional". Coaliciones alternas y rotación de aliados a una velocidad equivalente al agotamiento de las opciones frente a un modelo de acumulación solo sostenible por la continuidad del endeudamiento externo (más del 55% de la deuda externa actual pertenece al período). No obstante, el señoreaje fue volteado por la propia lógica económica que puso en marcha: la salida de la hiperinflación la hizo en base a la sobrevaluación de la moneda, ésta puso en crisis permanente a la balanza de pagos (profundizada por privatizaciones que dejaron mal colocados los precios relativos, es decir, a favor de los bienes no transables), ésta se solventó con endeudamiento, en su mayor parte público, y el mayor endeudamiento impactó en la magnitud y composición del déficit fiscal.

Este déficit fiscal actual proyecta, a su vez, un déficit fiscal potencial o futuro representado no solo por todo la deuda que hay que pagar en los próximos años sino también por todas las funciones constitucionales, económicas y sociales, que el Estado ha dejado de cumplir o satisfacer, y que expresa un conflicto reprimido que saldrá a la luz de acuerdo a las fuerzas que la sociedad pueda reunir para reclamárselo. Este conflicto potencial retroactúa sobre las expectativas capitalistas, la "confianza empresarial", y disuade de cualquier inversión productiva, condición de posibilidad del pasaje del señoreaje a la hegemonía. La actual "transición" no indica, precisamente, tal dirección. En apenas 40 días Duhalde transfirió a los exportadores, a los endeudados en dólares y a los bancos más del 10% del PBI, y faltan las privatizadas... que reclaman la pesificación de las deudas que dicen tener con el exterior, la suba de tarifas, más la postergación de compromisos de inversión. La recomposición del señoreaje, esta vez bajo la amenaza de la hiperinseguridad y del influjo supuestamente disolvente y caótico de la protesta social, a la que cotidianamente se quiere identificar con el crimen, es favorecida por la situación de una sociedad cada vez más apremiada por necesidades materiales de corto plazo imposibles de posponer. Esta ausencia de futuro -el futuro no está ahí para ser negociado mediante el intercambio intertemporal típico de la relación de hegemonía sino que ha sido confiscado por aquel déficit aludido- solo puede ser enfrentada y superada por la creación política.

Demanda de democracia

La tarea de encontrar soluciones quedará, entonces, para una nueva dirigencia que está surgiendo y que será alentada por el triunfo de Lula en Brasil y los éxitos de su futuro gobierno. El nacional-reformismo de Carrió va en la dirección de un reacoplamiento prohegemónico entre economía y política, y ocupará el escenario con políticas no dogmáticas de reestatización, con el peronismo a la derecha como expresión de una alianza entre ricos (pocos muy ricos e influyentes) y pobres (muchos muy pobres y amenazantes), con un centro oportunista parlamentario asumido por el radicalismo residual, útil para despolarizar algunas situaciones. Pero la salida será lenta y dolorosa. No olvidemos que estamos más divididos y somos más desiguales y pobres que en el pasado y que, por fin, hemos llegado al primer mundo, es decir, a parecernos a un país "civilizado" como Estados Unidos, en el que el 10% más rico posee más de un tercio del ingreso nacional y en el que el 1% de los más ricos posee entre el 40 y el 50% de la riqueza.

Hay una demanda (como en el ´83) de democracia, pero menos ingenua y fuertemente crítica de las propias normas constitucionales. La conflictividad con la clase dirigente (antes militar, ahora civil) genera el espíritu cívico que propulsa el tránsito. El conflicto con los de arriba proporciona cierta cohesión de los de abajo con los del medio. El atajo de votar a los que no exigen nada a cambio, salvo libertad para robar, parece que ha dejado de ser negocio de masas. La sabiduría retrospectiva que han dejado las hiper (hiperrepresión, hiperinflación, hiperdesocupación, hipercorrupción) es al menos un capital en manos de las víctimas y hasta los que gozan de mala memoria tienen esas experiencias pegadas a la piel. La ciudadanía menos alienada buscará sacarle ventajas al capitalismo, lo hará suyo pero con esa finalidad: una rotación pragmatista hacia el Estado que equivale a crear y regular mercados.

