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La gravedad de la situación que enfrenta
la sociedad venezolana en estos momentos requiere una respuesta
concertada de todos los sectores. Estos tendrán que decidir
entre seguir por la vía del enfrentamiento, perpetuando
el ciclo de violencia, hostigamiento y polarización, o
comprometerse a buscar soluciones pacíficas y negociadas
enmarcadas en la Constitución y en la normativa internacional
de derechos humanos.
Ante el peligro inminente de ruptura del hilo constitucional
y violaciones a los derechos fundamentales, es imprescindible
que la comunidad internacional tome medidas concretas para evitar
tal eventualidad y ayude a lograr una solución negociada,
basada en la plena protección de los derechos humanos.
Desde el comienzo de la crisis actual, Amnistía Internacional
viene alertando al Estado venezolano y a la comunidad internacional
de la necesidad de tomar medidas inmediatas para evitar la descomposición
del estado de derecho. Los eventos que llevaron a la ruptura del
hilo constitucional en abril, las graves violaciones al derecho
a la vida, la parcialización de la justicia y la deliberancia
de las fuerzas de seguridad han sido algunos de los síntomas
más graves de esta descomposición.
Amnistía Internacional ha instado al gobierno a agilizar
la investigación de los hechos de abril, a evitar el uso
excesivo de la fuerza por parte de sus agentes y asegurar que
cesen los ataques y hostigamiento contra la prensa y defensores
de derechos humanos. También ha dirigido su mensaje a sectores
de la oposición, instándoles a no adoptar medidas
de protesta y "desobediencia civil" que no sean congruentes
con disposiciones constitucionales fundamentales y alentando a
los medios de comunicación a asumir con imparcialidad su
co-responsabilidad de garantizar el derecho a la información.
Teniendo en cuenta que el desacato a los derechos humanos es
una de las raíces de la crisis, las normas nacionales e
internacionales que consagran estos derechos ofrecen un marco
para promover la resolución de la crisis, tal como lo han
afirmado las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos
de Venezuela. Sin embargo, las partes en conflicto sólo
se han referido al tema de los derechos humanos para atacarse
y desacreditarse mutuamente. De esta manera, el discurso de derechos
humanos ha sido apropiado, instrumentalizado y desnaturalizado
por sectores del gobierno, de la oposición, incluso los
medios, para convertirse en un arma más de polarización
y enfrentamiento.
Hasta ahora las negociaciones facilitadas por el Secretario General
de la Organización de Estados Americanos (OEA), César
Gaviria, han sido minadas por la intransigencia de las dos partes,
y al parecer la agenda se ha limitado al tema electoral. Una solución
sostenible y duradera de la crisis requiere que todas las partes
atiendan los temas de derechos humanos que son claves para solucionar
el problema.
En este momento crucial para el futuro del país, Amnistía
Internacional hace un llamamiento a toda la sociedad para que
rescate los derechos humanos de la polarización y los convierta
en la base para la construcción de una vía pacífica
hacia la restauración del estado de derecho.
En un comunicado de prensa emitido el 19 de diciembre (AMR 53/018/2002
) Amnistía Internacional propuso varias medidas básicas
e inmediatas para evitar un deterioro en el clima extremamente
polarizado y para prevenir una ruptura del orden constitucional.
A continuación proponemos una agenda de derechos humanos
a más largo plazo, para restaurar el pleno respeto a los
Derechos Humanos. Aunque la responsabilidad principal recae en
el gobierno, todos los actores políticos y sociales deben
asumir su responsabilidad de contribuir a la realización
de estos objetivos.
Al mismo tiempo, la comunidad internacional, y en particular
los organismos regionales e internacionales de defensa de los
derechos humanos, debe facilitar la resolución pacífica
de la crisis, así como brindar mecanismos y recursos adecuados
para observar la situación de derechos humanos en el país
y evitar su deterioro.
Agenda de Derechos Humanos ante la crisis
a) Fortalecer la justicia y acabar con la impunidad
La incapacidad de la justicia venezolana de procesar y enjuiciar
a los responsables de las violaciones de derechos humanos e indemnizar
las victimas, es un patrón histórico, y sigue siendo
el elemento fundamental que debilita el Estado de Derecho y resta
credibilidad a las instituciones. Construir la credibilidad del
sistema de justicia es una tarea urgente dada la falta de independencia
y capacidad de instituciones claves como el Poder Judicial, la
Fiscalía General, la Policía y la Defensoría
del Pueblo.
- La sociedad y sus representantes deben identificar y acordar
un proceso para salir de la transitoriedad y fortalecer la legitimidad,
credibilidad, independencia, capacidad y autonomía de los
poderes e instituciones que garantizan el Estado de Derecho, siguiendo
los preceptos identificados en la Constitución y las normas
internacionales sobre la independencia de jueces y fiscales(1).
