En momentos en que el país se debate en una ambiente de violencia por la decisión gubernamental de acallar por la fuerza los reclamos de la población, las organizaciones indígenas y campesinas de Santa Cruz y tierras bajas, luego de una profunda reflexión conjunta, expresamos al Gobierno y a la opinión pública general nuestras conclusiones.

Las acciones de hecho en que sucesivamente incurrimos los sectores sociales rurales son determinadas por la actitud intransigente y excluyente de los gobiernos de turno, en dirección a garantizar los privilegios de unas cuantas familias dominantes y repartirse las riquezas que nos pertenecen a todos los bolivianos. Las instituciones estatales, cuoteadas siempre entre los partidos de gobierno, niegan en la práctica los derechos establecidos para campesinos, indígenas y originarios.

El reconocimiento de nuestros derechos nunca ha sido producto de un diálogo espontáneo ni de una política de Estado, pues siempre hemos tenido que recurrir a medidas de presión. Los campesinos y originarios del altiplano y los valles tuvieron que levantarse en la Revolución de 1952 para acabar la servidumbre, conquistar su derecho a la tierra y revertir el latifundio. Pero mientras esto se hacía en las tierras altas, las tierras bajas fueron repartidas a las familias y amigos de las sucesivas dictaduras y gobiernos. La alta concentración de tierras y el origen corrupto de los latifundios tuvieron que ser reconocidos recientemente por el propio INRA, pero en los 6 años de vigencia de la Ley que ordena revertirlos, esta institución y los poderes del Estado han hecho todo lo posible para que no sean revertidos: Convenios con los empresarios, normas técnicas, proyectos de Ley, decretos supremos y fallos judiciales. Y a nuestra demanda de reinstitucionalizar el INRA para que se pongan límites a su actuación prebendaria y corrupta, la respuesta que hoy estamos recibiendo es el traspaso de todos los cargos al partido de Gobierno.

Las marchas indígenas del 90 y del 96 obligaron al reconocimiento de las Tierras Comunitarias de Origen, pero hasta ahora sólo se ha titulado una mínima parte de las mismas, a pesar de los millones de dólares donados por la Cooperación Internacional para este fin, y a los campesinos no se les ha titulado nada. Y cuando indígenas y campesinos reclamamos las tierras a que tenemos derecho, la respuesta es la violencia de manos de los terratenientes o de la represión oficial. Así, además de la extrema pobreza y la falta de tierras, cargamos con las muertes, las amenazas, las torturas y las detenciones arbitrarias, mientras para los asesinos y traficantes de tierras no hay Gobierno ni poder judicial que los detenga, como se ha visto con la masacre de Pananty.

Nuestras manifestaciones pacíficas como las marchas del 2000 y 2002 y muchas otras movilizaciones sociales reclamando participación y la vigencia de derechos, no son atendidas porque los partidos políticos que alternativamente ocupan el poder, se niegan a cualquier reclamación que pueda afectar sus intereses o permitir una verdadera democracia. La demanda de una inmensa mayoría para que se incorpore la participación social en una Asamblea Constituyente no sujeta al monopolio de los partidos políticos, es un buen ejemplo: A tan sólo un mes de que los partidos suscribieran un acuerdo con nuestras organizaciones para acordar el proyecto de reforma constitucional, a instancias del actual Gobierno, se aprobó una Ley de Necesidad que constitucionaliza la exclusión, esta vez de los representantes sociales en el Parlamento. A más de 35 parlamentarios indígenas, campesinos y originarios elegidos por el voto popular se les deja por fuera de las decisiones con el rodillo de los partidos de Gobierno, que ni siquiera escuchan sus propuestas.

En esta democracia no se dialoga con los sectores sociales si no es bajo medidas de presión. La propia marcha de los ancianos jubilados fue primero reprimida y tuvo que correr la sangre de 9 de ellos en el accidente de tránsito a que los sometió el Gobierno, para que éste escuchara sus demandas. Igual pasó hace dos años con la reclamación por el agua de sectores rurales y urbanos de Cochabamba. En esta democracia la tierra, el gas, los bosques y hasta las aguas, que nos pertenecen a todos, los reparten y negocian unos cuantos a espaldas del país, dejando a la mayoría de la población en el desamparo.

Es por eso que una vez más nos vemos obligados a salir a las calles, caminos y carreteras a recordarle al Gobierno y al país entero que las movilizaciones no son por siglas político partidarias ni por el capricho de convulsionar el país, sino para que se resuelvan nuestros problemas más esenciales. Para esto nos movilizamos y para exigir que paren la represión, las balas, las detenciones arbitrarias y la exclusión.

Las organizaciones abajo firmantes, proponemos:

1. GRAN DEBATE NACIONAL. Previa concertación de las condiciones debe realizarse un debate nacional, abierto y transparente, televisado en directo, sobre GAS e HIDROCARBUROS, CAPITALIZACIÓN y ALCA.