Durante la dictadura convergieron la estrategia antiinflacionaria y el objetivo de disciplinar estructuralmente a la sociedad, en la sobrevaluación de la moneda, que indujo a su vez una criminal desindustrialización. El experimento monetarista elevó las tasas de interés, que fundió a las PyMEs locales y forzó a las grandes empresas a endeudarse en el exterior. Gracias a la trampa que tendió el sistema financiero internacional, el dinero fluyó, y la sobrevaluación de la moneda y los déficit resultantes de la balanza de pagos pudieron sostenerse por un largo período. Cuando el tipo de cambio tuvo que modificarse, el costo de los préstamos externos se hicieron intolerables, y develando su verdadera naturaleza, el gobierno privatizador y desregulador no permitió que quebraran ni los bancos ni las grandes empresas e intervino con operaciones de salvamento que socializaron las pérdidas. En definitiva, con rasgos económicos aún más salvajes ¿no es ésta la historia de los ´90 bajo el señoreaje menemista y de su desenlace reciente?

Por eso, en cierto modo, revivimos la transición de 1983, con Duhalde en el papel de Bignone. Y de nuevo coincide la doble y simultánea tarea de construir un régimen de gobierno con la de construir un régimen de acumulación. Pero con una dificultad adicional: en aquél entonces la transición consistía en que se fueran todos (los militares) mientras que en la actualidad el recambio de la clase política (que se vayan "casi" todos), tan necesario para recrear el sistema republicano como para recrear el sistema productivo, es resistido por esa "segunda naturaleza" a la que me refería.

El recambio exigirá por eso luchas sociales "sustentables", una economía de la protesta social y abaratar los costos de la acción colectiva. Una metodología que reúne dichas cualidades por su radicalidad y efectividad, dijimos antes, es la desobediencia civil. Quizás sea el tipo de acción colectiva requerido, tanto por la envergadura de los poderes a enfrentar como por el hecho de una sociedad acuciada por sus necesidades y exhausta por una pelea sin resultados.

Conjuntamente con la necesidad de luchas sociales más contundentes y menos desgastantes, se halla otro problema: reconstitución de los vínculos representativos. Ambas tareas no son incompatibles, al menos en la práctica y para aquellos que se rehúsan a presentar "representación" y "participación" como conceptos antagónicos. Ni la representación exige un pacto con el diablo ni la participación una invocación a los ángeles. Los ciudadanos activos más desconfiados del rol de los partidos harían bien en meterse en la piel de los políticos, vicariamente, y tratar de imaginar aquello que sea posible dentro de lo deseable, y los políticos deben desde la autocrítica repensar aquello que sea deseable dentro de lo posible.

Salir del señoreaje (la dirigencia tiene la opción de renovarlo y de amenazar ahora conque si no se aceptan sus políticas y sus posiciones de poder vendría la anarquía, el caos, la violencia y el fascismo, una amenaza que estuvo en el discurso desde diciembre en todo el abanico partidario) para entrar en la hegemonía supone derrotar expeditivamente a la fracción financiera y al sector de los servicios privatizados y hacerles pagar los costos de la reconstrucción del Estado (de derecho, en primer lugar). Y esto requiere obtener el apoyo de quienes están fuera de la fortaleza asediándola con demandas de todo tipo. ¿Qué harán los habitantes del castillo? Nada indica que levantarán las compuertas para respaldarse en sectores medios y populares e imponer nuevos límites y regulaciones al poder económico, aún con reestatizaciones si fuese necesario.