La credibilidad de estas instituciones también depende
del compromiso de la sociedad de reconocer su autoridad y acatar
sus decisiones.
- Esclarecer de modo imparcial, pronto y exhaustivo las violaciones
de derechos humanos cometidas durante los sucesos de abril 2002
y desde entonces, y que los responsables comparezcan ante los
tribunales. A tal efecto, Amnistía Internacional recomienda
que una delegación de expertos internacionales analice
y evalúe las diligencias ya hechas por las autoridades
y haga recomendaciones para el desarrollo más efectivo
de las investigaciones de acuerdo con las normas internacionales
pertinentes(2). Tal comisión debería informar públicamente
sobre sus conclusiones
- Esclarecer y sancionar los responsables de las numerosas ejecuciones
policiales que se están cometiendo en varios estados del
país bajo el manto de "enfrentamientos con delincuentes
por resistencia a la autoridad policial". Esto no es un patrón
nuevo de violaciones de derechos humanos, pero la total impunidad
que lo acompaña desde hace años, debilita el estado
de derecho y aumenta el ciclo de violencia.
- Cumplir con las medidas y recomendaciones emitidas en materia
de derechos humanos por mecanismos de la Organización de
Naciones Unidas y por la Corte y la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.
b) Despolitizar las fuerzas armadas y de seguridad
- Asegurar que las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad
no tomen un rol deliberante, que estén subordinadas al
poder civil y actúen con imparcialidad, y evitar el uso
de las Fuerzas Armadas para tareas relacionadas con el mantenimiento
del orden público, es esencial para restaurar su credibilidad
y garantizar los derechos de la ciudadanía.
- Las fuerzas de seguridad deben actuar con escrupuloso apego
a las normas que regulan el uso de la fuerza ante las manifestaciones
y movilizaciones. En numerosas ocasiones desde los trágicos
sucesos de abril de 2002, Amnistía Internacional ha venido
denunciado el uso excesivo de fuerza por parte de la policía
y la Guardia Nacional, que ha resultado en numerosas muertes y
lesiones. Cualquier acto de desacato a esas normas debe ser rigurosamente
investigado y sancionado.
c) Garantizar la libertad de expresión y el derecho
a la información
- Deben cesar de inmediato los ataques en contra de periodistas
y otros trabajadores de la prensa. Asimismo, la indispensable
labor de los defensores de derechos humanos no ha de verse restringida
y todos deben contar con la protección imparcial de la
ley. El Estado debe cumplir con las medidas cautelares y provisionales
emitidas por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Cualquier amenaza o ataque contra periodistas o defensores
de derechos humanos debe ser investigado rigurosamente y los responsables
sancionados;
- Al ejercer su legítimo derecho a la libertad de asamblea,
asociación y expresión, los sectores de oposición
deben asumir la responsabilidad de elegir métodos y tácticas
de protesta que no socaven las garantías constitucionales.
Sin estas garantías, perjudican los derechos de todos.
d) Atender obligaciones internacionales en materia de los
derechos económicos, sociales y culturales
-Teniendo en cuenta que la exclusión social es uno de
los problemas estructurales de fondo que han contribuido a la
extrema polarización política del país, recordamos
al gobierno su obligación de cumplir con las recomendaciones
del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales
de Naciones Unidas. En su informe del 2001 sobre la vigencia de
estos derechos en Venezuela, el Comité recomienda que el
Estado recurra a los servicios de asesoramiento de la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos para la adopción de medidas concretas en materia
de derechos económicos, sociales y culturales en el contexto
de la ejecución del Plan Nacional de Acción de Derechos
Humanos de 1997. Una solución sostenible y duradera a la
crisis requiere la puesta en práctica políticas
concretas y eficaces para combatir la extrema pobreza y la desigualdad
reinantes en país. También requiere mayor sensibilidad
de parte de todos los actores políticos en cuanto a las
raíces socio-económicas de la crisis y las consecuencias
que la prolongación de la crisis pueda tener para estos
derechos.
Notas:
(1) Principios básicos relativos a la independencia de
la judicatura. (Adoptados por el Séptimo Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento
del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al
6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General
en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146
de 13 de diciembre de 1985). Directrices sobre la Función
de los Fiscales (Aprobadas por el Octavo Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre
de 1990)
(2) Principios relativos a una eficaz prevención e investigación
de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias (Recomendada
por el Consejo Económico y Social en su resolución
1989/65, de 24 de mayo de 1989.
Fuente: Amnistía Internacional,
enero 2003, www.amnesty.org
Tomado de: Derechos Humanos y Coyuntura No. 109. Servicio
informativo quincenal del Programa Venezolano de Educación-Acción
en Derechos Humanos (Provea), http://www.derechos.org.ve
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