Todos los bolivianos tenemos derecho a conocer y opinar sobre lo que ha pasado y se proyecta para el futuro con las riquezas que nos pertenecen a todos los bolivianos. Las decisiones sobre los recursos estratégicos no pueden seguir siendo adoptadas por unos cuantos políticos que sin importarles las condiciones de pobreza y marginación en que nos encontramos la inmensa mayoría, se lucran con grandes negociados vaciando nuestras riquezas. El país tiene que conocer también las condiciones del posible ingreso al Tratado de Libre Comercio, y las repercusiones que esto traería para la economía y la soberanía nacional antes de que se tome cualquier decisión.

2. MESA DE CONCERTACIÓN NACIONAL. Bajo la mediación de la Iglesia, instalar una Mesa de Concertación para llegar a acuerdos sobre los siguientes temas:

a. ASAMBLEA CONSTITUYENTE. No solo no se ha atendido el reclamo de la masiva movilización de mayo y junio pasados y el acuerdo suscrito, sino que la Ley de Necesidad aprobada consolida la exclusión de los sectores indígenas, campesinos y originarios que en diferentes partidos lograron ingresar al escenario político.

b. TIERRA Y TERRITORIO: Es necesario resolver de una vez la reversión de los latifundios y la dotación de tierras a indígenas y campesinos, antes de consolidar concesiones y repartir más tierras a los traficantes, madereros y barraqueros por vía de normas técnicas y resoluciones administrativas. La despolitización del INRA es urgente para que pueda sanearse la corrupción que ha acompañado durante los últimos 50 años la distribución de tierras. También tiene que empezarse a aplicar el derecho que tenemos a la consulta, participación y concertación de las decisiones que nos afectan, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT.

c. POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES. Las medidas que dice tener el Gobierno para la reactivación económica deben ser concertadas con todos porque a todos nos afectan y deben incorporar la promoción del desarrollo productivo y la economía campesina. También debemos hablar sobre la Estrategia de Reducción de la Pobreza porque no puede ser que mientras ésta se ejecuta con gran publicidad, la pobreza siga creciendo en cifras alarmantes, como lo demuestra el informe de Naciones Unidas.

d. JUSTICIA. No puede ser que la justicia sólo opere para servir a los partidos y sectores dominantes y para garantizar la impunidad de las injusticias que se comenten contra nuestros pueblos, comunidades y ciudadanos. El Poder Judicial tiene que ser despolitizado para garantizar su independencia, eliminar la corrupción y lograr un mínimo de imparcialidad.

e. COCA. El problema de los cocaleros, aunque el Gobierno quiera ocultarlo bajo argumentos de lucha política o de narcotráfico, es un problema real de los sectores campesinos y del país, y como tal debe ser resuelto en un diálogo abierto, bajo criterios de dignidad y soberanía nacional.

f. ERRADICACIÓN DE LACORRUPCIÓN. La corrupción es el peor mal que afecta a nuestro país y se vive en todas las instancias del Estado, en la definición de las políticas y de las normas. Una real estrategia contra la corrupción debe partir de la despolitización de las instituciones del Estado y no de su ocupación por el partido de Gobierno, lo que justamente está sucediendo ahora con el INRA.

ANUNCIAMOS QUE EN LOS PRÓXIMOS DÍAS INICIAMOS MOVILIZACIONES DESDE NUESTRAS COMUNIDADES Y REGIONES

EXIGIMOS RESPETO POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE TODOS LOS CIUDADANOS, Y QUE CESE LA REPRESIÓN

Santa Cruz de la Sierra, 24 de enero de 2003

Firman:

COORDINADORA DE PUEBLOS ETNICOS DE SANTA CRUZ (CPESC), CENTRAL DE PUEBLOS ETNICOS MOJEÑOS (CPEM-BENI), FEDERACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS - BARTOLINA SISA - SANTA CRUZ, FEDERACIÓN SINDICAL UNICA DE TRABAJADORES CAMPESINOS DE SANTA CRUZ; CENTRAL DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES ASALARIADOS DEL CAMPO - SANTA CRUZ, FEDERACIÓN SINDICAL UNICA DE TRABAJADORES CAMPESINOS DE PANDO; FEDERACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DE LAS CUATRO PROVINCIAS DEL NORTE DE SANTA CRUZ, MOVIMIENTO SIN TIERRA - SANTA CRUZ, CENTRAL INDÍGENA DE LA REGIÓN AMAZÓNICA DE BOLIVIA.

Fuente: Econoticiasbolivia.com
Tomado de: Rebelión, 28 de enero de 2003
http://www.rebelion.org/bolivia/comunic280103.htm

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