El ARI y AyL se proponen recomponer el Estado de derecho, pero chocan respecto a qué hacer con el capitalismo. Más allá de esta cuestión, el problema consiste en que no habrá restauración del Estado de derecho (objetivo sinceramente asumido) sin la radicalización de la democracia, objetivo que no es sinceramente asumido porque de otro modo se reflejaría y anticiparía ya en una institucionalidad partidaria de nuevo tipo, tanto en el ARI como en AyL, capaz de desencadenar prácticas políticas que combinen la participación en las decisiones con la calidad de sus contenidos y la calidad de sus contenidos con la eficacia en su ejecución. Puede observarse, entonces, un cruce de dificultades de fondo para la conciliación operativa entre el ARI y el AyL. Dejando de lado que la cuña anticapitalista (insuficientemente debatida) hace imposible un frente electoral, lo crucial es que si bien coinciden en la necesaria recomposición del Estado de derecho, la radicalización de la democracia que es un requisito de la misma, también es bloqueada tanto por la inmediatez de atendibles intereses electorales en el caso de Carrió como por el propio antiinstitucionalismo de Zamora.

Recientemente se ha instalado un falso debate entre quienes postulan la abstención (en caso de que no se produzca la caducidad de todos los mandatos y la convocatoria a una asamblea constituyente) y quienes apuestan a organizarse para competir electoralmente en las condiciones que sean. Pero no es ilógico proponer la abstención y, simultáneamente, organizarse en todo el país para intervenir en las elecciones. La lógica social de la protesta no es contradictoria con la lógica política de la participación si ambas permanecen separadas y diferenciadas. No deben ignorarse pero tampoco mezclarse, de otro modo lo único que lograrán es debilitarse recíprocamente. La primera tiene sus ritmos, sus protagonistas, sus recursos y dispositivos. La segunda, tiene los suyos. La peor estrategia es unificarlos. La radicalidad del abstencionismo expulsivo del movimiento social por el "que se vayan todos" (y no vuelvan) adquiriría mayor fuerza si las agrupaciones partidarias de Carrió y Zamora se constituyeran en todo el país, en cada lugar, e institucionalizaran una metodología interna de selección de candidatos y para la toma de decisiones programáticas, que prefiguren o anticipen el tipo de reforma que proponen para la Constitución. En una palabra, si hicieran los deberes, los que les corresponde hacer desde el momento que se asumen como partido, y los hicieran con coherencia. A su vez, la constitución de una alternativa electoral o constituyente saldría fortalecida si el movimiento social, en sus múltiples vertientes y torrentes, llevara a cabo actos de desobediencia civil de leyes o políticas específicas (locales, provinciales o nacionales) tomando en cuenta las exigencias que deben reunir este tipo de acciones, y dejara un poco de lado la protesta puramente callejera.

No hay oposición entre quienes se resisten a convalidar la trampa y quienes intentan organizarse para las elecciones. Participar en uno u en otro flanco no es algo que nadie pueda decidir por nadie, cualquiera puede hacerlo en ambos a la vez o en uno o en otro alternativamente. Pero para que la abstención tenga sentido tiene que haber tanto una fuerza política capaz de gobernar (o de reformar la Constitución), es decir, de reelegitimar otro modelo democrático, como una fuerza social responsablemente capaz de quebrantar leyes y políticas arbitrarias por medio de la resistencia activa. Y hacer bien ambas cosas, con el menor voluntarismo posible, poniendo énfasis y cuidado en los procedimientos, y siempre con una perspectiva de largo plazo, porque no será fácil ni breve.

Nos adentraremos en otra ocasión en la fisonomía que adoptaría una política de izquierda que en lugar de anteponer contenidos o metas emancipatorias previas, tuviera como eje gravitacional los procedimientos para debatirlas y decidirlas. No será poco el énfasis que colocaremos en ello, que creemos apropiado en un contexto cultural de izquierdas que (salvo las sectas que llaman a la "unidad" con alaridos que brotan más de la insignificancia que del acuerdo) ha vuelto a revalorizar discursivamente a la democracia directa y a los métodos de reflexión política sin mediaciones, pero que en la práctica, cuando los problemas urgen y hay que tomar decisiones difíciles, se sumerge en el inmovilismo ante la dificultad de crear nuevas instituciones acordes o proporcionales a la complejidad de la tarea o recurre a las fórmulas probadas de delegar en unos pocos, eficientes en el corto plazo pero que a la larga reproducen los viejos y nuevos vicios de la política que desataron la actual "huelga de ciudadanos".

* Ariel Colombo. Director académico del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Conicet.

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