|
Los ataques terroristas del 11 de septiembre del
2001, por la dimensión del sufrimiento humano involucrado
y la magnitud de sus implicaciones políticas, significaron
un trágico y drástico giro en las relaciones internacionales.
Las graves consecuencias para los derechos humanos, en la pérdida
de miles de vidas inocentes, despertaron en todo el mundo innumerables
manifestaciones de solidaridad y de apoyo a la persecución
del terrorismo internacional.
Lo que ocurrió el 11 de septiembre del 2001 fue una de
las peores tragedias en tiempos de paz, no solamente por la cantidad
de muertes civiles en los distintos puntos de Estados Unidos en
donde se consumaron los cobardes ataques, sino también
porque tendió una sombra de temor e incertidumbre de alcance
internacional.
De ahí en adelante se inició la primera guerra
internacional del siglo XXI y la coalición configurada
al efecto emprendió la lucha contra el terrorismo.
Cabe anotar, sin embargo, que para que el uso de la fuerza sea
legítimo internacionalmente no puede estar en una sola
mano, ni su decisión en un sólo centro de poder,
ni sus miembros armados pueden considerarse excluidos de cualquier
responsabilidad internacional. En aquellos países con democracias
consolidadas es inaudito prejuiciar el alcance de la justicia
internacional.
Tampoco sería válido postergar el cumplimiento
de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos
en el desarrollo de esta lucha o de cualquier otra, de alcance
internacional o en un conflicto interno. Esa es precisamente,
una de las características esenciales de la democracia
como la conocemos y que queremos defender y preservar.
Es preciso, pues, sopesar y valorar esa lucha en los marcos de
la legitimidad democrática internacional y así tener
un mayor respaldo. Precisamente, es la juridicidad internacional
la que le da sentido y donde tienen respaldo la acción
preventiva, y de negociación de conflictos en que se han
empeñado la ONU y la OEA en el ámbito interamericano.
Los derechos humanos no pueden resquebrajarse. El levantamiento
del progreso alcanzado hasta hoy en los sistemas internacionales:
el universal y el interamericano de derechos humanos, muestra
que están preparados para enfrentar las graves amenazas
a la democracia, en la actualidad, que van más allá
de la agenda de la seguridad internacional. Recientemente, la
Asamblea General de la OEA en Barbados (6 junio 2002), preocupada
por la grave amenaza del terrorismo contra la paz, la democracia
y la seguridad internacional, adoptó la Convención
Interamericana contra el Terrorismo.
Este Convenio Regional contiene medidas y mecanismos para eliminar
el terrorismo, sin menoscabo de las obligaciones en derechos humanos
(art. 15). Esta nueva Convención es aún mas extensiva
que su antecedente aprobada el 2 de mayo del 1971 por la OEA (Convención
para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados
en Delitos contra las Personas y la Extorsión cuando estos
tengas trascendencia internacional). En este mismo sentido, invocando
los principios de derechos humanos de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) pidió al gobierno de Estados Unidos, el
13 de febrero del 2002 que adopte las medidas necesarias para
que los detenidos en la lucha contra el terrorismo tengan un estatus
legal determinado por un tribunal competente.
Al cumplirse un año de los atentados de New York y Washington,
en esta ocasión, el IIDH hace patente su mensaje de solidaridad
al pueblo estadounidense y en especial a quienes perdieron a sus
seres queridos, víctimas a consecuencia de estos actos
violatorios de los derechos humanos.
Así mismo, el IIDH recuerda que la doctrina y práctica
de los derechos humanos da sentido, enmarca y da legitimidad a
cualquier acción internacional, que sea plenamente respetuosa
de sus mandatos e implicaciones, en el concierto de la comunidad
de naciones. Al aceptar la Convención Interamericana contra
el Terrorismo, los treinta y un Estados Americanos firmantes se
han unido para adoptar medidas urgentes a fin de eliminar el terrorismo.
Estos mecanismos deben ser efectivos y se deben llevar a cabo
con la plena observancia de los derechos humanos, del Estado de
Derecho y en defensa de los principios de la democracia, según
lo establecido en la Convención.
Roberto Cuéllar M.
Director Ejecutivo
Fuente: http://www.iidh.ed.cr
|
