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El Programa Venezolano de Educación Acción
en Derechos Humanos (Provea) considera que "las políticas
relacionadas con los derechos económicos y sociales fueron
consistentes con los principios de progresividad, pero tuvieron,
en su mayoría, una ejecución deficiente; mientras
que los derechos civiles y políticos mostraron regresiones
importantes". Provea realizó este balance en la
presentación del informe correspondiente al período
septiembre 2001 - octubre 2002.
Provea constató que en el ámbito de los derechos
sociales el diseño de una parte de las políticas
públicas sigue siendo consistente con la progresividad
de derechos como los de salud, educación, vivienda, tierra,
de los pueblos indígenas y, en menor medida, con el de
seguridad social. Carlos Correa, coordinador general manifestó
que "no ocurrió lo mismo con la libertad sindical
ni con el derecho a un ambiente sano. Sin embargo, los déficit
de la gestión pública y las propias inconsistencias
a lo interno de los entes responsables, impiden que esa concepción
progresiva se convierta en políticas efectivas en revertir
la difícil situación de esos derechos".
En el caso del derecho a la Seguridad Social, Provea considera
que el proyecto de ley que se adelanta en la Asamblea Nacional
se ajusta al carácter de servicio público no lucrativo
y solidario establecido en el artículo 86 de la Constitución.
Igualmente manifiestan preocupación porque hay 148.495
personas que tienen derecho a una pensión de vejez pero
no la reciben por la lentitud en los trámites burocráticos
y la decisión de incorporar sólo 2.000 personas
anuales.
En cuanto a los derechos civiles y políticos, los patrones
de evaluación de estos derechos manejados por Provea muestran
regresiones, con excepciones que, "sin embargo, no se
enmarcan en políticas y acciones coherentes que hagan prever
un respeto sostenido a estos derechos". Las regresiones,
que tienen que ver con un incremento en los casos reportados superior
al año anterior, se observan en los derechos a la integridad
personal, seguridad ciudadana, a la justicia, a la libertad de
expresión e información.
Por otra parte, Provea registró un total de 175 casos
de violaciones al derecho a la vida, cifra que representa un descenso
del 27,4 % con respecto al período anterior (241 casos).
Las ejecuciones representaron el 82% (143) del total de casos
registrados, del total de casos bajo este patrón, 48 se
adjudican a la actuación de los grupos de exterminio.
Otra de las excepciones se presenta en el derecho a la manifestación
pacífica, en el cual hubo un bajo nivel de actuaciones
represivas por parte del Estado. Igual tendencia siguen los patrones
de tortura y detenciones individualizadas, en los derechos a la
integridad personal y libertad personal, respectivamente.
Sobre el golpe de Estado ocurrido en el mes de abril, el informe
registra que al menos 20 personas perdieron la vida el 11 de ese
mes y aproximadamente 41 entre los días 12 y 14, en hechos
que se mantienen impunes al cierre de este Informe y en los que
aparecen involucrados particulares y organismos de seguridad.
Aproximadamente 46 personas resultaron heridas por armas de fuego
el 11 de abril y 5 personas fueron torturadas, entre el 12 y el
13.
Igualmente dirigentes políticos y sociales, de las diversas
tendencias, el cuerpo diplomático del Estado cubano y comunicadores
sociales, recibieron amenazas de manera directa o a través
de mensajes anónimos desde el 11 hasta el 14 de abril,
por personas afectas al oficialismo, a la oposición o por
desconocidos. En el mismo período se registró una
persecución política que afectó el derecho
a la libertad personal de funcionarios del Ejecutivo nacional
(incluido el Presidente de la República), gobernadores,
activistas políticos, miembros de medios comunitarios y
un diputado.
El derecho a la manifestación fue vulnerado el 11 de abril
al no garantizarse la seguridad y la vida de los manifestantes.
Entre los 2 días siguientes, al menos 7 manifestaciones
por la exigencia de la restitución del hilo constitucional,
fueron reprimidas u obstaculizadas, en los 2 días posteriores.
Tanto el gobierno constitucional como el de facto, vulneraron
la libertad de expresión y el derecho a la información
el 11 de abril. El primero, por uso abusivo de las cadenas de
radio y televisión y la suspensión de las señales
de los principales medios radioeléctricos. El segundo,
por el cierre del canal oficial. Los días 12 y 13, 5 medios
comunitarios fueron allanados o visitados por organismos de seguridad,
3 comunicadores populares fueron detenidos arbitrariamente y 1
de ellos fue torturado. Adicionalmente, los principales medios
privados de comunicación produjeron un cerco informativo
favorable al gobierno de facto.
Entre el 11 y el 13 de ese mes, se produjo un golpe de Estado
que vulneró los derechos a elegir y ser elegido, la independencia
de los poderes y derogó la Constitución. Para los
voceros de la organización, "el mayor aprendizaje
de estos dolorosos sucesos, es que los problemas de la democracia
deben resolverse en democracia y a través de mecanismos
democráticos. Cuando decimos democracia nos referimos a
la institucionalidad, a la participación popular y a la
inclusión de las mayorías marginadas".
El Informe Anual de Provea será presentado en el foro
"Los derechos humanos en la agenda del diálogo",
cual se realizará este 11 de diciembre a las 5:30 pm, en
la sala "A", del Ateneo de Caracas. En este foro se
presentarán los resultados de la investigación a
las autoridades estatales, con el objeto de exigir las políticas
públicas que se traduzcan en un mejora concreta de la situación
de los derechos en Venezuela. En esta oportunidad Carlos Correa,
Coordinador General de Provea estará acompañado
por Felipe Pérez, ministro de Planificación y Desarrollo,
Cilia Flores, diputada de la Asamblea y Luz Patricia Mejía,
por la Defensoría del Pueblo en calidad de comentaristas
invitados. Provea invita a todas las personas y organizaciones
interesadas a participar en este dialogo.
El texto completo del Informe puede ser consultado en el sitio
web: www.derechos.org.ve. Igualmente, la organización editó
un desplegable tipo afiche que ofrece, en forma sintetizada, la
información de los indicadores y patrones de derechos humanos
evaluados en el Informe Anual.
Fuente: Provea
http://www.derechos.org.ve/
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